-Defender los derechos no es lo mismo igual en todos sitios.... http://www.ayudaenaccion.org/decimos/noticias/2013/01/28/malala-la-nina-que-vencio-el-miedo/
-Bushman children arrested under renewed government repression 15 January 2013
The recent arrests of children by paramilitary police are the latest sign of a renewed government crackdown in the CKGR.
© Survival
The children were jailed last week for being in possession of antelope meat in the CKGR. All have since been released, but further reports of harassment and intimidation have surfaced, and there have been a growing number of Bushmen arrests.
On Wednesday, wildlife scouts beat up and confiscated fruit and berries from one Bushman, Amogelang Segootsane, telling him the food is ‘for animals, not humans!’ He was being treated in hospital last week.
One Bushman told Survival, ‘The Bushmen are being hunted and their rights are being denied because of tourism (….) Police are given guns to go out and hunt and arrest Bushmen gathering bush food. The Bushmen of the CKGR cannot eat, cannot drink. How will they survive without food?’
The Bushmen are becoming increasingly desperate as the government is making their lives in the CKGR impossible.
The tribe relies on hunting game and gathering fruit and berries to feed their families. In 2006, the High Court confirmed the Bushmen’s right to live and hunt on their ancestral land in the CKGR, but not a single hunting license has been issued since.
Amogelang Segootsane was treated in hospital last week after he was beaten up by wildlife scouts.
© Survival
In November, two Bushmen were arrested and tortured for killing an antelope, and were fined US$190 each. Another four men await trial this week for hunting in the reserve.
The Botswana government has repeatedly targeted the CKGR’s indigenous inhabitants, often citing wildlife conservation as its motive. Yet the Bushmen have survived for centuries alongside Botswana’s game.
Survival International’s Director Stephen Corry said today, ‘Conservation has long been the excuse used to terrorize the Bushmen into leaving their desert home and it’s no coincidence that President Khama is on the board of one of the world’s largest conservation organizations, Conservation International. The American NGO obviously knows its board member’s atrocious human rights record. Does Khama really believe that a few hundred Bushmen endanger the welfare of the CKGR (an area twice the size of Rwanda) more than a diamond mine? Who knows? The only certainty in this case is Survival’s determination to do whatever it takes to back the Bushmen. Boycotts, protests, demonstrations, or supporting a court case: we will rule out none of these if this increase in harassment doesn’t end now.’Fuente: http://www.survivalinternational.org/news/8919
-Que violar no salga gratis
Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/05/actualidad/1357409882_772244.html
65 años de independencia no han conseguido la igualdad de las mujeres. / Saurabh Das (AP)
“Fui ultrajada dos veces. La primera cuando me violaron. La segunda
cuando fui a reportarlo a la policía: me trataron como culpable y no
hicieron nada por condenar al criminal”. Este es el testimonio de Neha,
una de las incontables mujeres de India que han sufrido abusos sexuales
que han quedado impunes.
El país asiático está conmocionado por la violación en grupo, el 16 de diciembre, de Amantar, una estudiante de fisioterapia de 23 años, en un autobús en la capital, Nueva Delhi, y su muerte dos semanas después a causa de las heridas. Desde entonces, las protestas —algunas han terminado en enfrentamientos— no han dejado las calles de distintas ciudades indias y los detalles de la historia aparecen cada día en las portadas de todos los diarios. “Sacudió conciencias por su brutalidad. Pero, por desgracia, este no es un caso aislado: las violaciones son muy comunes en India”, explica la socióloga Ranjana Kumari, directora del Centro de Estudios Sociales, y coinciden con ella todas las activistas entrevistadas.
Las violaciones se han multiplicado por 10 en los últimos 30 años, hasta llegar a 24.206 casos en 2011, según cifras oficiales. Pero este número podría ser muy bajo comparado con los crímenes que en realidad se perpetran. Aunque cada vez más mujeres tienen el valor de denunciar los ataques sexuales, todavía podrían ser una mayoría las que no se atreven a hacerlo por el estigma social que provoca. De las violaciones que sí son denunciadas y llegan a los tribunales, pocas son condenadas. Solo el 26% en el año 2011, según los datos de la Agencia Nacional de Registro de Crímenes. En el caso de Neha, ocurrido en Nueva Delhi hace seis, la policía no presentó la acusación formal “por falta de pruebas”, dice la mujer, de 30 años. En este entorno, el hecho de que ayer cinco de los atacantes de Amantar fueran imputados (el sexto es menor de edad) es un paso hacia un mayor rigor por parte de la justicia.
“Las mujeres en India se sienten inseguras, piensan que no se ha hecho lo suficiente para protegerlas”, dice la directora del sur de Asia de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly. Uno de los principales problemas podría ser la forma de la policía de abordar los crímenes, dicen los expertos. Los manifestantes están enfurecidos con las fuerzas de seguridad: “La policía de India es una vergüenza: permite las violaciones”, rezaba uno de los carteles. Otros muchos iban en esa dirección.
La policía no siempre elabora los informes y a veces no son hechos por falta de personal o de capacidad de investigar bien, dice la directora de Human Rights Watch. Los medios indios contaron a finales de diciembre el caso de una joven de 18 años que se suicidó en el Estado de Punjab porque había sido violada por dos hombres y la policía tardó demasiado en registrar su caso y no detuvo a las culpables. “Han arruinado mi vida”, decía una nota que dejó.
Los policías podrían tener prejuicios contra las mujeres que han sufrido delitos sexuales. “Piensan que las verdaderas víctimas no van a la policía y las que van es solo para extorsionar o tienen una moral laxa”, dice una investigación de este año de la revista Tehelka. Usar ropa ajustada, ir a bares, beber alcohol, o tener novio —que no es decente para los más conservadores, que creen que lo deseable es el matrimonio concertado— son considerados motivos que dan lugar a abusos sexuales para algunos policías en Nueva Delhi, según este informe. 17 de los 30 policías entrevistados mostraron fuertes prejuicios contra las víctimas. Uno de ellos dijo, añadía la publicación, que en los bares de la ciudad hay chicas que beben alcohol y están dispuestas a tener sexo, pero “el día que alguien usa la fuerza, se convierte en una violación”.
Neha (nombre supuesto) piensa que los policías no tomaron en serio su caso porque la consideraron una “mujer indecente” por salir a medianoche de trabajar en un centro telefónico de atención al cliente. “Un policía me dijo que me lo había buscado por andar sola a esa hora”, dice con voz entrecortada. Además, cuenta que la interrogaron de forma degradante y absurda: si era virgen o si había salido con hombres.
La policía niega la falta de sensibilidad: “Las víctimas reciben el mejor apoyo desde que pisan la comisaría”, dice S. N. Shrivastava, el comisionado especial para el entrenamiento de la policía de Nueva Delhi. Cuenta que durante años se ha entrenado en “sensibilización de género” a los oficiales y que, con el reciente caso de violación que ha conmocionado a India, se ha relanzado el programa. El primer grupo de 40 oficiales está recibiendo un curso de investigación de violaciones.
En algunos casos más extremos, la policía también ha estado implicada en ataques sexuales y el Gobierno no ha actuado, denuncia Human Rights Watch. Uno de los casos más sonados fue el de Soni Sori, una maestra tribal que asegura haber sido violada y torturada cuando estaba en custodia en el Estado de Chhattisgarh. En la práctica, la policía y otras fuerzas de seguridad son inmunes, pues para que un fiscal pueda llevar un caso contra servidores públicos tiene que obtener un permiso del Gobierno, asegura la ONG.
Como respuesta a la explosión de ira en el país por la muerte de Amantar, el Gobierno está acelerando la modificación del código penal de 1860, que ya había presentado en diciembre, antes de las manifestaciones por la muerte de la estudiante. Esta modificación podría endurecer los castigos para las violaciones: ahora la pena máxima puede ser cadena perpetua (que en India es en realidad 12 años), pero normalmente se impone un castigo de uno a 10 años de prisión dependiendo la gravedad del caso.
También se ha creado una comisión de jueces retirados para que recojan las recomendaciones de organizaciones, individuos y activistas y que propongan nuevas modificaciones en el próximo mes. Hasta ahora han llegado 17.000 sugerencias, según los medios indios, entre ellas la pena de muerte y la castración química como condena para la violación. Publicar los nombres, fotografías y direcciones de los violadores es otra medida que el Gobierno está considerando.
“Cuelguen a los culpables”, “Esos monstruos no merecen vivir” o “Ellos la mataron, mátenlos” son lemas de algunas de las pancartas que se han visto en las protestas y reflejan el sentir de una buena parte de la población. Incluso en la única vez que el padre de la estudiante muerta ha hecho declaraciones públicas, pidió la ejecución de los responsables: “El país entero demanda que estos monstruos sean ahorcados. Yo estoy a favor”, dijo.
Pero también hay otros sectores que se oponen a la pena de muerte. “Es inhumana, violenta e irreversible. Al buscar mejorar los derechos de la mujer, también debemos luchar por los derechos humanos en general y la pena capital va en contra de ellos”, dice la directora de programas y políticas de la ONG Action Aid, Sehjo Singh. El apoyo y protección de las víctimas de los abusos sexuales debe ser también una prioridad, añade Singh. “Cuando las mujeres denuncian, sufren amenazas de los violadores o las familias de estos para que retiren la acusación”, cuenta. A veces también las víctimas son presionadas por sus familiares para que se casen con sus agresores para “recobrar el honor”. Singh apunta que se debe procurar justicia a todas las víctimas por igual, con independencia de su condición social: “Si se es de una clase o casta baja es mucho más probable que los criminales se vayan sin castigo”, asegura.
El pasado jueves, con el inicio del juicio contra los seis presuntos violadores de la estudiante en el autobús en Nueva Delhi, se abrió el primer tribunal rápido para los delitos sexuales, el paso más aplaudido por los activistas.
“Más importante que aumentar las penas, es hacer los procesos judiciales más rápidos. Los juicios tardan años y años y las víctimas se desmoralizan. Además, los violadores pierden el miedo a ser castigados y las nuevas víctimas no ven ningún beneficio en denunciar”, dice la directora del Centro de Estudios Sociales. Hay más de 95.000 casos por violación que están empantanados, recuerda.
“Somos una nueva generación. No vamos a aceptar que nos sigan pisoteando. Tenemos los mismos derechos”, argumenta Amita Shukla, una estudiante de ingeniería que ha asistido a la mayoría de las manifestaciones en el centro de Nueva Delhi. “Hemos logrado títulos y puestos de trabajo, pero seguimos siendo ciudadanas de segunda clase”, decía el cartel que traía su amiga, Rupinder Kaur, que es empleada en un banco.
En India hay una nueva generación de mujeres que trabajan, que quieren encontrar a su propia pareja (y no casarse con el candidato que escojan sus padres) o que quieren vestirse de manera menos tradicional y salir solas a la calle. La escalada de violencia contra las mujeres podría ser en parte una reacción machista contra esta liberación femenina, dicen varias expertas. “Algunos hombres podrían resentirse de que las mujeres tienen cada vez más poder y que son cada vez más independientes”, dice Rekha Bezboruah, directora de Ekrata, una ONG para la igualdad de las mujeres. Justamente, uno de los violadores de Amanat confesó a la policía que lo hizo por “enseñarle una lección”.
“La violencia contra la mujer no se reduce a los ataques sexuales. La vivimos a diario, cuando somos tratadas como objetos, con miradas lascivas, cuando nos tratan como seres inferiores”, expone Geeta Gupta, reportera del diario Indian Express. En la visión de gran parte de la sociedad, las mujeres son responsables de “provocar a los hombres” por ir vestidas “de una forma inapropiada”, no ir acompañadas de un hombre que las proteja o salir de noche, lamenta.
Domina una mentalidad patriarcal en la que se abortan los fetos femeninos porque se prefiere tener hijos. Ellos mantendrán a los padres cuando sean mayores, recibirán dote y no tienen riesgo de manchar el honor de la familia, dicen los analistas. Así, ellos son criados con privilegios y con la mentalidad de que son superiores. Esto abre un resquicio donde caben los malos tratos. En su informe de 2012 sobre adolescentes, Unicef detectó que más de la mitad de los chavales (el 57% de ellos y el 53% de ellas), encuentran justificable que un marido golpee a su esposa.
Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, opina que “este no es un problema solo de las mujeres, sino de toda la sociedad”. La fundación ha trabajado desde hace muchos años para dar poder a las mujeres, dice. Pero tras este crimen tan violento, se pondrá todavía más atención en ellas. Los 2.500 empleados cursarán talleres de género y en todos los sectores de trabajo de la ONG se trabajara contra la desigualdad.
Ferrer dice que la violación y muerte de la estudiante ha “despertado el país para que ya no se toleren estos abusos”. Otras especialistas están de acuerdo: este ha sido un punto de inflexión. La brutal violación ha logrado cosas sin precedentes: la movilización masiva de la sociedad y las autoridades han comenzado a reaccionar para mejorar la seguridad de las mujeres.
“La lucha por la igualdad lleva muchos años. Pero por primera vez muchas mujeres jóvenes están negándose a aceptar los abusos, han dicho que ya han tenido suficiente. Están empezando a respetarse ellas mismas”, dice Singh, de Action Aid. También los hombres han salido a las calles de una manera espontánea. Es importante que, también por primera vez en este tipo de casos, la clase media haya tomado partido porque han dejado de pensar solo en ellos mismos y se han enfrentado a la realidad, apunta. Lo que las activistas se preguntan es cómo aprovechar este momento para seguir despertando conciencias e ir más allá de las ciudades, llegar a las áreas rurales, donde las mujeres se encierran cuando se va el sol.
Por ahora no hay muchas respuestas e incluso hay quienes creen que no habrá un más allá de este estallido de furia. Pero, una clave podría ser “que la sociedad no solo exija a las autoridades, que está muy bien, sino que también empiece a ver qué puede hacer para cambiar esta mentalidad machista; qué puede hacer cada persona dentro de su casa para que este país sea más justo con sus mujeres”, explica Shemeer Padinzjharedil, el editor de la web maps4aid, que recoge los casos de violencia en India.
Por ahora, las protestas han tenido resonancias en los países vecinos de Pakistán, Bangladesh y Nepal. En Pakistán, el 1 de enero la gente salió a las calles de Islamabad para prender velas por la mujer violada en Nueva Delhi, aunque esta manifestación fue muy criticada por ser por una india y no por las víctimas que hay en el país musulmán. El viernes, los medios informaron del caso de una niña de 9 años que fue secuestrada y violada por tres hombres y que se encuentra en estado crítico.
Inspirados en el caso de India, los manifestantes formaron en la capital de Bangladesh una cadena humana para protestar por la violación en grupo de una menor que estuvo secuestrada cuatro días y luego fue abandonada en las vías del tren.
En la capital de Nepal, Katmandú, cientos de personas se han manifestado durante varios días demandando justicia para una mujer de 21 años que fue robada por un oficial de inmigración y violada por un policía en el aeropuerto de la ciudad. Los manifestantes reconocen como una revelación y un ejemplo a seguir la movilización en India. “Hemos visto el poder de las protestas masivas por el caso de violación en Nueva Delhi. Es un movimiento exclusivo de la gente”, dijo al periódico británico The Guardian Anita Thapa, una de las manifestantes.Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/05/actualidad/1357409882_772244.html
El país asiático está conmocionado por la violación en grupo, el 16 de diciembre, de Amantar, una estudiante de fisioterapia de 23 años, en un autobús en la capital, Nueva Delhi, y su muerte dos semanas después a causa de las heridas. Desde entonces, las protestas —algunas han terminado en enfrentamientos— no han dejado las calles de distintas ciudades indias y los detalles de la historia aparecen cada día en las portadas de todos los diarios. “Sacudió conciencias por su brutalidad. Pero, por desgracia, este no es un caso aislado: las violaciones son muy comunes en India”, explica la socióloga Ranjana Kumari, directora del Centro de Estudios Sociales, y coinciden con ella todas las activistas entrevistadas.
Las violaciones se han multiplicado por 10 en los últimos 30 años, hasta llegar a 24.206 casos en 2011, según cifras oficiales. Pero este número podría ser muy bajo comparado con los crímenes que en realidad se perpetran. Aunque cada vez más mujeres tienen el valor de denunciar los ataques sexuales, todavía podrían ser una mayoría las que no se atreven a hacerlo por el estigma social que provoca. De las violaciones que sí son denunciadas y llegan a los tribunales, pocas son condenadas. Solo el 26% en el año 2011, según los datos de la Agencia Nacional de Registro de Crímenes. En el caso de Neha, ocurrido en Nueva Delhi hace seis, la policía no presentó la acusación formal “por falta de pruebas”, dice la mujer, de 30 años. En este entorno, el hecho de que ayer cinco de los atacantes de Amantar fueran imputados (el sexto es menor de edad) es un paso hacia un mayor rigor por parte de la justicia.
“Las mujeres en India se sienten inseguras, piensan que no se ha hecho lo suficiente para protegerlas”, dice la directora del sur de Asia de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly. Uno de los principales problemas podría ser la forma de la policía de abordar los crímenes, dicen los expertos. Los manifestantes están enfurecidos con las fuerzas de seguridad: “La policía de India es una vergüenza: permite las violaciones”, rezaba uno de los carteles. Otros muchos iban en esa dirección.
La policía no siempre elabora los informes y a veces no son hechos por falta de personal o de capacidad de investigar bien, dice la directora de Human Rights Watch. Los medios indios contaron a finales de diciembre el caso de una joven de 18 años que se suicidó en el Estado de Punjab porque había sido violada por dos hombres y la policía tardó demasiado en registrar su caso y no detuvo a las culpables. “Han arruinado mi vida”, decía una nota que dejó.
Los policías podrían tener prejuicios contra las mujeres que han sufrido delitos sexuales. “Piensan que las verdaderas víctimas no van a la policía y las que van es solo para extorsionar o tienen una moral laxa”, dice una investigación de este año de la revista Tehelka. Usar ropa ajustada, ir a bares, beber alcohol, o tener novio —que no es decente para los más conservadores, que creen que lo deseable es el matrimonio concertado— son considerados motivos que dan lugar a abusos sexuales para algunos policías en Nueva Delhi, según este informe. 17 de los 30 policías entrevistados mostraron fuertes prejuicios contra las víctimas. Uno de ellos dijo, añadía la publicación, que en los bares de la ciudad hay chicas que beben alcohol y están dispuestas a tener sexo, pero “el día que alguien usa la fuerza, se convierte en una violación”.
Neha (nombre supuesto) piensa que los policías no tomaron en serio su caso porque la consideraron una “mujer indecente” por salir a medianoche de trabajar en un centro telefónico de atención al cliente. “Un policía me dijo que me lo había buscado por andar sola a esa hora”, dice con voz entrecortada. Además, cuenta que la interrogaron de forma degradante y absurda: si era virgen o si había salido con hombres.
