Desde hace unos meses venimos asistiendo a un enconado debate en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. De hecho, esta medida y la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 parecen ser las principales preocupaciones de la derecha ahora que se ha formado el nuevo gobierno. Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta que vimos la misma reacción cuando la misma coalición elevó el SMI en 2019 hasta los 900€. Una subida que fue mínima y escasa (en realidad, el PP había pactado ya subirlo hasta los 850€), pero que sirvió para que el empresariado vertiera amenazas de hecatombe económica si aquello se producía.
Ahora nos encontramos ante una subida hasta los 950€ que el nuevo Gobierno ha pactado con la patronal y con los sindicatos mayoritarios, subida que es todavía insuficiente ya que apenas sirve para recuperar el poder adquisitivo perdido durante más de una década de crisis económica. Pese a haber aceptado este pequeño avance, la clase empresarial sigue mostrándose públicamente reacia a aumentar el Salario Mínimo hasta los 1.200€, que es una de las principales promesas del nuevo gobierno para la presente legislatura.
“Lo que se pretende con la subida del SMI hasta los 1200€ es que nadie sea pobre trabajando a jornada completa"
Esta medida beneficiaría a un sector importante de la población, precisamente aquel más vulnerable. Lo que se pretende con la subida del SMI hasta 1200€ es un objetivo claro y que debería ser asumido por todos: no puede ser pobre alguien que trabaja a jornada completa [1]. En realidad, esta medida no es sólo buena para la trabajadora o el trabajador que deja de recibir un salario miserable, lo es también para el conjunto de la economía, ya que inyecta dinero en hogares con rentas restringidas, lo cual implica que gastarán la mayor parte de lo que ingresen, aumentando la demanda y beneficiando a los propios empresarios, sobre todo las que ofrecen bienes y servicios destinados a la economía real de las familias (y no tanto a los que simplemente ofrecen servicios financieros al capital, cuya aportación al bienestar social es nula o incluso negativa). Después de todo, ha pasado casi un siglo desde que tanto Keynes como Kalecki demostrasen que el aumento de los salarios tiene importantes consecuencias positivas para el conjunto de la economía.
Entonces, ¿por qué se oponen con tanta firmeza a la subida del SMI? Fundamentalmente, porque dicha medida ataca los fundamentos socio-económicos en los que se sostiene la hegemonía empresarial sobre la clase trabajadora en el sistema económico y político actual. Cuando atacan la subida del SMI lo que están expresando, no explícitamente pero si implícitamente, es que quieren que haya trabajadores y trabajadoras pobres. Necesitan que los haya, al igual que necesitan una tasa de paro considerable y una legislación laboral que ampare legalmente la precariedad. Me explico:
Una de las principales contradicciones del sistema capitalista es que éste requiere que una parte considerable de la clase trabajadora permanezca en una situación de pobreza, o al borde de ésta, para que el mercado asalariado sea viable en términos rentables para el empresariado. Dicha contradicción ya fue mentada por diversos autores en los siglos XVIII y XIX, en los albores del mercado asalariado actual, quienes ya entonces identificaban la necesidad de una masa social amplia que esté lo suficientemente empobrecida y despojada de recursos propios como para verse obligada a asumir los ingratos, odiosos y alienantes puestos de trabajo que el mercado asalariado ofrecía y ofrece. Estos autores no eran sólo peligrosos revolucionarios como Marx (que lo trató en su obra magna El Capital, a través del concepto acumulación original, recientemente desarrollado por David Harvey bajo la fórmula acumulación por desposesión), sino también autores de la derecha conservadora de la época, como el filósofo anglo-holandés Bernard de Mandeville [2], quien hacía recomendaciones como la siguiente al respecto:
“Hay que evitar que los trabajadores mueran de hambre, pero hay que procurar también que no dispongan de nada que puedan ahorrar. (…) todas las naciones ricas se hallan interesadas en que la mayor parte de los pobres no permanezcan inactivos y en que, sin embargo, gasten siempre lo que ganan. Quienes deben ganarse la vida con su trabajo cotidiano no tienen nada que los espolee a ser útiles más allá de sus propias necesidades, que es prudente atenuar, pero que sería necio suprimir. Lo único que puede estimular la diligencia del hombre laborioso es un salario moderado, (…) si éste fuese demasiado alto se volvería insolente e indolente (…). De lo expuesto anteriormente se deduce que en una nación libre, donde no se permiten esclavos, la riqueza más segura es la abundancia de pobres laboriosos. (…) es necesario que la gran mayoría permanezca a un tiempo ignorante y pobre” (de Mandeville, 1728: 212).
Es sorprendente que un texto escrito hace casi tres siglos refleje tan fielmente ciertos aspectos de la realidad laboral y económica actual, aunque no tanto si consideramos que Bernard de Mandeville ha sido profusamente reivindicado por los neoliberales (basta remitirse a la popularidad de la fábula de las abejas que eleva el egoísmo a virtud social). La idea es evidente: si la población no percibe y asimila el riesgo que supone caer en la pobreza, no aceptará trabajos ingratos que no estén lo suficientemente remunerados, no aceptará contratos precarios y no asumirá las condiciones indignas en las que se acaba materializando la relación laboral.
