| Fuente:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13d278d080b36515&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D06d50da4f0%26view%3Datt%26th%3D13d278d080b36515%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbR8x5YeWsV0JkHVEO0KQGiRLF4dUw |
- -La clave...
-Julián Casanova: "La sociedad española ha sido bastante tolerante con la mentira y la corrupción"
Una referencia en el tiempo. En plena actualidad editorial, el catedrático es referencia imprescindible para entender el momento. Apasionado defensor de la historia, su mensaje es claro y firme.
Julián Casanova. Foto:EL PERIÓDICO
--¿Su estado general actualmente?
--Mi estado personal es optimista, pero lo que veo alrededor es muy pesimista.
--¿En tan solo un año?
--Se ha acelerado mucho en solo un año. Las tendencias ya existentes de crisis social y política, se han deteriorado y han aparecido con toda su crudeza a la superficie.
--En este año ha aflorado de manera alarmante la corrupción.
--La corrupción en España es la persistencia de hábitos viejos, pero pasados por la modernidad, que debería haberlos expulsado de la sociedad democrática.
--Hasta tal extremo no se controla, que hay quien dice que vivimos en un estado no democrático.
--Yo creo sin embargo que estamos en una sociedad con síntomas de crisis en la democracia, en la representación de partidos, en la responsabilidad de los políticos, pero con restos importantes de lo que hizo fuerte a la democracia.
--¿Qué fue?
--Una distribución de la riqueza a través de políticas fiscales; un estado de bienestar que no solo reprimía a los ciudadanos sino que les daba servicios; y una sociedad civil educada y exigente. Todo eso es lo que está empezando a fallar.
--¿Bárcenas es un ejemplo o un síntoma?
--Bárcenas es un ejemplo de la conexión financiera y política con la corrupción. Y paradigma por encima de todo lo que se ha conocido, de la complicidad de los políticos de su partido.
--¿Por qué tanta ocultación? Ya somos mayores de edad...
--Yo creo que con los medios de comunicación es difícil ocultar estas cosas, pero la mentira que se ha instalado en un sector importante de la clase política, le impide abordar de frente los problemas, para transmitírselos a los ciudadanos.
--Pero esas mentiras ya no se pueden sostener...
--Yo creo que la sociedad española ha sido bastante tolerante con la mentira y la corrupción, y la indignación actual es porque se han pasado límites desconocidos.
--¿Sería partidario de crear un equipo de personas sabias para establecer reglas del juego?
--El sueño ilustrado de una educación crítica con el poder, ha fallado. Y es evidente que hay que buscar soluciones al abismo que se está abriendo entre esas políticas irresponsables y un amplio sector de la sociedad...
--¿Cree a la propia clase política capaz de crear filtros?
--A la actual clase política, no. Pero yo creo más que en comisiones de personas sabias, en el valor de la educación desde abajo, aunque eso cueste un tiempo permanecer en la incertidumbre.
--¿Entonces los ve capaces de regenerarse?
--Todo el mundo habla de regeneración, pero lo que es evidente es que están fallando las alternativas a los poderes establecidos. Porque los gobiernos en muchos países tienen mayorías para gobernar. Lo que no perciben los ciudadanos es que haya una alternativa que se pueda enfrentar a ellos con salidas prácticas.
--¿Qué le está pasando ahora al PSOE?
--Al PSOE y a la socialdemocracia en general. Ha habido un cambio de rumbo en el capitalismo respecto a las décadas doradas de la segunda mitad del siglo XX, en las que tanto había intervenido la política socialdemócrata. Ese cambio de rumbo ha dejado prácticamente solos a los defensores de las políticas neoliberales y ha desconcertado a los que habían sostenido políticas más justas e igualitarias hasta ese momento.
--Mucha gente les hace culpables también de esa situación hoy en día.
--En todos los países hay una nueva generación, jóvenes muchos de ellos licenciados y profesionales, que han roto con los mitos de la vieja izquierda y a la vez no se ven representados por viejas posiciones.
--¿Qué necesita hacer la izquierda?
--En primer lugar democratizar los partidos. En segundo lugar introducir a gente que representa a nuevos movimientos sociales pero que no son militantes de los partidos. En tercero, elaborar una alternativa teórica y poco dogmática, flexible a la crisis del capitalismo actual.
--¿Por su condición de historiador ha conocido una etapa tan crispada como esta?
--Los años entre 1975 y 1981 fueron extremadamente difíciles, con unos índices de paro elevadísimos, infración disparada, terrorismo de ETA con decenas de muertos al año, y amenaza de golpismo que culminó en febrero de ese año. Pero esa sociedad que salía con miedo de una larga dictadura, tenía esperanzas. En el fondo se sabía que lo que venía iba a ser mejor. Europa estaba al otro lado de los Pirineos esperándonos, y el sueño de la libertad, estaba a punto de hacerse realidad.
--¿Cree que estamos ante un cambio de paradigma?
--Yo prefiero el término cambio de rumbo. Porque están en revisión los tres grandes principios que consolidaron la democracia después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial: uno, la educación responsable y exigente; dos, las políticas fiscales que favorecen a los que menos tienen y gravan a los ricos; y tres, una clase política siempre respetuosa con la soberanía nacional.
--Me habla de la educación...
--Habíamos pensado durante un tiempo que una sociedad civil democrática que le diera valor a la educación, era la solución a todos los problemas; en los últimos años, posiblemente por el consumo masivo, se ha producido que los gobernantes han vuelto a estimular la ignorancia y los ciudadanos han dejado de darle valor a la educación.
--Ellos saben perfectamente lo que hacen...
--Tener ciudadanos poco críticos es siempre una ventaja para el poder. E insisto en la idea de que creíamos que con la transición y la democracia habíamos dado un cambio a esa seña de identidad española durante tanto tiempo. Que se resume en la idea, procedente de los tiempos del caciquismo, que era mejor estimular la ignorancia que promover la educación.
--¿Todo esto sucede en parte porque no conocemos nuestra historia?
--La historia de Europa da importantes lecciones para explicar la crisis económica, de representatividad política, el ascenso de movimientos xenófobos y de ultraderecha en muchos países de Europa... Pero en España la historia del siglo XX se mantuvo fuera de las aulas.
--¿Es también partidario de que no sean los políticos los que diseñen los planes de educación?
--Soy partidario de un amplio acuerdo sobre la educación, de conocer los planes en aquellos países donde mejor han funcionado. Y de abordar definitivamente el problema de una educación supuestamente laica, pero claramente condicionada por los conciertos con la Iglesia Católica.
--Cataluña y País Vasco.
--La transición, si se tiene en cuenta de donde se venía, solucionó razonablemente bien la relaciones entre el Estado y las comunidades, con lenguas y características culturales propias. El terrorismo dificultó muchísimo eso en el País Vasco. Y ahora que está claramente en una vía de solución, aparece un proceso radical, soberanista y de independencia en Cataluña.
--¿Ha fallado algo?
--Han fallado las políticas responsables y se han añadido al análisis una serie de agravios respecto a las políticas estatales, que en realidad no existían. Pero los ciudadanos en Cataluña, educados en esos agravios, los están percibiendo, y eso es lo que importa. Porque detrás de todo esto ya no está solo un nacionalismo radical, sino amplias bases de la sociedad catalana sin conciencia política.
--¿Asustaría ver a Cataluña y el Pais vasco fuera de España?
---Dado que ese proceso es imposible a través de un acuerdo con el resto de España, a cualquiera le puede asustar.
--Creo que utiliza una imagen muy gráfica de España...
--Hoy vamos en proceso inverso. La imagen actual es la de un tren que entra en un túnel largo y oscuro, con un maquinista que no lo sabe conducir, ciudadanos de primera que disfrutan entre ellos y se ríen de los demás; ciudadanos de segunda que todavía tienen trabajo, contribuyen a mantener el sistema, y un amplio vagón de tercera, con ciudadanos que han perdido derechos ya conquistados. Y que no tienen instrumentos para manifestar su indignación.
--¿Aragón está peor o mejor en este tren español?
--Es indudable que, con Zaragoza a la cabeza, estamos en el triángulo que desde Bilbao a Madrid y de Madrid a Barcelona, forma parte de la España más rica y de la que sale mejor en todas las estadísticas.
--Pero...
--Mantenemos desequilibrios importantes entre un mundo rural despoblado y una ciudad que lo domina todo; nuestra clase política no ha mostrado síntomas mejores que la española en general, y creo además, que en esta región en particular los grupos empresariales, políticos y de comunicación, han mostrado muy poco compromiso con las políticas de desarrollo y científicas. La universidad nunca ha estado en el debate ni ha sido considerada como un motor de crecimiento.
--¿Usted viaja constantemente. ¿Cómo se ve España desde fuera? ¿Cómo nos ven?
--Hace unos años no nos veían... Las noticias que salían de España casi siempre estaban relacionadas con el terrorismo o los toros. Una de las cosas que más me ha sorprendido en los dos últimos años ha sido el espacio que le están dedicando en los medios de comunicación internacionales, a la corrupción política, al boom inmobiliario y a la capacidad empresarial para crear trabajo. Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/julian-casanova-la-sociedad-espanola-ha-sido-bastante-tolerante-con-mentira-y-corrupcion-_833293.html
--Mi estado personal es optimista, pero lo que veo alrededor es muy pesimista.
--¿En tan solo un año?
--Se ha acelerado mucho en solo un año. Las tendencias ya existentes de crisis social y política, se han deteriorado y han aparecido con toda su crudeza a la superficie.
--En este año ha aflorado de manera alarmante la corrupción.
--La corrupción en España es la persistencia de hábitos viejos, pero pasados por la modernidad, que debería haberlos expulsado de la sociedad democrática.
--Hasta tal extremo no se controla, que hay quien dice que vivimos en un estado no democrático.
--Yo creo sin embargo que estamos en una sociedad con síntomas de crisis en la democracia, en la representación de partidos, en la responsabilidad de los políticos, pero con restos importantes de lo que hizo fuerte a la democracia.
--¿Qué fue?
--Una distribución de la riqueza a través de políticas fiscales; un estado de bienestar que no solo reprimía a los ciudadanos sino que les daba servicios; y una sociedad civil educada y exigente. Todo eso es lo que está empezando a fallar.
--¿Bárcenas es un ejemplo o un síntoma?
--Bárcenas es un ejemplo de la conexión financiera y política con la corrupción. Y paradigma por encima de todo lo que se ha conocido, de la complicidad de los políticos de su partido.
--¿Por qué tanta ocultación? Ya somos mayores de edad...
--Yo creo que con los medios de comunicación es difícil ocultar estas cosas, pero la mentira que se ha instalado en un sector importante de la clase política, le impide abordar de frente los problemas, para transmitírselos a los ciudadanos.
--Pero esas mentiras ya no se pueden sostener...
--Yo creo que la sociedad española ha sido bastante tolerante con la mentira y la corrupción, y la indignación actual es porque se han pasado límites desconocidos.
--¿Sería partidario de crear un equipo de personas sabias para establecer reglas del juego?
--El sueño ilustrado de una educación crítica con el poder, ha fallado. Y es evidente que hay que buscar soluciones al abismo que se está abriendo entre esas políticas irresponsables y un amplio sector de la sociedad...
--¿Cree a la propia clase política capaz de crear filtros?
--A la actual clase política, no. Pero yo creo más que en comisiones de personas sabias, en el valor de la educación desde abajo, aunque eso cueste un tiempo permanecer en la incertidumbre.
--¿Entonces los ve capaces de regenerarse?
--Todo el mundo habla de regeneración, pero lo que es evidente es que están fallando las alternativas a los poderes establecidos. Porque los gobiernos en muchos países tienen mayorías para gobernar. Lo que no perciben los ciudadanos es que haya una alternativa que se pueda enfrentar a ellos con salidas prácticas.
--¿Qué le está pasando ahora al PSOE?
--Al PSOE y a la socialdemocracia en general. Ha habido un cambio de rumbo en el capitalismo respecto a las décadas doradas de la segunda mitad del siglo XX, en las que tanto había intervenido la política socialdemócrata. Ese cambio de rumbo ha dejado prácticamente solos a los defensores de las políticas neoliberales y ha desconcertado a los que habían sostenido políticas más justas e igualitarias hasta ese momento.
--Mucha gente les hace culpables también de esa situación hoy en día.
--En todos los países hay una nueva generación, jóvenes muchos de ellos licenciados y profesionales, que han roto con los mitos de la vieja izquierda y a la vez no se ven representados por viejas posiciones.
--¿Qué necesita hacer la izquierda?
--En primer lugar democratizar los partidos. En segundo lugar introducir a gente que representa a nuevos movimientos sociales pero que no son militantes de los partidos. En tercero, elaborar una alternativa teórica y poco dogmática, flexible a la crisis del capitalismo actual.
--¿Por su condición de historiador ha conocido una etapa tan crispada como esta?
--Los años entre 1975 y 1981 fueron extremadamente difíciles, con unos índices de paro elevadísimos, infración disparada, terrorismo de ETA con decenas de muertos al año, y amenaza de golpismo que culminó en febrero de ese año. Pero esa sociedad que salía con miedo de una larga dictadura, tenía esperanzas. En el fondo se sabía que lo que venía iba a ser mejor. Europa estaba al otro lado de los Pirineos esperándonos, y el sueño de la libertad, estaba a punto de hacerse realidad.
--¿Cree que estamos ante un cambio de paradigma?
--Yo prefiero el término cambio de rumbo. Porque están en revisión los tres grandes principios que consolidaron la democracia después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial: uno, la educación responsable y exigente; dos, las políticas fiscales que favorecen a los que menos tienen y gravan a los ricos; y tres, una clase política siempre respetuosa con la soberanía nacional.
--Me habla de la educación...