La policía niega la falta de sensibilidad: “Las víctimas reciben el mejor apoyo desde que pisan la comisaría”, dice S. N. Shrivastava, el comisionado especial para el entrenamiento de la policía de Nueva Delhi. Cuenta que durante años se ha entrenado en “sensibilización de género” a los oficiales y que, con el reciente caso de violación que ha conmocionado a India, se ha relanzado el programa. El primer grupo de 40 oficiales está recibiendo un curso de investigación de violaciones.
En algunos casos más extremos, la policía también ha estado implicada en ataques sexuales y el Gobierno no ha actuado, denuncia Human Rights Watch. Uno de los casos más sonados fue el de Soni Sori, una maestra tribal que asegura haber sido violada y torturada cuando estaba en custodia en el Estado de Chhattisgarh. En la práctica, la policía y otras fuerzas de seguridad son inmunes, pues para que un fiscal pueda llevar un caso contra servidores públicos tiene que obtener un permiso del Gobierno, asegura la ONG.
Como respuesta a la explosión de ira en el país por la muerte de Amantar, el Gobierno está acelerando la modificación del código penal de 1860, que ya había presentado en diciembre, antes de las manifestaciones por la muerte de la estudiante. Esta modificación podría endurecer los castigos para las violaciones: ahora la pena máxima puede ser cadena perpetua (que en India es en realidad 12 años), pero normalmente se impone un castigo de uno a 10 años de prisión dependiendo la gravedad del caso.
También se ha creado una comisión de jueces retirados para que recojan las recomendaciones de organizaciones, individuos y activistas y que propongan nuevas modificaciones en el próximo mes. Hasta ahora han llegado 17.000 sugerencias, según los medios indios, entre ellas la pena de muerte y la castración química como condena para la violación. Publicar los nombres, fotografías y direcciones de los violadores es otra medida que el Gobierno está considerando.
“Cuelguen a los culpables”, “Esos monstruos no merecen vivir” o “Ellos la mataron, mátenlos” son lemas de algunas de las pancartas que se han visto en las protestas y reflejan el sentir de una buena parte de la población. Incluso en la única vez que el padre de la estudiante muerta ha hecho declaraciones públicas, pidió la ejecución de los responsables: “El país entero demanda que estos monstruos sean ahorcados. Yo estoy a favor”, dijo.
Pero también hay otros sectores que se oponen a la pena de muerte. “Es inhumana, violenta e irreversible. Al buscar mejorar los derechos de la mujer, también debemos luchar por los derechos humanos en general y la pena capital va en contra de ellos”, dice la directora de programas y políticas de la ONG Action Aid, Sehjo Singh. El apoyo y protección de las víctimas de los abusos sexuales debe ser también una prioridad, añade Singh. “Cuando las mujeres denuncian, sufren amenazas de los violadores o las familias de estos para que retiren la acusación”, cuenta. A veces también las víctimas son presionadas por sus familiares para que se casen con sus agresores para “recobrar el honor”. Singh apunta que se debe procurar justicia a todas las víctimas por igual, con independencia de su condición social: “Si se es de una clase o casta baja es mucho más probable que los criminales se vayan sin castigo”, asegura.
El pasado jueves, con el inicio del juicio contra los seis presuntos violadores de la estudiante en el autobús en Nueva Delhi, se abrió el primer tribunal rápido para los delitos sexuales, el paso más aplaudido por los activistas.
“Más importante que aumentar las penas, es hacer los procesos judiciales más rápidos. Los juicios tardan años y años y las víctimas se desmoralizan. Además, los violadores pierden el miedo a ser castigados y las nuevas víctimas no ven ningún beneficio en denunciar”, dice la directora del Centro de Estudios Sociales. Hay más de 95.000 casos por violación que están empantanados, recuerda.
“Somos una nueva generación. No vamos a aceptar que nos sigan pisoteando. Tenemos los mismos derechos”, argumenta Amita Shukla, una estudiante de ingeniería que ha asistido a la mayoría de las manifestaciones en el centro de Nueva Delhi. “Hemos logrado títulos y puestos de trabajo, pero seguimos siendo ciudadanas de segunda clase”, decía el cartel que traía su amiga, Rupinder Kaur, que es empleada en un banco.
En India hay una nueva generación de mujeres que trabajan, que quieren encontrar a su propia pareja (y no casarse con el candidato que escojan sus padres) o que quieren vestirse de manera menos tradicional y salir solas a la calle. La escalada de violencia contra las mujeres podría ser en parte una reacción machista contra esta liberación femenina, dicen varias expertas. “Algunos hombres podrían resentirse de que las mujeres tienen cada vez más poder y que son cada vez más independientes”, dice Rekha Bezboruah, directora de Ekrata, una ONG para la igualdad de las mujeres. Justamente, uno de los violadores de Amanat confesó a la policía que lo hizo por “enseñarle una lección”.
“La violencia contra la mujer no se reduce a los ataques sexuales. La vivimos a diario, cuando somos tratadas como objetos, con miradas lascivas, cuando nos tratan como seres inferiores”, expone Geeta Gupta, reportera del diario Indian Express. En la visión de gran parte de la sociedad, las mujeres son responsables de “provocar a los hombres” por ir vestidas “de una forma inapropiada”, no ir acompañadas de un hombre que las proteja o salir de noche, lamenta.
Domina una mentalidad patriarcal en la que se abortan los fetos femeninos porque se prefiere tener hijos. Ellos mantendrán a los padres cuando sean mayores, recibirán dote y no tienen riesgo de manchar el honor de la familia, dicen los analistas. Así, ellos son criados con privilegios y con la mentalidad de que son superiores. Esto abre un resquicio donde caben los malos tratos. En su informe de 2012 sobre adolescentes, Unicef detectó que más de la mitad de los chavales (el 57% de ellos y el 53% de ellas), encuentran justificable que un marido golpee a su esposa.
Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, opina que “este no es un problema solo de las mujeres, sino de toda la sociedad”. La fundación ha trabajado desde hace muchos años para dar poder a las mujeres, dice. Pero tras este crimen tan violento, se pondrá todavía más atención en ellas. Los 2.500 empleados cursarán talleres de género y en todos los sectores de trabajo de la ONG se trabajara contra la desigualdad.
Ferrer dice que la violación y muerte de la estudiante ha “despertado el país para que ya no se toleren estos abusos”. Otras especialistas están de acuerdo: este ha sido un punto de inflexión. La brutal violación ha logrado cosas sin precedentes: la movilización masiva de la sociedad y las autoridades han comenzado a reaccionar para mejorar la seguridad de las mujeres.
“La lucha por la igualdad lleva muchos años. Pero por primera vez muchas mujeres jóvenes están negándose a aceptar los abusos, han dicho que ya han tenido suficiente. Están empezando a respetarse ellas mismas”, dice Singh, de Action Aid. También los hombres han salido a las calles de una manera espontánea. Es importante que, también por primera vez en este tipo de casos, la clase media haya tomado partido porque han dejado de pensar solo en ellos mismos y se han enfrentado a la realidad, apunta. Lo que las activistas se preguntan es cómo aprovechar este momento para seguir despertando conciencias e ir más allá de las ciudades, llegar a las áreas rurales, donde las mujeres se encierran cuando se va el sol.
Por ahora no hay muchas respuestas e incluso hay quienes creen que no habrá un más allá de este estallido de furia. Pero, una clave podría ser “que la sociedad no solo exija a las autoridades, que está muy bien, sino que también empiece a ver qué puede hacer para cambiar esta mentalidad machista; qué puede hacer cada persona dentro de su casa para que este país sea más justo con sus mujeres”, explica Shemeer Padinzjharedil, el editor de la web maps4aid, que recoge los casos de violencia en India.
Por ahora, las protestas han tenido resonancias en los países vecinos de Pakistán, Bangladesh y Nepal. En Pakistán, el 1 de enero la gente salió a las calles de Islamabad para prender velas por la mujer violada en Nueva Delhi, aunque esta manifestación fue muy criticada por ser por una india y no por las víctimas que hay en el país musulmán. El viernes, los medios informaron del caso de una niña de 9 años que fue secuestrada y violada por tres hombres y que se encuentra en estado crítico.
Inspirados en el caso de India, los manifestantes formaron en la capital de Bangladesh una cadena humana para protestar por la violación en grupo de una menor que estuvo secuestrada cuatro días y luego fue abandonada en las vías del tren.
En la capital de Nepal, Katmandú, cientos de personas se han manifestado durante varios días demandando justicia para una mujer de 21 años que fue robada por un oficial de inmigración y violada por un policía en el aeropuerto de la ciudad. Los manifestantes reconocen como una revelación y un ejemplo a seguir la movilización en India. “Hemos visto el poder de las protestas masivas por el caso de violación en Nueva Delhi. Es un movimiento exclusivo de la gente”, dijo al periódico británico The Guardian Anita Thapa, una de las manifestantes.Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/05/actualidad/1357409882_772244.html
-¿40 años después?...Procesados en Chile siete exmilitares por el asesinato del cantautor Víctor Jara
Los oficiales estaban a cargo de centenares de prisioneros confinados en el estadio de Santiago, donde el artista murió en 1973
EFE
Santiago de Chile
28 DIC 2012 - 17:03 CET179
Joan Turner, viuda de Víctor Jara, y la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, junto al féretr / EFE
Un juez chileno procesó hoy a siete exoficiales del Ejército como responsables del asesinato del cantautor Víctor Jara, ocurrido el 16 de septiembre de 1973 tras el golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
La resolución, dictada por el juez especial Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago más de 39 años después del crimen, incluye a siete militares que en esa fecha estaban a cargo de centenares de prisioneros confinados en el Estadio Chile de la capital del país.
Respecto de uno de los procesados, Pedro Barrientos Núñez, el juez dictó un orden de captura internacional, por encontrarse fuera del país y dispuso el arresto de los otros seis en un batallón de la policía militar. Barrientos fue procesado como autor de homicidio calificado del cantante, junto con el exoficial Hugo Sánchez Marmonti.
En calidad de cómplices fueron procesados Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf. Hace unos años, Edwin Dimter fue identificado como El Príncipe, apodo de uno de los oficiales que estaban en el estadio, a quien se señalaba como el autor material del crimen.
Víctor Jara, autor de Te recuerdo Amanda, era también un destacado director de teatro, y fue detenido el 12 de septiembre, un día después del golpe de Pinochet, junto a centenares de alumnos, trabajadores y profesores en la Universidad Técnica del Estado (UTE), la actual Universidad de Santiago, en la que se desempeñaba como docente.
Todos fueron llevados al estadio Chile, habilitado como centro de detención, donde Víctor Jara, tras ser reconocido por los militares, fue separado de los demás prisioneros y sometido por varios días a torturas, entre ellas quemaduras con cigarrillos, simulacros de fusilamientos y la fractura de sus manos con golpes de culata. El artista, señala la resolución, fue "agredido físicamente, de forma permanente, por varios oficiales".
El 16 de septiembre el Estadio Chile fue vaciado de prisioneros, con excepción del cantautor y de Littré Quiroga Carvajal, que fuera director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Ambos fueron llevados a un subterráneo del recinto y acribillados a tiros.
Víctor Jara, cuyo nombre lleva actualmente el recinto donde murió asesinado, recibió 44 impactos de bala y tenía numerosos huesos fracturados, según determinó el informe de la autopsia que le fue practicada tras el hallazgo de su cadáver, en la parte posterior de un cementerio situado en el área sur de Santiago, donde también los cuerpos de otras tres víctimas. El cadáver de Jara fue reconocido en la morgue por su viuda, la bailarina británica Joan Turner, quien lo retiró y sepultó en el Cementerio General de Santiago, en un funeral al que además de ella sólo asistió el conductor de la carroza fúnebre.
La resolución, dictada por el juez especial Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago más de 39 años después del crimen, incluye a siete militares que en esa fecha estaban a cargo de centenares de prisioneros confinados en el Estadio Chile de la capital del país.
Respecto de uno de los procesados, Pedro Barrientos Núñez, el juez dictó un orden de captura internacional, por encontrarse fuera del país y dispuso el arresto de los otros seis en un batallón de la policía militar. Barrientos fue procesado como autor de homicidio calificado del cantante, junto con el exoficial Hugo Sánchez Marmonti.
En calidad de cómplices fueron procesados Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf. Hace unos años, Edwin Dimter fue identificado como El Príncipe, apodo de uno de los oficiales que estaban en el estadio, a quien se señalaba como el autor material del crimen.
Víctor Jara, autor de Te recuerdo Amanda, era también un destacado director de teatro, y fue detenido el 12 de septiembre, un día después del golpe de Pinochet, junto a centenares de alumnos, trabajadores y profesores en la Universidad Técnica del Estado (UTE), la actual Universidad de Santiago, en la que se desempeñaba como docente.
Todos fueron llevados al estadio Chile, habilitado como centro de detención, donde Víctor Jara, tras ser reconocido por los militares, fue separado de los demás prisioneros y sometido por varios días a torturas, entre ellas quemaduras con cigarrillos, simulacros de fusilamientos y la fractura de sus manos con golpes de culata. El artista, señala la resolución, fue "agredido físicamente, de forma permanente, por varios oficiales".
El 16 de septiembre el Estadio Chile fue vaciado de prisioneros, con excepción del cantautor y de Littré Quiroga Carvajal, que fuera director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Ambos fueron llevados a un subterráneo del recinto y acribillados a tiros.
Víctor Jara, cuyo nombre lleva actualmente el recinto donde murió asesinado, recibió 44 impactos de bala y tenía numerosos huesos fracturados, según determinó el informe de la autopsia que le fue practicada tras el hallazgo de su cadáver, en la parte posterior de un cementerio situado en el área sur de Santiago, donde también los cuerpos de otras tres víctimas. El cadáver de Jara fue reconocido en la morgue por su viuda, la bailarina británica Joan Turner, quien lo retiró y sepultó en el Cementerio General de Santiago, en un funeral al que además de ella sólo asistió el conductor de la carroza fúnebre.
- 232 journalists jailed worldwide-
-Prevenir la xenofobia
Autora: María Tardón (Magistrada).Cuando la crisis económica hace que se disparen las cifras del desempleo, y el miedo al futuro se instala en la sociedad, las ideas más radicales y populistas encuentran un excelente caldo de cultivo para conseguir nuevos adeptos.
Esa inseguridad colectiva es, sin duda, la que ha hecho que se produzca un extraordinario avance de la ultraderecha, contraria a la inmigración o, incluso, abiertamente xenófoba, en una Europa hasta ahora abierta, tolerante y acogedora.
El ejemplo más próximo es el de nuestros vecinos franceses, quienes han hecho del FN de Marine Le Pen, la tercera fuerza política del país, que ha obtenido nada menos que 6,5 millones de votos.
Pero también en otros países como Holanda, Suecia, Austria, Finlandia, Dinamarca, Suiza o Hungría, han conseguido un gran avance los partidos de extrema derecha.
Partidos que tienen en común, como uno de sus principales postulados, el rechazo a los extranjeros, especialmente, los de procedencia islamista,
En Grecia, el partido Amanecer Dorado, que ha conseguido nada menos que 21 escaños –el 7 % de los votos- tiene, precisamente, como propuesta, la de deportar a todos los inmigrantes.
En nuestro país, afortunadamente, no hemos llegado a tanto. Pero los diferentes estudios demuestran que cada vez son más los españoles que piensan que el número de inmigrantes es excesivo, que las leyes son demasiado tolerantes con ellos o que los extranjeros hurtan trabajos a los nacionales.
Me preocupa, por eso, que entre nosotros, también, puedan llegar a encontrar eco las posturas más radicales anti inmigración o, directamente, xenófobas.
Creo que se han cometido muchos errores en este terreno, Que en los últimos años, especialmente, hemos seguido unas políticas, en materia de extranjería, desordenadas, caóticas, incluso.
La falta de rigor en las exigencias de legalidad administrativa, respecto de los inmigrantes, han corrido parejas con una política de ayudas sociales que, como en tantos otros campos, se han repartido con tanta ligereza, como generosidad y descontrol.
Pero, ni eso puede reprocharse a los inmigrantes, sino a quienes han gestionado, también en este tema, con tanta frivolidad, en todo caso. Ni puede llevarnos al extremo opuesto de pretender cerrar totalmente nuestras fronteras a cualquier extranjero que pretenda integrarse en nuestro país en el futuro.
O, aún peor, de expulsar a todo el que, habiendo trabajado lícitamente en España, tenga la desgracia de convertirse en uno más de los 5,6 millones de desempleados.
Nosotros somos un país de grandes migraciones: de nuestro país a otros más ricos o más libres; del campo a la ciudad; de regiones más pobres a otras más prósperas...
Por eso, no nos debería resultar difícil entender que cuando una persona abandona el lugar en que nació para buscar una vida mejor, el desarraigo con el país, la región, el pueblo de origen, a veces se convierten en irreversibles.
¿Cómo podemos hablar, entonces, de expulsiones masivas, indiscriminadas de personas, sin tener en cuenta su individualidad como seres humanos?...
Habrá que ver, en cada caso, su posible arraigo en nuestro país. Los lazos familiares y afectivos de aquí y de allá. Otras cuestiones más difíciles de catalogar, pero que tienen incidencia en la cultura, las costumbres, el respeto a los derechos fundamentales de la persona.
Piénsese, por ejemplo, en una mujer que proceda de un país musulmán, en el que rijan leyes inspiradas en la sharia, Criada y/o formada en una sociedad como la española, con leyes y principios igualitarios entre hombres y mujeres, ¿por ser extranjera y no tener trabajo, tendría que retornar a aquélla, con la que tiene, ya, una diferencia de mentalidad irreconciliable?...
Regular lo complejo; ordenar con rigor lo que puede generar confusión y tensiones sociales es, no sólo positivo, sino necesario para armonizar la convivencia, y para evitar que se produzcan sentimientos de rechazo hacia determinados grupos de personas, sólo por su nacionalidad de origen.
Por ello, me ha parecido una extraordinaria noticia que la Dirección General de la Policía, haya dictado una Circular en la que deja clara la prohibición de actuaciones masivas e indiscriminadas contra los extranjeros, sólo por encontrarse en situación administrativa irregular.
Aunque oficialmente se habían negado, existían numerosas denuncias, de particulares, ONGs, colectivos de Abogados y hasta sindicatos policiales, que aludían a la existencia de instrucciones policiales para que realizaran identificaciones indiscriminadas contra ciudadanos extranjeros, y detenciones, por criterios meramente étnicos.
Con estas nuevas instrucciones, se conjugan el respeto a la ley, y la persecución de quienes se amparen en los derechos y libertades que les confiere el Estado de Derecho para cometer delitos, -o pretendan aprovecharse ilícita o abusiva de las ventajas de un Estado del Bienestar que tantos esfuerzos nos cuesta- con la evitación de conductas arbitrarias e irrespetuosas en las actuaciones policiales respecto de personas extranjeras.
Y esta ordenación, basada en el respeto a los derechos individuales, y adecuando la ley –de general aplicación- a las circunstancias del caso concreto, envía a la sociedad un mensaje inequívoco: que se debe luchar contra las actuaciones ilegales, procedan de quien procedan, y se debe respetar a las personas, sea cual sea su origen.
