martes, 17 de diciembre de 2013
¿Qué es ser ético?
La nueva ley deja la Ética fuera de la educación formal de los estudiantes
Cuenta Vargas Llosa en su última novela El héroe discreto que cuando Felícito Yanaqué preguntó al doctor Castro Pozo qué opinaba de él, este le contestó: que es usted un hombre ético, don Felícito. Ético hasta las uñas de los pies. Uno de los pocos que he conocido, la verdad.
Y sigue contando el autor que, intrigado ante la respuesta, don Felícito se preguntó qué querría decir eso de “un hombre ético”, y se prometió a sí mismo comprarse un diccionario un día de estos.
Haría bien el señor Yanaqué buscando la palabra en el diccionario, porque, aunque bien poca cosa podría aportarle, peor sería recurrir a la LOMCE, que ha eliminado aquella asignatura llamada “Ética”, con la que todos los grupos sociales estaban de acuerdo. Y lo estaban porque se proponía dar a conocer a todos los alumnos, con luz y taquígrafos, las propuestas y principios éticos que una sociedad democrática comparte, de modo que fuera posible en las clases estudiar, debatir sobre ellos y aprender a ejercitarse en la autonomía y la solidaridad, que les serán indispensables como personas y como ciudadanos.
Ciertamente, podría decirse que las gentes pueden ser morales con tal de tener una buena influencia familiar, como le ocurrió a don Felícito. Pero en sociedades pluralistas y complejas como las nuestras, las fuentes morales de inspiración para niños y jóvenes son las familias, los amigos, las escuelas, las redes, los medios de comunicación; y, como es evidente, nada asegura que todas las familias enseñen lo mejor moralmente, ni tampoco los demás agentes sociales. Por eso resulta indispensable en la educación formal una materia con el nombre de “Ética”, que ayude a reflexionar sobre los contenidos éticos compartidos a los que no podemos renunciar.
Una sociedad demuestra que una materia le parece indispensable cuando la incluye en un plan de estudios
La cuestión no es menor. Y se extiende a la inmensa mayoría de planes de estudio de las carreras, en las que se prepara a los alumnos para ser profesionales, sea en las universidades, sea en las escuelas de diverso tipo. En bien pocas figura alguna asignatura que abra un espacio para aprender, reflexionar y debatir sobre la ética de la profesión.
Si alguien, intrigado, pregunta por qué es así, puede encontrarse con dos respuestas. Una es “no sabe, no contesta”. Otra, que la ética es tan importante para esa carrera que la han convertido en transversal, que todos los profesores enfocan sus materias desde una perspectiva ética. Evidentemente, esto no se lo cree nadie. En la vida cotidiana los profesores dan sus programas, si es que el tiempo les llega; y si en alguna ocasión se proponen un enfoque común, las más de las veces se demuestra que lo que es de todos no es de nadie, al menos en este país. Con lo cual la materia en cuestión se escapa entre los dedos de la presunta transversalidad.
Y esto es un sobrentendido, porque las matemáticas o la estructura financiera, por poner dos ejemplos, no desaparecen de los programas de estudios, convirtiéndose en transversales. Cosa que debería ocurrir si el grado de importancia de una materia es la que le permite el honor de convertirse en transversal, tanto en el caso de las dos materias mencionadas como en el de una infinidad más de las que componen los currículums en las instituciones académicas. Pero no es así, sino que, con toda lógica, cada una se estudia por separado y goza de un horario propio, aunque todas estén vinculadas entre sí, porque todos los saberes humanos lo están.
Por otra parte, como le oí decir a un colega, una sociedad demuestra que una materia le parece indispensable para la formación de un profesional cuando la incluye explícitamente en su plan de estudios.
Y si damos por bueno, como creo que así es, que un profesional no es solo un técnico, sino aquel que pone los conocimientos y las técnicas propias de su campo al servicio de los fines que dan sentido a su profesión, en el periodo de formación necesita aprender cuáles son esos fines, qué propuestas éticas son las más relevantes, qué excelencias del carácter es preciso desarrollar, y analizar en el aula casos concretos del ejercicio profesional, en diálogo con profesores y compañeros. Aprender todo esto requiere estudio, claro está, pero sin ese saber ético no puede haber profesionales de cuerpo entero.
Recuerdo las palabras de un querido compañero de una universidad politécnica: en muchas ocasiones, al leer el periódico y ver los desastres que se producen en puentes, bancos o empresas me pregunto qué profesionales estamos formando. Por su empeño decidido y por el de otros profesionales que se han batido el cobre en esta brega, en algunos ámbitos politécnicos se han incorporado la ética de la ingeniería, de la arquitectura o de la empresa; en el campo sanitario, la bioética y la ética de la enfermería; y las escuelas de negocios abren también espacios para la ética.
¿Esto garantiza que de estos estudios se sigan necesariamente buenas prácticas? Claro que no. Pero eso ocurre en todos los estudios, que los buenos conocimientos no se convierten en buenas prácticas si los profesionales no tienen la voluntad decidida de hacerlo.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de la Fundación ETNOR.
Fuente:http://elpais.com/elpais/2013/12/03/opinion/1386100529_031825.html
Cuenta Vargas Llosa en su última novela El héroe discreto que cuando Felícito Yanaqué preguntó al doctor Castro Pozo qué opinaba de él, este le contestó: que es usted un hombre ético, don Felícito. Ético hasta las uñas de los pies. Uno de los pocos que he conocido, la verdad.
Y sigue contando el autor que, intrigado ante la respuesta, don Felícito se preguntó qué querría decir eso de “un hombre ético”, y se prometió a sí mismo comprarse un diccionario un día de estos.
Haría bien el señor Yanaqué buscando la palabra en el diccionario, porque, aunque bien poca cosa podría aportarle, peor sería recurrir a la LOMCE, que ha eliminado aquella asignatura llamada “Ética”, con la que todos los grupos sociales estaban de acuerdo. Y lo estaban porque se proponía dar a conocer a todos los alumnos, con luz y taquígrafos, las propuestas y principios éticos que una sociedad democrática comparte, de modo que fuera posible en las clases estudiar, debatir sobre ellos y aprender a ejercitarse en la autonomía y la solidaridad, que les serán indispensables como personas y como ciudadanos.
Ciertamente, podría decirse que las gentes pueden ser morales con tal de tener una buena influencia familiar, como le ocurrió a don Felícito. Pero en sociedades pluralistas y complejas como las nuestras, las fuentes morales de inspiración para niños y jóvenes son las familias, los amigos, las escuelas, las redes, los medios de comunicación; y, como es evidente, nada asegura que todas las familias enseñen lo mejor moralmente, ni tampoco los demás agentes sociales. Por eso resulta indispensable en la educación formal una materia con el nombre de “Ética”, que ayude a reflexionar sobre los contenidos éticos compartidos a los que no podemos renunciar.
La cuestión no es menor. Y se extiende a la inmensa mayoría de planes de estudio de las carreras, en las que se prepara a los alumnos para ser profesionales, sea en las universidades, sea en las escuelas de diverso tipo. En bien pocas figura alguna asignatura que abra un espacio para aprender, reflexionar y debatir sobre la ética de la profesión.
Si alguien, intrigado, pregunta por qué es así, puede encontrarse con dos respuestas. Una es “no sabe, no contesta”. Otra, que la ética es tan importante para esa carrera que la han convertido en transversal, que todos los profesores enfocan sus materias desde una perspectiva ética. Evidentemente, esto no se lo cree nadie. En la vida cotidiana los profesores dan sus programas, si es que el tiempo les llega; y si en alguna ocasión se proponen un enfoque común, las más de las veces se demuestra que lo que es de todos no es de nadie, al menos en este país. Con lo cual la materia en cuestión se escapa entre los dedos de la presunta transversalidad.
Y esto es un sobrentendido, porque las matemáticas o la estructura financiera, por poner dos ejemplos, no desaparecen de los programas de estudios, convirtiéndose en transversales. Cosa que debería ocurrir si el grado de importancia de una materia es la que le permite el honor de convertirse en transversal, tanto en el caso de las dos materias mencionadas como en el de una infinidad más de las que componen los currículums en las instituciones académicas. Pero no es así, sino que, con toda lógica, cada una se estudia por separado y goza de un horario propio, aunque todas estén vinculadas entre sí, porque todos los saberes humanos lo están.
Por otra parte, como le oí decir a un colega, una sociedad demuestra que una materia le parece indispensable para la formación de un profesional cuando la incluye explícitamente en su plan de estudios.
Y si damos por bueno, como creo que así es, que un profesional no es solo un técnico, sino aquel que pone los conocimientos y las técnicas propias de su campo al servicio de los fines que dan sentido a su profesión, en el periodo de formación necesita aprender cuáles son esos fines, qué propuestas éticas son las más relevantes, qué excelencias del carácter es preciso desarrollar, y analizar en el aula casos concretos del ejercicio profesional, en diálogo con profesores y compañeros. Aprender todo esto requiere estudio, claro está, pero sin ese saber ético no puede haber profesionales de cuerpo entero.
Recuerdo las palabras de un querido compañero de una universidad politécnica: en muchas ocasiones, al leer el periódico y ver los desastres que se producen en puentes, bancos o empresas me pregunto qué profesionales estamos formando. Por su empeño decidido y por el de otros profesionales que se han batido el cobre en esta brega, en algunos ámbitos politécnicos se han incorporado la ética de la ingeniería, de la arquitectura o de la empresa; en el campo sanitario, la bioética y la ética de la enfermería; y las escuelas de negocios abren también espacios para la ética.
¿Esto garantiza que de estos estudios se sigan necesariamente buenas prácticas? Claro que no. Pero eso ocurre en todos los estudios, que los buenos conocimientos no se convierten en buenas prácticas si los profesionales no tienen la voluntad decidida de hacerlo.