--Habíamos pensado durante un tiempo que una sociedad civil democrática que le diera valor a la educación, era la solución a todos los problemas; en los últimos años, posiblemente por el consumo masivo, se ha producido que los gobernantes han vuelto a estimular la ignorancia y los ciudadanos han dejado de darle valor a la educación.
--Ellos saben perfectamente lo que hacen...
--Tener ciudadanos poco críticos es siempre una ventaja para el poder. E insisto en la idea de que creíamos que con la transición y la democracia habíamos dado un cambio a esa seña de identidad española durante tanto tiempo. Que se resume en la idea, procedente de los tiempos del caciquismo, que era mejor estimular la ignorancia que promover la educación.
--¿Todo esto sucede en parte porque no conocemos nuestra historia?
--La historia de Europa da importantes lecciones para explicar la crisis económica, de representatividad política, el ascenso de movimientos xenófobos y de ultraderecha en muchos países de Europa... Pero en España la historia del siglo XX se mantuvo fuera de las aulas.
--¿Es también partidario de que no sean los políticos los que diseñen los planes de educación?
--Soy partidario de un amplio acuerdo sobre la educación, de conocer los planes en aquellos países donde mejor han funcionado. Y de abordar definitivamente el problema de una educación supuestamente laica, pero claramente condicionada por los conciertos con la Iglesia Católica.
--Cataluña y País Vasco.
--La transición, si se tiene en cuenta de donde se venía, solucionó razonablemente bien la relaciones entre el Estado y las comunidades, con lenguas y características culturales propias. El terrorismo dificultó muchísimo eso en el País Vasco. Y ahora que está claramente en una vía de solución, aparece un proceso radical, soberanista y de independencia en Cataluña.
--¿Ha fallado algo?
--Han fallado las políticas responsables y se han añadido al análisis una serie de agravios respecto a las políticas estatales, que en realidad no existían. Pero los ciudadanos en Cataluña, educados en esos agravios, los están percibiendo, y eso es lo que importa. Porque detrás de todo esto ya no está solo un nacionalismo radical, sino amplias bases de la sociedad catalana sin conciencia política.
--¿Asustaría ver a Cataluña y el Pais vasco fuera de España?
---Dado que ese proceso es imposible a través de un acuerdo con el resto de España, a cualquiera le puede asustar.
--Creo que utiliza una imagen muy gráfica de España...
--Hoy vamos en proceso inverso. La imagen actual es la de un tren que entra en un túnel largo y oscuro, con un maquinista que no lo sabe conducir, ciudadanos de primera que disfrutan entre ellos y se ríen de los demás; ciudadanos de segunda que todavía tienen trabajo, contribuyen a mantener el sistema, y un amplio vagón de tercera, con ciudadanos que han perdido derechos ya conquistados. Y que no tienen instrumentos para manifestar su indignación.
--¿Aragón está peor o mejor en este tren español?
--Es indudable que, con Zaragoza a la cabeza, estamos en el triángulo que desde Bilbao a Madrid y de Madrid a Barcelona, forma parte de la España más rica y de la que sale mejor en todas las estadísticas.
--Pero...
--Mantenemos desequilibrios importantes entre un mundo rural despoblado y una ciudad que lo domina todo; nuestra clase política no ha mostrado síntomas mejores que la española en general, y creo además, que en esta región en particular los grupos empresariales, políticos y de comunicación, han mostrado muy poco compromiso con las políticas de desarrollo y científicas. La universidad nunca ha estado en el debate ni ha sido considerada como un motor de crecimiento.
--¿Usted viaja constantemente. ¿Cómo se ve España desde fuera? ¿Cómo nos ven?
--Hace unos años no nos veían... Las noticias que salían de España casi siempre estaban relacionadas con el terrorismo o los toros. Una de las cosas que más me ha sorprendido en los dos últimos años ha sido el espacio que le están dedicando en los medios de comunicación internacionales, a la corrupción política, al boom inmobiliario y a la capacidad empresarial para crear trabajo. Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/julian-casanova-la-sociedad-espanola-ha-sido-bastante-tolerante-con-mentira-y-corrupcion-_833293.html
-Alarmas contra la corrupción...
- AD ofrece la lista de los 62 diputados con casa en Madrid que cobran 1.823 euros cada mes en dietas por alojamiento
LM.- Hasta 62 diputados con casa en Madrid cobran dietas por alojamiento. Cada parlamentario en esta situación cobra 1.823 euros al mes que están exentos de cualquier tipo de impuesto.
Además de su sueldo como diputados del congreso y el resto de complementos según su participación en los órganos de las Cortes Generales, los miembros del parlamento tienen derecho también a una asignación mensual en concepto de “indemnizaciones por alojamiento”. Se trata de una cantidad mensual que el Congreso paga a los diputados en función de la circunscripción por la que han sido elegidos, para “afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara”.
Por ese concepto, todos los diputados elegidos en circunscripciones distintas de Madrid ingresan mensualmente un plus de 1.823,26 euros, cuyo fin es cubrir gastos por los días que tienen que permanecer en la capital de España para ejercer sus labores parlamentarias.
LISTA DE LOS DIPUTADOS QUE COBRAN DIETAS DE ALOJAMIENTO PESE A TENER CASA EN MADRID
Nombre partido Circunscripción Viviendas en Madrid
Ana M. Oranas González CC Tenerife 1 vivienda
Mercé Pigem i Palmés CIU Barcelona 1 vivienda
José Luis Ayllón Manso PP Barcelona 1 con plaza de garaje
José Eugenio Azpiroz Villar PP Guipúzcoa 1 con plaza de garaje
Fátima Báñez García PP Huelva 1 vivienda
Pilar Barreiro Álvarez PP Murcia 11 vivienda (1/7 de otra herencia)
José Antonio Bermúdez de Castro PP Salamanca 1 vivienda
Mª Jesús Bonilla Domínguez PP Cuenca 3 viviendas
Pablo Casado Blanco PP Ávila 1 vivienda
Mª Teresa Cobaleda Hernández PP Salamanca 1 vivienda
Guillermo Collarte Rofriguez PP Orense 2 viviendas
Miguel Angel Cortés Martín PP Valladolid 1 vivienda
Antonio Eiras Rey PP La Coruña 1 vivienda
Andrea Fabra Fernández PP Castellón 1 vivienda
Jorge Fernández Díaz PP Barcelona 1 vivienda
Arturo García-Tizón López PP Toledo 4 viviendas
Pedro Ramón G. de la Sema PP Segovia 1 vivienda
Rafael Hernando Fraile PP Almería 1 vivienda
Santiago Lazuela Marina PP Teruel 1 vivienda
J. Ignacio Llorens Torres PP Lérida 1 vivienda
Fernando López-Amor García PP Córdoba 1 vivienda (50% y 33%)
Guillermo Mariscal Anaya PP Las Palmas 1 vivienda
Francisco Márquez de la Rubia PP Ceuta 1 vivienda
Vicente Martínez Pujarte PP Murcia 1 vivienda
José Alberto Martín Toledano PP Ciudad Real 2 viviendas
Juan José Matarí Sáez PP Almería 1 vivienda
Lourdes Méndez Monasterio PP Murcia 1 vivienda
Mª Sandra Moneo Díez PP Burgos 1 vivienda
Cristobal Montoro Romero PP Sevilla 3 viviendas
Manuel Mora Bernat PP Huesca 1 vivienda
Eugenio Nasarre Goicoechea PP Granada 1 vivienda
Jaime E. Olano Vela PP Lugo 1 vivienda
Ana Pastor Luján PP Pontevedra 1 vivienda
José Cruz Pérez Lazaparán PP Navarra 1 vivienda
Alfredo Prada Presa PP León 1 vivienda
Javier Puente Redondo PP Cantabria 1 vivienda
Elvira Rodríguez Herrer PP Jaén 5 viviendas (una de ellas 20% herencia)
Celinda Sánchez García PP Palencia 1 vivienda
Mª Arenales Serrano Arguello PP Valladolid 1 vivienda
Manuel Torres Herrera PP Tenerife 1 vivienda
Ignacio Uriarte Ayala PP Valencia 1 estudio (sic)
Francisco Vaño Ferre PP Toledo 1 vivienda
Celia Villalobos Talero PP Málaga 1 vivienda
José María Barreda Fontes PSOE Ciudad Real 1 piso de 260 m.
Meritxell Batet Lamaña PSOE Barcerlona 1 vivienda
José María Beneito Pérez PSOE Cuenca 1 vivienda
José Blanco López PSOE Lugo 1 vivienda
Jesús Caldera Sánchez-Capitan PSOE Salamanca 1 vivienda
Antonio Camacho Vizcaíno PSOE Zamora 2 viviendas
Mª Luisa Carcedo Roces PSOE Asturias 1 vivienda
Juan Luis Gordo Pérez PSOE Segovia 2 viviendas
Mª Concepción Gutierrez Castillo PSOE Jaén 1 vivienda
Patricia Hernández Gutiérrez PSOE Tenerife 1 vivienda
Antonio Hurtado Zurera PSOE Córdoba 1 vivienda (33%)
Ramón Jáuregui Atondo PSOE Alava 1 vivienda (50%)
Eduardo Madina Muñoz PSOE Vizcaya 1 vivienda
José Martínez Olmos PSOE Granada 1 vivienda
Carmen Montón Giménez PSOE Valencia 1 vivienda
Juan Moscoso del Prado PSOE Navarra 1 vivienda
Pedro José Muñoz González PSOE Ávila 2 viviendas
Inmaculada Rodríguez Piñero PSOE Valencia 1 Loft (sic)
Consuelo Rumí Ibañez PSOE Almería 1 vivienda
José Andrés Torres Mora PSOE Málaga 1 vivienda
Mercé Pigem i Palmés CIU Barcelona 1 vivienda
José Luis Ayllón Manso PP Barcelona 1 con plaza de garaje
José Eugenio Azpiroz Villar PP Guipúzcoa 1 con plaza de garaje
Fátima Báñez García PP Huelva 1 vivienda
Pilar Barreiro Álvarez PP Murcia 11 vivienda (1/7 de otra herencia)
José Antonio Bermúdez de Castro PP Salamanca 1 vivienda
Mª Jesús Bonilla Domínguez PP Cuenca 3 viviendas
Pablo Casado Blanco PP Ávila 1 vivienda
Mª Teresa Cobaleda Hernández PP Salamanca 1 vivienda
Guillermo Collarte Rofriguez PP Orense 2 viviendas
Miguel Angel Cortés Martín PP Valladolid 1 vivienda
Antonio Eiras Rey PP La Coruña 1 vivienda
Andrea Fabra Fernández PP Castellón 1 vivienda
Jorge Fernández Díaz PP Barcelona 1 vivienda
Arturo García-Tizón López PP Toledo 4 viviendas
Pedro Ramón G. de la Sema PP Segovia 1 vivienda
Rafael Hernando Fraile PP Almería 1 vivienda
Santiago Lazuela Marina PP Teruel 1 vivienda
J. Ignacio Llorens Torres PP Lérida 1 vivienda
Fernando López-Amor García PP Córdoba 1 vivienda (50% y 33%)
Guillermo Mariscal Anaya PP Las Palmas 1 vivienda
Francisco Márquez de la Rubia PP Ceuta 1 vivienda
Vicente Martínez Pujarte PP Murcia 1 vivienda
José Alberto Martín Toledano PP Ciudad Real 2 viviendas
Juan José Matarí Sáez PP Almería 1 vivienda
Lourdes Méndez Monasterio PP Murcia 1 vivienda
Mª Sandra Moneo Díez PP Burgos 1 vivienda
Cristobal Montoro Romero PP Sevilla 3 viviendas
Manuel Mora Bernat PP Huesca 1 vivienda
Eugenio Nasarre Goicoechea PP Granada 1 vivienda
Jaime E. Olano Vela PP Lugo 1 vivienda
Ana Pastor Luján PP Pontevedra 1 vivienda
José Cruz Pérez Lazaparán PP Navarra 1 vivienda
Alfredo Prada Presa PP León 1 vivienda
Javier Puente Redondo PP Cantabria 1 vivienda
Elvira Rodríguez Herrer PP Jaén 5 viviendas (una de ellas 20% herencia)
Celinda Sánchez García PP Palencia 1 vivienda
Mª Arenales Serrano Arguello PP Valladolid 1 vivienda
Manuel Torres Herrera PP Tenerife 1 vivienda
Ignacio Uriarte Ayala PP Valencia 1 estudio (sic)
Francisco Vaño Ferre PP Toledo 1 vivienda
Celia Villalobos Talero PP Málaga 1 vivienda
José María Barreda Fontes PSOE Ciudad Real 1 piso de 260 m.
Meritxell Batet Lamaña PSOE Barcerlona 1 vivienda
José María Beneito Pérez PSOE Cuenca 1 vivienda
José Blanco López PSOE Lugo 1 vivienda
Jesús Caldera Sánchez-Capitan PSOE Salamanca 1 vivienda
Antonio Camacho Vizcaíno PSOE Zamora 2 viviendas
Mª Luisa Carcedo Roces PSOE Asturias 1 vivienda
Juan Luis Gordo Pérez PSOE Segovia 2 viviendas
Mª Concepción Gutierrez Castillo PSOE Jaén 1 vivienda
Patricia Hernández Gutiérrez PSOE Tenerife 1 vivienda
Antonio Hurtado Zurera PSOE Córdoba 1 vivienda (33%)
Ramón Jáuregui Atondo PSOE Alava 1 vivienda (50%)
Eduardo Madina Muñoz PSOE Vizcaya 1 vivienda
José Martínez Olmos PSOE Granada 1 vivienda
Carmen Montón Giménez PSOE Valencia 1 vivienda
Juan Moscoso del Prado PSOE Navarra 1 vivienda
Pedro José Muñoz González PSOE Ávila 2 viviendas
Inmaculada Rodríguez Piñero PSOE Valencia 1 Loft (sic)
Consuelo Rumí Ibañez PSOE Almería 1 vivienda
José Andrés Torres Mora PSOE Málaga 1 vivienda
Cotejados los datos que los propios parlamentarios elegidos fuera de Madrid aportan en sus declaraciones patrimoniales, resulta que sesenta y cuatro de ellos poseen una o varias viviendas en Madrid, a pesar de lo cual siguen teniendo derecho a esa indemnización mensual de más de 1.800 euros. Destacan los casos de Elvira Rodríguez, diputada por Jaén, que dispone de cinco viviendas en Madrid (una de ellas participada a través de una herencia) y de Arturo García Tizón, diputado electo por Toledo, propietario a su vez de 4 viviendas en la Comunidad de Madrid.