Que es esencial para oponerse a los populistas y radicales desde la razón y la experiencia. Pero también para evitar que sus contundentes mensajes puedan encontrar acogida entre un buen número de personas con buena -la mejor- voluntad, pero muy hartos de sentirse indefensos y meros pagadores de un bienestar social que disfrutan otros. Fuente: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/05/22/prevenir-la-xenofobia.html
- Por la deseparición de la pena de muerte
http://www.youtube.com/watch?v=7JggzuAvsX0
-La policía china impide a Ai Weiwei asistir a la audiencia de su demanda
El artista se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace un año
EFE Pekín 20 JUN 2012 - 22:34 CET13
El artista chino Ai Weiwei se enfrenta a la policía a las puertas de su casa en Pekín. / ANDY WONG (AP)
La policía china impidió hoy al artista Ai Weiwei, bajo arresto domiciliario desde hace un año, que saliera de su estudio para asistir a una audiencia en Pekín sobre la demanda que Ai presentó contra el Buró Fiscal de la capital china tras ser acusado de evasión de impuestos.
Según un portavoz del estudio de Ai en Pekín, Fake Design Cultural Development Company, confirmó que los abogados y la mujer del artista sí acudieron este mediodía a la corte del distrito de Chaoyang en la capital china.
El artista alertó en su cuenta de Twitter que su asistente había sido agredido cuando filmaba los "30 vehículos de policía" que vigilaban su estudio de la capital china, y que la cámara también había resultado dañada, comentario que acompañó de una foto que mostraba el brazo herido de una persona anónima.
En un comunicado de prensa divulgado por su compañía se indica que el Buró de Seguridad Pública (del Ministerio del Interior) "advirtió en repetidas ocasiones a Ai Weiwei que no apareciera en la audiencia". Según el comunicado, el pasado 15 de junio la corte notificó al estudio del artista que se presentara en el juzgado de Chaoyang hoy, 20 de junio, para una audiencia sobre la demanda que Ai Weiwei presentó contra el Buró Fiscal de Pekín en abril, y que fue aceptada a trámite el pasado 7 de mayo.
El artista denunció entonces que la acusación de evasión fiscal de la que es objeto, y que le impone una multa (la cual ha apelado por separado) de 15 millones de yuanes (alrededor de 2,4 millones de dólares, 2 millones de euros) está basada únicamente "en materiales copiados provistos por el Buró de Seguridad Pública".
Sus problemas actuales con la justicia se remontan al 3 de abril de 2011, cuando el artista fue detenido en el aeropuerto de Pekín e incomunicado en un lugar desconocido durante 81 días como sospechoso de "incitar a la subversión contra el estado", a pesar de lo cual fue acusado después de "crímenes económicos".
El 22 de junio de 2011, la agencia oficial Xinhua anunció que el artista era liberado con la condición de permanecer bajo arresto domiciliario durante un año, tal y como se encuentra hasta ahora.
A dos días de que se cumpla el aniversario, el portavoz del estudio aseguró que "no han recibido ninguna notificación" sobre la esperada puesta en libertad, y que "sólo sabrán ese día", refiriéndose al próximo viernes, "lo que ocurrirá".
Por el momento, tanto Ai como su compañía aseveran que los cargos que penden contra él y el estudio constituyen "el clásico caso de utilizar crímenes económicos para suprimir las libertades políticas".
Junto a Ai, cuatro miembros de su estudio fueron detenidos de forma ilegal por el Buró de Seguridad Pública el pasado año: su asistente Wen Tao, el conductor Zhang Jinsong, el accionista Liu Zhenggang y el contable Hu Mingfen, señala el comunicado.
Ai Weiwei, conocido por su contribución al diseño de construcciones emblemáticas como el estadio olímpico El Nido de Pekín, redobló su fama mundial tras condenar de forma abierta la censura del régimen comunista, actitud que le situó en el punto de mira de las autoridades de la potencia asiática.
-En defensa de los Derechos Humanos, una mujer ejemplar:
Aung San Suu Kyi
- El muro de Cisjordania sigue ahí.
Foto: banksi
La Corte Internacional de Justicia dictaminó el 9 de julio de 2004 que la construcción de la valla/muro israelí en Cisjordania es ilegal según el derecho internacional y pidió su derribo. Esta construcción, además, contribuye a producir graves violaciones de los derechos humanos.
Según las autoridades israelíes, el muro es una "medida defensiva diseñada para impedir el paso de terroristas, armas y explosivos al estado de Israel".
Sin embargo, la mayor parte de la valla/muro no se está construyendo a lo largo de la Línea Verde entre Israel y Cisjordania. Aproximadamente el 90 por ciento del trazado que sigue está en territorio palestino dentro de Cisjordania, rodeando localidades y pueblos palestinos y aislando entre sí a comunidades y familias y separando a los campesinos de sus tierras y a los palestinos de sus lugares de trabajo, centros educativos y de salud y otros servicios esenciales.
La necesidad legítima de Israel de garantizar sus fronteras e impedir el acceso a personas que pueden suponer una amenaza no justifica el levantamiento de una valla/muro dentro de los Territorios Ocupados.
En el informe Soportando la ocupación (junio de 2007) denunciamos que las rigurosas restricciones a la circulación impuestas durante años a más de dos millones de palestinos que viven en Cisjordania por las autoridades israelíes son ilegales, ya que son desproporcionadas y discriminatorias y violan el derecho a la libertad de circulación.
Cualquier medida que Israel ponga en práctica en los Territorios Ocupados en nombre de la seguridad debe respetar las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional.
La valla/muro rodea más de 50 asentamientos civiles israelíes en los Territorios Ocupados, donde viven la mayoría de los colonos israelíes y que son ilegales conforme a la legislación internacional. Las excepciones por motivos de seguridad previstas en el derecho internacional humanitario no pueden invocarse para justificar medidas que benefician los asentamientos israelíes ilegales a expensas de la población palestina sometida a ocupación. La construcción de la valla/muro dentro de los Territorios Ocupados es una de estas medidas y, en su configuración actual, la valla/muro constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario.
En una resolución excepcional emitida en junio de 2004, el Tribunal Superior de Israel ordenó que se cambiara el trazado de la valla/muro a lo largo de unos 30 kilómetros. El ejército israelí realizó posteriormente modificaciones de poca importancia en un 5 por ciento del trazado. Fuente: http://www.es.amnesty.org/paises/israel-y-territorios-ocupados/el-muro-de-cisjordania/
EL CONFLICTO
La última colonia africana
por FELIPE SAHAGÚN
El conflicto se remonta a 1884, cuando España ocupó por la fuerza un territorio africano que convirtió en provincia en 1958. Así las cosas, el Sáhara Occidental, con una extensión de 250.000 kilómetros cuadrados, es la última colonia de África.
[VEA EL GRÁFICO HISTÓRICO]
[VEA EL GRÁFICO HISTÓRICO]
Presionado por el hostigamiento del Frente Polisario, fundado el 10 de mayo de 1973, y por la Marcha Verde marroquí de noviembre de 1975, en la que participaron más de 300.000 personas, el régimen moribundo de Franco cedió la administración del territorio a Marruecos —dos tercios— y a Mauritania —un tercio— por los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975. Un mes antes, el 16 de octubre, la Corte Internacional de Justicia había reconocido vínculos históricos entre los habitantes del Sáhara y de Marruecos, y el derecho a la autodeterminación de los saharauis, que España se comprometió a respetar organizando un referéndum. Marruecos interpretó la referencia al vínculo histórico como un derecho de anexión y, tras la retirada militar española, el 27 de febrero de 1976, ocupó militarmente su zona de administración, la más rica en fosfatos, recursos pesqueros y, seguramente, petróleo. En respuesta, el Polisario, respaldado por Argelia, declaró el mismo día laRepública Árabe Saharaui Democrática, admitida en 1984 en la Organización para la Unidad de África y reconocida por más de 70 países, y reanudó sus acciones militares contra los nuevos ocupantes marroquíes y mauritanos.
En agosto de 1978 un nuevo Gobierno mauritano firmó la paz con el Polisario y renunció a su zona saharaui, que el Ejército marroquí incorporó de inmediato a su zona ocupada. En represalia, Argelia facilitó la instalación permanente de los refugiados saharauis en campamentos situados al sur de Tinduf y dio armas al Polisario para que mantuviese una guerra de baja intensidad contra Marruecos que se mantuvo hasta 1991.
Para reducir sus bajas y asegurar su defensa, entre 1980 y 1987 Marruecos levantó un muro defensivo con cinco pasillos de entrada y salida a lo largo de unos 2.500 kilómetros, que vigila con más de 100.000 soldados, la mitad de su Ejército. Según el Gobierno español, este despliegue representa más del 15% del presupuesto anual marroquí. Además, ha poblado la ex colonia española con unos doscientos mil inmigrantes procedentes de Marruecos y ha invertido grandes sumas en infraestructuras para ganarse el apoyo de los pocos saharauis que no huyeron.
La firmeza marroquí —que se niega a la celebración de un referéndum de autodeterminación—, el muro divisorio, la pasividad internacional y las siempre complicadas relaciones entre Argelia y el Polisario estancaron el conflicto y facilitaron la aceptación por ambas partes del Plan de la ONU de 1991 (Resolución 690), que incluye un alto el fuego, el intercambio de prisioneros, la repatriación de refugiados y el referéndum. Todo bajo supervisión de una misión nueva de la ONU (MINURSO), que se mantiene sin pena ni gloria. Dieciocho años después, el alto el fuego, con violaciones esporádicas de poca importancia, se respeta y el intercambio de prisioneros (miles de marroquíes y docenas de saharauis) se completó en 2005, pero la repatriación de refugiados avanza a cuenta gotas y el referéndum, que debía haberse celebrado en 1992 a partir del censo español de 1973, sigue vetado por Rabat si no se organiza en condiciones que garanticen la anexión marroquí.
Por la resolución del 30 de abril de 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó la continuación de MINURSO, que cuenta con 231 soldados y seis policías, apoyados por unos 300 civiles —100 extranjeros y 200 locales—, de 30 países, con un presupuesto anual de unos 50 millones de dólares, y la misión de vigilar el alto el fuego y el respeto de los demás compromisos de 1991.
El Gobierno marroquí ha boicoteado sistemáticamente todos los intentos de los representantes de la ONU (James Baker, Peter van Walsum...) para lograr un compromiso entre la anexión marroquí y la independencia sin renunciar al referéndum, y sigue dando pasos unilaterales a favor de lo que el rey Mohamed VI denomina «la regionalización avanzada y gradual», con la que pretende convertir el Sáhara Occidental en una autonomía del soñado Gran Marruecos. Paralelamente, en violación flagrante de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional, sigue haciendoconcesiones a empresas multinacionales, países y organizaciones como la UE para la explotación de los recursos minerales y pesqueros saharauis.
En enero de 2009, uno de los diplomáticos estadounidenses con más experiencia en mediaciones internacionales, Christopher Ross, era nombrado nuevo enviado especial de la ONU para el conflicto. Haciéndose eco de los primeros contactos de Ross con todas las partes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, informaba al Consejo de Seguridad el 13 de abril que «Las partes siguen muy alejadas en la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que haga posible la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, como exige el Consejo de Seguridad». En 2010 se retomaron las conversaciones en Nueva York entre Marruecos y el Frente Polisario sin obtener, una vez más, ningún resultado tangible. Fuente:http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/internacional/sahara/conflicto.htm
--- -----*Periodista: profesión de riesgo en Mexico(2012).
- Culpable de crímenes de gurra en Liberia, antigüa Sierra Leona 1991-2002).
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/corte-o-tribunal-internacional/el-ex-presidente-de-liberia-charles-taylor-es-declarado-culpable-de-crimenes-de-guerra_nwQBkjzYQt3iMZHShokyE4/
El ex presidente de Liberia Charles Taylor es declarado culpable de crímenes de guerra
La Haya, 26 abr (EFE).- El Tribunal Especial de Sierra Leona (TESL) declaró hoy culpable al ex presidente liberiano Charles Taylor de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002), si bien la pena se dará a conocer el próximo 30 de mayo.
Vista general durante la lectura de sentencia del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) sobre las acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad que pesan sobre el ex presidente liberiano Charles Taylor, durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002). EFE/Peter Dejong
La Haya, 26 abr (EFE).- El Tribunal Especial de Sierra Leona (TESL) declaró hoy culpable al ex presidente liberiano Charles Taylor de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002), si bien la pena se dará a conocer el próximo 30 de mayo.
Los jueces consideraron que Taylor (el primer ex jefe de Estado condenado por un tribunal internacional), es "responsable" de los once cargos de los que se le acusa porque ayudó a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona (RUF) con apoyo logístico, moral y de armas.
Sin embargo eso no significa que los jueces hayan aceptado en su totalidad la acusación de la fiscalía, ya que rechazaron la responsabilidad individual o de mando de Taylor, del que dijeron "no daba órdenes a los líderes rebeldes" de Sierra Leona.
El tribunal también rechazó que Taylor formase parte de una "empresa criminal" más amplia, en la que estaban implicados los líderes rebeldes sierraleoneses.
"El acusado aportaba una asistencia práctica al proveer armas, municiones, entrenamiento y apoyo moral y logístico, lo que tuvo un efecto sustancial sobre la comisión de los crímenes", indicó el juez que preside el caso, Richard Lussick, durante la lectura de la sentencia, pronunciada en La Haya.
Además, los magistrados constataron que Taylor recibió los llamados "diamantes de sangre" como pago de su apoyo al RUF: "hubo una continua entrega de diamantes por parte del RUF al acusado, a cambio de armas y municiones", indicó el juez Lussick.
La declaración de la modelo Naomi Campell en agosto de 2010, a quien el dictador habría regalado los supuestos "diamantes de sangre", fue determinante en la estrategia de la fiscalía para probar este hecho, ya que Taylor negó en todo momento haber tenido en sus manos las piedras preciosas.
Según los jueces, Taylor "sabía" que sus actos "asistían a la comisión de los crímenes", como mutilaciones de extremidades a civiles; violaciones de niñas y mujeres; campañas de terror; asesinatos y el alistamiento de niños menores de 15 años en las filas de los rebeldes o para trabajar en las minas de diamantes como esclavos.
"Muchas mutilaciones y violaciones de mujeres se cometían en público, y se llegó a quemar a gente viva en sus casas", subrayó el juez como ejemplos de las atrocidades cometidas en Sierra Leona.
El TESL celebrará el próximo 16 de mayo una vista en la que la defensa y la fiscalía expondrán los factores mitigantes o agravantes a la hora de fijar la pena.
El conflicto civil que asoló Sierra Leona entre 1991 y 2002 generó más de 100.000 víctimas, entre ellos multitud de mutilados, y causó unos 50.000 muertos.
(Agencia EFE)-
-Estirilización sistemática en Uzbequistan, 2012)
El país que esteriliza a sus mujeres en secreto
Publicado el 23 abril, 2012 por Todos Unidos por Venezuela
Por Natalia Antelava – BBC
Adolat tiene una mirada impactante, un voz suave y un secreto que la hace sentir avergonzada. Ella sabe que lo que sucedió no es su responsabilidad, pero no puede evitar sentirse culpable al respecto.
Adolat es de Uzbekistán, donde la vida gira en torno a los niños y donde una gran familia es la definición de éxito personal. Adolat piensa que su vida es un fracaso. “¿Qué soy después de lo que me pasó?”, dice mientras acaricia el cabello de su hija, la niña cuyo nacimiento cambió la vida de Adolat.
“Siempre soñé con tener cuatro -dos hijas y dos hijos- pero después de mi segunda hija no podía quedar embarazada”, explica. Fue a ver a un doctor y descubrió que había sido esterilizada después de dar a luz a su hija mediante cesárea.
“Quedé golpeada. Lloré y pregunté: ‘¿Pero por qué? ¿Cómo pudieron hacer esto?’ El doctor dijo: ‘Esa es la ley en Uzbekistán”.
Pero esterilización no es, oficialmente, la ley en Uzbekistán.
Programa secreto
Pero la evidencia reunida por la BBC indica que las autoridades uzbecas han implementado un programa en los últimos dos años para esterilizar mujeres a lo largo del país, a menudo sin su consentimiento.
Los periodistas extranjeros no son bienvenidos en Uzbekistán, y en febrero pasado las autoridades me deportaron del país. Conocí a Adolat y muchas otras mujeres uzbecas en la relativa seguridad del vecino Kazajistán. También recogí testimonios por teléfono y correo electrónico, y mediante grabaciones sacadas del país por mensajero.
Ninguna de las mujeres quiso dar su nombre real. Venían de diferentes partes de Uzbekistán y sus historias eran consistentes con aquellas de doctores y profesionales médicos del país.
“Cada año se nos presenta un plan. A cada doctor se le dice a cuántas mujeres se espera que le practique contracepción, cuántas serán esterilizadas”, dice una ginecóloga de la capital de Uzbekistán, Taskent.
“Cada año se nos presenta un plan. A cada doctor se le dice a cuántas mujeres se espera que le practique contracepción, cuántas serán esterilizadas”, dice una ginecóloga de la capital de Uzbekistán, Taskent.
Como todos los doctores a los que entrevisté, habló bajo condición de mantenerse en el anonimato. Hablar con un periodista extranjero podría significar un tiempo en prisión, en un país en que la tortura a los detenidos es la norma.
“Hay una cuota. Mi cuota es cuatro mujeres al mes”, dice.
Otras dos fuentes médicas sugieren que hay una presión especialmente fuerte sobre los médicos en las áreas rurales de Uzbekistán, donde se espera que algunos ginecólogos esterilicen a ocho mujeres por semana.
“Una o dos veces al mes, en algunas oportunidades más a menudo, una enfermera de la clínica local llega a mi casa tratando de llevarme al hospital para operarme”, dice una madre de tres de la región de Jizzakh.
“Ahora es gratis, pero más adelante tendrás que pagar por ellas, entonces, hazlo ahora”, le dice la enfermera a la madre.
Miedo a denunciar
Otra madre dice que experimentó meses de dolor misterioso y abundante sangrado después del nacimiento de su hijo. Entonces se hizo una revisión con ultrasonido y descubrieron que su útero había sido extirpado.
“Sólo me dijeron: ‘¿para qué necesitas más niños? Ya tienes dos’”, recuerda.
La BBC recogió testimonios similares del Valle de Ferghana, la región de Bukhara y dos ciudades cercanas a la capital.
De acuerdo a una fuente del Ministerio de Salud, el programa de esterilización tiene la intención de controlar el crecimiento poblacional de Uzbekistán, que oficialmente sostiene que es de 28 millones. Sin embargo algunos demógrafos son escépticos, al señalar el gran número de personas que han emigrado desde el último censo de 1989, cuando la población era de alrededor de 20 millones.
“Estamos hablando de decenas de miles de mujeres que son esterilizadas a lo largo del país”, dice Sukhrob Ismailov, quien dirige al Expert Working Group, una de las pocas ONG que operan en país.
En 2010 encuestó a profesionales médicos a lo largo de siete meses, y reunió evidencia sobre unas 80.000 esterilizaciones en dicho período, pero no hay forma de verificar el número y algunos de los procedimientos fueron llevados a cabo con el consentimiento del paciente.