Y sigue contando el autor que, intrigado ante la respuesta, don Felícito se preguntó qué querría decir eso de “un hombre ético”, y se prometió a sí mismo comprarse un diccionario un día de estos.
Haría bien el señor Yanaqué buscando la palabra en el diccionario, porque, aunque bien poca cosa podría aportarle, peor sería recurrir a la LOMCE, que ha eliminado aquella asignatura llamada “Ética”, con la que todos los grupos sociales estaban de acuerdo. Y lo estaban porque se proponía dar a conocer a todos los alumnos, con luz y taquígrafos, las propuestas y principios éticos que una sociedad democrática comparte, de modo que fuera posible en las clases estudiar, debatir sobre ellos y aprender a ejercitarse en la autonomía y la solidaridad, que les serán indispensables como personas y como ciudadanos.
Ciertamente, podría decirse que las gentes pueden ser morales con tal de tener una buena influencia familiar, como le ocurrió a don Felícito. Pero en sociedades pluralistas y complejas como las nuestras, las fuentes morales de inspiración para niños y jóvenes son las familias, los amigos, las escuelas, las redes, los medios de comunicación; y, como es evidente, nada asegura que todas las familias enseñen lo mejor moralmente, ni tampoco los demás agentes sociales. Por eso resulta indispensable en la educación formal una materia con el nombre de “Ética”, que ayude a reflexionar sobre los contenidos éticos compartidos a los que no podemos renunciar.
Una sociedad demuestra que una materia le parece indispensable cuando la incluye en un plan de estudios
Si alguien, intrigado, pregunta por qué es así, puede encontrarse con dos respuestas. Una es “no sabe, no contesta”. Otra, que la ética es tan importante para esa carrera que la han convertido en transversal, que todos los profesores enfocan sus materias desde una perspectiva ética. Evidentemente, esto no se lo cree nadie. En la vida cotidiana los profesores dan sus programas, si es que el tiempo les llega; y si en alguna ocasión se proponen un enfoque común, las más de las veces se demuestra que lo que es de todos no es de nadie, al menos en este país. Con lo cual la materia en cuestión se escapa entre los dedos de la presunta transversalidad.
Y esto es un sobrentendido, porque las matemáticas o la estructura financiera, por poner dos ejemplos, no desaparecen de los programas de estudios, convirtiéndose en transversales. Cosa que debería ocurrir si el grado de importancia de una materia es la que le permite el honor de convertirse en transversal, tanto en el caso de las dos materias mencionadas como en el de una infinidad más de las que componen los currículums en las instituciones académicas. Pero no es así, sino que, con toda lógica, cada una se estudia por separado y goza de un horario propio, aunque todas estén vinculadas entre sí, porque todos los saberes humanos lo están.
Por otra parte, como le oí decir a un colega, una sociedad demuestra que una materia le parece indispensable para la formación de un profesional cuando la incluye explícitamente en su plan de estudios.
Y si damos por bueno, como creo que así es, que un profesional no es solo un técnico, sino aquel que pone los conocimientos y las técnicas propias de su campo al servicio de los fines que dan sentido a su profesión, en el periodo de formación necesita aprender cuáles son esos fines, qué propuestas éticas son las más relevantes, qué excelencias del carácter es preciso desarrollar, y analizar en el aula casos concretos del ejercicio profesional, en diálogo con profesores y compañeros. Aprender todo esto requiere estudio, claro está, pero sin ese saber ético no puede haber profesionales de cuerpo entero.
Recuerdo las palabras de un querido compañero de una universidad politécnica: en muchas ocasiones, al leer el periódico y ver los desastres que se producen en puentes, bancos o empresas me pregunto qué profesionales estamos formando. Por su empeño decidido y por el de otros profesionales que se han batido el cobre en esta brega, en algunos ámbitos politécnicos se han incorporado la ética de la ingeniería, de la arquitectura o de la empresa; en el campo sanitario, la bioética y la ética de la enfermería; y las escuelas de negocios abren también espacios para la ética.
¿Esto garantiza que de estos estudios se sigan necesariamente buenas prácticas? Claro que no. Pero eso ocurre en todos los estudios, que los buenos conocimientos no se convierten en buenas prácticas si los profesionales no tienen la voluntad decidida de hacerlo.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de la Fundación ETNOR.
Fuente:http://elpais.com/elpais/2013/12/03/opinion/1386100529_031825.html
miércoles, 11 de diciembre de 2013
martes, 3 de diciembre de 2013
Somos tan corruptos...
Corruption list puts Spain six points lower on scandals
The survey attempts to measure
perceptions of corruption in the public sector
A key global survey of international
perceptions of official corruption has put Spain down six points to 40th place
after a series of recent scandals.
Only Syria, in the middle of a civil war, lost more points in the survey, carried out by the Berlin-based Transparency International.
The list of 177 countries put Denmark and New Zealand top with 91 out of 100.
The UK is ranked in 14th place, up from 17 last year, with a score of 76 points out of 100.
Continue reading the main story
It's hardly surprising that most well-developed economies achieve high marks,
but this year's results from Australia and Canada show what a handful of
high-profile scandals can do for public perceptions.
At the other end of the scale, 43 of the countries defined by the UN as "least developed" fall well behind.
Transparency International says the world's poorest remain the most vulnerable to corrupt practices.
Apart from Tunisia, post-Arab Spring countries fare badly. Syria, predictably, is a disaster area.
Europe presents an intriguingly mixed picture.
There is steady progress in the Baltic states, but evidence of backsliding among several recent EU arrivals from Eastern Europe, suggesting that the impetus for reform can take a back seat once accession is achieved.
Analysis
At the other end of the scale, 43 of the countries defined by the UN as "least developed" fall well behind.
Transparency International says the world's poorest remain the most vulnerable to corrupt practices.
Apart from Tunisia, post-Arab Spring countries fare badly. Syria, predictably, is a disaster area.
Europe presents an intriguingly mixed picture.
There is steady progress in the Baltic states, but evidence of backsliding among several recent EU arrivals from Eastern Europe, suggesting that the impetus for reform can take a back seat once accession is achieved.
Scandals involving cash channelled to Spain's
politicians and its royal family saw the country lose points.
The top and bottom places were unchanged on 2012's survey, with Denmark and New Zealand still joint first, while Somalia, North Korea and Afghanistan tied for last place.
As well as Spain, other countries that were heavily marked down were Gambia, Mali, Guinea-Bissau and Libya.
Corruption in Spain was highlighted this year when the the former treasurer of Spain's People's Party told a judge that he had channelled cash donations from construction firms into politicians' pockets, and he was found to have almost 50 million euros in a Swiss bank account.
The king's son-in-law was also charged this year with embezzling millions in public funds.
'Burden'
Transparency International measures perceptions of corruption, as measuring actual levels is impossible by its nature.
The survey, which was first conducted in 1995, draws on a variety of sources, including World Bank and World Economic Forum assessments, the African Development Bank's governance ratings, and Transparency International's own Bribe Payers Survey.
Greece remained the European Union state with the highest perceived level of corruption, although it rose up the list to 80th from 94th with a score of 40 points.
The US ranked 19th and China 80th, both unchanged from last year. Russia improved slightly to 127th place, from 133rd previously, and Japan was down one point at 18th.
Transparency International says the world's marginalised and poor remain the most vulnerable to corrupt officials.
Chris Sanders from the group said: "In practice, these numbers mean that corruption is a constant burden in daily life. This June, our global survey showed that you are twice as likely to pay a bribe if you live in a poor country."
Transparency International Corruption Index Top 10 | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Score |
| 1 | Denmark | 91 |
| 1 | New Zealand | 91 |
| 3 | Finland | 89 |
| 3 | Sweden | 89 |
| 5 | Norway | 86 |
| 5 | Singapore | 86 |
| 7 | Switzerland | 85 |
| 8 | Netherlands | 83 |
| 9 | Australia | 81 |
| 9 | Canada | 81 |
| Bottom 10 | ||
|---|---|---|
| 175 | Somalia | 8 |
| 175 | North Korea | 8 |
| 175 | Afghanistan | 8 |
| 174 | Sudan | 11 |
| 173 | South Sudan | 15 |
| 172 | Libya | 16 |
| 171 | Iraq | 16 |
| 168 | Uzbekistan | 17 |
| 168 | Turkmenistan | 17 |
| 168 | Syria | 17 |
sábado, 30 de noviembre de 2013
Donde no llega la ley... llega la jurisprudencia... o tampoco...
A continuación reproducimos el artículo de Luis del Pino, publicado en su blog, sobre su entrevista a D. Javier Borrego, ex-magistrado del Tribunal de Estrasburgo. En ella revela que el Gobierno no estaba obligado a ejecutar la sentencia de Estrasburgo, que el fallo sólo afectaba a la etarra Inés del Río y, por ende, no extensible al resto de terroristas y violadores y que el propio Tribunal se contradice porque en su jurisprudencia sí admite la retroactividad.
Hemos entrevistado en Sin Complejos a Javier Borrego, ex-magistrado del Tribunal de Estrasburgo. Ha sido una entrevista explosiva. Por resumir sus palabras, nos ha dicho:
1) Que no había ninguna obligación de soltar en 24h a la etarra Inés del Río, tras la sentencia de Estrasburgo.
2) Que los estados son soberanos para ver cómo (y cuándo) ejecutan las sentencias de Estrasburgo
3) Que la de la doctrina Parot es la primera sentencia de Estrasburgo que se cumple en menos de 24 horas.
4) Que la sentencia de Estrasburgo afectaba solo a la etarra Inés del Río, y que no había ninguna obligación de extenderla automáticamente al resto de etarras y violadores excarcelados.
5) Que la sentencia de Estrasburgo contradice la doctrina anterior del mismo tribunal (que sí que permite retroactividad en la variación del cómputo de beneficios penitenciarios). [Nota mía: esto último apuntaría a que desde España se ha hecho todo lo posible para que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciara contra la doctrina Parot].