Esta asignación ha sido polémica en los últimos meses, pues Toni Cantó, de UPyD renunció a la misma cuando fue elegido por Valencia en las últimas elecciones. El actor ya tiene casa en Madrid y declaró entonces que no necesitaba un complemento para cubrir sus gastos en la capital de España. En aquel momento, desde el PP y el PSOE se le tildó de oportunista y demagógico. No se ha hecho público ningún otro caso de un diputado o senador que haya rechazado la dieta para los desplazamientos a Madrid.
Se da la circunstancia añadida de que al tratarse de indemnizaciones para cubrir gastos, estas cantidades puestas mensualmente a disposición de los señores diputados están exentas del pago de cualquier impuesto. Fuente: http://www.alertadigital.com/2012/07/27/hasta-63-diputados-con-casa-en-madrid-cobran-1-823-euros-mensuales-en-dietas-por-alojamiento/
-Redefiniendo lo normal
En España lo inaceptable se ha convertido en común. ¿Queremos que sea así?
El senador demócrata estadounidense Daniel Patrick Moynihan escribió un famoso artículo académico
en 1993 en el que argumentaba que la sociedad americana había
“redefinido las desviaciones hacia abajo”, de forma que ahora lo normal
incluía conductas antes consideradas completamente inaceptables. Por
ejemplo, mientras que la matanza de San Valentín, en el Chicago de 1929,
en la que cuatro gánsteres mataron a otros siete, se convirtió en una
leyenda que ha sobrevivido hasta hoy, Los Ángeles sufría en 1993 una
masacre de San Valentín cada fin de semana. Lo extraordinario se había
convertido en normal.
Es fácil imaginar lo que hubiera escrito el senador Moynihan tras el asombroso titular de un artículo del imprescindible Íñigo de Barrón en estas páginas el 21 de enero: El Gobierno cambiará la ley para que condenados puedan dirigir entidades. Lo normal. El estar condenado en firme por un crimen en absoluto quiere decir que uno no sea honrado, para nada, es que usted no lo entiende. Los ladrones son gente honrada. Los que se dopan también. Y los corruptos. Lo espeluznante empieza a ser habitual.
Los ciudadanos nos imaginamos que sí, que los sobres existieron, que seguramente también los recibos existen, pero que ni el que pagó los sueldos, ni el que los cobró, ni el que recaudó el impuesto revolucionario pasarán un solo día en la cárcel. Es lo normal. Los políticos son corruptos, qué le vamos a hacer, se dice la gente ante la impunidad, frustrada, sin otra alternativa que votar a los otros, en los que tampoco creen.
Esta es una consecuencia más del envilecimiento que ha supuesto la
burbuja inmobiliaria y el daño que ha hecho a nuestras instituciones.
Hasta hace poco, cuando hablábamos de las negativas consecuencias de la
burbuja para el crecimiento económico de España a largo plazo, solíamos
enfatizar el sobreendeudamiento y la falta de inversión en capital
humano (ver Curando nuestra enfermedad holandesa,
con Florentino Felgueroso, en estas páginas en febrero de 2012): la
burbuja había hecho bajar el valor de los estudios, con la consiguiente
subida del abandono escolar, dejando a muchos jóvenes sin la formación
necesaria para el mundo de hoy.
Estas semanas vemos con claridad que tan importante como el impacto sobre el capital humano ha sido el impacto sobre las instituciones. Tras la campaña catalana y el caso Bárcenas, parece claro que la corrupción relacionada con el boom inmobiliario, que los españoles siempre vimos como algo que pasaba en algunos Ayuntamientos costeros, ha afectado profundamente a la clase política. Muchas personas que nos parecían por encima de cualquier tentación criminal parecen haberse comportado como vulgares mafiosos.
Si los corruptos y demás criminales no reciben castigo, ¿qué disuadirá a los que se plantean estas actividades de llevarlas a cabo? Las consecuencias de tal impunidad para el crecimiento económico pueden ser brutales. Volver al crecimiento económico requiere que las instituciones funcionen. Como explican Acemoglu y Robinson en su reciente libro ¿Por qué fracasan los países?, la clave del desarrollo económico no es tener una geografía favorable, ni la cultura (la ética protestante), sino tener instituciones inclusivas, robustas y bien diseñadas que, en lo económico, garanticen los derechos de propiedad, la ley y el orden, el funcionamiento de los mercados, la entrada libre en los mercados y la libertad para establecer nuevas empresas, la efectividad de los contratos, el acceso a la educación y la oportunidad para que la gran mayoría de los ciudadanos y, en lo político, garanticen la participación y el pluralismo y la imposición de restricciones y controles sobre la arbitrariedad de los políticos. Todo esto es necesario para que los ciudadanos puedan tomar decisiones a largo plazo, pudiendo predecir sus consecuencias, sin miedo a que el poderoso de turno se las apropie.
Por supuesto, la corrupción no solo sucede en España. Pero solo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo tienen lugar estas conductas sin temor a pisar la cárcel, sin atadura ni miedo alguno. Los gobernadores más recientes del Estado de Illinois no estaban por detrás de los peores políticos españoles en la carrera de los corruptos. Pero el fiscal del Estado los acusaba, un juzgado popular los encontraba culpables e iban a parar con sus huesos a la cárcel. El último de ellos, Rod Blagojevich, ha sido condenado a 13 años de prisión. El anterior, George Ryan, a seis años de cárcel por “dar contratos a sus amigos a cambio de dinero y vacaciones pagadas y mentir al FBI al respecto”.
¿Cuántos políticos españoles cumplirían esa definición?
En España hay muchísimos profesionales brillantes, de primera línea mundial. Gente que hace su trabajo bien, que se deja la piel, que cumple. Pero esta corrupción sin castigo desmoraliza a los que trabajan, a los que cumplen, a los que pagan. Esta corrupción daña peligrosamente el crecimiento económico y la salida de la crisis. El país no debe tolerarlo más.
¿Qué hacer? Primero, nuestro sistema es absurdamente garantista. ¿Recuerdan la decisión de la Universidad de Sevilla por la que no se podía expulsar a un estudiante de un examen, pobrecito, al que el profesor pilla copiando in fraganti? Segundo, las asociaciones profesionales de jueces han politizado mucho la profesión. Esto hace que haya que tener pruebas muy contundentes para condenar a nadie y más si son políticos. Tercero, hay que objetivizar el uso de los indultos (el conductor suicida con conexiones) y del tercer grado (el alto cargo del PP condenado en Cuba). Finalmente, muchos jueces, simplemente, y esto es un secreto a gritos, no dan palo al agua (aunque haya otros trabajando 12 horas al día). Desgraciadamente, va a ser necesario obligar por ley a los jueces a ir a su oficina seis o siete horas al día. Sí, fichar, y no de martes a jueves y de 10.00 a 14.00 como muchos hacen ahora (“¡y no me llevo trabajo ningún día, que conste!”, comentaba una amiga jueza recientemente). Y promocionarlos solo cuando resuelvan sus asuntos a tiempo y cuando sus sentencias no sean revocadas en apelación, criterios objetivos y verificables.
Si la justicia no funciona, si no es capaz de hacer su trabajo de hacer cumplir la ley, el país no tiene arreglo. Como han mostrado Manuel Bagues y Berta Esteve-Volart en un estudio de los programas de incentivos para los jueces, los incentivos, también aquí, funcionan si se diseñan bien.
La sociedad española se encuentra en una encrucijada. ¿Queremos que sea esto lo normal?Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2013/01/25/actualidad/1359131149_329965.html
Es fácil imaginar lo que hubiera escrito el senador Moynihan tras el asombroso titular de un artículo del imprescindible Íñigo de Barrón en estas páginas el 21 de enero: El Gobierno cambiará la ley para que condenados puedan dirigir entidades. Lo normal. El estar condenado en firme por un crimen en absoluto quiere decir que uno no sea honrado, para nada, es que usted no lo entiende. Los ladrones son gente honrada. Los que se dopan también. Y los corruptos. Lo espeluznante empieza a ser habitual.
Los ciudadanos nos imaginamos que sí, que los sobres existieron, que seguramente también los recibos existen, pero que ni el que pagó los sueldos, ni el que los cobró, ni el que recaudó el impuesto revolucionario pasarán un solo día en la cárcel. Es lo normal. Los políticos son corruptos, qué le vamos a hacer, se dice la gente ante la impunidad, frustrada, sin otra alternativa que votar a los otros, en los que tampoco creen.
Esta es una consecuencia más del envilecimiento que ha supuesto la burbuja inmobiliaria y el daño que ha hecho a nuestras instituciones”
Estas semanas vemos con claridad que tan importante como el impacto sobre el capital humano ha sido el impacto sobre las instituciones. Tras la campaña catalana y el caso Bárcenas, parece claro que la corrupción relacionada con el boom inmobiliario, que los españoles siempre vimos como algo que pasaba en algunos Ayuntamientos costeros, ha afectado profundamente a la clase política. Muchas personas que nos parecían por encima de cualquier tentación criminal parecen haberse comportado como vulgares mafiosos.
Si los corruptos y demás criminales no reciben castigo, ¿qué disuadirá a los que se plantean estas actividades de llevarlas a cabo? Las consecuencias de tal impunidad para el crecimiento económico pueden ser brutales. Volver al crecimiento económico requiere que las instituciones funcionen. Como explican Acemoglu y Robinson en su reciente libro ¿Por qué fracasan los países?, la clave del desarrollo económico no es tener una geografía favorable, ni la cultura (la ética protestante), sino tener instituciones inclusivas, robustas y bien diseñadas que, en lo económico, garanticen los derechos de propiedad, la ley y el orden, el funcionamiento de los mercados, la entrada libre en los mercados y la libertad para establecer nuevas empresas, la efectividad de los contratos, el acceso a la educación y la oportunidad para que la gran mayoría de los ciudadanos y, en lo político, garanticen la participación y el pluralismo y la imposición de restricciones y controles sobre la arbitrariedad de los políticos. Todo esto es necesario para que los ciudadanos puedan tomar decisiones a largo plazo, pudiendo predecir sus consecuencias, sin miedo a que el poderoso de turno se las apropie.
Por supuesto, la corrupción no solo sucede en España. Pero solo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo tienen lugar estas conductas sin temor a pisar la cárcel, sin atadura ni miedo alguno. Los gobernadores más recientes del Estado de Illinois no estaban por detrás de los peores políticos españoles en la carrera de los corruptos. Pero el fiscal del Estado los acusaba, un juzgado popular los encontraba culpables e iban a parar con sus huesos a la cárcel. El último de ellos, Rod Blagojevich, ha sido condenado a 13 años de prisión. El anterior, George Ryan, a seis años de cárcel por “dar contratos a sus amigos a cambio de dinero y vacaciones pagadas y mentir al FBI al respecto”.
Solo en países subdesarrollados tienen lugar estas conductas sin temor a pisar la cárcel, sin atadura ni miedo alguno”
En España hay muchísimos profesionales brillantes, de primera línea mundial. Gente que hace su trabajo bien, que se deja la piel, que cumple. Pero esta corrupción sin castigo desmoraliza a los que trabajan, a los que cumplen, a los que pagan. Esta corrupción daña peligrosamente el crecimiento económico y la salida de la crisis. El país no debe tolerarlo más.
¿Qué hacer? Primero, nuestro sistema es absurdamente garantista. ¿Recuerdan la decisión de la Universidad de Sevilla por la que no se podía expulsar a un estudiante de un examen, pobrecito, al que el profesor pilla copiando in fraganti? Segundo, las asociaciones profesionales de jueces han politizado mucho la profesión. Esto hace que haya que tener pruebas muy contundentes para condenar a nadie y más si son políticos. Tercero, hay que objetivizar el uso de los indultos (el conductor suicida con conexiones) y del tercer grado (el alto cargo del PP condenado en Cuba). Finalmente, muchos jueces, simplemente, y esto es un secreto a gritos, no dan palo al agua (aunque haya otros trabajando 12 horas al día). Desgraciadamente, va a ser necesario obligar por ley a los jueces a ir a su oficina seis o siete horas al día. Sí, fichar, y no de martes a jueves y de 10.00 a 14.00 como muchos hacen ahora (“¡y no me llevo trabajo ningún día, que conste!”, comentaba una amiga jueza recientemente). Y promocionarlos solo cuando resuelvan sus asuntos a tiempo y cuando sus sentencias no sean revocadas en apelación, criterios objetivos y verificables.
Si la justicia no funciona, si no es capaz de hacer su trabajo de hacer cumplir la ley, el país no tiene arreglo. Como han mostrado Manuel Bagues y Berta Esteve-Volart en un estudio de los programas de incentivos para los jueces, los incentivos, también aquí, funcionan si se diseñan bien.