Los primeros casos de esterilizaciones forzadas se reportaron en 2005 por parte de Gulbakhor Turaeva, una patóloga de la ciudad de Andijan que notó que los úteros de mujeres jóvenes y saludables eran llevados al depósito de cadáveres donde ella trabajaba.
Después de reunir evidencia de 200 esterilizaciones forzadas, encontrando mujeres a la que se les extirparon sus úteros, hizo públicos sus hallazgos y pidió a sus jefes una explicación. En cambio, la echaron.
En 2007 Turaeva fue a prisión, acusada de contrabandear literatura opositora. Como muchos otros, rechazó ser entrevistada para este artículo por miedo a afectar su seguridad y la de sus hijos.
Ese mismo año, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas también informó sobre esterilizaciones e histerectomías en Uzbekistán, y el número de casos de esterilizaciones forzadas pareció disminuir.
Pero de acuerdo a fuentes médicas, en 2009 y 2010 el gobierno uzbeko lanzó directivas ordenando a las clínicas a equiparse para realizar operaciones voluntarias de contracepción. En 2009, los doctores de la capital también fueron enviados a áreas rurales para aumentar la disponibilidad de servicios de esterilización. Hay evidencia de que entonces el número de esterilizaciones comenzó a crecer nuevamente.
“En teoría, las esterilizaciones deberían ser voluntarias, pero las mujeres realmente no tiene opción”, dice un experimentado médico de un hospital provincial que prefiere no dar a conocer su nombre.
“Es muy fácil manipular a una mujer, especialmente si es pobre. Puedes decir que su salud sufrirá si tiene más hijos. Puedes decirle que la esterilización es lo mejor para ella. O puedes simplemente llevar a cabo la operación”, dice.
Varios doctores con los que hablé dicen que en los últimos dos años ha habido un incremento dramático de las cesáreas, operación que le da a los cirujanos una oportunidad para fácilmente esterilizar a la madre. Estos doctores cuestionan las cifras oficiales de que sólo el 6,8% de las mujeres dan a luz por cesárea.
“Las reglas para hacer una cesárea solían ser estrictas, pero ahora creo que el 80% de las mujeres dan a luz por cesárea. Esto hace muy simple realizar la esterilización y atar las trompas de Falopio”, dice un cirujano en un hospital de la capital, Taskent.
Cuestión de ranking
Varios doctores y profesionales médicos dicen que la esterilización forzada no es sólo un medio de control demográfico sino también un extraño atajo para disminuir las tasas de mortalidad de madres y niños.
“Es una formula simple, menos mujeres dan a luz, menos de ellas mueren”, dice un cirujano. El resultado es que ayuda al país a mejorar su posición en el ranking internacional de mortalidad de madres y niños. “Uzbekistán parece estar obsesionado con números y rankings internacionales”, dice Steve Swerdlow, director de Human Rights Watch para Asia Central. “Creo que es típico de dictaduras que necesitan construir una narrativa erigida sobre algo diferente a la verdad”, explica.
Swerdlow cree que los gobiernos extranjeros podrían hacer más. Hasta hace poco, el presidente uzbeco Islam Karimov era un paria en Occidente, pero en los últimos años tanto Estados Unidos como la Unión Europea han levantado las sanciones al país, incluyendo la prohibición norteamericana sobre la venta de armas.
Esto está relacionado aparentemente con el empeoramiento de la relación de Estados Unidos con Pakistán y el incremento por parte de la OTAN del uso de rutas a través de Asia Central -incluyendo Uzbekistán- para llevar y traer suministros y tropas desde y hacia Afganistán.
Un número de dignatarios occidentales visitaron Uzbekistán en los últimos meses, pero pocos han hecho algún comentario en público sobre los derechos humanos en el país.
“Karimov ha logrado llegar al punto en su relación con Occidente en el que no hay consecuencias por sus acciones y abusos de derechos humanos”, dice Swerdlow. “Hay un silencio ensordecedor en lo que se refiere a derechos humanos. Las informaciones de esterilizadas hacen urgente romper el silencio”, sostiene.
En una respuesta escrita, a pedido de la BBC para que comente sobre la cuestión, el gobierno uzbeco dijo que las acusaciones de un programa de esterilización forzada eran injuriosas y no tenían ninguna relación con la realidad. El gobierno también dijo que la contracepción quirúrgica no estaba difundida y que sólo se llevaba a cabo en forma voluntaria, después de consultar con un especialista y con el consentimiento de ambos padres. El gobierno uzbeco resaltó que el nivel de protección de madres y bebes en el país es excelente y que podría ser considerado un modelo para países de todo el mundo.
Sin embargo, Nigora es una de muchas mujeres para quienes la esterilización forzada es una realidad. Se le practicó una cesárea de emergencia. Un día después se le dijo que había sido esterilizada. El mismo día su recién nacido murió. Nigora tiene 24 años y nunca tendrá hijos.
Nota de Avaaz.org:
La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, puede imponer nuevas sanciones militares y lograr que EE.UU. y otros gobiernos le retiren todo apoyo. Defensora de los derechos de la mujer, Clinton ya ha condenado públicamente a Karimov, y con esta última ofensiva contra las mujeres, aumentan las posibilidades de que se logre un cambio. Firma la petición de abajo pidiéndole a Clinton que detenga el régimen del horror de Karimov y que ponga fin a esta brutal agresión contra las mujeres. Únete al llamamiento por el triunfo de la justicia y los derechos humanos en la guerra contra las mujeres.
- Son violadas y la familia las obliga a casarse con su violador (Marruecos, 2012)
http://www.rtve.es/noticias/20120314/menor-marroqui-se-suicida-tras-ser-obligada-su-familia-casarse-su-violador/507271.shtml
-Preservar el oceáno.
-Por la naturaleza...en Costa Rica y ...en todo el mundo.
-Aldeas del cáncer. (China). Progreso a qué precio. Fuente:UNICEF.
http://terratv.terra.com.ar/Especiales/Es-noticia/Greenpeace-denuncia-aldeas-del-cancer-en-China_5735-371692.htm
-¿Cual es la medida de la violencia policial?. Mesura y proporcionalidad no siempre están presentes.
Otros comentarios al respecto:
(Fuente: Comisjón Iberoamericana de Derechos Humanos.) http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadiv.sp.htm
INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS
LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LOS DERECHOS HUMANOS
La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en las Américas constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos. Por un lado las obligaciones negativas de abstención y respeto y, por otro, las obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención. Asimismo, la invocación efectiva de los derechos involucran obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de asegurar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de asegurar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien[32].
36. Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Sin duda la adecuada y eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por entes disciplinarios, tiene un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno.
A. Las obligaciones de los Estados conforme a la Convención Americana
37. La Convención Americana protege los derechos a la vida (artículo 4), la integridad personal (artículo 5) y la libertad (artículo 7), entre otros relacionados con la seguridad ciudadana, cuyo contenido será materia de análisis en capítulos posteriores de este informe. Asimismo, el artículo 1 de la Convención Americana establece que
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El alcance de esta disposición ha sido analizado reiteradamente por la Comisión y la Corte a los efectos de determinar el concepto de obligaciones positivas en materia de derechos humanos. La Corte, específicamente, ha establecido jurisprudencia firme en cuanto a que
la protección de la ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención, los cuales, a la luz de la obligación positiva que el artículo 1 contempla para los Estados, de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte, el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos[33].
Por su parte, el alcance del concepto jurídico de obligaciones positivas dentro del Sistema Interamericano se complementa por el Artículo 2 de la Convención Americana, que dispone:
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
La Corte ha manifestado en reiteradas oportunidades que
(...) el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes: por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que violen las garantías previstas en la Convención, y por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia de dichas garantías. Más aún, esta adopción de medidas se hace necesaria cuando hay evidencia de prácticas contrarias a la Convención Americana en cualquier materia[34].
Las obligaciones asumidas internacionalmente por los Estados Miembros deben ser cumplidas de buena fe conforme a lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en sus artículos 26, 27 y 31[35].
38. Antes de abordar los temas directamente relacionados con las políticas públicas sobre seguridad ciudadana y a fin de comprender el posible alcance de la responsabilidad internacional del Estado respecto de situaciones vinculadas al tema, corresponde explorar los criterios o factores de atribución de responsabilidad estatal establecidos en la Convención Americana, así como su interpretación por la Comisión y la Corte en informes y sentencias sobre casos individuales relevantes. A grandes rasgos, las personas bajo la jurisdicción del Estado pueden ver sus derechos fundamentales comprometidos ya sea por conductas de agentes estatales o por conductas delincuenciales de particulares que en caso de no ser esclarecidas generan responsabilidad estatal por incumplimiento con la obligación de brindar protección judicial. En el caso de personas en situación de especial vulnerabilidad, la responsabilidad estatal también surge frente a la ausencia de medidas de prevención del daño. También se analizará el caso particular de las obligaciones reforzadas bajo la Convención de Belém do Pará.
1. Responsabilidad del Estado por conductas de sus agentes y de terceros
39. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte en todo su alcance. En efecto, dicho artículo impone a los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho Internacional general. Es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia[36]. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.
40. También puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos. En este sentido, la Corte Interamericana ha considerado que
dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnesde respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,] proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan tambiénen la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención[37].
2. La obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana
41. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales[38].
42. Al mismo tiempo, los Estados no son responsables por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía[39].
43. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial en la Convención y conforme al artículo 27.2 forman parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas. No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre[40]. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida. La observancia del artículo 4, en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida[41], conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción[42].
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitarlos[43]. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención.
3. La obligación de investigar
45. La obligación de los Estados de investigar conductas que afectan los derechos protegidos en la Convención Americana deriva de la obligación general de garantía establecida en su artículo 1.1 en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado[44] y las garantías del debido proceso y protección judicial de los artículos 8 y 25. A la luz de ese deber, toda vez que las autoridades estatales tengan conocimiento sobre una conducta que haya afectado los derechos protegidos en la Convención Americana y sea perseguible de oficio, deben iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación[45]. La investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.
46. La obligación de los Estados de investigar conductas que afectan los derechos protegidos en la Convención Americana se mantiene cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación. En el caso de que las conductas en cuestión sean atribuibles a particulares, de no ser investigadas con seriedad, comprometerían la responsabilidad internacional del Estado en carácter de auxiliador[46]. En los casos en los que las conductas en cuestión puedan involucrar la participación de agentes estatales, los Estados tienen una especial obligación de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables[47]. Por último, en los casos que involucran la comisión de violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, la Corte ha establecido que resultan inadmisibles las amnistías, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables[48]. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, la Corte ha establecido que éstos producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales[49]. En estos casos la adopción de leyes de amnistía con las características conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana[50].
4. Las obligaciones reforzadas en materia de violencia contra la mujer conforme a la Convención de Belém do Pará
47. En el caso de delitos que involucran violencia contra la mujer los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada con base en la Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[51] y en su artículo 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Dado que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, debe determinarse en el caso particular si los actos de violencia se encuentran influenciados por un contexto de discriminación contra la mujer[52]. En los casos en los que se demuestre que hechos de violencia perpetrados contra una mujer se enmarcan en las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Convención de Belém do Pará, corresponde determinar si las autoridades han cumplido con su deber de garantía de los derechos afectados (vida, integridad personal, libertad, según corresponda) conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana y al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que complementa el corpus juris internacional en materia de prevención y sanción de la violencia contra la mujer.
48. El deber de los Estados de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando una mujer ve afectado su derecho a la vida, integridad física o su libertad personal, en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres en vista del imperativo de reiterar la condena de la sociedad y mantener la confianza de las mujeres en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia[53]. En su informe temático sobre “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia” la Comisión indicó que
[l]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales[54].
Según ha señalado la Corte Interamericana, en los casos en los que se incumple con la obligación de investigar conductas delictivas que involucran a la violencia contra la mujer, la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada. Esto favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza en la administración de justicia[55]. La Corte también ha señalado que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. En ese sentido, ha encontrado que en casos que involucran violencia contra la mujer e impunidad, influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer, los Estados son responsables por incumplir con el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención, en relación con el deber de garantía de los derechos violados en perjuicio de las víctimas y sus familiares[56].
49. En cuanto al deber de prevención, los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado y efectivo marco jurídico de protección, y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias de violencia contra la mujer[57]. Por su parte, la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha proporcionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención, a saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer[58].
B. La caracterización de una política pública sobre seguridad ciudadana
50. La construcción de una política sobre seguridad ciudadana debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado. Estos se encuentran constituidos por el marco jurídico emanado de los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como por los pronunciamientos y la jurisprudencia de los organismos de contralor que integran los diferentes sistemas de protección. Los estándares establecen orientaciones generales, determinando mínimos de protección que deben ser necesariamente respetados por el Estado. La Comisión reitera que ha recordado a los Estados Miembros en varias oportunidades su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho dentro del pleno respeto de los derechos humanos[59]. Es a partir de esta premisa que los Estados Miembros deben definir y llevar adelante las medidas necesarias para garantizar los derechos más vulnerables frente a contextos críticos de altos niveles de violencia y criminalidad, desde que la Comisión ya ha mencionado que “(...) la violencia y la delincuencia afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho (...)”[60].
51. El diseño, implementación y evaluación de las políticas sobre seguridad ciudadana en la región tienen que estar definidos además por el encuadre que proporcionan los principios internacionales de derechos humanos, especialmente, los principios de participación, rendición de cuentas, y no-discriminación. Según las definiciones más aceptadas en el plano internacional: (1) el principio de participación implica que “toda persona y todos los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde pueden ser realizados los derechos humanos y libertades fundamentales”; (2) el principio de rendición de cuentas o de “responsabilidad e imperio de la ley” establece que “los Estados deben responder por el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido tienen que cumplir con las normas legales y estándares contenidos en los instrumentos de derechos humanos. En caso de no cumplir con sus deberes, los titulares de derechos agraviados están facultados para iniciar procesos judiciales para la reparación apropiada de daños ante un tribunal o juzgado competente según las reglas y procedimientos legales”; y (3) el principio de no discriminación alude a que “todos los individuos son iguales como seres humanos en virtud de la dignidad inherente de toda persona. Todos los seres humanos tienen derechos sin discriminación de ninguna clase en base a la raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, según ha sido explicado por los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos”[61].
52. A juicio de la Comisión, de los aspectos desarrollados en los párrafos anteriores se deriva que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo por ésta los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad[62]. Una política pública es, por tanto, un instrumento de planificación, que permite la racionalización de los recursos disponibles, en un marco de permanente participación de los actores sociales involucrados. Según las definiciones más aceptadas, las políticas públicas se caracterizan por ser: (1) integrales (por abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto); (2) intersectoriales (por comprometer acciones, planes y presupuestos de diferentes actores estatales); (3) participativas (por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad); (4) universales (por su cobertura sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo); y (5) intergubernamentales (por comprometer entidades de los gobiernos centrales y locales)[63].
53. Por otra parte, necesariamente las políticas públicas deben ser sustentables, debido a que, por su naturaleza, requieren tiempos de ejecución en el mediano y largo plazo. Esta característica significa que la implementación de una política pública no puede medirse de acuerdo a la duración de un período de gobierno. En consecuencia, cualquier clase de política pública sobre seguridad ciudadana requiere, para ser verdaderamente eficaz, sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales, aspecto que es también central para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región. La construcción de una política sustentable sobre seguridad ciudadana enfrenta obstáculos a partir de la manipulación de la inseguridad subjetiva con objetivos exclusivamente político-partidarios, escenario que se advierte claramente en algunos países de la región durante los períodos electorales. Esto no significa que pueda existir algún tema vedado para el amplio debate público. Por el contrario, el intercambio de ideas, las presentación de propuestas alternativas para solucionar los grandes temas que concitan la preocupación de las personas que viven en una sociedad, y la demanda ciudadana orientada a la rendición de cuentas de las autoridades públicas, son elementos constitutivos de una sociedad democrática. Sin embargo, la Comisión anota que en el hemisferio, en los últimos años, y a partir de la alta sensibilidad de la población frente al impacto de los actos de violencia o el crecimiento de determinados delitos, puede verificarse un manejo del tema de la inseguridad ciudadana se relaciona más con el desarrollo de debates electorales con interés en el corto plazo, que en el objetivo de informar adecuadamente a la sociedad y de convocar a las instituciones públicas, las organizaciones sociales, medios masivos de comunicación y a la comunidad en general, a reflexionar sobre los factores que inciden sobre esta problemática, y sobre las medidas realmente eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza de la violencia y el delito.
54. Este concepto de política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales, a los efectos que los Estados Miembros puedan cumplir cabalmente sus obligaciones internacionales de protección y garantía. En este sentido, la referencia al enfoque de derechos en las políticas públicas debe ser entendido en dos dimensiones, diferentes pero complementarias: por una parte, los estándares y principios de derechos humanos aportan una guía u hoja de ruta para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas; y, por otra parte, y a la vez, los Estados deben desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo la realización de estos derechos[64].
55. Los Estados miembros deben diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos como instrumento para cumplir rigurosamente con las obligaciones, de tipo negativo y de tipo positivo, asumidas, en especial, en el marco del Sistema Interamericano respecto a los derechos comprometidos con la seguridad ciudadana. Al respecto, la Comisión ya ha manifestado anteriormente que “considera que existe una impostergable necesidad de que los Estados reflexionen sobre el tema y adopten medidas y políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de la población y el respeto a los derechos humanos[65]. En definitiva, y a partir de los desarrollos precedentes, para la Comisión, una política pública sobre seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos es aquella que incorpora el desarrollo de acciones simultáneas en tres áreas estratégicas: el área institucional, el área normativa y el área preventiva[66]. De esta forma se da satisfacción a dos de los requisitos esenciales de una política pública, como son la integralidad y la multilateralidad.
56. El área institucional tiene que ver con la capacidad operativa del aparato estatal para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Respecto a la política pública de seguridad ciudadana, los aspectos operativo-institucionales se relacionan, fundamentalmente, con los recursos humanos y materiales asignados al poder judicial; el ministerio público; la defensa pública; las fuerzas policiales y el sistema penitenciario. En este sentido, los Estados Miembros deben construir indicadores confiables que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros aspectos: (1) los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; (2) los mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional de los agentes estatales que integran las instituciones mencionadas; (3) las condiciones de trabajo y remuneración de estos funcionarios; y (4) el equipamiento; medios de transporte y comunicaciones disponible para el cumplimiento de las funciones asignadas. Específicamente respecto al sistema penitenciario y las fuerzas policiales, la Comisión destaca especialmente el pronunciamiento de las más altas autoridades de los Estados Miembros con competencia en materia de seguridad ciudadana, en relación con
(...) fortalecer y, cuando corresponda, establecer políticas y programas para la modernización de los sistemas penitenciarios de los Estados Miembros y para el diseño de modelos sustentables de reinserción social, con especial atención a los jóvenes; (...) promover la modernización de la gestión policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de quienes lo integran (...)[67].