En resumen: queda claro que Estrasburgo ha sido solo utilizado como excusa por la clase política para proceder a una amnistía encubierta de terroristas de ETA.
¡Vergüenza para ese PSOE que puso en marcha la negociación con asesinos! ¡Pero vergüenza también para ese PP que, con mayoría absoluta, está dando cumplimiento a lo acordado con esos asesinos de tantos españoles!
Escuchen Vds el audio completo de la entrevista, porque no tiene desperdicio:
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2013-11-24/entrevista-a-javier-borrego-66607.html
Difunde este artículo y firma, si aún no lo has hecho, la petición ciudadana de Voces Contra el Terrorismo para exigir al Gobierno de Rajoy que publique las actas oficiales de la negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA
- See more at: http://www.vocescontraelterrorismo.org/victimas-terrorismo/un-ex-magistrado-de-estrasburgo-revela-que-la-sentencia-de-parot-era-de-obligado-cumplimiento/#sthash.0GBf0Xme.dpuf
Fuente: http://www.vocescontraelterrorismo.org/victimas-terrorismo/un-ex-magistrado-de-estrasburgo-revela-que-la-sentencia-de-parot-era-de-obligado-cumplimiento/
Hemos entrevistado en Sin Complejos a Javier Borrego, ex-magistrado del Tribunal de Estrasburgo. Ha sido una entrevista explosiva. Por resumir sus palabras, nos ha dicho:
1) Que no había ninguna obligación de soltar en 24h a la etarra Inés del Río, tras la sentencia de Estrasburgo.
2) Que los estados son soberanos para ver cómo (y cuándo) ejecutan las sentencias de Estrasburgo
3) Que la de la doctrina Parot es la primera sentencia de Estrasburgo que se cumple en menos de 24 horas.
4) Que la sentencia de Estrasburgo afectaba solo a la etarra Inés del Río, y que no había ninguna obligación de extenderla automáticamente al resto de etarras y violadores excarcelados.
5) Que la sentencia de Estrasburgo contradice la doctrina anterior del mismo tribunal (que sí que permite retroactividad en la variación del cómputo de beneficios penitenciarios). [Nota mía: esto último apuntaría a que desde España se ha hecho todo lo posible para que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciara contra la doctrina Parot].
En resumen: queda claro que Estrasburgo ha sido solo utilizado como excusa por la clase política para proceder a una amnistía encubierta de terroristas de ETA.
¡Vergüenza para ese PSOE que puso en marcha la negociación con asesinos! ¡Pero vergüenza también para ese PP que, con mayoría absoluta, está dando cumplimiento a lo acordado con esos asesinos de tantos españoles!
Escuchen Vds el audio completo de la entrevista, porque no tiene desperdicio:
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2013-11-24/entrevista-a-javier-borrego-66607.html
Difunde este artículo y firma, si aún no lo has hecho, la petición ciudadana de Voces Contra el Terrorismo para exigir al Gobierno de Rajoy que publique las actas oficiales de la negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA
- See more at: http://www.vocescontraelterrorismo.org/victimas-terrorismo/un-ex-magistrado-de-estrasburgo-revela-que-la-sentencia-de-parot-era-de-obligado-cumplimiento/#sthash.0GBf0Xme.dpuf
Fuente: http://www.vocescontraelterrorismo.org/victimas-terrorismo/un-ex-magistrado-de-estrasburgo-revela-que-la-sentencia-de-parot-era-de-obligado-cumplimiento/
miércoles, 27 de noviembre de 2013
Tribunal Russell...
Tribunal Russell sobre Palestina declara a Israel culpable de apartheid: En Canadá, el Tribunal Russell sobre Palestina dio a conocer sus resoluciones en cuanto a las violaciones del derecho internacional cometidas por el régimen de Israel en contra del pueblo palestino. Ver más en http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=47701
Tribunal Russell sobre Palestina declara a Israel culpable de apartheid: En Canadá, el Tribunal Russell sobre Palestina dio a conocer sus resoluciones en cuanto... a las violaciones del derecho internacional cometidas por el régimen de Israel en contra del pueblo palestino. Ver más en:
viernes, 22 de noviembre de 2013
Menos hablar y más hacer...
Antonio Vives: “En materia de Derechos Humanos no hacen falta guías, hace falta acción”
- El Seminario ÉTNOR celebra su sesión nº 200
- Francisco Pons se estrena como presidente
- Antonio Vives resalta que hace falta hablar de Derechos Humanos “para empresas normales y corrientes”
La Fundación ÉTNOR celebró ayer su sesión nº 200 del Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial. Sesión que coincidió con la primera como Presidente del recién nombrado Francisco Pons, que releva en el cargo a Emilio Tortosa. “Algo bien habremos hecho”, resaltaba Pons en su presentación. “Con un mensaje de rigor y de esfuerzo hemos llegado hasta aquí. Ahora necesitamos reorientar nuestras acciones para acercar más nuestro mensaje al mundo empresarial”. “Trabajaremos muchísimo para que ÉTNOR tenga la presencia que se merece”, concluía Pons.
“Derechos humanos para empresas normales y corrientes”, este es el título que el Profesor Consultor de la Universidad de Stanford y Socio principal de Cumpetere, Antonio Vives, escogió para esta sesión 200. “Porque se nos olvida que más del 99% son pequeñas y medianas empresas, empresas normales y corrientes. Hay que hablar para ellas, también en materia de Derechos Humanos”.
Vives empezó desmontando algunos mitos sobre los DDHH, como que son sólo problema de los gobiernos, que conciernen a la industria extractiva o a las multinacionales y grandes empresas, o que las empresas sólo los respetaran si son obligatorios por ley. Pero más allá de estos mitos la dificultad, destacaba Vives, está en “traducirlo” al lenguaje empresarial y que las empresas sepan cómo aplicarlos.
El Informe Ruggie ha supuesto un importante avance, según Vives, en este sentido: “este informe es un buen ejemplo de lo que es efectivo para una empresa y lo que no”. Además es “más explícito que otras iniciativas como la ISO 26000 o el Pacto Mundial”. Vives destacó que este documento ha sido aceptado por empresas y por la sociedad civil” porque Ruggie hizo multitud de consultas a los mismos. Sin consultar a los grupos de interés es imposible que ninguna propuesta sea aceptada”.
En cuanto al Plan de Empresa y Derechos Humanos que el Gobierno Español está elaborando a exigencia de la Comisión Europea Vives también se pronunció. A finales de 2013, fecha límite que ponía la comisión para presentarlos, sólo el Reino Unido y España probablemente, que está en fase de borrador, habrán cumplido con la petición. “Pero, en comparación con el de Reino Unido, el Plan de España es tan detallado que va a tener el gran beneficio de que nadie lo va a leer”, ironizaba Vives. “El mero hecho de que este plan lo esté manejando el Ministerio de Exteriores es muestra de que se considera la cuestión de los DDHH como un problema de exteriores, y no como un problema de empresas normales y corrientes. Debería tratarse desde el Ministerio de Industria o de Fomento y, por supuesto, en relación con el Ministerio de Empleo, que elabora el Plan de Responsabilidad Social”.
Porque, en definitiva, para Vives “los DDHH son una mínima parte de la RSE. Si convertimos los DDHH en un nicho las empresas pondrán a alguien a ocuparse sólo de esto y no se ocuparán de manera integral de la RSE desde la dirección. Debemos poner los Derechos Humanos en el contexto de la RSE como una responsabilidad moral y un asunto de buena gestión”.
En conclusión, la cuestión es que “no hacen falta guías ni más iniciativas. Lo que hace falta es acción. Tenemos saturación de iniciativas. Lo que hace falta no es saber, sino hacer, saber implementarlo”. Y ahí radica la complejidad, porque los Derechos Humanos son los mismos para todos pero a la hora de la aplicación cada empresa tiene que adaptarlo a su manera de hacer las cosas”.
Para terminar, Vives hizo hincapié en el papel de los ciudadanos, de los consumidores. “Los ciudadanos ni nos enteramos, y tenemos un papel importante exigiendo a las empresas que sean respetuosas con los Derechos Humanos. También aquí hace falta acción”.
Fuente: http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/antonio-vives-en-materia-de-derechos-humanos-no-hacen-falta-guias
miércoles, 20 de noviembre de 2013
martes, 19 de noviembre de 2013
El fango está en otra parte...
Madrid: la fiscalía pide para Patricia tres años de cárcel y el juez le impone una fianza de 8.900 euros por sentarse en un portal para evitar el desahucio de una familia
ONG, colectivos y sociedad civil, Vivienda, Justicia e In-Justicia | Estado Español
15 de noviembre de 2013
En días atrás comprobamos que barato sale en el Estado español contaminar toda la costa gallega, y parte de la asturiana, cántabra, vasca y el sur de Francia. La sentencia por la tragedia del petrolero ‘Prestige’ se saldó con la absolución de los acusados. Sin embargo, si eres una persona solidaria con el mundo que te rodea y te parece del todo injusto que el Ayuntamiento de Madrid, bajo el mando de la alcaldesa Ana Botella, y bajo la marca de la Empresa Municipal de la Vivienda, desahucie a una familia sin recursos dejándolos en la calle, pues eso no sale gratis. Le ha pasado a Patricia, vecina del barrio de Hortaleza, en Madrid. Por el hecho de sentarse en el portal junto a decenas de personas para evitar el desahucio fue denunciada y acusada por la policía.
Ahora la fiscalía, la que rozando el ridículo actúa casi de abogada defensora de la infanta Cristina por el caso de corrupción que afecta a la hija del Rey y a su marido, Iñaki Urdangarín, pues sin embargo, la fiscalía en este caso pide para Patricia una pena de 3 años de cárcel y el juez le ha impuesto una fianza de 8.900 euros.
Con hechos como este, se entiende uno de los gritos más escuchados en las manifestaciones: “lo llaman democracia y no lo es”.