La sociedad española se encuentra en una encrucijada. ¿Queremos que sea esto lo normal?Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2013/01/25/actualidad/1359131149_329965.html
- Me consta, no me consta
Si la semana pasada fue demoledora, ¿qué decir de esta? La verdad es que van faltando las palabras, incluso a quienes nos dedicamos a escribir. Cuando entrego este artículo han pasado ya tres días desde que se supo que, según un juez, el extesorero del PP tenía una fortuna en Suiza -a mí no me consta de dónde la sacó, y por eso no entro ni siquiera en esa especulación-. Lo que sí podemos constatar es que el Partido Popular, el partido que gobierna España -al que no le consta nada de la actividad ilegal de Luis Bárcenas-, puso sus cuentas en manos de un señor dedicado a evadir impuestos utilizando sociedades radicadas en paraísos fiscales. Hay que recordar que esto es un delito y que lo cometió mientras aún trabajaba en la sede de la calle de Génova. Como mínimo, y sin que me conste nada más grave de qué acusar a los dirigentes populares, fueron unos irresponsables y negligentes porque no controlaron a quien tenía que controlarles el dinero. Y eso que trabajó para ellos 30 años.
Luis Bárcenas, durante un comité ejecutivo del PP presidido por Rajoy, en el 2009. ARCHIVO / DAVID CASTRO
Información publicada en la página 64 de la sección de Contraportada de la edición impresa del día 19 de enero de 2013
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Asombro y estupor
Tampoco le consta al Ministerio de Hacienda que Luis Bárcenas haya blanqueado diez millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal del ministro Montoro, porque el extesorero lo hizo amparándose en el nombre de una sociedad. No hay constancia de que Hacienda, una vez descubierto el pastel, haya dicho ya que esa regularización es fraudulenta. Pero a todos nos consta -lo han dicho sus propios abogados- que quien se oculta tras el nombre de esa sociedad está siendo investigado por la Audiencia Nacional, imputado por los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.Dejo aquí constancia del asombro y el estupor que provoca una semana más la secuencia de noticias que se encadenan unas con otras como si de dos realidades distintas se tratara.
Porque el próximo jueves conoceremos las cifras de la encuesta de población activa del último trimestre del año. Es el barómetro más fiable y preciso sobre las personas que buscan empleo en España y no lo encuentran. La última dio 5.778.100 personas paradas. Salvo milagro, la cifra será un nuevo mazazo. Puede superar los seis millones de parados. A la mayoría de ellos la palabra sueldo les suena a castellano antiguo. Y no digamos ya sobresueldo.
-Un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos en la cúpula del PP
Jorge Trías Sagnier asegura que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo, de hasta 10.000 euros al mes, como complemento de sueldo para algunos dirigentes
El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías Saigner en 2001. / GUSTAVO CUEVAS (EFE)
Jorge Trías Sagnier, diputado del Partido Popular en la legislatura 1996-2000 y actualmente abogado en ejercicio, denuncia en un artículo que hoy publica EL PAÍS la existencia de sobresueldos de hasta 10.000 euros al mes
que se repartían en la cúpula del PP. El dinero, según esta versión, se
entregaba “en efectivo y en sobres”, y la cantidad variaba en función
de los “cargos y las responsabilidades”. El relato de Trías Sagnier, el
primero avalado con nombre y apellidos desde que estalló el escándalo de
los sobresueldos opacos, sostiene que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta (de 1993 a 2008) y Luis Bárcenas
“llevaban una contabilidad B tanto de las donaciones personificadas
como de las anónimas, y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese
dinero” —esto es, “una lista de donantes y receptores”—.
El exgerente y extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, con quien Trías Sagnier declara tener amistad, ha sido el hombre clave en las finanzas del PP durante 20 años. Apartado de los cargos por su imputación en el caso Gürtel, la investigación judicial ha destapado que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros en cuentas suizas junto con otros socios aún no identificados; una parte importante de este dinero ha sido regularizado gracias a la amnistía fiscal.
Tras conocerse esta semana su fortuna oculta en Suiza, saltaron a la luz las acusaciones vertidas por el entorno de Bárcenas de que la cúpula del PP recibía los citados sobresueldos, extremo negado por los máximos dirigentes populares. El abogado y exdiputado del PP señala que la recepción de este dinero, en caso de no haber sido declarado, no implica necesariamente un delito, debido a que la cuota defraudada quedaría por debajo del umbral delictivo.
Trías Sagnier, cuya mediación en el caso Gürtel entre el juez Pedreira y Rajoy generó polémica hace un año, reconoce en Luis Bárcenas un amigo con quien ha recorrido “montañas y tenido larguísimas conversaciones”.
El exdiputado popular pide tanto a Dolores de Cospedal como a Mariano Rajoy que, aunque ellos hayan acabado con la práctica del reparto de sobres para la cúpula del partido, den explicaciones en detalle a los ciudadanos y a los propios afiliados y miembros del PP. Que aporten toda la información de la que disponen para despejar las dudas que han surgido sobre lo sucedido en el seno del Partido Popular. “Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?”, concluye.
Lee el artículo completo de Jorge Trías Sagnier:
JORGE TRÍAS SAGNIER
Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los
partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está
ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”.
Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están
limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido
—porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de
explicaciones. Y rápidas.
En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.
Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos.
Ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.
Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.
¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.
Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.
No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.
Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.
Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.
Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.
Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.
El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?
El exgerente y extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, con quien Trías Sagnier declara tener amistad, ha sido el hombre clave en las finanzas del PP durante 20 años. Apartado de los cargos por su imputación en el caso Gürtel, la investigación judicial ha destapado que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros en cuentas suizas junto con otros socios aún no identificados; una parte importante de este dinero ha sido regularizado gracias a la amnistía fiscal.
Tras conocerse esta semana su fortuna oculta en Suiza, saltaron a la luz las acusaciones vertidas por el entorno de Bárcenas de que la cúpula del PP recibía los citados sobresueldos, extremo negado por los máximos dirigentes populares. El abogado y exdiputado del PP señala que la recepción de este dinero, en caso de no haber sido declarado, no implica necesariamente un delito, debido a que la cuota defraudada quedaría por debajo del umbral delictivo.
Trías Sagnier, cuya mediación en el caso Gürtel entre el juez Pedreira y Rajoy generó polémica hace un año, reconoce en Luis Bárcenas un amigo con quien ha recorrido “montañas y tenido larguísimas conversaciones”.
El exdiputado popular pide tanto a Dolores de Cospedal como a Mariano Rajoy que, aunque ellos hayan acabado con la práctica del reparto de sobres para la cúpula del partido, den explicaciones en detalle a los ciudadanos y a los propios afiliados y miembros del PP. Que aporten toda la información de la que disponen para despejar las dudas que han surgido sobre lo sucedido en el seno del Partido Popular. “Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?”, concluye.
Lee el artículo completo de Jorge Trías Sagnier:
¿Sombras o certezas?
JORGE TRÍAS SAGNIER
Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los
partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está
ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”.
Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están
limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido
—porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de
explicaciones. Y rápidas.En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.
Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos.
Ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.
Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.
¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.
Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.
No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.
Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.
Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.
Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.
Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.
El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?
Jorge Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.
-Duran aseguró en 2000 que dimitiría si existía el fraude
El líder de Unió afirmó que el 'caso Pallerols' era una campaña para desacreditarlo
Josep Antoni Duran Lleida. / CARLES RIBAS
Unió Democràtica
ha admitido que se financió ilegalmente, pero el partido no quiso hacer
ayer ninguna valoración política del caso. Un portavoz democristiano se
limitó a remitir al acuerdo entre las partes como toda explicación.
En ningún caso habrá dimisiones. Y ello pese a que el líder de Unió en las últimas tres décadas, Josep Antoni Duran Lleida, dijo que dimitiría si se confirmaba la financiación ilegal del partido, delito que Unió reconoció ayer.
En una entrevista concedida en noviembre del 2000 a la Cadena SER, Duran negó rotundamente que hubiera financiación ilegal y se mostró dispuesto a renunciar a su cargo si se demostraba lo contrario. El democristiano, que en ese momento pugnaba por ser el sucesor del entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol, denunció que el 'caso Pallerols' era una campaña política para desacreditarlo. “Hay un contexto político que permite deducir y presumir, y a veces con alguna prueba, de que en la medida que se prive de las ideas y las propuestas de Duran llegue a los ciudadanos de Cataluña ¿mucho mejor, no?”.
Unió admitió ayer que la financiación ilegal es cierta, pero Duran no tiene previsto dimitir, según confirmó un portavoz.Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/09/catalunya/1357686794_615810.html
En ningún caso habrá dimisiones. Y ello pese a que el líder de Unió en las últimas tres décadas, Josep Antoni Duran Lleida, dijo que dimitiría si se confirmaba la financiación ilegal del partido, delito que Unió reconoció ayer.
En una entrevista concedida en noviembre del 2000 a la Cadena SER, Duran negó rotundamente que hubiera financiación ilegal y se mostró dispuesto a renunciar a su cargo si se demostraba lo contrario. El democristiano, que en ese momento pugnaba por ser el sucesor del entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol, denunció que el 'caso Pallerols' era una campaña política para desacreditarlo. “Hay un contexto político que permite deducir y presumir, y a veces con alguna prueba, de que en la medida que se prive de las ideas y las propuestas de Duran llegue a los ciudadanos de Cataluña ¿mucho mejor, no?”.
Unió admitió ayer que la financiación ilegal es cierta, pero Duran no tiene previsto dimitir, según confirmó un portavoz.Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/09/catalunya/1357686794_615810.html
- “Los contratos de Baltar son una auténtica chapuza”
Baltar, en la Diputación de Ourense en 2010. / NACHO GÓMEZ
El baltarismo no se fraguó solo. El poder omnímodo con el
que el fundador de la dinastía, José Luis Baltar, hizo y deshizo durante
dos décadas cientos de contratos laborales a enchufados en la
Diputación de Ourense —que le sirvieron para perpetuarse en el poder del
PP y de la propia institución provincial a través de su hijo— tuvo
colaboradores necesarios desde un punto de vista judicial. Entre otros,
los jefes de personal, en su mayoría colocados por él mismo, y parientes
suyos o de cargos públicos del PP. Y también los sindicatos. Así se desprende de la querella del fiscal contra el viejo cacique ourensano, que ayer admitió a trámite el juez Leonardo Álvarez.
El titular del juzgado número 1 de Ourense se incorporó el lunes a su puesto, se topó con la querella del Ministerio Público y no dio crédito. Algunos de los hechos denunciados y contrastados por la fiscalía “son una auténtica chapuza, en el caso de que no sean un error”, destaca perplejo el juez Álvarez. Hoy mismo hará público el auto que supone la imputación del exbarón del PP de Galicia, a quien citará a declarar después de que desfilen por el juzgado cuatro jefes de personal —supuestamente colocados a dedo por Baltar—, los tres representantes sindicales en la comisión de control de la Diputación — que, según la querella, no controlaron nada— cuatro de los enchufados y, finalmente, ya hacia el próximo mes de febrero, el propio imputado. “Apenas les haré dos preguntas a cada uno”, advierte el titular del juzgado ourensano.
Entre las “cosas tan extrañas” que sorprendieron a Leonardo Álvarez tras la lectura de los 800 folios de la denuncia penal presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado —referida solo a los presuntos 104 empleados a dedo, vinculados al PP, en las vísperas del congreso provincial del partido de 2010, que encumbró a la presidencia provincial al hijo del exbarón, Manuel Baltar— destacan casos como que una sola persona figure contratada, en el mismo periodo de tres meses, para cuatro empleos distintos en otros tantos organismos dependientes de la Diputación. En realidad, ese tipo de prácticas no eran novedosas en el entramado administrativo que crearon los Baltar.
A finales de 2009, cuando ató la sucesión de su hijo al frente del PP de Ourense, José Luis Baltar ya era un experto avezado en la contratación masiva de personas vinculadas al partido a través de la Diputación que presidía. Cuando el bipartito formado por PSOE y BNG se hizo con la alcaldía de Ourense, en las elecciones municipales de 2009, desbancando al PP; se encontró con un sistema de sillas calientes utilizado por los enchufados del exbarón: como no había sitio para todos en las oficinas municipales, los colocados por Baltar en la institución local se turnaban para usar las sillas. Mientras unos salían a tomar el café o a hacer recados, las ocupaban otros. Y todos, aunque trabajaban en el Ayuntamiento de la capital provincial, cobraban de la Diputación.
Cuando, a finales de 2009, Baltar padre pugnaba para amarrar la sucesión de su hijo Manuel al frente del partido, contra una candidatura alternativa auspiciada por Feijóo, la espiral de contrataciones se disparó. El fiscal denuncia en su querella el empleo —sin informes ni proceso de selección, es decir, a dedo— en ese momento, de 104 personas en 19 organismos; ayuntamientos, fundaciones y otras instituciones dependientes o controladas por la Diputación. El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para cuidar tres puertas, aunque, según Baltar, se han reducido ahora a 16) solicitó por vía de urgencia 12 personas más. La primera mujer de Manuel Baltar, enchufada desde hace tiempo como gerente del Teatro Principal de la ciudad, reclamó nueve personas más por la misma vía. Y así hasta 19 organismos. Uno tras otro.
El fiscal acusa ahora a Baltar de un delito de prevaricación continuado basado en el enchufismo. Pero solo en el de las vísperas del congreso del PP. Aunque el juez reconoce que podría ampliar esa querella “siempre que los hechos que se documenten estén relacionados con esas contrataciones”. Álvarez explica que su instrucción se ceñirá a los más de un centenar de empleos que el fiscal ourensano tilda de ilegales en ese periodo precongresual. Pero puntualiza que si se presentasen pruebas que evidenciaran que fueron concedidos a cambio de “dádivas”, podría añadir al imputado otros delitos.
Tanto el PSOE, autor de la denuncia registrada en la fiscalía, como el sindicato Manos Limpias han solicitado personarse como acusación particular. Manos Limpias presentará la misma documentación sobre el supuesto incremento patrimonial del autodenominado “cacique bueno” que el pasado año un anónimo registró en la Fiscalía Anticorrupción y de la que este diario informó el pasado julio. Se trata de una extensa documentación que incluye datos sobre el patrimonio personal del ahora jubilado Baltar (diversos inmuebles en Galicia, además de una colección personal de más de un centenar de coches antiguos supuestamente concedidos a cambio de empleos, según la documentación del denunciante) así como de otros políticos de su núcleo duro. Los socialistas intentan aportar, además, documentación relativa a fondos europeos “que no fueron destinados al fin requerido”.