57. El área normativa de la política pública de seguridad ciudadana se refiere a la adecuación del marco jurídico, tanto a las necesidades para la prevención o represión del delito y la violencia, como para el desarrollo del procedimiento penal o la gestión penitenciaria. En esta dirección, la legislación interna debe articular equilibradamente las potestades de las instituciones estatales (sistema judicial, policial y penitenciario) con las garantías de los derechos humanos. Las normas que tienen que ver con la política de seguridad ciudadana establecen, en la generalidad de los casos, limitaciones o restricciones al ejercicio de algunos derechos humanos. Por lo tanto, en cualquier circunstancia, el respeto al principio de legalidad establece que estas normas deben tener jerarquía de ley, tanto en el sentido material, como en el sentido formal. En esta dirección se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al analizar el artículo 30 de la Convención Americana[68]. Las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben interpretarse armónicamente, lo que implica, por una parte, la ponderación entre derechos de igual jerarquía que muchas veces entran en conflicto; y por otra parte, la necesidad de que el ordenamiento jurídico de los Estados Miembros pueda establecer que el ejercicio de determinados derechos humanos puede ser regulado, y, por ende, ser objeto de alguna forma de restricción o limitación[69]. La Comisión reitera que los principios de legalidad, respeto del Estado de Derecho, dignidad de la persona humana, excepcionalidad e igualdad y no discriminación, establecen los límites para cualquier forma de restricción o limitación en el ejercicio de los derechos humanos, específicamente en cuanto a las acciones que implementen los Estados miembros de la OEA para enfrentar los problemas generados por la delincuencia y la violencia[70]. A la vez, se destaca muy especialmente que otros derechos, consagrados en el Sistema Interamericano, nunca pueden ser objeto de suspensión[71] .
58. En el área preventiva se incluyen responsabilidades que exceden las competencias asignadas a la administración de justicia y la policía. En este caso, y siguiendo la definición de política pública adoptada, se incorporan aquí las acciones no punitivas que deben implementar otras agencias estatales (del gobierno central y de los gobiernos locales) en cooperación con organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y los medios de comunicación[72]. Se trata de medidas de prevención social, comunitaria y situacional, que tienen como objetivo intervenir sobre los factores posibilitadores o factores de riesgo sociales, culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, entre otros, que inciden negativamente sobre los niveles de violencia y criminalidad[73]. Los responsables de diseñar la política pública de seguridad ciudadana deben tener en cuenta, inclusive, los resultados en función de la ecuación costo-beneficio de las medidas de prevención frente a las medidas de represión de la violencia y el delito[74].
59. La Comisión reitera que una política pública de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia, y por tanto, es necesario que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral. Sin perjuicio de ello, y atendiendo a la experiencia de los planes y programas implementados en la región en los últimos años, las acciones que los Estados Miembros de la OEA lleven adelante para enfrentar la violencia y la criminalidad, deben otorgarle una especial centralidad a las medidas de prevención. Estas medidas de prevención deben abarcar un amplio espectro, que atienda a algunos cambios culturales en la región como elemento que favorece la reproducción de la violencia, así como la incidencia de la exclusión y la marginación, que han dañado seriamente el tejido social en las últimas décadas. En esa línea se han pronunciado las autoridades del hemisferio a cargo de la seguridad ciudadana, en el momento de señalar la necesidad de que se adopten medidas con el objetivo de
(...) promover políticas públicas de estado, en coordinación con las instituciones relevantes destinadas a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad (...) promover los programas educativos, especialmente en las escuelas, así como ampliar la concientización de los diferentes actores de la sociedad en temas de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad[75].
60. Las experiencias de prevención más exitosas en el hemisferio han tenido como objetivo central enfrentar los factores que posibilitan la reproducción de la violencia en el espacio local. En ese sentido, se ha trabajado en medidas para reducir el consumo de alcohol y limitar y regularizar el porte de armas por particulares. Asimismo, se destacan los esfuerzos para el rediseño urbano, la generación y mantenimiento de espacios públicos amigables y los sistemas de transporte. También debe hacerse expresa mención a la creación de bolsas de trabajo en las zonas de mayor violencia de las ciudades. En el plano institucional, los programas exitosos apostaron a la profesionalización de la policía y la implementación de programas para mejorar la relación entre la policía y las comunidades locales. Asimismo, se destacan experiencias que han tenido efectos positivos a partir de una gestión de la seguridad basada en una adecuada información sobre la realidad objetiva y subjetiva de la violencia y la delincuencia, incorporando sistemas de construcción de indicadores, recolección de datos, y trabajo a partir de mapas georeferenciados para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana. En el mismo sentido, deben citarse los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como es el caso de los que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia. Por su parte, desde el punto de vista de la prevención terciaria, debe hacerse expresa mención al trabajo con personas jóvenes que ya han cometido delitos, mediante programas de penas alternativas a la prisión, que hagan efectiva la responsabilidad del victimario, en dirección de la debida compensación, mediante la reparación a la víctima o el trabajo comunitario, de los daños generados por su comportamiento ilícito[76].
61. Las obligaciones positivas asumidas por los Estados implican que éstos deben generar las condiciones para que la política pública sobre seguridad ciudadana contemple prioritariamente el funcionamiento de una estructura institucional eficiente, que garantice a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito. En este sentido, la Comisión señala su preocupación por las debilidades verificadas históricamente en la región respecto a la creación de una institucionalidad que permita una adecuada gestión estatal en esta materia. Estas dificultades se verifican, especialmente, en las siguientes áreas temáticas: (1) la atención a las víctimas de la violencia y el delito; (2) la privatización de los servicios de seguridad; (3) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; (4) la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales; y (5) la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
1. La atención a las víctimas de la violencia y el delito
62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” a
todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización[77].
63. La Comisión se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre las obligaciones de los Estados Miembros respecto a las víctimas de la violencia y el delito, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana que establece la obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento, la cual comprende el deber de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados partes tienen el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos protegidos en la Convención Americana. La Comisión ha establecido en el contexto de casos individuales que los hecho ilícitos violatorios de los derechos humanos aunque inicialmente no resulten directamente imputables a agentes del Estado, pueden acarrear la responsabilidad internacional del Estado por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para esclarecerla en los términos requeridos por la Convención[78].
64. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sostenido que el deber de garantía se ve vulnerado toda vez que el aparato del Estado actúa de modo que no se restablezca a la víctima en la plenitud de sus derechos y que la impunidad deja a las víctimas y a sus familiares en estado de total indefensión[79]. La Corte ha establecido que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos[80].
65. En la misma dirección, la Comisión, citando a la Corte, se ha pronunciado respecto al deber de los Estados de evitar y combatir la impunidad, definida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”[81].
66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial-policial, hasta las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas[82].
67. Los Estados Miembros deben dar adecuado cumplimiento a sus obligaciones positivas respecto a los derechos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, transformando el contenido de estas orientaciones en un marco normativo institucional, a la vez que disponiendo las asignaciones presupuestales indispensables, para hacer viables las respuestas operativas a las víctimas de la violencia y el delito. Entre otros aspectos, el marco normativo y las prácticas institucionales deben tener en cuenta las necesidades de capacitación del personal policial, judicial, de salud y de los servicios sociales oficiales; la existencia de protocolos de intervención comunes a todas las áreas del Estado involucradas; y el funcionamiento de una infraestructura apropiada. Del mismo modo, la Comisión recuerda que “la participación de las víctimas en las distintas etapas procesales constituye garantía del derecho a la verdad y la justicia, forma parte de la compleja estructura de pesos y contra pesos del proceso penal y favorece la fiscalización ciudadana de los actos del Estado”[83].
68. La Comisión ha establecido que cuando se genera un daño a personas identificadas como miembros de grupos vulnerables y se verifica un patrón general de negligencia y falta de efectividad para procesar y condenar a los agresores, el Estado no sólo incumple con su obligación de esclarecer un crimen, sino también su obligación de prevenir prácticas degradantes. La Comisión ha manifestado que
Esa inefectividad judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia […],al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos[84].
La Comisión ha establecido que a fin de garantizar el derecho a la no discriminación, los Estados están en la obligación de adoptar medidas de acción positiva y de establecer distinciones basadas en desigualdades de hecho. En un caso sobre patrones de discriminación y violencia policial contra jóvenes pertenecientes a un grupo social especialmente vulnerable por su condición racial y social, la Comisión estableció que la situación de la víctima ameritaba la adopción de medidas positivas en su favor, incluyendo el trato igualitario ante la ley (artículo 24 de la Convención Americana) y el respeto a la presunción de inocencia (artículo 8 de la Convención Americana).[85] La Comisión indicó que en ese tipo de casos
la omisión de medidas de acción afirmativa para revertir o cambiar situaciones discriminatorias, de iure o de facto, en perjuicio de determinado grupo de personas, genera la responsabilidad internacional del Estado (..) Si bien las leyes (..) no presentan discriminación y se garantiza prima facie una aparente igualdad, en la realidad de los hechos la situación es otra, pues los estudios disponibles indican el sesgo seguido por la policía del estado, consistente en el empleo de una violencia innecesaria para con las personas sometidas a sus procedimientos, especialmente sobre aquellos individuos con caracteres inherentes a la raza negra, residentes en las favelas o zonas marginales. Este proceder en muchos casos lleva a la muerte del afectado. Es por ello que la simple promulgación de leyes sin efecto práctico alguno no garantiza el pleno goce y ejercicio de derechos.[86]
No basta con que haya formalmente disposiciones legales que garanticen la igualdad, sino que éstas deben ser efectivas, es decir, deben dar resultados o respuestas necesarias para la protección de los derechos contemplados en la Convención Americana.
69. En términos de la reparación del daño, sin perjuicio de la universalidad de los servicios que debe prestar el Estado, éste debe garantizar el funcionamiento de sistemas adecuados de atención a las víctimas de la violencia o el delito cuando se trata de mujeres; niños, niñas o adolescentes; adultos mayores; población indígena o afrodescendiente[87]. La Comisión ha señalado en anteriores oportunidades que los Estados Miembros deben disponer de personal especializado en todas las instituciones del sistema de seguridad ciudadana, que esté en condiciones de brindar un servicio de calidad al conjunto de la población, haciendo efectivo, de esta forma, el principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana[88].
2. La privatización de la seguridad ciudadana
70. Es un hecho evidente que, en los últimos veinticinco años, las empresas privadas que ofrecen servicios de seguridad se han reproducido de manera constante en las Américas. En muchos casos, el número de empleados de estas empresas privadas superan con creces las plazas que los Estados Miembros asignan a sus fuerzas policiales. Estudios recientes ponen en evidencia el crecimiento que la oferta privada de seguridad está teniendo a nivel mundial. En este sentido, estas investigaciones señalan que, en el período anterior a la actual crisis económica internacional, los emprendimientos privados comerciales o industriales relacionados con la seguridad en los principales mercados del mundo mostraron un extraordinario crecimiento, que llegó entre los años 2001 y 2005 a tasas que oscilaron entre el 8 y el 9 %, lo que implica un incremento dos veces más rápido que el conjunto de la economía mundial, siendo superadas solamente por el crecimiento de la industria del automóvil en ese período[89]. En América Latina, el crecimiento del mercado de bienes y servicios de seguridad privada en los últimos quince años se estima en un 11 %[90].
71. La Comisión se ha manifestado también oportunamente sobre algunos problemas relacionados a la creciente intervención de las empresas privadas en la prestación de servicios de seguridad. En este sentido, ha subrayado que “la falta de registro legal de las policías privadas favorece la inexistencia de control estatal de las actividades llevadas adelante por las mismas, en ocasiones delictivas, y facilita la comisión de abusos”. En este mismo sentido, la Comisión señaló la ausencia de procedimientos de control sobre las empresas privadas de seguridad, a la vez que expresó su preocupación por las denuncias presentadas acerca de casos de violaciones a los derechos individuales cometidos por sus empleados[91].
72. Los Estados Miembros, en cumplimiento a su deber de garantía de los derechos humanos comprometidos en las políticas de seguridad ciudadana, deben asumir las funciones de prevención, disuasión y represión del delito y la violencia, por ser los depositarios del monopolio de la fuerza legítima. La privatización de la funciones de seguridad ciudadana tiene como consecuencia que ésta se desvincule de la noción de derechos humanos, cuya defensa, protección y garantía competen al Estado, para transformarse en un mero producto que puede adquirirse en el mercado, y, en la generalidad de los casos, exclusivamente por aquellos sectores de la sociedad que cuentan con los recursos económicos para hacerlo.
73. En los países donde el funcionamiento de empresas privadas de seguridad esté autorizado de acuerdo a las normas que rigen la actividad económica, la presencia en el mercado de este tipo de emprendimientos debe ser debidamente regulada por las autoridades públicas. En especial, debe señalarse la necesidad de que el ordenamiento jurídico interno regule las funciones que pueden cumplir las empresas privadas de seguridad; el tipo de armamento y medios materiales que están autorizadas a utilizar; los mecanismos adecuados para el control de sus actividades; la implementación de un registro público; a la vez que definir un sistema para que estos emprendimientos privados informen regularmente sobre los contratos que ejecutan, especificando puntualmente el tipo de actividades que desempeñan. Del mismo modo, las autoridades públicas deben exigir el cumplimiento de los requisitos de selección y capacitación de las personas contratadas por las empresas de seguridad privada, regulando con detalle cuáles son las instituciones públicas que están en condiciones de extender certificados de habilitación para sus empleados[92]. En todo caso, y de acuerdo a la definición adoptada por la Comisión en este informe, las empresas privadas solamente brindan servicios de seguridad o custodia de bienes y valores, y no son un complemento o un sucedáneo a las obligaciones de los Estados Miembros en materia de seguridad ciudadana, ya que la garantía de los derechos humanos vinculados a esta última es una responsabilidad estatal indelegable.
3. La gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana
74. La Comisión entiende por gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana la capacidad institucional por parte de las autoridades legítimas de diseñar, implementar y evaluar políticas de prevención y control de la violencia y el delito[93]. En la región, históricamente estas responsabilidades fueron delegadas, en muchos casos informalmente, por el sistema político a las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de esto, las decisiones sobre la seguridad de las personas y sus bienes respondieron primordialmente a los intereses de esas fuerzas, siendo asumidas con total autonomía del resto de las políticas públicas, y sin ningún tipo de control por parte de la ciudadanía. Entre otros efectos negativos, la situación mencionada favoreció, en muchos casos, los abusos y las desviaciones de poder por parte de las fuerzas de seguridad[94]. Esta debilidad institucional y el desgobierno político civil de la seguridad ciudadana, constituyen un evidente incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros en relación a sus deberes respecto a los derechos humanos comprometidos en la política pública de seguridad ciudadana[95].
75. Las dificultades respecto a la gobernabilidad de la seguridad ciudadana se pusieron especialmente en evidencia cuando muchos países del hemisferio comenzaron la recuperación de sus sistemas democráticos en los últimos cinco lustros, después de varios años de guerras civiles, gobiernos autoritarios o dictaduras militares. Sin desconocer los déficits institucionales tradicionales de la región, la ausencia del Estado de Derecho durante esos períodos potenció el problema. La Comisión ya se ha manifestado respecto a las consecuencias de la debilidad de la institucionalidad democrática respecto a la vigencia de los derechos humanos. En ese plano, sostuvo oportunamente que
el sistema democrático y la vigencia del estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos. El estado de derecho a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos implica el buen funcionamiento del Estado, y el cumplimiento efectivo y equitativo de sus responsabilidades en materia de justicia, seguridad, educación o salud. En definitiva, el estado de derecho implica pleno respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes de los Estados garantizando que se acceda a mejores y mayores formas de protección de los valores de la dignidad humana[96].
76. A los efectos de no dañar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y favorecer el ejercicio del control de la ciudadanía sobre el sistema político es imprescindible que las autoridades gubernamentales legítimamente electas asuman en su totalidad la responsabilidad de diseñar e implementar la política pública de seguridad ciudadana. Para ello, en la estructura del gobierno, los ministerios o secretarías de Estado con responsabilidad sobre el sector seguridad ciudadana deben contar con funcionarios técnico-políticos capacitados en las diferentes profesiones relacionadas con la seguridad ciudadana, para definir y tomar decisiones en las áreas definidas de esta política pública. Al mismo tiempo, los parlamentos también deben contar con una estructura de asesoramiento profesional que le permita realizar un eficaz control político sobre las medidas que se implementen para prevenir y controlar la violencia y el delito. Complementariamente, los Estados Miembros deben habilitar y facilitar el funcionamiento de mecanismos de participación de la sociedad civil que hagan efectivas las acciones de control democrático, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables de las instituciones a cargo de la política pública de seguridad ciudadana.
4. La profesionalización y modernización de las fuerzas policiales
77. La Comisión se ha referido en reiteradas ocasiones a la misión insustituible de las fuerzas policiales para el adecuado funcionamiento del sistema democrático. Al respecto, ha manifestado que “la Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de derecho y para garantizar la seguridad de la población. Dada su cobertura nacional y la variedad de sus funciones, es una de las instituciones del Estado que se relaciona más frecuentemente con los ciudadanos”[97]. Del mismo modo, subrayó que una fuerza policial “honesta, profesional, preparada y eficiente, es la base para desarrollar la confianza de los ciudadanos”[98].
78. La Comisión recuerda que, de acuerdo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley,los Estados miembros deben tener en cuenta que la labor de las fuerzas policiales “constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios”. Asimismo, estas disposiciones se refieren expresamente al papel fundamental del personal de las fuerzas policiales “en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”[99], así como en los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que integran el Sistema Interamericano.
79. En el hemisferio existió desde siempre una tensión entre las obligaciones de los Estados Miembros de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el marco jurídico, la estructura operativa y las prácticas de las fuerzas policiales. En la enorme mayoría de los países de la región, recién a principios de los años noventa comienza a asumirse la magnitud de este problema. En forma consecuente, dan inicio procesos para incorporar cambios de fondo en las instituciones policiales, dirigidos a su modernización y profesionalización, de forma tal que pudieran cumplir eficazmente sus funciones de prevención y control del delito y la violencia, sin afectar los compromisos asumidos por los Estados Miembros en materia de derechos humanos. Este proceso todavía está en plena implementación, y pueden verificarse importantes avances, pero también permanentes retrocesos a las formas tradicionales de ejercicio de las funciones policiales en las Américas.
80. Estos procesos de modernización y profesionalización de las fuerzas policiales en la región deben enfrentar históricas debilidades institucionales. Los cuerpos de policía, en general, no han actualizado la sustancia de su marco doctrinario, más allá de las transformaciones formales que pueden presentarse en esa materia. En esta dirección, en varios países del hemisferio, la doctrina policial se mantiene ligada al concepto de orden público, atendiendo antes a la seguridad del Estado que a las necesidades de las personas o grupos que integran la sociedad. Complementariamente, la referencia a los derechos humanos en la doctrina clásica policial de la región a lo sumo aparece como una referencia accesoria, nunca vinculada a lo que se entiende corporativamente son los valores o principios que caracterizan la labor policial. Para que una fuerza policial aspire a ser respetuosa de los derechos humanos no sólo requiere de formación teórica sino que debe organizarse, seleccionar su personal, capacitarse permanentemente y realizar sus operaciones profesionales de forma tal de hacer efectivos los derechos humanos de la población a la que sirve.