El caso de Patricia lo explica muy bien el escritor Isaac Rosa en eldiario.es Escucha la adaptación radiofónica.
viernes, 15 de noviembre de 2013
miércoles, 13 de noviembre de 2013
Sentencia Prestige...
Sentencia Prestige: condena al capitán por desacato a la utoridad ...y eso es todo...
domingo, 20 de octubre de 2013
Pobreza infantil: una vergüenza nacional
José Antonio Pérez – ATTAC Madrid
Cada tres minutos hay un niño en España que cae en la pobreza. Alrededor de 2.200.000 niños, uno de cada cuatro, son pobres. Han nacido para ser perdedores al hacerlo en hogares en situación de pobreza relativa. Algunas ONGs intentan ayudar a la pobreza infantil en el país mientras el Gobierno la fomenta y agudiza a través de sus políticas de recorte de los presupuestos sociales. Un motivo más para revolvernos contra estos dirigentes que están destrozando nuestro tejido social.Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha alertado hoy sobre el riesgo de que haya “otra generación perdida” debido a las elevadas tasas de pobreza infantil que hay en el sur de Europa. “Si conseguimos salvar los bancos europeos, podemos y tenemos la obligación moral de salvar a la generación más joven”, ha dicho Schulz, que ha recordado que la protección de la infancia es uno de los mayores desafíos de los gobiernos europeos.
Hace años, hablar de pobreza infantil evocaba imágenes de niños desnutridos en los países africanos o asiáticos. Hoy esta pobreza anida en España. Alrededor de 2.200.000 niños viven en nuestro país en hogares en situación de pobreza relativa, según Cruz Roja. Son los hijos de parados de larga duración, jóvenes abocados al sinhogarismo y la exclusión; niños en contextos migratorios, menores inmigrantes no acompañados; o menores que viven en familias monoparentales, o que están afectados por discapacidades o enfermedades de larga duración; niños pertenecientes a minorías étnicas y niños en entornos rurales.
La disminución de la inversión en políticas sociales, educativas y sanitarias precarizan la situación de los niños y niñas, así como de sus familias. Para llegar a fin de mes (pagar el alquiler, luz, agua…), las familias recortan en gastos de ropa, alimentación, ocio… Una de las acciones de Cruz Roja consiste la recogida de alimentos destinados a estas familias.
Por otra parte, la ONG Educo ha puesto en marcha una campaña con la que espera ofrecer 20.000 nuevas becas de comedor escolar para combatir la malnutrición infantil en España. Las ayudas, que irán destinadas a familias que no pueden cubrir el coste de alimentar a sus hijos debido a la situación económica familiar, procederán de donativos de particulares. De acuerdo con un estudio publicado por la organización, 1 de cada 4 niños no tienen una alimentación adecuada.
Según el estudio realizado por Educo, “cada tres minutos hay un niño en España que cae en la pobreza”. Educo ha habilitado una página web y una cuenta bancaria para colaborar con la iniciativa, realizando una aportación económica de 12,50 euros mensuales y que, según ha asegurado, corresponde al coste de una semana de comedor para un niño. Para promocionar la campaña ha realizado un spot que ya está disponible en Youtube. En él, una madre prepara un bocadillo “mágico” de cena, para que su hija “se imagine” lo que quiera dentro.
Esta es una iniciativa encomiable, al igual que los esfuerzos realizados por Cruz Roja. Pero la Constitución española (art. 39) encomienda a los poderes públicos la tarea de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Un deber con el que nuestros numerosos gobernantes, centrales y autonómicos, no están cumpliendo, como demuestra la crudeza de las cifras. Es impresentable ver reunidos a 14 políticos para inaugurar una rotonda, y no haber visto todavía una alianza de representantes políticos decididos a poner fin al drama de la pobreza infantil.
Somos muchos los ciudadanos que estamos aburridos de ver a la clase política enzarzada en absurdas polémicas autonomistas. Debates sobre materias tan abstractas como la Nación y sus distintas realidades. Debates en los que se ha pasado por alto que, antes que los pueblos fueran pueblos, antes que las naciones fueran naciones, aunque no fuera más que por un orden lógico de aparición en escena, está la persona. Por ello, el primer estatuto que debiera promulgarse es un Estatuto de Autonomía Personal garantizado por un ingreso de ciudadanía que impidiera caer en la pobreza a los miembros de la comunidad política.
http://carnetdeparo.blogspot.com/
Fuente: http://www.attac.es/2013/10/19/pobreza-infantil-una-verguenza-nacional/ y Joséa Antonio Perez.
viernes, 11 de octubre de 2013
jueves, 10 de octubre de 2013
miércoles, 9 de octubre de 2013
lunes, 8 de julio de 2013
miércoles, 12 de junio de 2013
Autor: Luis Garcia Montero
Lo contrario de la corrupción no es el puritanismo, sino el respeto al bien público. hay mucha hipocresía en todas las democracias occidentales. Lo que agrava la situación en España no es el desprecio en secreto del bien común, sino su desprecio público. Se ha renunciado incluso a la hipocresía. Por eso gobiernan sin vergüenza, no dimiten, se presentan como salvadores de la patria y ocupan Casas Reales o cúpulas de partidos gentes descubiertas en público como mentirosos, corruptos y cobradores de dinero negro. Y al no dimitir, al llevar el vicio privado a la falta de respeto público, nos recuerdan que más que una nación somos una pandilla. En España se ha privatizado hasta la Historia al servicio de un rey y de una oligarquía económica.
miércoles, 29 de mayo de 2013
Defensor del pueblo europeo...
España y Alemania, a la cabeza en las quejas al defensor del pueblo europeo
El Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros (EFE)
Ampliar - Los españoles son, con diferencia, los que más demandas presentaron.
- La mayor parte de ellas se refieren a la falta de transparencia.
- El próximo mes de julio habrá un nuevo Defensor del Pueblo europeo.
martes, 21 de mayo de 2013
De los invisibles...
Ojos ciegos
Media España ignora el abismo de exclusión en el que está cayendo la otra media
Autora: Rosa Montero
lunes, 20 de mayo de 2013
Autor: Alberto Gonzalez Pascual.
¿Qué modelos de sociedad se sustentan en EEUU o en España si el porvenir que les espera a sus respectivas generaciones de jóvenes podría ser todavía mucho peor que el futuro de sus padres? Ahora es cuando las instituciones se alarman, se escandalizan, como si nada se hubiera visto venir. ¿Por qué se ha permitido llegar a esta situación?
Recientemente, la OCDE ha contabilizado en su zona a cerca de 17 millones de jóvenes que ni tienen empleo, ni estudian, ni reciben ningún tipo de formación (el denominado internacionalmente como grupo NEET), de los cuales aproximadamente 7 millones todavía buscan un puesto de trabajo, mientras que el resto ha dejado de intentarlo. Igualmente se ha identificado, como era de esperar, que los jóvenes que entran al mercado de trabajo prematuramente o con un nivel mínimo de estudios se convierten en el grupo más débil, no sólo por la dificultad de encontrar puestos estables, sino porque cuando ocupan un puesto de trabajo para el que no tiene la cualificación formal requerida suelen recibir sueldos un 8% por debajo del par que sí la tiene, y pueden llegar a tardar hasta 20 años en lograr una remuneración equivalente.
En España, antes de la explosión de la crisis, allá por 2006, cuando nuestra economía crecía más rápido que la alemana, el paro juvenil alcanzaba ya el 18%, 3 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE. Ese mismo año, un informe de este organismo ofrecía un diagnóstico del problema y lo acompañaba de un recetario sobre el que, como se ha demostrado, se trabajó muy poco. Dicho informe señalaba que uno de cada cuatro jóvenes dejaba ya la escuela con un nivel inferior a la educación secundaria superior (el nivel mínimo de competencias básicas para acceder hoy al mercado de trabajo). Además, la relación entre el sistema educativo y el trabajo se mostraba demasiado débil y el aprendizaje basado en una primera experiencia laboral se limitaba a los estudiantes de formación profesional, un grave error.
Pero la epidemia de la escasez de trabajo no sólo afecta a nuestro país; se extiende a otros muchos países europeos, como es el caso de Gran Bretaña. Prácticamente extinguida su capacidad industrial de manufactura, todo su PIB se concentra ahora en el sector servicios, y no da para todos. En abril, el desempleo entre los británicos aumentó en 70.000 personas, para un total de 2,56 millones, el 7,9% de su población activa. Y el paro juvenil creció en otros 20.000 más, quedándose a las puertas del millón de jóvenes en paro, en concreto 979.000. Además, el paro de larga duración continúa su enquistamiento, y se situó en los 900.000 desempleados, más del 50% menores de 30 años. En el mercado laboral británico, una de sus peculiaridades emergentes es que genera ya 31,3 millones de empleos que se reparten únicamente entre 29 millones de trabajadores, lo que indica la ascendencia del pluriempleo y de los "mini-jobs" para puestos de baja y de mediana cualificación, lo que grisácea a este país como un lugar socialmente confortable para vivir.
A escala europea, las medidas de choque que se proponen institucionalmente se centran en el diseño de programas de intervención en formación específica para recuperar perfiles poco cualificados y hacerles competitivos, siguiendo las experiencias de Dinamarca, Suiza o Austria. Y también en poner en funcionamiento programas de asesoramiento y colocación muy personalizados para que los jóvenes tengan una hoja de ruta factible, siguiendo el modelo de Japón, Holanda o Dinamarca. ¿Activar ese tipo de políticas resultaría ser suficiente y eficaz para tratar de erradicar o aminorar la enfermedad? No me lo parece, ya que incluso sumando la última medida prevista por Francia y Alemania estos últimos días para incentivar la contratación de jóvenes, continúo echando en falta una visión mucho más transformadora de los malos hábitos que nos han traído hasta aquí.