Mientras el baltarismo se enfrenta por primera vez a la justicia, el heredero del fundador de la dinastía, Manuel Baltar Blanco, evita las comparecencias públicas. Su padre sí da la cara, pero el hijo ha puesto a su brazo derecho en la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, a despejar balones.
El titular del juzgado número 1 de Ourense se incorporó el lunes a su puesto, se topó con la querella del Ministerio Público y no dio crédito. Algunos de los hechos denunciados y contrastados por la fiscalía “son una auténtica chapuza, en el caso de que no sean un error”, destaca perplejo el juez Álvarez. Hoy mismo hará público el auto que supone la imputación del exbarón del PP de Galicia, a quien citará a declarar después de que desfilen por el juzgado cuatro jefes de personal —supuestamente colocados a dedo por Baltar—, los tres representantes sindicales en la comisión de control de la Diputación — que, según la querella, no controlaron nada— cuatro de los enchufados y, finalmente, ya hacia el próximo mes de febrero, el propio imputado. “Apenas les haré dos preguntas a cada uno”, advierte el titular del juzgado ourensano.
Entre las “cosas tan extrañas” que sorprendieron a Leonardo Álvarez tras la lectura de los 800 folios de la denuncia penal presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado —referida solo a los presuntos 104 empleados a dedo, vinculados al PP, en las vísperas del congreso provincial del partido de 2010, que encumbró a la presidencia provincial al hijo del exbarón, Manuel Baltar— destacan casos como que una sola persona figure contratada, en el mismo periodo de tres meses, para cuatro empleos distintos en otros tantos organismos dependientes de la Diputación. En realidad, ese tipo de prácticas no eran novedosas en el entramado administrativo que crearon los Baltar.
A finales de 2009, cuando ató la sucesión de su hijo al frente del PP de Ourense, José Luis Baltar ya era un experto avezado en la contratación masiva de personas vinculadas al partido a través de la Diputación que presidía. Cuando el bipartito formado por PSOE y BNG se hizo con la alcaldía de Ourense, en las elecciones municipales de 2009, desbancando al PP; se encontró con un sistema de sillas calientes utilizado por los enchufados del exbarón: como no había sitio para todos en las oficinas municipales, los colocados por Baltar en la institución local se turnaban para usar las sillas. Mientras unos salían a tomar el café o a hacer recados, las ocupaban otros. Y todos, aunque trabajaban en el Ayuntamiento de la capital provincial, cobraban de la Diputación.
Cuando, a finales de 2009, Baltar padre pugnaba para amarrar la sucesión de su hijo Manuel al frente del partido, contra una candidatura alternativa auspiciada por Feijóo, la espiral de contrataciones se disparó. El fiscal denuncia en su querella el empleo —sin informes ni proceso de selección, es decir, a dedo— en ese momento, de 104 personas en 19 organismos; ayuntamientos, fundaciones y otras instituciones dependientes o controladas por la Diputación. El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para cuidar tres puertas, aunque, según Baltar, se han reducido ahora a 16) solicitó por vía de urgencia 12 personas más. La primera mujer de Manuel Baltar, enchufada desde hace tiempo como gerente del Teatro Principal de la ciudad, reclamó nueve personas más por la misma vía. Y así hasta 19 organismos. Uno tras otro.
El fiscal acusa ahora a Baltar de un delito de prevaricación continuado basado en el enchufismo. Pero solo en el de las vísperas del congreso del PP. Aunque el juez reconoce que podría ampliar esa querella “siempre que los hechos que se documenten estén relacionados con esas contrataciones”. Álvarez explica que su instrucción se ceñirá a los más de un centenar de empleos que el fiscal ourensano tilda de ilegales en ese periodo precongresual. Pero puntualiza que si se presentasen pruebas que evidenciaran que fueron concedidos a cambio de “dádivas”, podría añadir al imputado otros delitos.
Tanto el PSOE, autor de la denuncia registrada en la fiscalía, como el sindicato Manos Limpias han solicitado personarse como acusación particular. Manos Limpias presentará la misma documentación sobre el supuesto incremento patrimonial del autodenominado “cacique bueno” que el pasado año un anónimo registró en la Fiscalía Anticorrupción y de la que este diario informó el pasado julio. Se trata de una extensa documentación que incluye datos sobre el patrimonio personal del ahora jubilado Baltar (diversos inmuebles en Galicia, además de una colección personal de más de un centenar de coches antiguos supuestamente concedidos a cambio de empleos, según la documentación del denunciante) así como de otros políticos de su núcleo duro. Los socialistas intentan aportar, además, documentación relativa a fondos europeos “que no fueron destinados al fin requerido”.
Mientras el baltarismo se enfrenta por primera vez a la justicia, el heredero del fundador de la dinastía, Manuel Baltar Blanco, evita las comparecencias públicas. Su padre sí da la cara, pero el hijo ha puesto a su brazo derecho en la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, a despejar balones.
-Un juez de la Audiencia Nacional acusa a banqueros y políticos corruptos de quebrar España
«Han dejado el país más doblado que en años de terrorismo», escribe el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
Después de la «decadencia de la clase política» denunciada por el juez Santiago Pedraz en el auto de archivo de la causa por manifestación del 25-S ante el Congreso, otro instructor de la Audiencia Nacional ha vuelto a poner el dedo en la llaga con unas duras acusaciones a los políticos y banqueros corruptos.
A diferencia de Pedraz, que eligió una resolución judicial para
criticar la deriva de los políticos, el juez Eloy Velasco aprovechó un
artículo publicado en el último número de la revista de la Asociación
Profesional de la Magistratura, el colectivo conservador y mayoritario
de la carrera judicial, al que pertenece. La columna se titula ‘Las
competencias de la Audiencia Nacional: del terrorismo a la delincuencia
con corbata y olor a Chanel’ y en la misma destaca el daño que ha hecho a
España la corrupción política y los desmanes de los banqueros
encausados.
«Los políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas y los
banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia
la quiebra que al final tenemos que pagar todos, y que con olor a Chanel
o a Loewe, han dejado el país más doblado que muchos años de
terrorismo», afirma Velasco.
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6,
que el pasado 6 de diciembre envió a prisión al expresidente de la CEOE
Gerardo Díaz Ferrán, bajo fianza de 30 millones de euros, hace esta
referencia a los corruptos para justificar la necesidad de que la
Audiencia Nacional siga investigando estas conductas, en un momento
donde crecen las voces que apuestan por su desaparición ante el final de
ETA.
Pullazo a la prensa
Velasco explica que los casos de terrorismo, pese a ser muy
mediáticos, ocupan un porcentaje muy escaso en los juzgados comparado
con otros asuntos. Para ello enumera la corrupción, el crimen
organizado, terrorismo internacional, delitos económicos, justicia
universal, salud pública, delitos informáticos o el narcotráfico, «la
materia que más esfuerzo y trabajo nos exige pese a que la prensa solo
le interesa cuando a un juzgado se le pasa uno de los tantos plazos que
constantemente hay que observar». Por todo ello, considera que «es
necesario que exista la Audiencia Nacional, y si no, había que hacerla
existir».
No es la primera vez que el juez, exdirector general de Justicia en
la Comunidad Valenciana con Eduardo Zaplana, se desmarca con
reflexiones un tanto polémicas. Hace un año, en una jornadas sobre la
situación de la Justicia organizadas por el consejo notarial, Velasco se
mostró partidario de que el Tribunal Constitucional desapareciera
coincidiendo con las voces políticas que rechazaban su existencia tras
legalizar Bildu.
En ese foro, el juez que investigó el caso del saqueo de Marbella
también dejó un recado a los políticos. «La Justicia no se arregla sin
política, pero la política pasa de la Justicia», lamentó, al tiempo que
confió en que sus demandas para mejor la administración judicial «se
fuguen a alguno de esos cerebros maravillosos que viven de la política».Fuente: http://vistoenlaweb.org/2012/12/17/un-juez-de-la-audiencia-nacional-acusa-a-banqueros-y-politicos-corruptos-de-quebrar-espana/
-
-Especulación indecente en el mundo del arte... sobre un dibujo excepcional y su genial pintor.
http://hoyesarte.com/mercado/subastas/12422-un-dibujo-de-rafael-alcanza-los-366-millones-de-euros.html
-Díaz Ferrán no actuaba solo
La funcionaria con más tiempo libre de España –la
articulista, conferenciante, mitinera, tuitera y bloguera Esperanza
Aguirre– ha dado su opinión esta semana sobre sanidad, horarios
comerciales, el nuevo libro de Václav Klaus, los derechos humanos en
Cuba... Lamentablemente, no ha tenido un rato para ilustrarnos sobre la
detención de Gerardo Díaz Ferrán. Es un silencio sospechoso. Aguirre en
particular y el PP en general tienen mucho que contarnos sobre el hombre
del lingote de oro al que Aznar condecoró con la medalla de plata al
Mérito en el Trabajo.
El expresidente de la patronal
no solo decía queEsperanza Aguirre era «cojonuda», también lo demostraba
con sus actos. En el 2003, varios importantes empresarios españoles
donaron más de un millón de euros a Fundescam, una opaca fundación del
PP de Madrid que después gastó los donativos en la campaña electoral de
Aguirre. La trama Gürtel se ocupó de falsear las facturas para intentar
borrar el rastro de aquel dinero. Díaz Ferránfue el mayor donante de
Fundescam: aportó 246.00 euros en seis entregas. Su generosidad no fue
en vano. La Comunidad de Madrid concedió después a sus empresas 6,4
millones en contratos públicos.
El caso Fundescam no
prosperó. Tanto Anticorrupción como la Agencia Tributaria veían una
presunta ilegalidad, pero ya estaba prescrita. EnEspañistán, el delito
electoral caduca en solo cuatro años. El Tribunal de Cuentas lleva un
retraso de cinco años en sus informes sobre la financiación de los
partidos, así que estos pecadillos suelen quedar impunes. Fuente: http://www.eldiario.es/escolar/Diaz-Ferran-PP-patronal_6_77752226.html
-El mafioso, el “emprendedor” y la conexión municipal sostienen los negocios de la noche
Hace ya bastantes años caí yo en una reunión de conocidos, convocada
por alguien que estrenaba casa. Era una mansión extravagante, levantada
en el interior de un patio de manzana próximo a la Plaza de Cataluña.
Una ilegalidad sonrojante, pero del siglo XIX, cuando el desarrollo del
Ensanche barcelonés facilitó toda suerte de negocios sucios muy bien
explicados por Mendoza en La ciudad de los prodigios. El dueño
de la mansión mostraba ufano sus salones y un cine entero que había
instalado en la parte superior, lo que algún día fueron buhardillas.
Entre los presentes había viejos amigos de la época antifranquista, convertidos ahora en promotores inmobiliarios, consejeros de la Generalitat, agentes de publicidad, diputados, concejales, o simples profesionales, pero casi todos giraban alrededor del ayuntamiento de Barcelona como abejorros en torno a una flor suculenta. Eran los tiempos del triunfo absoluto de los socialistas catalanes, justo después de los Juegos Olímpicos. Como en tiempos de François Guizot, al oír el grito de Enrichissez-vous! lanzado por Felipe González (¿o fue Solchaga?), aquellos antiguos revolucionarios habían seguido mostrando una férrea obediencia a la autoridad.
Fui a dar a una mesa con gente de mi promoción universitaria a la que conocía más íntimamente porque aún no hacía muchos años que todos pasábamos el verano en tres o cuatro pueblos de la costa, recorridos incansablemente de fiesta en fiesta con el 600 de algún colega. Comenzaban a prosperar los negocios y promociones brutales de los Pujol&Co que iban a lanzar la montaña, el románico y la butifarra como alternativa nacionalista a los corruptos izquierdistas de playa, discípulos de Coderch y monocultistas de la gamba de Palamós, pero aún no eran mayoría.
Salió a colación la reciente costumbre de los adolescentes que se reunían a emborracharse por centenares (ahora son miles), práctica que parece ya adoptada como “bien cultural autonómico” con el nombre de botellón en las diversas comunidades y regiones, pero que entonces sólo despuntaba. Se me ocurrió decir que una política francesa, comunista de cierto prestigio y casada con un célebre escritor, tras visitar la ciudad con mucha curiosidad se había quedado perlática al ver los botellones de Madrid y Barcelona. “Están ustedes elevando la peor juventud de Europa”, dijo con un claro galicismo. Se alzaron aquella noche muchas voces para tacharla de reaccionaria, de francesa reprimida, de menopáusica, de estar casada con el mayor imbécil que había luchado con el Che y otras grandezas. El más furioso era un señor delgadito de aspecto insignificante que aullaba sobre los derechos de la juventud a “pasárselo bien” y a rechazar a sus padres, todos ellos reaccionarios y franquistas.
Luego supe que era el marido de una concejala de la parte más elegante del partido, que controlaba los bares clandestinos de la zona baja. Gracias a él las discotecas atronaban sin que nadie pudiera hacer nada contra ellas. Se había enriquecido alquilando con hombres de paja gigantescos alpendres del extrarradio que abrían para macrofiestas sin permiso municipal ni el menor sistema de seguridad. Fue entonces cuando por primera vez me percaté de la enorme cantidad de dinero que las hienas de la noche iban a recaudar en estrecha relación con las mafias locales. Luego he ido viendo que esa gigantesca escupidera de oro se sostiene sobre tres patas: las mafias que trafican con alcohol y drogas (suelen, además, adjudicarse la “seguridad”), los así llamados empresarios de la noche (dueños de locales que en su mayor parte no son suyos) y la conexión municipal. Si falla una de estas tres patas, el negocio no funciona. Se necesitan entre sí como líquenes parasitarios.