81. Por otra parte, el despliegue territorial y funcional de las fuerzas policiales responde, en la mayoría de los países de la región, a un modelo reactivo, en detrimento del funcionamiento de un modelo proactivo de trabajo policial, dirigido especialmente a la prevención y la disuasión de la violencia y el delito. Completando este cuadro, la distribución de los recursos humanos y materiales de la policía no responde muchas veces a las necesidades reales de la población, asignándose gran parte de ellos al cumplimiento de tareas administrativas o de apoyo a otras instituciones públicas o entidades privadas que no tienen que ver, directa ni indirectamente, con la seguridad ciudadana. Si bien son recurrentes los reclamos de amplios sectores de la sociedad de incrementar el número de efectivos de las fuerzas policiales como eventual respuesta a la violencia y el delito, en muchos casos, la plantilla del personal policial en el hemisferio supera ampliamente las tasas de policías por habitante aceptadas internacionalmente. En realidad, la dificultad radica en una inadecuada distribución de los efectivos para el cumplimiento de tareas de seguridad, y al modelo de trabajo policial adoptado históricamente en la región.
82. Las funciones de prevención, disuasión y represión del delito, en especial aquél vinculado a la criminalidad organizada, la trata y tráfico de personas o el narcotráfico, requieren de efectivos policiales altamente capacitados en tareas de investigación e inteligencia policial, quienes deben tener, además, a su disposición los equipos y medios materiales adecuados para cumplir con eficacia su tarea. En el hemisferio es común que se verifiquen serias carencias al respecto, lo que favorece la reproducción de la impunidad, incrementando la sensación de inseguridad de la población y su desconfianza hacia las instituciones del sistema de seguridad ciudadana. Respecto a los servicios de inteligencia policial, la Corte Interamericana ha indicado que
estos organismos deben, inter alia: a) ser respetuosos, en todo momento, de los derechos fundamentales de la personas, y b) estar sujetos al control de las autoridades civiles, incluyendo no solo las de la rama ejecutiva, sino también las de los otros poderes públicos, en lo pertinente. Las medidas tendientes a controlar las labores de inteligencia deben ser especialmente rigurosas, puesto que, dadas las condiciones de reserva bajo las que se realizan esas actividades, pueden derivar hacia la comisión de violaciones de los derechos humanos y de ilícitos penales[100].
83. Las fuerzas policiales deben contar con el personal y la infraestructura especializada para brindar un servicio de calidad según las necesidades de aquellos sectores de la población más vulnerables frente a la violencia y el delito, como las mujeres; los niños, niñas y adolescentes; la población indígena y afrodescendiente y la población migrante. En esta dirección, la Comisión ya se ha pronunciado, destacando que
Si bien la doctrina del sistema interamericano de derechos humanos no prohíbe todas las distinciones en el tratamiento del goce de los derechos y libertades protegidas, requiere en el fondo que toda distinción admisible se funde en una justificación objetiva y razonable, que impulse un objetivo legítimo, habiendo tenido en cuenta los principios que normalmente prevalecen en las sociedades democráticas, y que los medios sean razonables y proporcionados con el fin que se persigue (...) El principio de igualdad también puede, a veces, obligar a los Estados a tomar una acción afirmativa, con carácter temporal, con objeto de atenuar o eliminar condiciones que causen o ayuden a perpetuar la discriminación, incluyendo las vulnerabilidades o desventajas que padecen grupos particulares, como las minorías y las mujeres[101].
Corresponde, en este contexto, hacer especial mención a la situación de vulnerabilidad del colectivo integrado por personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, frente al riesgo de discriminación ante situaciones de violencia y criminalidad. Por su parte, la Corte ha señalado que el principio de igualdad ante la ley
pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens[102].
84. En varias ocasiones la Comisión se ha pronunciado señalando que
ha observado que las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana no toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. La violencia intrafamiliar y doméstica afecta particularmente a la mujer, pero, en muchos casos, no es tomada en cuenta como un problema de seguridad ciudadana. La invisibilización de la violencia contra la mujer se evidencia en la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de violencia intrafamiliar o doméstica, así como la poca información que existe sobre la prevalencia de delitos sexuales que afectan principalmente a la mujer[103].
En consecuencia, la Comisión señala que en los cuerpos de policía de los Estados Miembros deben existir servicios especializados para la atención de mujeres víctimas de la violencia y el delito, con personal entrenado debidamente y con protocolos de intervención que permitan un trabajo integrado con otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. De esta forma, será mayor el impacto de las medidas de prevención, y en su caso, se evitará la victimización secundaria, a la vez que se generarán las condiciones para una eficaz investigación de los hechos y el sometimiento de los responsables a la justicia competente.
85. La Comisión también entiende necesario señalar que en las Américas la regla general ha sido que las mujeres que integran las fuerzas policiales no reciban un trato equitativo y no discriminatorio en cuanto al goce de sus derechos funcionales, en especial en lo que respecta a la asignación de los destinos y cargos, así como al cumplimiento efectivo de todas las funciones operativas propias de esa profesión. Al respecto, la Comisión recuerda a los Estados Miembros que los estándares internacionales sobre este tema atienden a tres aspectos específicos: (1) el acceso al nombramiento para el servicio de policía; (2) la igualdad de oportunidades dentro del servicio de policía; y (3) el despliegue de las funcionarias de policía[104].
86. Las fuerzas policiales deben ser representativas, en su integración, de la realidad social y cultural de cada país. En especial, y considerando las condiciones particulares de las diferentes sociedades del hemisferio, la Comisión ha hecho referencia a la “necesidad de mantener una fuerza policial multiétnica y pluricultural, en particular fomentando la participación de miembros de los pueblos indígenas y mujeres en distintos organismos del Estado”[105]. Este requisito está incorporado específicamente en el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, donde se establece que “(...) todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder ante ella”[106]. En la misma dirección, la Comisión ha recordado a los Estados Miembros que las instituciones del Estado, entre ellas las fuerzas policiales, deben contar con elementos que les permitan una adecuada atención a todas las personas que habitan el territorio del país, respetando todas las manifestaciones culturales, entre ellas, las diversas lenguas o dialectos existentes[107]. Por su parte, la Corte Interamericana ha desarrollado una extensa jurisprudencia, señalando que:
Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional[108].
87. Como ya se ha señalado en este informe, los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de la violencia en el hemisferio. También, en muchos países de la región, las infracciones a la ley penal cometidas por personas menores de dieciocho años de edad afectan seriamente los derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana de amplios sectores de la población. Esta situación de mayor vulnerabilidad obliga a los Estados Miembros, en el caso de la intervención de sus fuerzas policiales, a adoptar prácticas y procedimientos especiales para garantizar efectivamente los derechos de este segmento de la población. A partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño[109], se reconoce en el plano del derecho internacional que los niños, niñas y adolescentes gozan de todos los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria, y reconocer la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de niños, niñas y adolescentes[110]. No se trata de consagrar en la política pública sobre seguridad ciudadana derechos diferentes para las personas menores de dieciocho años de edad frente al resto de los seres humanos, sino del establecimiento de una protección complementaria para este sector de la población en el ámbito de sus relaciones con el Estado, la sociedad y la familia. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana al referirse a las obligaciones de protección especial asumidas por los Estados Miembros. En esa dirección, la Corte ha señalado que “teniendo en consideración el desarrollo físico y emocional” de los niños, niñas y adolescentes, “los estándares internacionales reconocen un derecho adicional y complementario que obliga a los Estados a adoptar medidas de protección especial[111]”.
88. En la misma dirección, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma Convención sobre los Derechos del Niño, por interés superior del niñono puede entenderse otra cosa que la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos. En otros términos: todas la decisiones que en la familia, la sociedad, o el Estado afecten a una persona menor de dieciocho años de edad tendrán que tener en cuenta, objetiva e indefectiblemente, la vigencia efectiva de la integralidad de tales derechos. Así lo ha entendido la Corte Interamericana al afirmar que “(…) la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”[112]. La política pública sobre seguridad ciudadana debe tener presente que el interés superior del niño, la niña y el adolescente ya no es el concepto subjetivo e impreciso sometido a la discrecionalidad de los adultos, sino un indicador preciso de la forma como se garantiza el goce efectivo de los derechos las personas que tienen menos de dieciocho años de edad[113].
89. La Comisión reconoce que la relación entre las fuerzas policiales y el sector de la población constituido por niños, niñas y adolescentes, históricamente ha sido compleja, y se ha desarrollado en medio de marcadas dificultades para una adecuada comunicación. En el contexto que se verifica en varios países de la región, donde el crecimiento de los niveles de violencia y criminalidad ha llevado al reclamo de acciones de mayor represión por parte de amplios sectores de la sociedad, esa relación se torna aún más difícil. Es por eso que la efectividad de las mencionadas medidas de protección especial, llevadas al plano de la actuación policial, tiene que ver con un marco jurídico adecuado a los estándares internacionales y al funcionamiento de unidades especialmente formadas para intervenir en situaciones que involucran a personas menores de dieciocho años de edad, en tanto víctimas como victimarios de hechos violentos o criminales. Sin perjuicio de esto, es necesario que todo el personal policial reciba una formación básica adecuada sobre la forma de actuar en este tipo de situaciones, y que también incorpore protocolos de intervención, criterios de derivación y facilidades para el trabajo en red con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
90. La política pública sobre seguridad ciudadana también debe prestar atención calificada a la relación de las fuerzas policiales con las personas migrantes y sus familias, reconociendo que las mujeres, niñas, niños y adolescentes en esta condición son los que muestran mayores niveles de vulnerabilidad. En muchos países de la región, las personas migrantes no son solamente estigmatizadas y responsabilizadas por amplios sectores de la población del incremento de la violencia y la delincuencia, sino que son víctimas privilegiadas de la criminalidad y de la violencia estatal y privada. En cuanto a los estándares internacionales respecto a los derechos humanos de las personas migrantes, la Corte y la Comisión Interamericanas han establecido principios sobre: (1) los supuestos para la privación de la libertad de los migrantes; (2) las pautas que rigen sus condiciones de detención en los procesos migratorios; (3) las reglas del debido proceso que deben regir los trámites migratorios; (4) las garantías de defensa legal frente a decisiones de deportación individual y colectivas; y (5) el acceso a derechos sociales básicos de los migrantes en situación irregular, y en especial sus derechos laborales básicos. Muchas veces, estos procesos de exclusión se siguen desarrollando a partir de los mecanismos de “integración parcial” de los migrantes documentados, pero que no llegan a recibir el mismo reconocimiento en sus derechos que las personas nacionales de los países donde se encuentran. A esto deben añadirse riesgos específicos a los derechos humanos de los migrantes y sus familias, constituidos por la trata y el tráfico internacional de personas y la violencia en las zonas de frontera[114]. Concretamente, la Corte se ha manifestado en cuanto a que en general
los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o residentes). Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto(desigualdades estructurales). Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado[115].
91. Por otra parte, los Estados Miembros deben tener presente que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, debe regir el sistema de protección de los derechos laborales del personal de las fuerzas policiales. La Comisión se ha pronunciado sobre las condiciones de trabajo de los y las agentes de policía en la gran mayoría de los países de la región, al verificar que “las condiciones materiales en que trabajan no son buenas, y algunos otros aspectos son deplorables. Igualmente los sueldos son muy bajos[116]”. Los Estados Miembros, entre las medidas positivas para garantizar los derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana, deben contar con fuerzas policiales profesionales. Para ello, entre otros instrumentos, es fundamental la vigencia de normas que regulen con precisión la carrera policial. Al respecto, la Comisión ya ha manifestado que considera necesaria la creación de una verdadera carrera policial, que comprenda un riguroso proceso de capacitación con cursos de formación técnica y en derechos humanos, estrictos criterios de selectividad, y un sistema de promoción. Todo ello debería ir acompañado de la asignación de los recursos materiales necesarios para que la policía pueda cumplir con sus labores; el pago de un sueldo justo que dignifique el trabajo y atraiga al personal adecuado; y por último, la sanción de los excesos cometidos para depurar los elementos corruptos y delictuosos[117]. Del mismo modo, la carrera policial debe regular los requisitos para el cese de la función policial, y prever sistemas de seguridad social que garanticen una adecuada calidad de vida del personal una vez producido el retiro.
92. La Comisión recuerda que la doctrina más reconocida en la región menciona, entre los derechos de los miembros de las fuerzas policiales: (1) la remuneración justa, que permita al policía y a su familia un nivel de vida digno, teniendo en cuenta los peligros, responsabilidades y situaciones de estrés a las que se ve enfrentado por su accionar cotidiano, así como la capacidad técnica que su profesión le exige; (2) condiciones de seguridad e higiene en el trabajo; (3) respeto al horario y apoyo psicológico y físico necesarios; (4) el régimen de descanso y vacaciones proporcionales al desgaste que implica su labor en permanente estrés; (5) el deber de cumplimiento de órdenes superiores sólo si éstas son legales y, en caso contrario, el derecho a oponerse a ellas, no pudiéndose aplicar medida penal o disciplinaria alguna al funcionario que rehúsa una orden ilegal o violatoria de derechos humanos; (6) recibir, de modo permanente, la formación adecuada al cumplimiento de sus funciones, estableciendo una carrera policial que sea el soporte académico-profesional de la transformación cultural. Los hombres y mujeres que integran las fuerzas policiales deben recibir una capacitación y formación operativa permanente en derechos humanos, que sea exhaustiva en materia de evaluación táctica del peligro, de modo que puedan determinar en cada situación si el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, es proporcionado, necesario y lícito[118].
93. También en cuanto los derechos del personal de las fuerzas policiales, es imprescindible referirse al ejercicio de la libertad sindical. En este sentido, los Estados Miembros deben garantizar al personal que integra las fuerzas policiales derecho de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. El ejercicio de la libertad sindical por parte de funcionarios policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros respecto a toda la población bajo su jurisdicción en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El logro de ese equilibrio determina que la actividad sindical de los funcionarios y funcionarias policiales puede someterse a algunas limitaciones o restricciones que no rigen para otros trabajadores de la actividad pública o privada, propias de una institución sometida a reglas específicas de disciplina y jerarquía y a las necesidades de una sociedad democrática, como se desarrollará oportunamente en este informe al analizar el derecho a la libertad de asociación en su relación con la política pública sobre seguridad ciudadana.
94. Otro aspecto esencial para la carrera profesional de los y las agentes de policía, está constituido por el establecimiento de mecanismos de formación permanente y de especialización. Los Estados Miembros están obligados a actualizar los conocimientos y prácticas profesionales de todo el personal policial, planificando e implementando por medio de las instituciones competentes cursos, seminarios y conferencias, a la vez que proporcionando los materiales de estudio que tengan por objeto la capacitación profesional continua de los y las policías, especialmente, en aquellas materias o técnicas que hayan experimentado mayores modificaciones o evoluciones. El personal policial deberá contar con las mayores facilidades para asistir a actividades de actualización profesional, así como para continuar y profundizar su nivel educativo, en los términos compatibles con la prestación del servicio. Es necesario, como requisito para orientar adecuadamente las actividades de formación y especialización, que las autoridades responsables evalúen periódicamente los conocimientos profesionales del personal de las fuerzas policiales. La Comisión, al analizar la situación de la seguridad ciudadana en la región, ya ha señalado que
(...) buena parte del problema radica en la formación tan precaria de los agentes de la policía (...) Muchos de ellos no han terminado la preparatoria, y en términos generales, la preparación es superficial y escasamente enfocada a lo que es su función básica: la investigación y persecución de los delitos. La falta de una buena formación, además de que les impide tener una idea clara de la importancia de la legalidad, los hace sentirse incompetentes para actuar dentro de ella. La costumbre de trabajar de una determinada manera, sin control sobre los abusos que puedan cometer, ha creado vicios difíciles de erradicar[119].
95. Una de las mayores trabas para el debido cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros respecto a los derechos comprometidos en el área de seguridad ciudadana ha sido la carencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, que aseguren una gestión transparente y favorezcan diferentes modalidades de control por parte de la ciudadanía. Esto ya fue señalado en su momento por la Comisión, al expresar que “la situación de la seguridad ciudadana se ve comprometida (...) por la inexistencia de un cuerpo policial eficiente y respetuoso de los derechos humanos que se dedique a la seguridad interna y favorezca el acercamiento entre la Policía y los ciudadanos[120]”. A estos efectos, es fundamental contar con la estructura institucional y los recursos humanos y materiales funcionales a esa modalidad de gestión, elaborando y comunicando indicadores que sean conocidos por el conjunto de la población, a la vez que definiendo con claridad los medios para verificar el cumplimiento de las metas u objetivos definidos en la política pública de seguridad ciudadana.
96. Desde el punto de vista de las reglas de actuación de las fuerzas policiales, la Comisión advierte acerca de las carencias que se aprecian en varios países de la región, donde no existen normas definidas y claras que establezcan las potestades y los límites de la policía en sus intervenciones. En general, los procedimientos policiales son objeto de regulación por vía administrativa, a través de reglamentos, directrices u órdenes de servicio. Solamente en contadas excepciones los procedimientos policiales están adecuadamente establecidos en una ley. Como ya ha expresado la Comisión en este informe, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda limitación o restricción al ejercicio de los derechos humanos debe ser objeto de ley, en sentido formal y material[121]. La ausencia de un marco jurídico claro, debidamente difundido entre la población, y que constituya la base de la formación de los miembros de las fuerzas policiales, favorece la discrecionalidad en la actuación de los agentes estatales en esta materia, generando las condiciones para que se produzcan situaciones de desviación o abuso de poder[122].
97. En este sentido, los Estados Miembros, conforme lo establece el principio de legalidad, están obligados a sancionar normas con jerarquía de ley, y en cumplimiento de las normas internacionales en la materia, que regulen estrictamente los procedimientos policiales, en especial, en aquellas actuaciones policiales inmediatas, que se suceden en el espacio temporal anterior a la toma de conocimiento de los hechos por parte del ministerio público o la justicia competente. Estas normas deben ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de los agentes estatales, a la vez que el Estado debe utilizar todos los medios a su alcance para que las mismas sean del conocimiento público. En este sentido, la Corte Interamericana cita al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su análisis del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto a que
(…) en general y dentro del marco que en él se fija, el Artículo 2 del Pacto deja al arbitrio de los Estados Partes interesados la elección del método de aplicación del propio Pacto en sus territorios. En particular, reconoce que esa aplicación no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, que suelen ser de por sí insuficientes. El Comité considera necesario señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de que la obligación prevista en el Pacto no se limita al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados Partes se han comprometido también a garantizar el goce de esos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción. Este aspecto exige que los Estados Partes realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. (…) A este respecto, es muy importante que los individuos sepan cuáles son sus derechos en virtud del Pacto (y del Protocolo Facultativo, en su caso) y que todas las autoridades administrativas y judiciales conozcan las obligaciones que ha asumido el Estado Parte en virtud del Pacto[123].