Es muy posible que más de la mitad de los seres humanos con más formación, talento e incluso genialidad que viven en la Tierra se encuentren ahora empleados en el mundo de los negocios. Esto implicaría que la imaginación más eminente de nuestra época se debería encontrar al servicio de la creación de empleo. Entonces, esta hipótesis convendría en un enunciado muy simple: las esperanzas de progreso deberían estar depositadas en la actividad de estos hombres y mujeres de negocios.
Sin embargo, el interés individual o privado no siempre coincide con el interés social o público. El interés particular por muy ilustrado que sea, no siempre es capaz de producir el interés público o el bien común. La experiencia ha demostrado que cuando un individuo actúa por separado persiguiendo sus propios fines, muy a menudo resulta ser demasiado ignorante o débil para lograr sus objetivos. Es por ello que surge el valor de uso de una agenda social viable que apoye a la persona, que le permita realizar su desarrollo individual a la vez que dicho desarrollo se asocia al progreso colectivo.
Los jóvenes españoles que emigran a Alemania y cuyas experiencias afloran de vez en cuando en los programas informativos o en las crónicas de los periódicos, ponen de manifiesto la carencia de un soporte público que desde España o la Comisión Europea les proporcione algún apoyo, ya sea asesorando o primando su iniciativa. Se encuentran solos, empequeñecidos y con muchas posibilidades de fracasar. Del mismo modo que, pero en sentido contrario, muchos otros jóvenes dejan de intentarlo demasiado fácilmente, carentes de una agenda personal cargada de valores, conocimientos y ambiciones, como si esperaran, en cierto modo, a que las cosas se arreglen por si solas. Por lo tanto, es absolutamente necesario tener ambas agendas, la personal y la social, armadas con recursos y accesibles para todos, si queremos que nuestros jóvenes puedan sobrevivir.
En 1930, John Maynard Keynes imaginaba el futuro de sus nietos a 100 años vista como un lugar donde la falta de trabajo no sería un problema acuciante, y donde el problema permanente de la Humanidad, el auténtico problema económico, la subsistencia, estaría resuelto. Confiaba en el progreso de la mentalidad social de las personas en detrimento de un individualismo imperfecto, y en el cambio técnico al servicio del interés público. Ambos factores necesitarían de unas instituciones que evitaran las guerras y los conflictos internos, unido a un control demográfico. En su visión concebía que, aún en un escenario tan optimista, el "viejo Adán" siguiera llamando a cada hombre para continuar trabajando, incluso aunque no fuera necesario. El incentivo por mejorar siempre debía estar ahí, presente, irrenunciable para generar curiosidad, avance y satisfacción.
Keynes recurrió a la figura teológica del viejo Adán para evocar un tiempo en que la acumulación de riqueza no era la prioridad de la vida: un mundo en que el hombre prefiere lo que es bueno a lo que es útil, y que honra a quienes pueden ayudarnos a aprovechar virtuosamente cada instante de nuestras vidas. La ética del trabajo keynesiana se conectaba así con la tradición romántica del trabajo artesanal, noble y comprometido.
Vista la trayectoria histórica, parece razonable pensar que la predicción de Keynes necesitará de 100 años más para cumplirse, y mientras tanto, la usura, la codicia y la cautela seguirán siendo dioses. En todo caso, el trabajo abundante era su pieza angular para producir prosperidad. La socialización de la economía sólo podía existir bajo la premisa del empleo. Y es este recurso el que continúa siendo escaso.
El avance técnico así como la planificación y acceso masivo de la ciudadanía a una educación avanzada, se han vuelto factores ineficaces para generar abundancia de nuevos puestos de trabajo. El sistema productivo, con su agenda de intereses y la aquiescencia de los ciclos económicos, continúa desbaratando los principios de equidad y progreso sobre los que aquellos factores son fundados originariamente. Esto provoca que la educación no pueda cumplir sus promesas, dado que el mercado sólo camina para satisfacer una Constitución al servicio de lo material. Y en el otro extremo, el cambio técnico, una vez destruye empleos rutinarios o en obsolescencia, está siendo mucho más lento de lo esperado para generar nuevos puestos de trabajo alineados con las nuevas necesidades tecnológicas.
El profesional originado en el sector educativo superior debe afrontar serias dificultades, incluso en el medio plazo, para encontrar trabajo en su sector de especialización. Si finalmente lo encuentra, difícilmente estará bien remunerado, y para rematar, puede que no haya adquirido el portfolio de competencias técnicas óptimas y necesarias para conectar con la demanda del ciclo productivo. Y este escenario, a mi juicio, puede agravarse todavía más. Veamos por qué:
Desde el año 2000, se ha producido una explosión en la oferta de trabajadores con educación universitaria procedente tanto de las sociedades ricas pero también, y aquí radica el cambio disruptivo que va amplificándose anualmente, procedentes de las sociedades emergentes. Es decir, se están multiplicando los efectos de la revolución en la calidad-precio de la mano de obra altamente cualificada. Por ejemplo, en China, en 2010, había 27 millones de jóvenes cursando estudios universitarios. El 65% de los doctorados en ingeniería de universidades de EEUU y Gran Bretaña durante la pasada década fueron otorgados a ciudadanos extranjeros y de fuera de la UE. Estas modificaciones implican que los procesos y productos con alto valor económico agregado ya no serán nunca más un coto occidental en términos espaciales y de capital basado en conocimiento. Un hecho perfectamente coherente con la estandarización de puestos de trabajo derivada de las funcionalidades y tareas simplificadas mediante las tecnologías digitales.
El marco de recompensas asociadas tradicionalmente con el estatus de la clase media educada en el nivel universitario está siendo reconfigurado hasta tal punto que sólo una minoría será capaz de poner en valor su ventaja educativa. Aunque sobre lo que no hay duda por ningún organismo es que el mayor porcentaje de nuevos puestos de trabajo que se generarán en los próximos 15 años serán para perfiles altamente cualificados; sin embargo, lo cierto es que no habrá para todos, la competencia será global, y las buenas condiciones materiales de esos puestos representarán solamente un porcentaje de su total. La tendencia se establecerá entre la calidad (cerebral) y el precio (cuerpo) dentro de un contexto globalizado y dual, polarizado entre una alta cualificación atada a salarios altos versus una alta cualificación atada a salarios bajos.
¿Cómo responderá el mundo educativo universitario ante esta incipiente avalancha de desigualdad? Como siempre, un porcentaje de los estudiantes se convertirán en la nueva generación de académicos, y sin duda estarán bien preparados gracias a sus estudios pre-doctorales y postdoctorales. ¿Qué ocurrirá con el resto, la inmensa mayoría, de los estudiantes? ¿Cuáles deben ser las respuestas sociales y los planes institucionales para que no deparen únicamente en rellenar puestos de trabajo pre-existentes sino para que sean capaces de crear puestos de trabajo para ellos mismos y para los demás? ¿Estamos construyendo los incentivos adecuados como para que los jóvenes tengan la suficiente confianza, ética y motivación?
La Administración de Barak Obama es plenamente consciente del problema que se cierne sobre EEUU en los próximos 10 años: crear empleos de calidad, y es por ello que ha puesto énfasis, al menos retórico, en impulsar una campaña que traslada el mensaje "Los estudiantes inventan el futuro". La épica a la que aspira una etiqueta tan prometedora consiste en salvar la creencia y hacer crecer la confianza en que EEUU sigue siendo la mayor superpotencia intelectual del mundo, pero lo que realmente encierra es el temor a no poder mantener ese sueño entre sus bases, mientras orienta el esfuerzo de becas y subvenciones públicas en potenciar el rendimiento y la vocación de los estudiantes dentro del paquete de asignaturas STEM (Science, Technology, Engineering , Mathematics), con el objetivo de ser capaces de suministrar suficiente mano de obra a las industrias tecnológicas de Palo Alto y Silicon Valley.
En cualquier caso, a principios de 2013, Gallup publicó en Washington un estudio que recogía cómo entre los menores estadounidenses de la escuela primaria y secundaria todavía se mantenía la creencia mayoritaria (en torno al 95%) en que resulta probable o muy probable que alcancen una vida mejor que las de sus progenitores cuando se conviertan en adultos. Y únicamente un 5% consideró que era improbable o muy improbable que lo lograran. El mito del sueño americano que se utilizó en la encuesta para delimitar el alcance de lo que se asume como una "vida mejor" comprendía nociones relativas y completamente materiales: llegar a tener una mejor casa, una mejor educación, y una mayor capacidad adquisitiva para alcanzar más calidad de vida.
¿Qué modelos de sociedad se sustentan en EEUU o en España si el porvenir que les espera a sus respectivas generaciones de jóvenes podría ser todavía mucho peor que el futuro de sus padres? Ahora es cuando las instituciones se alarman, se escandalizan, como si nada se hubiera visto venir. ¿Por qué se ha permitido llegar a esta situación?
Recientemente, la OCDE ha contabilizado en su zona a cerca de 17 millones de jóvenes que ni tienen empleo, ni estudian, ni reciben ningún tipo de formación (el denominado internacionalmente como grupo NEET), de los cuales aproximadamente 7 millones todavía buscan un puesto de trabajo, mientras que el resto ha dejado de intentarlo. Igualmente se ha identificado, como era de esperar, que los jóvenes que entran al mercado de trabajo prematuramente o con un nivel mínimo de estudios se convierten en el grupo más débil, no sólo por la dificultad de encontrar puestos estables, sino porque cuando ocupan un puesto de trabajo para el que no tiene la cualificación formal requerida suelen recibir sueldos un 8% por debajo del par que sí la tiene, y pueden llegar a tardar hasta 20 años en lograr una remuneración equivalente.