No estoy diciendo que la muerte de cinco pobres muchachas hace una semana sea debida a las tres patas antes mencionadas ni a la rampante criminalidad madrileña, pero que las tres patas andaban metidas en el negocio de las dieciséis mil criaturas encerradas en aquella ratonera, no puede dudarse. Equipos de seguridad que no actúan o que se van a tomar un café cuando se produce la avalancha. Un segundo cuerpo de seguridad (igualmente pagado a alguien por alguien) que sólo se ocupa del exterior, pero que en realidad no se ocupa de nada. Venta de entradas sin control alguno. Edificio municipal sin las menores garantías de evacuación. Inspectores inexistentes. Médicos zarzueleros que vienen a salir a uno por cada ocho mil personas. En fin, el conjunto de chapuzas que acabó con la vida de esas cinco muchachas habría sido imposible si alguien hubiese creído que podía tener alguna responsabilidad. Pero no. Todos eran irresponsables, sea porque estaban protegidos, sea porque les importaba una higa, ya que sabían que no iba a pasarles nada. Y lo cierto es que seguramente no les pasará nada. Los jóvenes tienen derecho a divertirse y los mayores a ganar dinero chupándoles la sangre. Luego dejan el cadáver tirado en una cuneta.
Muchas veces, cuando cruzas la ciudad y observas los grupos, nutridos y jaraneros, de borrachos vociferantes, los portales convertidos en urinarios, las peleas y vomitorios que en algún momento llegarán hasta los informativos de la tele, pero sólo como ilustración de lo bien que se lo pasan los chavales, uno se pregunta cuánto dinero debe de estar haciendo alguien para quien la vida de las gentes (las que arman bulla y las que no pueden dormir) es como la vida de las gallinas para el granjero. Un inconveniente con el que hay que contar. A veces se mueren, y no es bueno para el negocio, pero tampoco nos vamos a arruinar cuidándolas, ¿verdad? Dos bombillas y a vivir.
Quizás algún día, cuando vuelva a existir el periodismo, a alguien se le ocurra seguir la senda (por otra parte facilísima de trazar) que lleva del mafioso al munícipe y de éste al “emprendedor”. Porque los tres se necesitan, los tres se protegen, los tres se encubren, tienen el mismo despacho de abogados y sólo alguien externo puede señalarlos cuando pasean por la calle. De los tres, el que más repugnancia produce es el topo introducido en el ayuntamiento. No tiene que hacer absolutamente nada. Sólo controlar los papeles: que entren los que han de entrar, que no salgan los que no han de salir. Y vigilar el matasellos cubierto de telarañas junto a los dos mil expedientes amontonados.
Me pregunto cuánto dinero, qué cantidad exacta, habrán dejado como beneficio estas cinco vidas. Y a quién corresponde cada parte.
Entre los presentes había viejos amigos de la época antifranquista, convertidos ahora en promotores inmobiliarios, consejeros de la Generalitat, agentes de publicidad, diputados, concejales, o simples profesionales, pero casi todos giraban alrededor del ayuntamiento de Barcelona como abejorros en torno a una flor suculenta. Eran los tiempos del triunfo absoluto de los socialistas catalanes, justo después de los Juegos Olímpicos. Como en tiempos de François Guizot, al oír el grito de Enrichissez-vous! lanzado por Felipe González (¿o fue Solchaga?), aquellos antiguos revolucionarios habían seguido mostrando una férrea obediencia a la autoridad.
Fui a dar a una mesa con gente de mi promoción universitaria a la que conocía más íntimamente porque aún no hacía muchos años que todos pasábamos el verano en tres o cuatro pueblos de la costa, recorridos incansablemente de fiesta en fiesta con el 600 de algún colega. Comenzaban a prosperar los negocios y promociones brutales de los Pujol&Co que iban a lanzar la montaña, el románico y la butifarra como alternativa nacionalista a los corruptos izquierdistas de playa, discípulos de Coderch y monocultistas de la gamba de Palamós, pero aún no eran mayoría.
Salió a colación la reciente costumbre de los adolescentes que se reunían a emborracharse por centenares (ahora son miles), práctica que parece ya adoptada como “bien cultural autonómico” con el nombre de botellón en las diversas comunidades y regiones, pero que entonces sólo despuntaba. Se me ocurrió decir que una política francesa, comunista de cierto prestigio y casada con un célebre escritor, tras visitar la ciudad con mucha curiosidad se había quedado perlática al ver los botellones de Madrid y Barcelona. “Están ustedes elevando la peor juventud de Europa”, dijo con un claro galicismo. Se alzaron aquella noche muchas voces para tacharla de reaccionaria, de francesa reprimida, de menopáusica, de estar casada con el mayor imbécil que había luchado con el Che y otras grandezas. El más furioso era un señor delgadito de aspecto insignificante que aullaba sobre los derechos de la juventud a “pasárselo bien” y a rechazar a sus padres, todos ellos reaccionarios y franquistas.
Luego supe que era el marido de una concejala de la parte más elegante del partido, que controlaba los bares clandestinos de la zona baja. Gracias a él las discotecas atronaban sin que nadie pudiera hacer nada contra ellas. Se había enriquecido alquilando con hombres de paja gigantescos alpendres del extrarradio que abrían para macrofiestas sin permiso municipal ni el menor sistema de seguridad. Fue entonces cuando por primera vez me percaté de la enorme cantidad de dinero que las hienas de la noche iban a recaudar en estrecha relación con las mafias locales. Luego he ido viendo que esa gigantesca escupidera de oro se sostiene sobre tres patas: las mafias que trafican con alcohol y drogas (suelen, además, adjudicarse la “seguridad”), los así llamados empresarios de la noche (dueños de locales que en su mayor parte no son suyos) y la conexión municipal. Si falla una de estas tres patas, el negocio no funciona. Se necesitan entre sí como líquenes parasitarios.
No estoy diciendo que la muerte de cinco pobres muchachas hace una semana sea debida a las tres patas antes mencionadas ni a la rampante criminalidad madrileña, pero que las tres patas andaban metidas en el negocio de las dieciséis mil criaturas encerradas en aquella ratonera, no puede dudarse. Equipos de seguridad que no actúan o que se van a tomar un café cuando se produce la avalancha. Un segundo cuerpo de seguridad (igualmente pagado a alguien por alguien) que sólo se ocupa del exterior, pero que en realidad no se ocupa de nada. Venta de entradas sin control alguno. Edificio municipal sin las menores garantías de evacuación. Inspectores inexistentes. Médicos zarzueleros que vienen a salir a uno por cada ocho mil personas. En fin, el conjunto de chapuzas que acabó con la vida de esas cinco muchachas habría sido imposible si alguien hubiese creído que podía tener alguna responsabilidad. Pero no. Todos eran irresponsables, sea porque estaban protegidos, sea porque les importaba una higa, ya que sabían que no iba a pasarles nada. Y lo cierto es que seguramente no les pasará nada. Los jóvenes tienen derecho a divertirse y los mayores a ganar dinero chupándoles la sangre. Luego dejan el cadáver tirado en una cuneta.
Muchas veces, cuando cruzas la ciudad y observas los grupos, nutridos y jaraneros, de borrachos vociferantes, los portales convertidos en urinarios, las peleas y vomitorios que en algún momento llegarán hasta los informativos de la tele, pero sólo como ilustración de lo bien que se lo pasan los chavales, uno se pregunta cuánto dinero debe de estar haciendo alguien para quien la vida de las gentes (las que arman bulla y las que no pueden dormir) es como la vida de las gallinas para el granjero. Un inconveniente con el que hay que contar. A veces se mueren, y no es bueno para el negocio, pero tampoco nos vamos a arruinar cuidándolas, ¿verdad? Dos bombillas y a vivir.
Quizás algún día, cuando vuelva a existir el periodismo, a alguien se le ocurra seguir la senda (por otra parte facilísima de trazar) que lleva del mafioso al munícipe y de éste al “emprendedor”. Porque los tres se necesitan, los tres se protegen, los tres se encubren, tienen el mismo despacho de abogados y sólo alguien externo puede señalarlos cuando pasean por la calle. De los tres, el que más repugnancia produce es el topo introducido en el ayuntamiento. No tiene que hacer absolutamente nada. Sólo controlar los papeles: que entren los que han de entrar, que no salgan los que no han de salir. Y vigilar el matasellos cubierto de telarañas junto a los dos mil expedientes amontonados.
Me pregunto cuánto dinero, qué cantidad exacta, habrán dejado como beneficio estas cinco vidas. Y a quién corresponde cada parte.
Félix de Azúa es escritor.Fuente:http://elpais.com/elpais/2012/12/06/opinion/1354816306_757132.html
-España ocupa el puesto 30 en corrupción... http://www.transparency.org/cpi2012/results
- Operación Pokémon para Lugo...
La titular del Juzgado de Instrucción
número 1 de Lugo e instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara,
ha denegado la solicitud de la defensa del expresidente de la
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco
Fernández Liñares, de obtener la libertad, según han informado a Europa
Press fuentes jurídicas.
Fernández Liñares, que lleva en la
prisión más de dos meses, es el único detenido en el marco de las
investigaciones sobre una supuesta trama de sobornos de empresas a
políticos para conseguir adjudicaciones de servicios públicos que
permanece en prisión. La Fiscalía lucense ya había expresado su
oposición a que el político socialista fuese puesto en libertad por
entender que podría entorpecer las investigaciones.
Según ha informado el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en su auto la jueza argumenta la
denegación de la libertad en base a la gravedad de los delitos que se le
imputan y ante la necesidad de practicar nuevas diligencias de
instrucción "cuyo éxito se podría ver frustrado" en caso de que
Fernández Liñares dejase la cárcel.
La instructora le imputa a este
político socialista los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de
influencias, por su supuesta implicación en la trama para la
adjudicación de concesiones públicas a cambio de sobornos.
Tras su detención el pasado 20 de
septiembre, la jueza decretó cuatro días después para él prisión
provisional, comunicada y sin fianza, por lo que inicialmente fue
conducido a la prisión de Monterroso, pero hace pocos días fue
trasladado a Bonxe para que no siguiese gozando del privilegio de estar
internado en el módulo de cuerpos de seguridad.
OTROS DETENIDOS
Por su parte, el responsable de la
empresa Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, sí obtuvo la libertad
a mediados de noviembre tras haber pagado 80.000 euros de fianza y el
encargado de la ORA en Lugo, Javier Reguera, también salió recientemente
de prisión tras recurrir a la Audiencia Provincial y abonar 40.000
euros de fianza.
A ambos se les retuvo el pasaporte y
tienen que comparecer periódicamente en sede judicial. Por su parte,
desde las primeras detenciones el pasado 20 de septiembre, los imputados
en la Operación Pokémon ya superan la treintena. Fuente: http://www.otrosi.net/article/rechazada-la-libertad-del-expresidente-de-la-confederaci%C3%B3n-mi%C3%B1o-sil-%C3%BAnico-detenido-que-sigue
-En Torrevieja, en la basura está el negocio...
Por la adjudicación del contrato de basuras
La sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha
condenado al exalcalde de Torrevieja (Alicante) y diputado del PP en las
Cortes Valencianas, Pedro Ángel Hernández Mateo, a tres años de prisión
por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la
adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos de la localidad.
ALICANTE, 30 (EUROPA PRESS)
Igualmente, ha impuesto a Hernández
Mateo una multa total de 10.500 euros, con una responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago a razón de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas incumplidas --50 euros diarios durante siete
meses--, y a siete años de inhabilitación especial para el cargo de
primer edil cualquier otro de naturaleza electiva en el ámbito local. El
ex primer edil también deberáindemnizar al consistorio torrevejense en
la cantidad de 12.000 euros. Fuente: http://www.otrosi.net/article/el-tsjcv-condena-al-ex-alcalde-de-torrevieja-pp-3-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-por-falsedad-documental-y-p
- Operación Mercurio en Sabadell.
La corrupción golpea al PSC
Imputados los alcaldes de Sabadell y Montcada en una trama de pago de comisiones
Los ediles están acusados de exigir 120.000 euros a empresarios para aspirar a concursos
El 'número dos' del partido telefoneó para que lograra empleo a una persona
Los dos altos cargos dejan sus puestos en el partido, pero seguirán como diputado y regidor
Los Mossos han realizado 12 detenciones y 41 registros en empresas y sociedades
El secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, durante su comparecencia. (Foto: Toni Albir / EFE) / ATLAS
Bustos y otros concejales y cargos de confianza de Sabadell impusieron a diversos empresarios, supuestamente, la obligación de pagar 120.000 euros solo para acceder “con ventajas” a un concurso público, según la Fiscalía Anticorrupción. Esos depósitos iniciales iban a parar, según las mismas fuentes, a un “fondo perdido" que se repartía entre los responsables políticos y los funcionarios involucrados. El presunto cohecho no acababa ahí. Una vez concluidas las obras, los empresarios debían abonar una mordida adicional que suponía el 3% del importe de adjudicación. Ese dinero negro iba a parar, según fuentes del caso, a un despacho de abogados. Los investigadores han localizado a diversas personas que ejercían como intermediarios en el pago de comisiones.
Los Mossos registraron este martes las dependencias municipales, incluido el despacho personal de Bustos, que negó tajantemente las acusaciones: “No pienso dimitir como alcalde porque soy inocente. No tengo nada que esconder y voy a dedicar toda mi capacidad para recuperar la honorabilidad del ayuntamiento y la mía propia”, dijo. A petición propia, el PSC le apartó de su cargo orgánico en el partido como secretario de política municipal.