98. Del mismo modo, la regulación de los procedimientos policiales debe incorporar códigos de ética o principios de actuación policial. En ese marco, la ley debe establecer los procedimientos disciplinarios internos que consagren el debido proceso administrativo, tipificando taxativamente las conductas en que pueden incurrir los efectivos policiales que serán objeto de reproche disciplinario; identificando los organismos competentes; los procedimientos para investigar los hechos en cada caso concreto y las sanciones a imponer, así como los recursos de que dispone el funcionario involucrado para impugnar el fallo. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pueda estar comprendido el funcionario policial, sobre las que entenderá la justicia ordinaria. Para la Comisión, el funcionamiento adecuado del sistema disciplinario policial (con los organismos de investigación internos encargados de juzgar y sancionar, en su caso, las conductas tipificadas previamente como faltas o infracciones), es un elemento esencial de una policía moderna, profesional y democrática. Esto en la medida que un procedimiento disciplinario que otorgue todas las garantías constitucionales y que funcione sobre la base del principio de celeridad, es un incentivo fundamental para aquellos policías que cumplen con responsabilidad sus tareas, en forma ajustada a derecho. Asimismo, la calidad del sistema disciplinario de una fuerza policial será un elemento de primer orden para erradicar la impunidad e incrementar el grado de confianza que la población tenga en el Estado como depositario de la fuerza pública, ya que podrá percibir que su actuación será trasparente, reglada y no discrecional.
99. La Comisión ha prestado atención a estos aspectos en anteriores oportunidades, al señalar su preocupación por las inadecuadas prácticas que realizan algunas fuerzas policiales, “y por la falta de atención debida por parte del Estado”, ya que una policía “honesta, profesional, preparada y eficiente, es la base para desarrollar la confianza de los ciudadanos”. La Comisión subrayó que, mientras exista escepticismo en la población en denunciar hechos delictivos por considerar a la policía
un órgano inadecuado para realizar las debidas investigaciones, se incrementarán los graves casos de justicia privada y en consecuencia la impunidad. Para combatir este problema, la Comisión considera necesaria la creación de una verdadera carrera policial, que comprenda un riguroso proceso de capacitación con cursos de formación técnica y en derechos humanos, estrictos criterios de selectividad, y un sistema de promoción. Todo ello debería ir acompañado de la asignación de los recursos materiales necesarios para que la policía pueda cumplir con sus labores; el pago de un sueldo justo que dignifique el trabajo y atraiga al personal adecuado; y por último, la sanción de los excesos cometidos para depurar los elementos corruptos y delictuosos[124].
5. La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana
100. La Comisión desea insistir en una de sus preocupaciones centrales en relación con las acciones implementadas por los Estados Miembros en el marco de su política sobre seguridad ciudadana: la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones, la Comisión ha señalado que, dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno[125].
101. La preocupación de la Comisión frente a esta situación, que se reitera en varios países de la región, tiene que ver también con el propio funcionamiento del sistema democrático, pues en éste
es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos[126].
102. Una política pública sobre seguridad ciudadana, que se constituya en una herramienta eficiente para que los Estados Miembros cumplan adecuadamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio, debe contar con una institucionalidad y una estructura operativa profesional adecuadas a esos fines. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública. La Corte ha señalado en relación con este punto que “(...) los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”[127].
103. En la región es recurrente que se proponga, o directamente se establezca, que efectivos militares asuman de seguridad interior a partir del argumento del incremento de los hechos violentos o delictivos. La Comisión se ha referido también a este punto, expresando que este tipo de planteos responden a la confusión entre “los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria -por muy grave que sea- no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”[128].
104. Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia. La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos -en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil”[129], actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial.
105. En definitiva, la Comisión reitera que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, en los términos que se han señalado ya en este informe. En esa dirección, la Comisión comparte que “se requiere estar atentos y dispuestos a superar los conflictos a través de medios pacíficos bajo la perspectiva axiomática de la seguridad ciudadana, según la cual las diferencias se dan entre ciudadanos que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir”[130].
[32] Ver Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales, 2005. Disponible en Http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/courtis.htm.
[33] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C, No. 4, 1988, párrafo 166; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrafo 175.
[34] Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52, párrafo207; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003, Serie C No. 104, párrafo 180; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No. 69, párrafo178; Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162, párrafo 172.
[35] Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe." Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: "El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46." Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Regla general de interpretación. "1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes." La Corte Interamericana ha definido en su jurisprudencia el contenido y el alcance de la regla pacta sunt servanda en relación con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados respecto a los derechos humanos. En este punto concreto, el Tribunal expresó que “(...) la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado. (...) el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención, genera responsabilidad internacional para tal Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya per se un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que ejecutaron el acto. Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-14/ 94, de 9 de diciembre de 1994, párrafos 50 y 57.
[36] Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 108; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 111.
[37] Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafos 111 y 112; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124, párrafo 211; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 110, párrafo 91; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párrafo 183; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie C No. 103, párrafo 71; Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párrafo 111. También en su opinión consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte señaló que “[…] se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación conotros particulares. “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 140. También hizo lo propio al ordenar medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y amenazas causados por agentes estatales y por terceros particulares.
[38] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 166; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párrafo 149; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, párrafo 63; Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 252.
[39] Ver Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 280; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 123; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párrafo 155; y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 192, párrafo 78. Ver también ECHR,Case of Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, párrafos 62 63; y ECHR, Case of Osman v. the United Kingdom,Judgment of 28 October 1998, párrafos 115 y 116.
[40] Corte I.D.H., Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párrafo 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 111.
[41] Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, párrafo 144; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 237; y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155, párrafo 75.
[42] Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 120; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 237; y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155, párrafo 75.
[43] European Court of Human Rights, Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, Application No. 22492/93, párrafos 62 y 63; Osman v. the United Kingdom Judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, párrafos 115 y 116.
[44] Corte I.D.H., Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 142; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, párrafo 115; y Caso Perozo y otros Vs. Perú., Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C No. 195, párrafo 298.
[45] Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 219; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124, párrafo 147; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, párrafo 63.
[46] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 291. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 145; y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C No. 196, párrafo 78.
[47] Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 143; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, párrafo 144; y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 192, párrafo 101.
[48] Corte I.D.H., Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75, párrafo 41; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 112; y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, párrafo 402.
[49] Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 111.
[50] Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 119.
[51] Artículo 1 de la Convención de Belém do Pará.
[52] En su sentencia sobre el Caso González y otros, la Corte determinó que los hechos de violencia materia del caso se inscribían en el contexto de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, México, que habían sido abordados en informes emitidos por la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH, el CEDAW, Amnistía Internacional y en reconocimientos del propio Estado involucrado ante organismos internacionales, en el sentido que muchos eran manifestaciones de violencia por causas de género. Corte I.D.H.,Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.
[53] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 293.
[54] CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007.
[55] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 400.
[56] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 402.
[57] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 258.
[58] Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párrafo 25.
[59] CIDH, Comunicado de Prensa 18/06 del 17 de mayo de 2006; Comunicado de Prensa 39/06 del 31 de octubre de 2006; y Comunicado de Prensa 36/07, del 20 de julio de 2007.
[60] CIDH, Informe Anual 2003, Capítulo IV, párrafo 33.
[61] "Un enfoque de cooperación basado en los derechos humanos. Hacia un entendimiento común entre las Agencias de las Naciones Unidas" disponible en Http://www.undg.org/archive_docs/3069-Common_understanding_of_a_rights-based_approach-2.doc.
[62] Garretón, Roberto, "La perspectiva de los derechos humanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas" en El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, Lima, Comisión Andina de Juristas, páginas 27 a 48.
[63] Jiménez Benítez, William "El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas" disponible en Http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista12/enfoque_DDHH.pdf.
[64] "De otro lado, los estudios sobre el enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas llegan a las siguientes conclusiones: Los derechos humanos se constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de políticas públicas. Los derechos humanos son el objeto mismo de las políticas públicas en la medida en que éstas se dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones socialmente relevantes que implican violación o vulneración derechos humanos". Jiménez Benítez, William "El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas" disponible en Http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista12/enfoque_DDHH.pdf.
[65] CIDH, Comunicado de Prensa 16/07 "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a los Estados a reflexionar sobre la importancia de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos". Washington DC, 15 de marzo de 2007.
[66] Ver Faroppa Fontana, Juan "La gestión de la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos", en Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2007, Ed. Servicio Paz y Justicia, Montevideo, 2007, páginas 58-60.
[67] "Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas" aprobado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, México DF, México, 7 y 8 de octubre de 2008, OEA/Ser.K/XLIX. 1. MISPA/doc. 7/08 rev. 3, párrafos 6 y 9.
[68] Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6. “(...) las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Interamericano. Sólo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención (...) la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”.
[69] Esta posibilidad ya estaba presente en una de las primeras declaraciones históricas de derechos humanos, la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 que en su artículo 4 establece que la libertad consiste en hacer todo lo que no daña a otra persona, y que el ejercicio de los derechos naturales de cada individuo tiene sus límites en el goce de los derechos de los demás.
[70] "Toda limitación o restricción lícitas a favor de toda la comunidad y, por consiguiente, la protección del interés público, debería estar por encima del interés individual; la medida del interés público debería determinar el alcance de la restricción de la libertad, de forma que la legalidad de la restricción estuviera limitada por la importancia del interés de la comunidad. Las limitaciones o restricciones sobre la base de promover el "bienestar general en una sociedad democrática" se encuentran contempladas en el artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la de proteger el "interés público" en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Informe de la Relatora Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Erica-Irene A. Daes, "La libertad del individuo ante la ley: análisis del artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Serie Estudios, No. 3, Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ginebra, 1990, página 138.
[71] CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Serv.L/V/II.116.Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, párrafos 50 a 57.
[72] Naciones Unidas, "Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, frente a los retos del Siglo XXI." 10mo. Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, A/Conf.187/4/Rev.3., 15 de abril de 2000.
[73] El concepto de prevención del delito ha adquirido un significado más limitado, y se refiere solamente a medidas no punitivas. En consecuencia, por prevención del delito se entiende actualmente toda medida dirigida a atacar los factores causales del delito, incluidas las oportunidades para cometer delitos. Naciones Unidas, Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito E/CN.15/1993/3, párrafos 4 y 5.
[74] "Se estima que por cada dólar invertido en la prevención de la violencia se ahorrarían hasta seis dólares en gastos de control, represión y atención a las consecuencias de los delitos". Buvinic, Mayra, "Un balance de la violencia en América Latina: los costos y las acciones para la prevención" en Pensamiento Iberoamericano, Nueva Época, No. 0, Ed. Fundación Carolina, Madrid, 2007, página 47.
[75] "Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas" Aprobado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, México DF, México, 7 y 8 de octubre de 2008, OEA/Ser.K/XLIX. 1. MISPA/doc. 7/08 rev. 3, párrafos 7 y 8. En el marco de la segunda reunión, los Estados reafirmaron la importancia de continuar adoptando activamente políticas, programas y acciones en materia de prevención, para luchar contra la delincuencia, la violencia y la inseguridad, protegiendo los jóvenes en situación de riesgo y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Ver MISPA II doc. 8/09 rev. 2, 5 noviembre 2009.
[76] Ver Dammert, Lucía, Perspectivas y dilemas de la seguridad ciudadana en América Latina, Ed. FLACSO, Ecuador, 2007, páginas 25-44. Ver también sobre este tema el Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. Naciones Unidas, Asamblea General, A/61/29, 20 de agosto de 2006, disponible en http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/.
[77] Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.
[78] CIDH, Informe No. 42/00, Caso 11.103, Pedro Peredo Valderrama (México), 13 de abril de 2000.
[79] Corte I.D.H., Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C, No. 37, párrafo 173.
[80] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C No. 4, párrafo 166.
[81] CIDH, Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia, OEA/Ser/L/V/II.125- Doc. 15, 2006, párrafo 50.
[83] CIDH, Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia, párrafo 35.
[84] CIDH Informe No. 25/09, Caso 12.310, Sebastião Camargo Filho (Brasil), párrafo 81. Ver también CIDH, Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001, párrafo 56.
[85] Ver CIDH Informe No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), párrafo 146.
[86] Ver CIDH Informe No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), párrafos 147 y 148.
[87] Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-17/02, sobre “Condición jurídica y derechos del niño” del 28 de agosto de 2002, párrafo 137. En este pronunciamiento sobre la atención de los niños, niñas y adolescentes, la Corte ha señalado que "el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas". Asimismo, la Corte ha establecido que “No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento esté orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”. Corte I.D.H., “Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización” Opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, párrafo 57.
[88] CIDH, Comunicado de Prensa 20/04 de 18 de setiembre de 2004 “La Relatora Especial de la CIDH evalúa el derecho de la mujer guatemalteca a vivir libre de violencia y discriminación”. CIDH Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, Capítulo III “La seguridad ciudadana”, párrafo 112. Ver también CIDH, Informe No. 1/98, Caso 11.543, Rolando Hernández Hernández (México), 5 de mayo de 1998, párrafo 37.
[89] Curbet, Jaume “La prevención de la inseguridad ciudadana”, en II Foro Iberoamericano sobre seguridad ciudadana, violencia y políticas públicas en el ámbito local, Barcelona, 2008, disponible enHttp://www.segib.org.
[90] Carrión M., Fernando, citando a Frigo, Edgardo, en “Seguridad privada: ¿ha mejorado la seguridad ciudadana?” Revista Ciudad Segura, No. 19, 2007, FLACSO, Ecuador.
[91] CIDH Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 110. Ver también la Resolución 10/11 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (42da. Sesión, 26 de marzo de 2009), sobre el “Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”. En esta Resolución, el Consejo de Derechos Humanos insta al Grupo de Trabajo a realizar consultas sobre el contenido y el alcance de un posible proyecto de convención sobre las empresas privadas que ofrecen servicios de asistencia y asesoramiento militares y servicios militares relacionados con la seguridad, y una legislación modelo conexa y otros instrumentos jurídicos. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/.../HRCRes10_31_sp.doc.
[92] Primera Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre los efectos de las actividades de las empresas militares y de seguridad privada en el disfrute de los derechos humanos: regulación y supervisión (17 a 18 de diciembre de 2007). Naciones Unidas. Asamblea General. A/HRC/7/7/Add.5, 5 de marzo de 2008.
[93] Álvarez, Alejandro, “El estado de la seguridad en América Latina: una aproximación a la evaluación situacional e institucional de la seguridad ciudadana en la región”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - SURF. LAC, 2006. Disponible enhttp://www.lac.workspace.undp.org.co/fileadmin/Seguridad_Ciudadana/ La_seguridad_en_America_Latina_-_PNUD.pdf.
[94] Saín, Marcelo Fabián, “Seguridad, delito y crimen organizado. Los desafíos de la modernización del sistema de seguridad policial en la región sudamericana” en El desarrollo local en América Latina. Logros y desafíos para la cooperación europea, Rhi-Sausi, José Luis (editor), RECAL / CESPI / Nueva Sociedad, Caracas, 2004, páginas 135 a 148.
[95] "Otra función básica del gobierno es la de garantizar que el Estado haga frente a las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de promover y proteger los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. La policía es también uno de los medios que permite a los gobiernos desempeñar esa misión (...) Las obligaciones jurídicas internacionales se reflejan en obligaciones jurídicas nacionales a través de las disposiciones constitucionales y jurídicas de los Estados. De esa manera, los derechos humanos están protegidos por la legislación del país. No obstante, la protección eficaz de los derechos humanos está implícita en la cuasi totalidad de actividades del gobierno, y, entre ellas, la de legislar, asignar recursos, formular políticas y diseñar prácticas, y crear estructuras y sistemas a todos los niveles de la maquinaria de gobierno, así como en el marco de organizaciones y organismos auxiliares a éste". Derechos Humanos y aplicación de la ley: Manual de capacitación en derechos humanos para la policía. Alto Comisionado para los Derechos Humanos/Centro de Derechos Humanos. Serie de capacitación profesional No. 5, Nueva York y Ginebra, 1997, párrafos 879 y 881.
[96] CIDH, Informe Anual 2006, Capítulo IV, párrafo 208.
[97] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, capítulo III, ”Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales de Seguridad”, párrafo 294.
[98] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 392.
[99] Naciones Unidas, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Considerandos 1
y 3.
y 3.
[100] Corte I.D.H., Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párrafo 284.
[101] CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párrafo 338.
[102] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, Opinión Consultiva OC 18/03, de 17 de septiembre de 2003, párrafo 101.
[103] CIDH, Comunicado de Prensa 20/04 de 18 de setiembre de 2004: “La Relatora Especial de la CIDH evalúa el derecho de la mujer guatemalteca a vivir libre de la violencia y la discriminación”.
[104] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Derechos humanos y aplicación de la ley. Manual de capacitación en derechos humanos para la Policía”, Centro de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1997, párrafos 747 a 754.
[105] CIDH, Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, Capítulo II: La seguridad ciudadana, párrafo 112.
[106] Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979.
[107] Ver CIDH, Informe No. 1/98, Caso 11.543, Rolando Hernández Hernández (México), párrafo 37. “Asimismo, la afirmación de los peticionarios –no controvertida por el Estado— según la cual los padres de Atanasio y Rolando Hernández Hernández presentaron declaraciones ante las autoridades competentes, sin contar con un, traductor e intérprete indispensable, pues sólo hablan la lengua otomí, constituye no sólo una violación a las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana, sino en sí misma representa una clara irregularidad en el proceso, pues éstos desconocen la declaración que firmaron ante el Ministerio Público”.
[108] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, Opinión Consultiva OC 18/03, de 17 de septiembre de 2003, párrafo 85.
[109] Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Específicamente, la Convención sobre los Derechos del Niño incorpora principios rectores que cumplen la función de interpretación y de orientación para el diseño de políticas sociales y para la verificación de la forma en que en cada Estado se cumplen y se respetan cada uno de los derechos. Estos son los principios de no discriminación (artículo 2); interés superior del niño (artículo 3); supervivencia y desarrollo (artículo 6); y participación (artículo 12).
[110] Cillero Bruñol, Miguel “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios” en Derecho a tener derecho, Tomo 4, UNICEF, IIN, Fundación A. Senna, página 31.
[111] Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C, No. 112, párrafo 147 y siguientes.
[112] Corte I.D.H., “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A No. 17, párrafo 137.
[113] “Posiblemente resulta más claro ahora entender que cualquier reducción de los ámbitos de la discrecionalidad resulta directamente proporcional a los espacios reales de la democracia. La historia y la experiencia confirman que no existe un solo ejemplo consistente que demuestre que la discrecionalidad (predominio de cualquier tipo de condición subjetiva) haya efectivamente funcionado (tal como debería ser, si nos atenemos a su discurso declarado) en beneficio de los sectores más débiles o vulnerables” García-Méndez, Emilio Infancia, ley y democracia en América Latina, Ed. Temis-Depalma, Santafe de Bogotá-Buenos Aires, 1999, página 28. Ver también sobre este tema la Observación General No. 5 del Comité de los Derechos del Niño, 34to. Período de Sesiones, 19 de septiembre a 3 de octubre de 2003: “Medidas generales de Aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño, artículos 4 y 42, y párrafo 6 del artículo 44”, disponible enHttp://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2003.5.Sp?OpenDocument .