En España, antes de la explosión de la crisis, allá por 2006, cuando nuestra economía crecía más rápido que la alemana, el paro juvenil alcanzaba ya el 18%, 3 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE. Ese mismo año, un informe de este organismo ofrecía un diagnóstico del problema y lo acompañaba de un recetario sobre el que, como se ha demostrado, se trabajó muy poco. Dicho informe señalaba que uno de cada cuatro jóvenes dejaba ya la escuela con un nivel inferior a la educación secundaria superior (el nivel mínimo de competencias básicas para acceder hoy al mercado de trabajo). Además, la relación entre el sistema educativo y el trabajo se mostraba demasiado débil y el aprendizaje basado en una primera experiencia laboral se limitaba a los estudiantes de formación profesional, un grave error.
Pero la epidemia de la escasez de trabajo no sólo afecta a nuestro país; se extiende a otros muchos países europeos, como es el caso de Gran Bretaña. Prácticamente extinguida su capacidad industrial de manufactura, todo su PIB se concentra ahora en el sector servicios, y no da para todos. En abril, el desempleo entre los británicos aumentó en 70.000 personas, para un total de 2,56 millones, el 7,9% de su población activa. Y el paro juvenil creció en otros 20.000 más, quedándose a las puertas del millón de jóvenes en paro, en concreto 979.000. Además, el paro de larga duración continúa su enquistamiento, y se situó en los 900.000 desempleados, más del 50% menores de 30 años. En el mercado laboral británico, una de sus peculiaridades emergentes es que genera ya 31,3 millones de empleos que se reparten únicamente entre 29 millones de trabajadores, lo que indica la ascendencia del pluriempleo y de los "mini-jobs" para puestos de baja y de mediana cualificación, lo que grisácea a este país como un lugar socialmente confortable para vivir.
A escala europea, las medidas de choque que se proponen institucionalmente se centran en el diseño de programas de intervención en formación específica para recuperar perfiles poco cualificados y hacerles competitivos, siguiendo las experiencias de Dinamarca, Suiza o Austria. Y también en poner en funcionamiento programas de asesoramiento y colocación muy personalizados para que los jóvenes tengan una hoja de ruta factible, siguiendo el modelo de Japón, Holanda o Dinamarca. ¿Activar ese tipo de políticas resultaría ser suficiente y eficaz para tratar de erradicar o aminorar la enfermedad? No me lo parece, ya que incluso sumando la última medida prevista por Francia y Alemania estos últimos días para incentivar la contratación de jóvenes, continúo echando en falta una visión mucho más transformadora de los malos hábitos que nos han traído hasta aquí.
Es muy posible que más de la mitad de los seres humanos con más formación, talento e incluso genialidad que viven en la Tierra se encuentren ahora empleados en el mundo de los negocios. Esto implicaría que la imaginación más eminente de nuestra época se debería encontrar al servicio de la creación de empleo. Entonces, esta hipótesis convendría en un enunciado muy simple: las esperanzas de progreso deberían estar depositadas en la actividad de estos hombres y mujeres de negocios.
Sin embargo, el interés individual o privado no siempre coincide con el interés social o público. El interés particular por muy ilustrado que sea, no siempre es capaz de producir el interés público o el bien común. La experiencia ha demostrado que cuando un individuo actúa por separado persiguiendo sus propios fines, muy a menudo resulta ser demasiado ignorante o débil para lograr sus objetivos. Es por ello que surge el valor de uso de una agenda social viable que apoye a la persona, que le permita realizar su desarrollo individual a la vez que dicho desarrollo se asocia al progreso colectivo.
Los jóvenes españoles que emigran a Alemania y cuyas experiencias afloran de vez en cuando en los programas informativos o en las crónicas de los periódicos, ponen de manifiesto la carencia de un soporte público que desde España o la Comisión Europea les proporcione algún apoyo, ya sea asesorando o primando su iniciativa. Se encuentran solos, empequeñecidos y con muchas posibilidades de fracasar. Del mismo modo que, pero en sentido contrario, muchos otros jóvenes dejan de intentarlo demasiado fácilmente, carentes de una agenda personal cargada de valores, conocimientos y ambiciones, como si esperaran, en cierto modo, a que las cosas se arreglen por si solas. Por lo tanto, es absolutamente necesario tener ambas agendas, la personal y la social, armadas con recursos y accesibles para todos, si queremos que nuestros jóvenes puedan sobrevivir.
En 1930, John Maynard Keynes imaginaba el futuro de sus nietos a 100 años vista como un lugar donde la falta de trabajo no sería un problema acuciante, y donde el problema permanente de la Humanidad, el auténtico problema económico, la subsistencia, estaría resuelto. Confiaba en el progreso de la mentalidad social de las personas en detrimento de un individualismo imperfecto, y en el cambio técnico al servicio del interés público. Ambos factores necesitarían de unas instituciones que evitaran las guerras y los conflictos internos, unido a un control demográfico. En su visión concebía que, aún en un escenario tan optimista, el "viejo Adán" siguiera llamando a cada hombre para continuar trabajando, incluso aunque no fuera necesario. El incentivo por mejorar siempre debía estar ahí, presente, irrenunciable para generar curiosidad, avance y satisfacción.
Keynes recurrió a la figura teológica del viejo Adán para evocar un tiempo en que la acumulación de riqueza no era la prioridad de la vida: un mundo en que el hombre prefiere lo que es bueno a lo que es útil, y que honra a quienes pueden ayudarnos a aprovechar virtuosamente cada instante de nuestras vidas. La ética del trabajo keynesiana se conectaba así con la tradición romántica del trabajo artesanal, noble y comprometido.
Vista la trayectoria histórica, parece razonable pensar que la predicción de Keynes necesitará de 100 años más para cumplirse, y mientras tanto, la usura, la codicia y la cautela seguirán siendo dioses. En todo caso, el trabajo abundante era su pieza angular para producir prosperidad. La socialización de la economía sólo podía existir bajo la premisa del empleo. Y es este recurso el que continúa siendo escaso.
El avance técnico así como la planificación y acceso masivo de la ciudadanía a una educación avanzada, se han vuelto factores ineficaces para generar abundancia de nuevos puestos de trabajo. El sistema productivo, con su agenda de intereses y la aquiescencia de los ciclos económicos, continúa desbaratando los principios de equidad y progreso sobre los que aquellos factores son fundados originariamente. Esto provoca que la educación no pueda cumplir sus promesas, dado que el mercado sólo camina para satisfacer una Constitución al servicio de lo material. Y en el otro extremo, el cambio técnico, una vez destruye empleos rutinarios o en obsolescencia, está siendo mucho más lento de lo esperado para generar nuevos puestos de trabajo alineados con las nuevas necesidades tecnológicas.
El profesional originado en el sector educativo superior debe afrontar serias dificultades, incluso en el medio plazo, para encontrar trabajo en su sector de especialización. Si finalmente lo encuentra, difícilmente estará bien remunerado, y para rematar, puede que no haya adquirido el portfolio de competencias técnicas óptimas y necesarias para conectar con la demanda del ciclo productivo. Y este escenario, a mi juicio, puede agravarse todavía más. Veamos por qué:
Desde el año 2000, se ha producido una explosión en la oferta de trabajadores con educación universitaria procedente tanto de las sociedades ricas pero también, y aquí radica el cambio disruptivo que va amplificándose anualmente, procedentes de las sociedades emergentes. Es decir, se están multiplicando los efectos de la revolución en la calidad-precio de la mano de obra altamente cualificada. Por ejemplo, en China, en 2010, había 27 millones de jóvenes cursando estudios universitarios. El 65% de los doctorados en ingeniería de universidades de EEUU y Gran Bretaña durante la pasada década fueron otorgados a ciudadanos extranjeros y de fuera de la UE. Estas modificaciones implican que los procesos y productos con alto valor económico agregado ya no serán nunca más un coto occidental en términos espaciales y de capital basado en conocimiento. Un hecho perfectamente coherente con la estandarización de puestos de trabajo derivada de las funcionalidades y tareas simplificadas mediante las tecnologías digitales.
El marco de recompensas asociadas tradicionalmente con el estatus de la clase media educada en el nivel universitario está siendo reconfigurado hasta tal punto que sólo una minoría será capaz de poner en valor su ventaja educativa. Aunque sobre lo que no hay duda por ningún organismo es que el mayor porcentaje de nuevos puestos de trabajo que se generarán en los próximos 15 años serán para perfiles altamente cualificados; sin embargo, lo cierto es que no habrá para todos, la competencia será global, y las buenas condiciones materiales de esos puestos representarán solamente un porcentaje de su total. La tendencia se establecerá entre la calidad (cerebral) y el precio (cuerpo) dentro de un contexto globalizado y dual, polarizado entre una alta cualificación atada a salarios altos versus una alta cualificación atada a salarios bajos.
¿Cómo responderá el mundo educativo universitario ante esta incipiente avalancha de desigualdad? Como siempre, un porcentaje de los estudiantes se convertirán en la nueva generación de académicos, y sin duda estarán bien preparados gracias a sus estudios pre-doctorales y postdoctorales. ¿Qué ocurrirá con el resto, la inmensa mayoría, de los estudiantes? ¿Cuáles deben ser las respuestas sociales y los planes institucionales para que no deparen únicamente en rellenar puestos de trabajo pre-existentes sino para que sean capaces de crear puestos de trabajo para ellos mismos y para los demás? ¿Estamos construyendo los incentivos adecuados como para que los jóvenes tengan la suficiente confianza, ética y motivación?
La Administración de Barak Obama es plenamente consciente del problema que se cierne sobre EEUU en los próximos 10 años: crear empleos de calidad, y es por ello que ha puesto énfasis, al menos retórico, en impulsar una campaña que traslada el mensaje "Los estudiantes inventan el futuro". La épica a la que aspira una etiqueta tan prometedora consiste en salvar la creencia y hacer crecer la confianza en que EEUU sigue siendo la mayor superpotencia intelectual del mundo, pero lo que realmente encierra es el temor a no poder mantener ese sueño entre sus bases, mientras orienta el esfuerzo de becas y subvenciones públicas en potenciar el rendimiento y la vocación de los estudiantes dentro del paquete de asignaturas STEM (Science, Technology, Engineering , Mathematics), con el objetivo de ser capaces de suministrar suficiente mano de obra a las industrias tecnológicas de Palo Alto y Silicon Valley.