Fernández, número dos de la formación también renunció al cargo como secretario de organización al conocer, este martes por la tarde, que la policía autonómica le atribuía un delito de tráfico de influencias. La comunicación de su implicación estuvo rodeada ayer de ribetes esperpénticos. A las cinco de la tarde había convocado una rueda de prensa como secretario de Organización del partido para valorar la trama de corrupción. Mientras los periodistas esperaban en la sede del PSC, entraron dos agentes de los Mossos d'Esquadra con una carpetilla en la mano que les delataba. Los policías se entrevistaron con Fernández, a quien invitaron a telefonear a un mando policial. Así lo hizo el dirigente socialista cuando acabó la rueda de prensa y se le invitó entonces a acudir a comisaría. Fue entonces cuando supo que el caso le salpicaba.
La implicación del primer secretario del PSC parece, sin embargo, colateral. Según fuentes judiciales, el dirigente del PSC llamó por teléfono a la alcaldesa de Montcada i Reixac, la socialista María Elena Pérez —también imputada—, solicitándole empleo para un ex alto cargo del Departamento de Política Territorial de la Generalitat de la época del tripartito. La persona en cuestión ganó finalmente el concurso de méritos convocado por el Ayuntamiento. Fernández admitió que ese diálogo con la alcaldesa se había producido. “Yo tengo conversaciones con muchos alcaldes”, dijo el diputado socialista. “Estoy muy tranquilo, porque en ningún caso he cometido ningún delito”, apostilló.
Cohecho, prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, son otros delitos que se les imputan. La operación Mercurio, que sigue abierta y está bajo secreto de sumario, se ha saldado hasta el momento con 12 detenidos y otros 26 imputados entre empresarios, políticos, funcionarios y abogados. Por orden del juez, los Mossos practicaron medio centenar de registros en empresas y domicilios.
Además de Bustos, están imputados el concejal de Espacio Público y hermano del alcalde, Francisco Bustos, que es también primer secretario del PSC del Vallès Occidental sur; Joan Manau, concejal de Urbanismo; un exdirector de esa área; y Ricard Estrada, responsable de Sostenibilidad, todos ellos ligados al PSC. El caso salpica igualmente al PP: el exconcejal Jordi Soriano deberá declarar ante el juez. Soriano fue destituido el año pasado por su propio partido por su apoyo a Bustos. Otros dos familiares del alcalde también han sido imputados: su pareja, Montserrat Costa (coordinadora del área de alcaldía) y su tío, el constructor Melquíades Garrido. Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/27/catalunya/1354007125_625513.html
- En Baleares...La Fiscalía pedirá agravar las medidas cautelares contra Miquel Nadal, condenado a más de seis años de cárcel
La Audiencia Provincial de
Baleares acogerá este viernes, a partir de las 11.00 horas, una
comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitará el
agravamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el expresidente
de UM, exconsejero balear de Turismo y exvicepresidente del Consejo de
Mallorca Miquel Nadal, quien acumula dos sentencias condenatorias que
suman un total de seis años y siete meses de cárcel.
PALMA DE MALLORCA, 25 (EUROPA PRESS)
Será en una vistilla de carácter público
donde el Ministerio Fiscal dará a conocer su solicitud, que
previsiblemente pasará por reclamar el ingreso en prisión preventiva del
exdirigente 'uemita' a fin de evitar que pueda sustraerse de la acción
judicial. De ser así, quien fuese delfín político de la expresidenta del
Parlamento Maria Antònia Munar sería el segundo exalto cargo de UM en
entrar en prisión, junto a Bartomeu Vicens, quien ya cumple condena
firme.
Todo ello después de que la pasada
semana la Audiencia condenase a Nadal, en el marco del caso Voltor, a
cuatro años de prisión por auspiciar la contratación fraudulenta del
exalcalde de Sóller Tomás Plomer por unos servicios que no le entrañaban
trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como
gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la
extinta UM.
Una pena que se añade a la que ya pesaba
sobre él, dentro del caso Maquillaje, de dos años y siete meses por
desviar, junto a Munar, un total de 240.000 euros a la productora que
ambos controlaban mediante testaferros mientras eran máximos
responsables del Consejo.
Nadal es, además, el exalto cargo de
Baleares que se encuentra imputado en un mayor de causas de corrupción:
se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can
Domenge e Ibatur.
De hecho, uno de los jueces que le han
investigado, Juan Ignacio Lope Sola, llegó a decretar su personación
diaria en dependencias judiciales para evitar su fuga, una medida que
cuenta como único precedente el del caso del exconcejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tuvo que
presentarse en dependencias policiales a diario en Madrid.
Junto a la anterior medida cautelar,
sobre Nadal pesa además una fianza penal de 100.000 euros que le fue
impuesta en el caso Voltor, centrado en un presunto desvío de fondos
desde el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) a entidades y personas
afines a UM durante la pasada legislatura y en el marco del cual fue
arrestado en febrero de 2010, mientras ostentaba los cargos de titular
de Turismo del Govern y concejal en el Consistorio palmesano.
Sin embargo, no fue su única detención
puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro
del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro
supuesto desvío de millones de euros públicos públicos en la última
legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la
actuación de UM.
Nadal, quien tiene asimismo retirado el
pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin autorización,
se enfrenta por otro lado a una petición de seis años de prisión por el
caso Can Domenge, a raíz del determinante papel que jugó en el proceso
de venta de estos terrenos palmesanos por parte del Consejo: la
operación se fraguó por treinta millones de euros cuando el precio real
del solar era de sesenta.Fuente:http://www.otrosi.net/article/la-fiscal%C3%AD-pedir%C3%A1-agravar-las-medidas-cautelares-contra-miquel-nadal-condenado-m%C3%A1s-de-seis-a
-La Fiscalía Anticorrupción valenciana pedirá la imputación de una decena de personas relacionadas con ONGs
El TSJCV
Fiscalía Anticorrupción de
Valencia tiene previsto solicitar a la magistrada Pía Calderón,
instructora del conocido como 'caso Cooperación', la imputación de una
decena de personas --entre 10 y 12-- relacionadas con ONGs, según han
informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.
VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)
Los fiscales del caso tienen previsto
presentar a lo largo de esta semana un informe en el que recopilan los
pasos y el estado en el que se encuentra actualmente la causa, y piden
otra serie de pruebas y de informes.
En este mismo escrito, Fiscalía pedirá
la imputación de una decena de personas relacionadas con ONGs. La
mayoría de ellas están vinculadas con algún imputado en el procedimiento
--compañeros de las ONGs-- y fueron denunciadas originariamente. La
idea es llamarle ahora a declarar en calidad de imputado para que tengan
protegidos sus derechos.
En total, la causa cuenta ahora con 28
imputados --de los que siete son funcionarios o excargos en la
administración valenciana--. Entre ellos se encuentra el exsíndic del PP
en las Corts Valencianes y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía,
Rafael Blasco, quien el pasado jueves defendió su inocencia y se
desvinculó de la trama. Asimismo, figuran imputados el ex director
general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria
Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados
por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.
En la actualidad, la magistrada todavía
tiene que pronunciarse sobre la petición que realizó Fiscalía sobre
Blasco --a quien se le atribuyen los presuntos delitos de fraude de
subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias,
malversación de caudales públicos y falsedad documental--, respecto a
que se le retirase el pasaporte. Su abogado, Javier Boix, se opuso a
esta solicitud al estimar que no existe riesgo de fuga y que su cliente
no pretende evadir la justicia.
LA MAYORÍA, DE ONGS
La mayoría de imputados en el
procedimiento están relacionados con distintas ONG. Uno de ellos es el
empresario Augusto César Tauroni, único que está en situación de prisión
provisional desde febrero. En la investigación están implicadas, al
menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de
la que era responsable Tauroni.
En concreto, se investiga el supuesto
desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a
través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de
la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente,
"hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".
Los proyectos sobre los que
supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la
administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania,
República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.
El procedimiento fue asumido por el
tribunal valenciano el 5 de septiembre, después de que el juzgado de
Instrucción número 21 de Valencia, que inició la investigación del
presunto fraude en las subvenciones concedidas a ONG por esta
administración entre 2008 y 2011, la elevara a esta instancia al
entender que había "sólidos indicios" de la participación del diputado, y
por tanto aforado, en la trama.
- Los ministros también se apuntan al ‘timo de las dietas’
Por Asier Martiarena |
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a Sáenz de Santamaría. EFEResulta que no solo hay diputados rasos que cobran la ayuda de 1.823 euros mensuales para afrontar gastos de alojamiento y manutención pese a vivir en Madrid. Hasta cuatro de los 13 ministros del Gobierno de Rajoy, incluida la vicepresidenta primera, forman parte del 'timo de las dietas' que denuncia UPyD. Los casos más curiosos los protagonizan el presidente del Gobierno y el Ministro de Justicia.[Más: Así es el timo de 62 diputados con las dietas]
El otro caso curioso es que uno de los ministros que también percibe ese extra a final de mes es Alberto Ruiz-Gallardón, quien, por motivos obvios, también posee una residencia en la capital. La misma que ha ocupado durante su etapa de exalcalde de Madrid. Sin embargo, este detalle no le hace renunciar a las dietas, y eso que se ha mostrado a favor de reducir gastos.
Los otros cuatro parlamentarios madrileños del Gobierno -Sáenz de Santamaría, Arias Cañete, Ruiz-Gallardón y Mato- tienen piso en la capital. La vicepresidenta, por ejemplo, posee un apartamento y comparte con su marido la propiedad de una vivienda. El resto de los ministros-diputados, que se presentaron a las elecciones en otras provincias, también tienen su residencia en Madrid, pese a lo cual cobran 1.823,86 euros mensuales en ayudas para alojamiento y manutención. Según ha desvelado El Confidencial, ninguno de ellos cobra el sueldo de parlamentario -la ley les prohíbe percibir dos retribuciones públicas-, pero sí las dietas que no tienen carácter salarial y están exentas de tributación.
Unas dietas que se suman a sus sueldos. En el caso del presidente del Gobierno, 72.600,36 euros anuales; la vicepresidenta, 68.268,50; y los ministros, 64.053,79 euros. Sueldos que, de momento, no han sido recortados ni por vía directa —como el de los funcionarios en el Congreso de los Diputados- ni por voluntad propia —como los del Rey y el Príncipe-.
Fuente: http://es.noticias.yahoo.com/blogs/episodios-nacionales/los-ministros-tambi%C3%A9n-se-apuntan-al-timo-las-110729295.html
-El TSJCV imputa a la alcaldesa de Alicante y a su antecesor por presunto cohecho
EFE
|
Publicado: 01/10/2012 17:06 CEST Actualizado: 01/10/2012 17:15 CEST
Castedo, que ha optado por no hacer declaraciones tras conocer la citación, figura como imputada por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, según han informado fuentes del TSJCV.
Ese mismo día también declarará como imputado en este mismo caso el exalcalde del PP y predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por idénticos supuestos delitos.
AFORADOS
El TSJCV investiga la rama del "caso Brugal" sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, después de la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal se declarara competente el pasado mes de septiembre para asumir esta causa, pues Castedo y Díaz Alperi tiene la condición de aforados por su condición de diputados autonómicos.
En esta pieza separada del caso Brugal, el juzgado de instrucción alicantino observó, antes de remitir la causa al TSJCV, supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.
Según refleja la providencia del magistrado instructor, Juan Climent, se atiende el escrito elevado por la representación de Castedo en el que se solicitaba que ésta fuera llamada a declarar con carácter de urgencia.
Contra la presente resolución de citación cabe interponer recurso de reforma, según recuerda el magistrado, que ha citado a la alcaldesa de Alicante a las 10.00 horas del próximo 19 de octubre, y a Díaz Alperi dos horas más tarde.
En esta pieza separada del caso Brugal, el titular del juzgado de instrucción alicantino, Manrique Tejada, abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.
El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
IMPUTACIONES "FALSAS"
En función de los indicios, Tejada entendía que el supuesto cohecho podría haberse producido como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añadió en su razonamiento el juez alicantino.
Castedo aseguró el pasado 5 de julio, en declaraciones a EFE, que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara".
"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.
- ¿Por qué hay tanta corrupción en España?
La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones
Autor: VÍCTOR LAPUENTE GINÉ
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente
oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países
como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de
corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países
autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias
capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué
factores separan a estos países, y en particular a España, de las
democracias libres de corrupción?
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.
Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.
Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.
Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.
Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
- Por Marbella...Alcaldillos, flamencas y aguardiente...
Arranca el juicio a Isabel Pantoja, Julián Muñoz, Maite Zaldívar y otras 7 personas acusadas de blanqueo
La cantante Isabel Pantoja, el que fuera su pareja y exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y la exesposa de éste Maite Zaldívar se sentarán este jueves por primera vez juntos en el banquillo para ser juzgados junto a otras siete personas más, acusados por la Fiscalía Anticorrupción de blanqueo de capitales, en una causa que fue separada del caso 'Malaya'.
MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)
La vista oral comienza este jueves y seguirá el viernes día 29 y la próxima semana los días 5 y 6 de julio, jornadas que previsiblemente se dedicarán a las cuestiones jurídicas previas que alegarán las partes. Tras esto, las sesiones, que se celebrarán en la sala donde se desarrolla el juicio del caso 'Malaya', se retomarán en octubre.
Las administraciones con competencia han realizado un trabajo de coordinación para que el juicio se celebre con normalidad, ante la popularidad de acusados como Pantoja y la previsión de que acudan personas en apoyo a la cantante. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que se montará un dispositivo de seguridad, ya que "se espera una importante afluencia de personas". Además, hay acreditados más de 150 profesionales de más de 30 medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, como un semanario alemán.
La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente tres años y medio de prisión para Isabel Pantoja, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales. Muñoz está acusado de cohecho pasivo y blanqueo, por los que pide siete años y medio de cárcel y para Zaldívar se solicita tres años y medio de prisión también por blanqueo.
La acusación señala en su calificación inicial que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado al Ayuntamiento marbellí "logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio", cuya cuantía total "se desconoce", aunque se estima en más de tres millones y medio de euros. "Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero", apunta el ministerio fiscal.