[114] Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “Los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las políticas migratorias”. Informe elaborado en asociación con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, Argentina, Séptima Conferencia Internacional sobre Migraciones, Caracas Venezuela, julio de 2007, disponible en Http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5577.pdf.
[115] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”. Opinión Consultiva OC 18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 112. Sobre este punto, ver también los trabajos sobre detenciones de migrantes del Comité de Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares de Naciones Unidas (http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/). Asimismo, ver el Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Gabriela Rodríguez Pizarro, sobre trabajadores migrantes, conforme a la Resolución 2002/62 de la Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social , E/CN.4/2003/85/Add.3 y Corr. 1, 30 de octubre de 2002. (http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5b6e3e148f22c3fbc1256c8e00335f80 ?Opendocument).
[116] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 391.
[117] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 392.
[118] Domínguez Vial, Andrés, Policía y Derechos Humanos, Ed. Policía de Investigaciones de Chile/ IIDH, Santiago, 1996.
[119] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, Capítulo V, párrafo 390.
[120] CIDH, Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 93.
[121] Corte I.D.H., La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6.
[122] "En un Estado democrático, donde se asume que el ordenamiento jurídico se fundamenta sobre la posición preferente de los derechos y libertades, es claro que la misión de hacer cumplir la ley se acaba identificando con la salvaguardia de un sistema normativo que tiene en los derechos y libertades su punto esencial de referencia (...) La policía no sólo está obligada a ello, sino que ha de asumir que toda su actividad debe estar impregnada por el respeto de los derechos y libertades. Esto es, el régimen de los derechos y libertades se erige en norma de ineludible observancia de todo comportamiento policial". Barcelona Llop, Javier,Policía y Constitución, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 1997.
[123] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados” Opinión Consultiva OC 18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 79, citando al Comité de Derechos Humanos, de la ONU, Observación General 3: Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a Nivel Nacional (artículo 2), 29 de julio de 1981, CCPR/C/13, párrafos 1 y 2.
[124] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 392.
[125] CIDH, Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 113.
[126] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, capítulo III, ”Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales de Seguridad”, párrafo 272.
[127] Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.
[128] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 403.
[129] CIDH, Comunicado de Prensa 8/03, de 29 de marzo de 2003
[130] Ramírez Ocampo, Augusto Seguridad ciudadana y derechos humanos, Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1999. En la misma dirección, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, señaló al finalizar su visita a México el 8 de febrero de 2008: “(...) durante mi visita he visto y escuchado que la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Entre los principales temas que me presentaron estuvo el uso de los militares que toman parte en actividades destinadas a hacer cumplir la ley. Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física. En una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo una corrupción extendida, reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger. Sin embargo, utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado –en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas- en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley. La atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo. Mientras tanto, los tribunales civiles deben tener jurisdicción sobre los actos del personal militar que desarrolla funciones para hacer cumplir la ley, y deben estar disponibles recursos efectivos ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar”. Disponible enHttp://www.hchr.org.mx/documentos/comunicados/declaracionAltaComisionada8defebrero.pdf .
- La prisión de Stanford.
(Fuente: http://www.barcelonapsicologo.net/stanford/explicacion_experimento.htm)
(Fuente: http://www.barcelonapsicologo.net/stanford/explicacion_experimento.htm)
En 1971, el psicólogo social de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, y sus colaboradores se plantearon que era importante entender cómo funcionaba un proceso que se denominaba desindividualización.
Pensaron que la situación más desindividualizante que se les ocurría era una prisión. En una prisión las conductas de los presos (y de los guardias) están tan pautadas que no queda lugar para la expresión de otras conductas que no sean las que establece el rol. El grupo asigna los roles y, por lo tanto, se diluye la responsabilidad personal. Para estudiarlo, intentaron realizar trabajo de campo en prisiones, pero no fueron autorizados por ninguna institución penal, así que decidieron crear una prisión simulada e intentaron realizar una especie de juego de rol avant-la-lettre. Diseñaron una prisión en los subterráneos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Stanford y buscaron voluntarios que quisieran participar. No había ningún tipo de engaño: se trataba de pasar dos semanas en una prisión simulada. Algunos de los voluntarios, aleatoriamente, harían de guardias y otros, de prisioneros. La mayoría de los participantes, veintiuno en total, eran estudiantes universitarios que veraneaban en la región y aceptaron participar por la compensación económica (15$/día). Una entrevista clínica con detalle y una serie de tests psicológicos determinaron que los participantes eran “normales”: emocionalmente estables, físicamente sanos y respetuosos con la ley. En resumidas cuentas, no eran ni sádicos ni delincuentes.
Pues bien, ¡el resultado fue que el experimento duró exactamente seis días y seis noches! ¿Por qué razón se acortó? Pues porque se desmadró con una rapidez increíble. Lo que esperaban que serían leves modificaciones en el comportamiento y el estado anímico de los participantes se convirtió en una serie de actos brutales y arbitrarios sin precedentes por parte de los guardias y en estados de apatía y depresión por parte de los prisioneros. La situación se apoderó de todos los participantes, incluidos los mismos experimentadores, hasta el punto de que ya no se sintieron capaces de controlar lo que estaba sucediendo.
Detalles del experimento:
Una vez que los sujetos manifestaron su consentimiento fueron “detenidos” por sorpresa un domingo por la mañana en su casa por la policía de Palo Alto. Esto, junto con la serie de detalles que os comentaremos a continuación, contribuyó a dar un toque realista al experimento. De todos modos, debemos saber que el experimento no intentó reproducir una prisión real, sino sólo los aspectos funcionales de ésta. Por ejemplo, no se les afeitó la cabeza como se hace en algunos campos de concentración o en el ejército mismo para potenciar el anonimato y la aceptación de la arbitrariedad de las normas, sino que se simuló el afeitado obligando a los “prisioneros” a llevar día y noche una gorra hecha con medias de mujer. Otros aspectos fueron los siguientes:– Al llegar se les desnudó, registró, desinfectó y se les dio un informe, una toalla, un jabón y se les encerró en una celda con dos personas más y una cama para cada uno.
– Se potenció la sensación de anonimato y de humillación dándoles un uniforme que era como una bata y se les hizo ir sin ropa interior y con la gorra mencionada; se les puso una cadena en un pie (no estaba atada en ningún sitio, pero les recordaba la situación constantemente, incluso mientras dormían, ya que se escuchaba cuando se movían). No se les permitió tener objetos personales y se les prohibió dirigirse unos a otros por sus nombres. Sólo podían hacerlo con su número de identificación. Se dio a cada uno de los guardias un uniforme, que era igual para todos, y unas gafas de sol de vidrios reflectores que impedían el contacto visual.– A los guardias se les dejó libertad y sólo se les dijo que debían mantener la ley y el orden y que debían solucionar los problemas que se presentasen.Una rebelión el segundo día les sorprendió a todos desprevenidos: los prisioneros se quitaron gorras y números y bloquearon las celdas. Este acto fue básico, ya que constituyó un punto de inflexión en la dinámica del experimento. Probablemente, la rebelión tuvo lugar como parte del papel de prisioneros que creían que debían ejecutar, pero los guardias se lo tomaron en serio y la reprimieron con fuerza: pidieron refuerzos a otros turnos de guardias, entraron en las celdas con un extintor, desnudaron a los internos, los molestaron e intimidaron y recluyeron a los líderes en una celda de castigo más pequeña. Pensando que perderían el control, decidieron por su cuenta crear una celda con privilegios y poner en ella a los presos “buenos”; después, cambiaron a algunos de los buenos y, arbitrariamente, los pusieron con los “malos”. Esto rompió completamente la organización incipiente de los prisioneros, ya que sospecharon que los “buenos” eran confidentes de los guardias.A partir de entonces, las arbitrariedades y los castigos se sucedieron con frecuencia y los presos comenzaron a asumir su rol hasta el punto de que ya se comportaban como prisioneros, incluso en ausencia de guardias y personal del experimento. Por ejemplo, el 90% de los temas de conversación trataban sobre las posibles fugas, quejas sobre la comida, tácticas para relacionarse con determinados guardias, etc. Su vida “personal” había desaparecido hasta el punto de que se conocían por los números o por motes; algunos nunca llegaron a saber cómo se llamaban sus compañeros, simplemente porque no se lo preguntaron.Los experimentadores también perdieron el norte: ante un rumor no comprobado de que alguien vendría a rescatar a los prisioneros, cambiaron de sitio la prisión, desplazaron a los prisioneros atados y con los ojos vendados a un almacén cercano. Es decir, “salvaron” la prisión y a los presos y dejaron de hacer observaciones, en lugar de ver qué sucedía y tomar nota de ello.
La confusión comenzó a ser total cuando los padres de un estudiante, después de una visita, dijeron que buscarían a un abogado para sacar a su hijo (hay que recordar que el experimento era voluntario y que en cualquier momento se podía abandonar). Los experimentadores dejaron que viniera el abogado y hablase con los prisioneros. Llegados a este punto, la situación ya no era un experimento, sino una prisión de verdad. El sexto día, sin embargo, decidieron que el experimento debía finalizar.
Fijaos en estos extractos de un diario de campo de uno de los guardias:
Antes del experimento: como persona pacifista y no agresiva me resulta imposible imaginarme en una situación en la cual pueda ser guardia de otros seres vivos y mucho menos maltratarlos.Después de la reunión de orientación: la compra de uniformes al final de la reunión me confirma la atmósfera de pasatiempo de todo este montaje. Dudo de que muchos de nosotros compartamos las expectativas de “seriedad” que parecen tener los experimentadores.
Primer día: me parece que los prisioneros se burlarán de mi aspecto. Pondré en marcha mi primera estrategia básica: es fundamental que no sonría ante nada que pueda decir o hacer, ya que esto equivaldría a admitir que todo esto no es más que un pasatiempo... Me detengo en la celda 3 y con voz grave y baja le digo al número 5.486: “¿De qué te ríes?” “De nada, señor oficial”. “Bien, asegúrese de que así sea”. (Cuando me voy, me siento como un estúpido)....Cuarto día: ... el psicólogo me increpa por esposar y taparle los ojos a un prisionero antes de salir de la oficina (de consejo y orientación) y le contesto ofendido que es necesario desde el punto de vista de la seguridad y que, además, es asunto mío.Quinto día: asedio a Sarge [un prisionero] que se obstina en obedecer todas las órdenes excesivamente. Lo he elegido para maltratarlo porque se lo ha ganado a pulso y porque me cae mal, y basta. El problema comienza con la cena. El nuevo prisionero (416) se niega a comerse la salchicha. Lo lanzamos al “agujero” [celda de castigo] y le ordenamos que tome las salchichas con cada mano y las mantenga bien altas. Tenemos una crisis de autoridad. Esta conducta rebelde puede minar el control total que tenemos sobre los demás. [...] Al pasar por delante de la puerta del “agujero” le doy golpes con la porra... Siento una gran irritación hacia este prisionero que crea molestias y problemas con los demás. Decido hacerle comer a la fuerza, pero no traga y la comida le resbala por la cara. No me creo que sea yo quien está haciendo esto. Me odio por obligarlo a comer, pero lo odio más a él por negarse a hacerlo.
...P.J. Zimbardo y otros (1986). “La Psicología del encarcelamiento: privación, poder y patología”. Revista de Psicología Social (núm. 1, pág. 103).
Explicaciones que argumentan los motivos que impulsaron la conducta que mostraron los participantes del experimento:
Enlaces externos (os los recomiendo, son muy interesantes):
El experimento de la cárcel de Stanford (página web oficial)Experimento Prision Stanford (YouTube)Video: Poder de la situación (en este enlace se comenta el Experimento de Milgram, la Prisión de Stanford y el Holocausto Nazi, además de otros interesantes experimentos)
Película recomendada: El experimento
Dirección: Oliver Hirschbielgel.
País: Alemania.
Año: 2001.
Duración: 120 min.
Interpretación: Moritz Bleibtreu (Tarek Fahd. Prisionero nº.77), Maren Eggert (Dora), Christian Berkel (Steinhoff. Prisionero nº.38º), Justus von Dohnanyi (Guardián Berus), Oliver Stokowski (Schütte. Prisionero nº.82), Timo Dierkes (Guardián Eckert), Nicki von Tempelhoff (Guardián Kamps), Antoine Monot Jr. (Guardián Bosch), Wotan Wilke Möhring (Joe. Prisionero nº.69), Andrea Sawatzki (Dra. Jutta Grimm), Edgar Selge (Profesor Dr. Klaus Thon), Polat Dal (Prisionero nº.40), Stephan Szasz (Prisionero nº.53), Danny Richter (Prisionero nº.21), Ralf Müller (Prisionero nº.15), Markus Rudolf (Prisionero nº.74), Peter Fieseler (Prisionero nº.11), Thorsten Dersch (Prisionero nº.86), Sven Grefer (Prisionero nº.94), Lars Gärtner (Guardián Renzel), Markus Klauk (Guardián Stock), Ralph Püttmann (Guardián Amandy), Philipp Hochmair (Lars), André Jung (Ziegler), Uwe Rohde (Hans).
Guión: Mario Giordano, Christoph Darnstädt y Don Bohlinger; basado en la novela 'The experiment - Blac box'.
Producción: Norbert Preuss, Marc Conrad y Fritz Wildfeuer.
Música: Alexander van Bubenheim.
Fotografía: Rainer Klausnabb.
Montaje: Hans Funck.
Dirección artística: Andrea Kessler.
Vestuario: Claudia Bobsin.
Decorados: Uli Hanisch.
País: Alemania.
Año: 2001.
Duración: 120 min.
Interpretación: Moritz Bleibtreu (Tarek Fahd. Prisionero nº.77), Maren Eggert (Dora), Christian Berkel (Steinhoff. Prisionero nº.38º), Justus von Dohnanyi (Guardián Berus), Oliver Stokowski (Schütte. Prisionero nº.82), Timo Dierkes (Guardián Eckert), Nicki von Tempelhoff (Guardián Kamps), Antoine Monot Jr. (Guardián Bosch), Wotan Wilke Möhring (Joe. Prisionero nº.69), Andrea Sawatzki (Dra. Jutta Grimm), Edgar Selge (Profesor Dr. Klaus Thon), Polat Dal (Prisionero nº.40), Stephan Szasz (Prisionero nº.53), Danny Richter (Prisionero nº.21), Ralf Müller (Prisionero nº.15), Markus Rudolf (Prisionero nº.74), Peter Fieseler (Prisionero nº.11), Thorsten Dersch (Prisionero nº.86), Sven Grefer (Prisionero nº.94), Lars Gärtner (Guardián Renzel), Markus Klauk (Guardián Stock), Ralph Püttmann (Guardián Amandy), Philipp Hochmair (Lars), André Jung (Ziegler), Uwe Rohde (Hans).
Guión: Mario Giordano, Christoph Darnstädt y Don Bohlinger; basado en la novela 'The experiment - Blac box'.
Producción: Norbert Preuss, Marc Conrad y Fritz Wildfeuer.
Música: Alexander van Bubenheim.
Fotografía: Rainer Klausnabb.
Montaje: Hans Funck.
Dirección artística: Andrea Kessler.
Vestuario: Claudia Bobsin.
Decorados: Uli Hanisch.
- ¿A consideración? El Presidente del TSJA reconoce posible falta de comunicación para trasladar a las sociedad las dificultades del caso Neiro (Su primer ingreso en prisión se produjo por negarse a hacer el servicio militar...y sale 36 años después, tras fugas, delitos y 3 indultos)
Presidente Del TSJA, Lorenzo Del Río
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reconocido este martes que han podido existir "problemas de comunicación" para trasladar a la sociedad española las dificultades que entrañan el caso de Miguel Montes Neiro, que, pese a haber sido indultado en tres ocasiones, no salía de prisión.
GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)
Después de que la Audiencia de Málaga le haya abonado 124 días de prisión preventiva al considerado preso común más antiguo de España propiciando su puesta en libertad este mismo miércoles, Del Río ha dicho a los periodistas que hay determinados procesos que son "más complicados" de lo que parecen, y ha indicado que Montes Neiro tenía "muchas causas que no podían ser concatenadas en una única liquidación de condena", justificando así la demora en el tiempo.
Montes Neiro saldrá finalmente del Centro Penitenciario de Albolote (Granada), entre las 9,00 y las 11,00 horas, después de haber permanecido enlazando condenas casi 36 años entre rejas. Se espera que multitud de medios se concentren a las puertas del edificio de Albolote para captar su primera imagen ya en libertad, la que no disfruta desde 1976, por un delito de deserción militar, salvo un periodo de libertad condicional en el año 1994 y hasta 1996, en que fue nuevamente detenido y decretada su prisión; y durante el tiempo en el que ha permanecido fugado --1.604 días--.
Varios años llevan sus hermanas reclamando su puesta en libertad y poniendo de manifiesto la injusticia de que su hermano llevara en prisión más tiempo que asesinos o etarras sin haber cometido delitos de sangre. Campañas en las redes sociales, numerosas concentraciones en Granada y a las puertas del Ministerio de Justicia, y reivindicaciones de grandes nombres de la política y de los derechos humanos, como el Defensor del Pueblo, llevaron a que el último Consejo de Ministros que celebró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 16 de diciembre le concediera, tras la solicitud por parte de su letrado, dos indultos parciales, que sin embargo no lo ponían en libertad.
Estando ya el PP en el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba tras el Consejo de Ministros del 20 de enero que se le indultaba a "don Miguel Francisco Montes Neiro" de las causas que le quedaban pendientes, aunque la decisión no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 8 de febrero. La familia, teniendo ya tres indultos concedidos, quiso pasar la Navidad con Montes Neiro y pidió un permiso extraordinario que sin embargo le fue denegado por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Albolote.
El abogado del reo, Félix Ángel Martín García, no cejó en su empeño de que su representado saliera de prisión y, mientras esperaba la llegada del indulto, solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que se le descontaran 171 días de prisión preventiva, una petición que fue rechazada, lo que le llevó a acudir a la Audiencia Provincial de Málaga, que ha accedido a su petición concediéndole 124 días que le dan por fin la libertad a Montes Neiro, nacido en Granada el 23 de abril de 1950.
- Los 7 emires: derechos de la mujer en los Emiratos Arabes.
http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-emiratos-arabes-las-mujeres-siguen-siendo-objeto-de-discrminacion-en-la-ley-y-en-la-practica-69491143.html
- China. ¿Donde han llegado las protestas de la plaza de Tian'anmen? ¿Que hay debajo del gran dragón económico?El símbolo del movimiento predemocrático, la diosa de la democracia, fue derribada por una columna de tanques (Chai Ling, Lider del movimiento estudiantil Pro-democracia en Pekin).
- Violencia contra la infancia.
- EEUU (2012). Cárcel de Guantánamo.
-Afganistan (2011): Mujer violada y por ello juzgada y juridicamente condenada como adultera.
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