En cualquier caso, a principios de 2013, Gallup publicó en Washington un estudio que recogía cómo entre los menores estadounidenses de la escuela primaria y secundaria todavía se mantenía la creencia mayoritaria (en torno al 95%) en que resulta probable o muy probable que alcancen una vida mejor que las de sus progenitores cuando se conviertan en adultos. Y únicamente un 5% consideró que era improbable o muy improbable que lo lograran. El mito del sueño americano que se utilizó en la encuesta para delimitar el alcance de lo que se asume como una "vida mejor" comprendía nociones relativas y completamente materiales: llegar a tener una mejor casa, una mejor educación, y una mayor capacidad adquisitiva para alcanzar más calidad de vida.
jueves, 9 de mayo de 2013
martes, 7 de mayo de 2013
martes, 9 de abril de 2013
El silencio...
¿Qué
pasa la mayoría de veces que alguien realiza una solicitud de
información a una administración española? Que, simplemente, nadie
responde. El silencio administrativo es la principal barrera
con la que se encuentran los ciudadanos que exigen información, un
problema genérico a todos los niveles (nacional, autonómico y local) y
que se repite en las peticiones de información sobre aspectos medioambientales, pese a contar con su propia ley de acceso a la información; e incluso en las preguntas sobre la tramitación de la futura Ley de Transparencia. De hecho, sólo 75 de las 567 preguntas válidas recibieron una respuesta satisfactoria.
En pleno contexto de crisis, buena parte de las preguntas versan sobre aspectos relacionados con la gestión de la economía y el gasto público. Muchas cuestiones, además, surgen directamente de asuntos de plena actualidad informativa. Gracias a la curiosidad y el compromiso de los ciudadanos que han utilizado la web, hemos conocido algunos datos hasta entonces inéditos. Aunque la lista que preguntas que no han respondido es mucho más extensa. Por eso, insistimos una vez más con nuestras recomendaciones para unas administraciones públicas más transparentes y abiertas a la ciudadanía. Así hemos realizado este informe.
ÍNDICE
- Los resultados (el silencio como respuesta masiva)
- Las preguntas: economía y crisis
- Recomendaciones (insistimos)
- Metodología
- Todas nuestras campañas
1. Los resultados: el silencio como respuesta masiva
El silencio administrativo manda en el 54% de las peticiones de información registradas durante 2012 en la web de Tuderechoasaber.es. De hecho, esta práctica es la única respuesta que recibieron 306 de las 567 peticiones válidas registradas en la página web desde su nacimiento hace más de un año,
el 20 de marzo de 2012, hasta el pasado 31 de diciembre. El problema
crece de forma alarmante en las peticiones a entidades locales, donde el
porcentaje de no-respuestas es del 70,15% (47 de las 67 solicitudes).
El uso del silencio administrativo es también significativo en el caso de los partidos políticos (englobados en la sección ‘otro tipo de instituciones’). Aunque su financiación, cuentas, acceso a subvenciones públicas
y los criterios que siguen sus nombramientos son cuestiones que cada
vez interesan –y preocupan- directamente a los ciudadanos, y pese a que todos ellos se declaran partidariosde someter su funcionamiento a la nueva Ley de Transparencia, en la práctica constatamos que, a excepción de UPyD, ningún partido responde a las preguntas y peticiones de los ciudadanos. Podemos comprobarlo en las fichas de Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión Progreso y Democracia (UPyD), Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Convergència i Unió (CIU) y el resto de formaciones con representación parlamentaria.
Los resultados positivos tampoco animan a confiar en el aperturismo de las administraciones públicas: sólo 75 de las 567 solicitudes recibieron una respuesta satisfactoria (un 13,23%). Entre los diferentes caminos para el rechazo
encontramos, por orden de frecuencia, las 68 ocasiones en las que el
organismo aseguró no poseer la información, las 41 veces en las que
remitió al ciudadano a un formulario, las 37 respuestas incompletas, las
27 contestaciones inadecuadas y las 13 en las que, simplemente, se
rechazó la solicitud.
La
alternativa más frecuente, por detrás del silencio administrativo, es
remitir a formularios propios para centralizar las comunicaciones.
Además de que los estándares internacionales de transparencia
desaconsejan el uso de formularios, no consideramos que se trate de una
medida eficaz, como ejemplifica este solicitante sobre la venta de billetes de Metro de Madrid. En algunos casos, se aprovechan estos formularios para exigir al solicitante información de carácter personal que no es relevante para la gestión de una petición de información, como en esta solicitud. Más restrictivo aún resulta exigir a los solicitantes de información una autentificación mediante certificado digital o DNIe. Ese es el caso del Gobierno de Navarra, que impone una larga serie de restricciones en su recientemente aprobada Ley Foral de Transparencia.
También es frecuente que, preguntado por unos datos concretos, un funcionario proponga al solicitante
consultar por sí mismo los Presupuestos Generales del Estado o buscar
los datos en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otra
mala práctica de las administraciones pasa por que, si el solicitante no
se dirige en primera instancia al organismo correcto, entre en un embudo en el que finalmente nadie responde a su solicitud, como pasa con esta petición.
Medio ambiente: con la ley en la mano el silencio también manda
Incluso entre las peticiones relacionadas con materias medioambientales, que sí cuentan con una ley de acceso a la información propia en España, el porcentaje de silencio administrativo es del 58,14%.
Como en España el silencio administrativo es negativo,
si una institución no contesta en el plazo que determina la ley (tres
meses para las solicitudes generales y uno para las medioambientales) se entiende que la solicitud ha sido denegada.
Dado que el proyecto de ley que se está tramitando no incluye ningún
cambio en este sentido, las denegaciones de información no tendrán que
estar justificadas. Desde Tuderechoasaber.es insistimos en que,
manteniendo el silencio administrativo negativo en la ley de inminente
aprobación, se perpetúa uno de los principales obstáculos para el progreso hacia una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la modernización de las instituciones. Prueba de ello son estos resultados.
Este uso masivo del silencio administrativo da, en ocasiones, curiosos resultados. Después de tres intentos y varios meses de insistencia, la única respuesta que recibió una solicitud de información sobre el Art. 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas fue el clásico “out of the office”
automático del correo electrónico del funcionario, que se había ido de
vacaciones. El email juega, a veces, malas pasadas. Y es que no es lo
mismo ‘responder’ que ‘responder a todos’. Esta segunda opción fue la
que eligió, seguramente por error, un trabajador de la Junta de Castilla
y León cuando preguntó a sus compañeros y, de paso, al solicitante de
la información, “¿por qué no se responde a esta pregunta?” sobre el dinero público aportado a Radio Televisión Castilla y León.
Pese al desánimo que puede producir este uso masivo del silencio
administrativo, algunos ciudadanos no se rinden: hasta en seis ocasiones
insistió al Banco de España sobre la publicidad de EVO.
Sobre la Ley de Transparencia tampoco hay respuestas
De hecho, la opacidad del proceso de creación de la ley de transparencia -que hemos denunciado desde Tu Derecho a Saber en incontables ocasiones- se traslada, también, a las propias preguntas sobre su desarrollo. Vemos esta práctica, por ejemplo, en el Ministerio de Presidencia
(el cuerpo público responsable del actual proyecto de ley), que denegó
cualquier tipo de respuesta a esta petición de información sobre las Aportaciones ciudadanas incorporadas al anteproyecto de ley de transparencia. Pese a su insistencia (tres intentos entre mayo y diciembre de 2012), el solicitante nunca obtuvo respuesta.
Como se puede comprobar aquí, el Ministerio de Presidencia acumula una larga serie de peticiones desatendidas (como esta sobre los informes consultivos del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos sobre la Ley de Transparencia),
rechazadas o no satisfactorias. Aun así, algunos organismos deniegan la
información con la excusa de estar a la espera de la aprobación de la
norma, como el Ministerio de Presidencia, por ejemplo, en este caso
sobre regalos efectuados al Presidente del Gobierno, o en esta pregunta sobre tráfico de influencias.
2. Las preguntas: economía y crisis
De lo más grande a lo más cercano, las solicitudes de información registradas durante el primer año de vida de Tuderechoasaber.es van desde los vecinos que preguntan a sus ayuntamientos a ciudadanos de toda España que plantean cuestiones al Gobierno y sus instituciones dependientes -las más numerosas, un 63%. Es fácil encontrar un denominador común en la mayoría de preguntas: muchos ciudadanos están interesados por la economía, que les afecta en todas sus vertientes: el reparto del gasto público, la ejecución de los presupuestos y el coste de determinadas políticas en un contexto de crisis de la administración central. Este interés de la población debería obligar a que la futura Ley de Transparencia incluya la publicación proactiva de esta información desde todas las instituciones.
A golpe de titular
En
algunos casos, las preguntas emergen, directamente, de las páginas de
los periódicos, como una muestra del interés ciudadano por profundizar sobre temas de actualidad que, en muchos casos, quedan sin resolver.
Es el caso de una solicitud relacionada con las dietas de los diputados circunscritos a otras comunidades con residencia en Madrid, dos personas que preguntaron al Gobierno quiénes habían sido los beneficiarios de la amnistía fiscal (aquí y aquí) o esta pregunta sobre la comisión de Investigación sobre Madrid Arena, realizada poco después de la tragedia, entre otras.
Lo que SÍ hemos conseguido saber
En
países como Reino Unido, donde la cultura de la transparencia está
mucho más implantada y el derecho de acceso plenamente reconocido, las
peticiones de información pública suponen un buen caladero de novedades
para los medios de comunicación. Sirva como ejemplo esta lista de cerca de 500 historias periodísticas que los medios ingleses y galeses han cubierto basándose en respuestas obtenidas a una solicitud ciudadana.