Para la Fiscalía, "en ningún caso" puede vincularse el origen del dinero a los ingresos conocidos, ya que, señala, mientras duró la convivencia del matrimonio Muñoz-Zaldívar --hasta aproximadamente finales de 2002 o principios de 2003, aunque la ruptura no se hiciera pública hasta celebradas las elecciones-- contaban "como único sustento económico el procedente de las retribuciones de Muñoz".
En el escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, se explica que Muñoz está inmerso en varias causas judiciales y que "es a esa actividad delictiva y no a las rentas lícitas a la que hay que imputar la ganancia patrimonial no justificada". Supuestamente hizo llegar parte de esos fondos tanto a su exmujer y su familia como a su nueva compañera sentimental, Isabel Pantoja.
SUS PAREJAS
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que en un primer momento, Muñoz "se valió de su entonces mujer, Maite Zaldívar, sus hijas y su cuñado", también acusado, añadiendo que "emplea la misma sistemática con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva".
Ambas mujeres, se indica, "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos" y "conocían la implicación del mismo en numerosos procedimientos penales por delitos de corrupción administrativa", pese a lo que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de bienes y dinero".
En cuanto a Zaldívar, el ministerio público explica que una de las formas por las que el exalcalde le entregó fondos es a través de transferencias desde el extranjero, en concreto Suiza. Para ello, "se va a servir de su excuñado", Jesús Zaldívar, para el que pide tres años de cárcel. En este punto, se acusa también a un empleado de una entidad bancaria suiza y al director de una sucursal en Marbella.
Para traer el dinero a España, según el fiscal, la exmujer de Muñoz se vale de una sociedad interpuesta del Estado norteamericano de Delaware, "totalmente opaca", con dos entidades de Gibraltar como socios, "bajo las que se parapeta" Maite Zaldívar, quien para la acusación habría presuntamente blanqueado 1,3 millones.
PANTOJA
En cuanto a la tonadillera, se estima en 1,8 millones de euros la cantidad que ha sido "reciclada" por ésta, es decir, "el dinero y bienes de procedencia delictiva blanqueados". El fiscal analiza las operaciones de compra de dos inmuebles, un apartamento en el hotel Guadalpín y la casa 'Mi Gitana', en la urbanización 'La Pera' de Marbella.
En cuanto a ese chalet, el escrito inicial del fiscal señala que la financiación en su integridad de la vivienda por parte de una entidad vinculada a Pantoja "fue la fórmula ideada" por ésta y su pareja para permitir que fuera abonada "con el fondo de procedencia delictiva de Julián Muñoz". Se añade que tras ser detenido el exalcalde por el caso 'Malaya' se produjeron impagos de cuotas.
Asimismo, se indica que hay ingresos en efectivo "de origen desconocido" detectados en la cuenta de esa sociedad para la amortización del préstamo y se pone de manifiesto que Muñoz efectuó "inyección de fondos" a otra empresa destinada a explotaciones y adquisiciones ganaderas, a pesar de que esa sociedad "carecía de actividad mercantil en 2003".
La calificación detalla la compra a Aifos de un apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella a través de otra sociedad vinculada a la cantante y concluye, analizando las cuentas, que "no se ha producido ingreso alguno que pueda justificar" el pago de los 353.695 euros que supuso esta adquisición y que el inmueble fue abonado por Muñoz "con cargo a los fondos de procedencia delictiva que mantenía ocultos".
Se relaciona la rebaja del precio a resoluciones a favor de la promotora y se añade que del análisis de las cuentas de la cantante "no se detecta el pago de una cantidad como la que requirió la adquisición del inmueble". Añade que "se han detectado entradas por importe de 1.127.101 euros mediante ingresos en efectivo de origen desconocido, coincidiendo con su relación con Julián Muñoz".
En este punto, destaca que cuando aún no había iniciado su relación "prácticamente no se produce ninguna operación de ingreso en efectivo", mientras que después son "muy significativos". De hecho, en 2003, "consolidada y pública la relación", se producen 29 operaciones de efectivo por 293.497 euros y operaciones de fraccionamiento, como los 10 ingresos de 3.000 euros, de los que ocho son "consecutivos y diarios".
DEFENSA
En su escrito de defensa, los letrados de la cantante pidieron su absolución, mostrandose disconformes con las acusaciones y con los informes policiales; y alegaron que tenía una "enorme" capacidad económica en el periodo investigado, pero también antes y después, con ingresos de 19 millones de euros entre 1999 y 2009 tanto de ella misma como de sus sociedades.
Se estima que los informes de la Udyco tienen "errores gravísimos, omisiones y fallos inexplicables". Se indica que de 1999 a 2002 el volumen de negocio generado por Pantoja y sus sociedades fue de 7,5 millones, según las declaraciones fiscales, de 2003 a 2006 tuvo ingresos de 5,1 millones y de 2007 a 2009, cantidades "similares" por una cuantía de unos 5,6 millones de euros.
A estas cifras se suman los ingresos por el arrendamiento de la Finca Cantora y se justifica el efectivo en metálico, fundamentalmente en las galas y en la actividad de restauración u ocio. "Hay una verdad incontestable y es que Isabel Pantoja siguió trabajando --iniciada ya su relación con el exalcalde-- y generando un ingente beneficio económico", se manifiesta. También explica los ingresos de 3.000 euros en efectivo durante varios días seguidos y se alega que algunas de las galas fueron cobradas en dólares y, tras ser cambiados a euros, se ingresaron. Fuente: http://www.otrosi.net/article/arranca-este-jueves-el-juicio-isabel-pantoja-julian-mu%C3%B1oz-maite-zald%C3%ADvar-y-otras-7-personas-
-El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo abre diligencias específicas sobre el exconsejero de Industria Fernando Blanco
Fernando Blanco Con Sus Abogados, Pérez Lema Y Evaristo Nogueira
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha abierto diligencias específicas sobre el exconsejero de Industria y exdiputado Fernando Blanco, tras haber sido separada la causa de la 'Operación Campeón' el pasado mes.
LUGO, 18 (EUROPA PRESS)
En declaraciones a Europa Press, uno de los abogados del exdiputado del BNG, Xoán Antón Pérez-Lema, ha criticado este lunes que "en todo este tiempo", desde que "hace más de tres de semanas" presentaran el recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 3 que denegó el archivo de la causa contra Blanco, "no había apertura formal de la causa".
Así, ha recordado que cuando el pasado mes de mayo la defensa del exconsejero presentó el recurso se hizo "sin ningún número de causa", ya que todavía no había apertura formal de las diligencias específicas.
Por ello, la defensa del exconsejero ha expresado su "protesta" porque desde el pasado mes de mayo "no se procedió a la apertura de la causa". "Es una dilación indebida e injustificada", ha aseverado Pérez-Lema. "Son cuatro semanas de retraso", ha apostillado.
La apertura de una causa independiente en relación a Fernando Blanco fue decidida por la instructora de la Campeón, la jueza Estela San José del número 3, quien se opuso al archivo de esta pieza separada porque estimó que "existen indicios de la comisión de delitos contra la administración pública" y aún quedan por practicar "numerosas diligencias" que considera que son "imprescindibles para poder dilucidar el fondo del asunto".
- Entre bigotes, gurtel y financiación ilegal...
Los actores claves de la financiación ilegal del PP valenciano deciden no declarar
Los responsables de Orange Market optan por no responder a preguntas ante el juez
MARÍA FABRA Castellón 14 MAY 2012 - 12:40 CET98
El Bigotes, ante el Tribunal Superior de Valencia. / FOTO: CARLES FRANCESC
Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Por ejemplo, una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “la transforman” en otra emitida al constructor Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. O una factura emitida al PP de Castellón “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”. Esa fue una de las fórmulas, según la investigación, que desplegó la trama Gürtel y mediante hasta nueve empresas saldaron parte de las deudas que el PP valenciano tenía con Orange Market, la filial de Francisco Correa en Valencia. Por ello, los empresarios, la red corrupta y la cúpula del PP de Francisco Camps están acusados de un presunto delito de financiación ilegal.
El juez que instruye esta causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Francisco Ceres, ha llamado a declarar, esta mañana, tanto al gerente de Orange Market, Cándido Herrero, como al máximo responsable de la firma, Álvaro Pérez El Bigotes. Ambos son clave en la estrategia presuntamente delictiva que ha llevado el caso hasta los tribunales. Pero ambos han optado por su derecho a no declarar y, por tanto, no han contestado a ninguna pregunta. Tampoco lo han hecho a su salida del juzgado.
Esta decisión ha sido semejante a la que han adoptado en anteriores comparecencias ante la justicia, que nunca han sido un dechado de claridad. Herrero ya declaró en la causa de los trajes y, al margen de la amnesia que le invadió cuando fue interrogado por varias cuestiones, se limitó a señalar que era un simple empleado que hacía lo que le decían. La postura de El Bigotes ha sido aún más radical. Ni declaró en el juicio de los trajes, ni declaró la semana pasada en Madrid, donde se instruye la causa principal.
Aún así, de la documentación incautada en los registros, la policía sostiene que Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros por los actos electorales del PP, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona". Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Fuente: http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=736957672005701459#editor/target=page;pageID=8254008921634705755
- En Andalucia...¿ERE amiguete?
Fuente: http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=736957672005701459#editor/target=page;pageID=8254008921634705755
El exconsejero de Empleo y diputado, José Antonio Viera. / EDUARDO ABAD (EFE)
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-El juzgado de La Rinconada (Sevilla) procesa a su alcalde en la causa del jefe de Policía Local
El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández de los Ríos (PSOE), y el subinspector Miguel Ángel García, apuntando a indicios de la existencia de un delito de prevaricación dolosa de funcionario público y ordenando por ello que continúe la causa en la que se dilucida el supuesto incumplimiento de un fallo judicial que anulaba la designación de García como jefe del Cuerpo de Policía Local.
LA RINCONADA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado, asimismo, señala respecto a las diligencias propuestas por la defensa --declaración del secretario y de la directora de Recursos Humanos del Consistorio, así como pericial caligráfica del regidor-- que, sin perjuicio de que puedan ser admitidas en el juicio oral, "no alteran el resultado de la instrucción, basada fundamentalmente en las diligencias documentales y de indicios", toda vez que, además, al devenir la causa de una anterior contencioso-administrativa, "existe duplicidad en algunas actuaciones y hechos acreditados en ambas".
Es, para el juez, "indiferente" que el decreto origen del nombramiento no esté firmado por el imputado y sí por quien entonces ocupaba su función, careciendo las pruebas de la defensa de "virtualidad para alterar los elementos esenciales típicos" ante el "presunto incumplimiento, y ocultamiento de éste, de la sentencia contencioso-administrativa", por lo que su práctica es "impertinente", ya que ello no supondría sino una ralentización del proceso "que no favorece tampoco a la defensa".
La resolución, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, se centra en el presunto incumplimiento de ejecución de una sentencia que anulaba la designación del subinspector Miguel Ángel García como jefe del Cuerpo de Policía Local, atribuyendo en este sentido Fernández de los Ríos a una serie de "errores" de redacción las alusiones a este subinspector como jefe del servicio en un decreto de Alcaldía fechado posteriormente al citado fallo judicial.
Todo parte de una denuncia inicial promovida por la vía contencioso-administrativa por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) contra la designación de García como jefe del Cuerpo de Policía Local de La Rinconada, extremo finalmente anulado por el juzgado mediante una sentencia dictada el 27 de noviembre de 2008. Posteriormente, la organización sindical esgrimió un decreto de Alcaldía fechado en verano de 2010 en el que Miguel Ángel García figuraría aún como jefe del Cuerpo de Policía, aspecto que derivó en la apertura de unas diligencias previas incoadas por el ente judicial ante el supuesto incumplimiento del fallo.
EL ALCALDE DECLARA COMO IMPUTADO
En febrero de 2011, de hecho, el alcalde prestaba declaración en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla. Según su acta de declaración, recogida por Europa Press, el primer edil manifestaba que "no está de acuerdo" con que a fecha 13 de agosto de 2010 García ostentase la Jefatura de la Policía Local. El decreto de Alcaldía, según esgrimía el primer edil rinconero, "contiene varios errores" que no habrían sido apreciados "cabalmente" a la hora de su rúbrica a cuenta de los "numerosos" documentos que sanciona la Alcaldía al tratarse de un municipio de 40.000 habitantes.
Insistía así en su "voluntad" de dar cumplimiento a la sentencia que anulaba la designación de este subinspector como jefe de la Policía Local, pero al tiempo había reconocido que una vez consumada esta anulación, "alguien debe hacer las funciones, que no ostentar el cargo, como cabeza de la Policía Local", aspecto "al que se refiere el decreto" del que partían estas diligencias.
Paralelamente, pero en la jurisdicción contencioso-administrativa, el Ayuntamiento de La Rinconada había formulado un recurso de apelación contra un auto emitido el 9 de noviembre de 2010 y relativo a la ejecutoriedad de la sentencia emitida el 27 de noviembre de 2008. El auto en cuestión requería "personalmente" al alcalde para que diese "inmediatamente ejecución" a la sentencia en un plazo no superior a diez días, advirtiendo de una multa coercitiva "personal" de 600 euros a reproducir "cada 20 días" hasta "la total ejecución de la sentencia" en el caso de no atenerse al auto.
Visto este recurso de apelación, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA emitió sentencia fechada el 19 de julio y recogida por Europa Press, declarando que "no hay lugar" al mencionado recurso de apelación y confirmando el ya descrito auto de fecha 9 de noviembre de 2010. Igualmente, el Alto tribunal andaluz impone las costas al Ayuntamiento de La Rinconada. El decreto de Alcaldía de fecha 13 de agosto de 2010 esgrimido por el Sppme, según el fallo del TSJA, "da la razón a la parte ejecutante".