En
2012, las solicitud de información que más eco ha recibido en los
medios de comunicación ha sido la de un ciudadano que preguntó al Senado
sobre el número y coste anual de los intérpretes de lenguas co-oficiales. Europa Press, El Economista, Telecinco y otras cabeceras destacaron los 250.000 euros presupuestados por el Senado para traductores en 2012. Esta información dio pié a que UPyD pidiese en el Congreso la extinción de ese gasto, que finalmente no fue excluido de los Presupuestos Generales del Estado dado que “habría que reformar el reglamento de la Cámara”.
También tuvo repercusión una serie de solicitudes que inquirían sobre el coste de celebrar los comicios autonómicos en Asturias (elecciones del 25 de marzo del 2012) y en el País Vasco (elecciones de 2001, 205 y 2009). Del análisis de las respuestas obtenidas se extrajo que aproximadamente el 50% del gasto de estas dos comunidades para celebrar sus elecciones autonómicas se lo embolsaron como subvenciones los partidos concurrentes, hecho amparado por la ley. Además, pudimos conocer que adelantar comicios supuso un gasto extra de 1,2 millones de euros en Asturias. Otras comunidades, como Galicia y Andalucía, no accedieron a desglosar públicamente su gasto.
Otro caso de información inédita hecha pública tras la petición de un ciudadano es la solicitud al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del acceso, muy detallado, ainformación primaria de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales (conocida como EGIF) del año 2011.
Lo que NO quieren responder las administraciones públicas
En
determinadas ocasiones, la noticia no está en la información que
facilitan los poderes públicos sino en qué preguntas se han negado a
responder. Especialmente aquellas más ancladas en la actualidad. Muchas
de ellas, de hecho, están relacionadas con lo que más interesa a los
ciudadanos: la gestión del gasto público. Lo vemos desde en el Congreso
de los Diputados, que se negó a hacer pública la información detallada sobre los presupuestos de la cámara para 2013, pasando por el Tribunal de Cuentas, que no informa sobre los complementos vitalicios para altos cargos de la administración y hasta en el Banco de España, que no ha contestado a ninguna petición sobre el fondo de garantía de depósitos o el volumen total de deuda pública emitida entre 2008 y 2012.
Pero no sólo las entidades nacionales niegan estos datos. La Generalitat de Cataluña no facilitó ninguna información sobre el coste de celebración de los comicios
autonómicos de 2003, 2006 y 2010 y la Junta de Andalucía ha denegado
cualquier respuesta a un ciudadano que solicitaba información sobre presupuestos y gasto desglosado de varios proyectos de ciudadanía digital que se llevan a cabo en esa comunidad.
En
otros casos, las peticiones versan sobre datos estadísticos que, a
primera vista, no deberían contener información que los haga
susceptibles de mantenerse ocultos. Uno de los casos más destacados es
el de la Comunidad de Madrid, que no ha aportado ninguna información
sobre el impacto ambiental, concesión de terrenos, adjudicación de
licencias, normativas fiscales, de juego y otros aspectos de la gestación del proyecto Eurovegas. Esta falta de transparencia ha sido también severamente criticada por el Defensor del Pueblo. Por su parte, el Tribunal Constitucional no responde sobre el número de procedimientos que tiene abiertos y la antigüedad de los mismos.
El Ministerio del Interior no ha querido responder cuál ha sido el número de manifestaciones y actos reivindicativos registrados en España desde el año 2000 y la Dirección General de Tráfico no ofrece datos sobre puntos negros
de siniestralidad en carreteras. Uno de los casos más flagrantes es,
sin duda, el del Ministerio de Presidencia, que no ha contestado sobre la publicación de datos estadísticos de criminalidad que se comprometió a dar a conocer durante la Open Government Partnership.
3. Recomendaciones (insistimos)
En el anterior informe
de tuderechoasaber.es el equipo destacaba una serie de problemas que
afectan muy negativamente al sistema de transparencia en España y las
sugerencias de cambio en la futura ley de transparencia para poder
subsanarlos. Ninguna de estas sugerencias han sido incorporadas ni
subsanadas, por lo tanto las repetimos:
1. Todas las instituciones deben tener e-mail de contacto y un responsable
Uno
de los obstáculos que hemos tenido a la hora de desarrollar la web
tuderechoasaber.es ha sido que muchas instituciones no tienen un e-mail
de contacto para poder dirigirse a ellas, algo que no tiene mucho
sentido, ya que el correo electrónico es el medio de comunicación más
utilizado entre la sociedad y dentro de las mismas administraciones. El
Proyecto de Ley plantea la posibilidad de enviar solicitudes por medios
electrónicos, lo cual es un gran avance. Sin embargo, solo prevé la
obligación de crear unidades de información, es decir, de nombrar un
responsable para moderar las solicitudes de información para la
Administración General del Estado, pero no para cada institución.
2. Todas las instituciones deben tener iguales obligaciones de transparencia
En
anteriores informes de Access Info Europe ya se destacaba que hay
tendencias claras en cuanto a la información más solicitada: una gran
cantidad de solicitudes están relacionadas con la ejecución del
presupuesto y los resultados de las políticas que se han llevado a cabo.
El Proyecto de Ley de Transparencia prevé acertadamente una serie de
obligaciones de publicación proactiva de información. El problema es que
la propia ley excluye a muchas instituciones de esta obligación.
3. Reconocimiento del silencio administrativo positivo
El
tercer gran problema que hemos detectado es que un gran porcentaje de
solicitudes no encuentra ninguna respuesta. En nuestro país, el silencio
administrativo es negativo, lo que implica que si una institución no
contesta en el plazo que tiene por ley, se entiende que la solicitud ha
sido denegada. Esta práctica atenta directamente contra los principios
básicos del derecho de acceso a la información, ya que las denegaciones
de información deben ser siempre motivadas. Esta situación no cambiará
según el planteamiento del Proyecto de Ley.
4. Establecer medidas de promoción del derecho de acceso a la información
Por
último, y retomando la necesidad de asegurar por ley una implementación
adecuada de las medidas de transparencia, se deberían aprobar otra
serie de medidas para que las instituciones estuvieran al tanto de sus
obligaciones de transparencia, como por ejemplo encomendar a un
organismo central la promoción de este derecho, encargan informes a las
administraciones públicas sobre su cumplimiento, creación
de guías o cursos escolares, listar los documentos de cada institución
de forma obligatoria o formar a los funcionarios sobre sus
responsabilidades.
4. Metodología
La primera petición de información registrada en Tuderechoasaber.es está fechada el 20 de marzo del 2012, día del nacimiento del portal. Para realizar este informe, hemos tenido en cuenta las preguntas recibidas desde ese día hasta el pasado 31 de diciembre,
por lo que las estadísticas no contemplan los resultados de un año
natural. En total, se recibieron 678 peticiones, de las que hemos descartado 109 para este trabajo
al considerar que no son exactamente preguntas concretas, sino más bien
quejas, sugerencias o críticas a las administraciones públicas.
Así, se han contabilizado 567 entradas. Todas ellas han cumplido el plazo de tres meses
que tienen las entidades preguntadas para responder antes de que una
no-respuesta se considere silencio administrativo, que cumplió el 31 de
marzo de 2013, fecha de cierre de la base de datos para este informe.Fuente: http://blog.tuderechoasaber.es/informe/
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Los ciudadanos españoles fueron los que más demandas presentaron (340), seguidos de alemanes (273), polacos (235) y belgas (182), según el informe 2012 que el Ombudsman europeo, Nikiforos Diamanduros, hizo hoy público.
En julio habrá un nuevo Defensor del Pueblo europeo: no se ha presentado ningún españolEn 2012, la oficina del Defensor del pueblo europeo recibió 1.500 quejas referidas al trato recibido por los "ombudsman" nacionales y regionales, la Comisión Europea, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y otras oficinas comunitarias de atención al ciudadano.
La mayoría de quejas recibidas se refirieron a falta de transparencia por la negativa de las administraciones a facilitar documentos públicos.
Otro gran número de casos versaron sobre la ejecución y adjudicación de contratos públicos comunitarios.
En lo que respecta a investigaciones abiertas en 2012, el país que dio origen a incoar más pesquisas fue Bélgica (103), seguida de Italia (42) y España y Alemania (39 cada una).
La institución que acaparó más demandas por mala praxis fue la Comisión Europea (53 %) y tras ella la oficina de selección de personal del Parlamento Europeo (17 %), otras agencias de la UE (13 %) así como la Eurocámara (5 %).
En un 21 % de los casos se llegó a un acuerdo amigable entre las partes.
En 2012, el Defensor del Pueblo europeo dictó que hubo mala administración en 56 casos, algo más que en el anterior informe anual de 2011 (47 casos).
Se trata del último informe anual que presenta el actual defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Dimanduros, que en octubre pasará el relevo a un nuevo Ombudsman.
El político griego ha tratado más de 30.000 quejas y ha abierto más de 3.500 investigaciones por mala praxis de la administración comunitaria a lo largo de los 10 años que ha permanecido en el cargo.
"En la última década la administración europea ha conseguido ser cada vez más transparente, más cercana al ciudadano y con más vocación de servicio", aseguró en un comunicado.
En la sesión plenaria de julio próximo en Estrasburgo (Francia) el PE elegirá al nuevo Ombudsman europeo, un puesto para el que se han presentado seis candidatos, ninguno de ellos español.
Se trata de tres eurodiputados (la socialista alemana Dagmar Roth-Behrendt, la conservadora holandesa Ria Oomen-Ruijten y el conservador italiano Francesco Speroni) así como la actual defensora del pueblo de Irlanda, Emily O'Reilly, el ombudsman holandés, Alex Brenninkmeijer, y el alemán Marcus Jaeger, jefe de la división de coordinación de migración del Consejo de Europa.
La comisión de Peticiones de la Eurocámara organizará a mediados de junio una serie de audiencias para evaluar las competencias de los candidatos.