En una situación de empoderamiento económico y laboral en la que trabajadoras y trabajadores cuentan con margen económico suficiente y con otros puestos de trabajo disponibles a los que acceder sin grandes dificultades, la trabajadora se rebelará frente a su empleador ante el primer abuso y ante condiciones que considere odiosas o insuficientemente remuneradas. De este modo, la disciplina en el ámbito asalariado se resentiría severamente si la pobreza, la precariedad y el desempleo no actuasen como mecanismos de disciplinamiento de la clase trabajadora.
“Si la población no percibe el riesgo que supone caer en la pobreza no aceptará trabajos precarios, odiosos o insuficientemente remunerados”
Fue esta contradicción, en relación con el aumento de productividad y salarios que se produjo bajo el modelo social-demócrata, la que, en gran medida, provocó la crisis de este modelo a partir de finales de los años 60. Tanto la inflación como los salarios se dispararon sin que ello lograse generar crecimiento económico ni apaciguar la conflictividad de la clase trabajadora en aquellos convulsos años. Y es esta contradicción la razón que motivó la reaparición de pobreza, precariedad y desempleo en las principales potencias del mundo capitalista a partir de los años 70, las cuales casi habían erradicado dichas problemáticas durante las décadas anteriores.
¿Cómo es posible sino explicar la reaparición de pobreza, precariedad y desempleo, y su permanencia durante décadas, en el seno de sociedades cada vez más ricas y con mayores recursos productivos? Sólo apelando a su función económica podemos entender su persistente presencia desde que se inició el modelo neoliberal. Aunque se presenten como consecuencias indeseables e inevitables del mercado laboral, la realidad es que son factores económicos políticamente establecidos puesto que son necesarios para reproducir la hegemonía de la clase dominante.
Su funcionamiento puede observarse en muchos puestos de trabajo de personas que pueden ser consideradas como el nuevo proletariado: en la medida en que una trabajadora o trabajador se ve afectada por estos factores perversos del mercado de trabajo, aumenta su dependencia respecto al empleador de turno, que podrá aprovechar dicha vulnerabilidad económica y laboral para imponer a aquélla una relación de subordinación abusiva. Estos abusos pueden adquirir diferentes formas en función del aspecto en el que se dé: abusos horarios (horas extra obligatorias que a menudo ni se pagan, horarios insufribles), intensificación del ritmo de trabajo, realización de tareas no reflejadas en el contrato laboral (en ocasiones tareas de categorías superiores por las que no se está remunerando), renuncia a derechos (cogerse una baja o renunciar a participar en movilizaciones laborales como una huelga), etcétera.
“Gran parte de la clase trabajadora está sujeta a una relación de subordinación abusiva que transgrede lo pactado en el contrato y los derechos establecidos para trabajadorxs”
El conjunto de estas formas abusivas, que diariamente se producen entre empleadores y trabajadoras, es lo que hemos definido bajo el concepto subordinación ultra-contractual¸ concepto expuesto de manera más extensa en el artículo académico [3] en el que se basa el presente artículo, y que define aquellas situaciones en las que el empleador de turno utiliza la vulnerabilidad del trabajador para exigirle una relación de subordinación que va más allá de las condiciones pactadas en el contrato de trabajo y de los derechos consagrados en el derecho laboral (por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores y su jurisprudencia).
Pero la pobreza, el desempleo y la precariedad no son sólo útiles para la clase empresarial en el ámbito laboral, también lo son para garantizar la hegemonía del capital en los principales espacios de decisión, tanto a nivel estatal como en instituciones supra e infra-estatales, gracias a la extorsión que realiza mediante la llamada doctrina neoliberal. Ésta se basa en el hecho de que, una vez abandonado el sistema social-demócrata en el que el Estado era el principal impulsor de la economía, ha sido la clase empresarial la que ha pasado a adoptar dicha función, de modo que la bonanza de la economía ha pasado a depender de los intereses de ésta.
“La pobreza, el desempleo y la precariedad son útiles para garantizar la hegemonía del capital en la política Estado”
Las altas tasas de desempleo han servido para que gobiernos e instituciones públicas se plieguen a los intereses del capital y propicien y maximicen su rentabilidad con la excusa de facilitar al empresariado la creación de empleo. Esto ha servido de excusa perfecta para introducir las formas precarias de trabajo y para evitar otras medidas como las “peligrosas” subidas de salarios.
En definitiva, la introducción de formas legales de precariedad laboral, las bajadas de impuestos, las privatizaciones, los ataques contra el SMI, en resumen, los discursos contra los principales bastiones del Estado de Bienestar que parecían derechos inalienables a mediados del siglo XX, no son consecuencias inevitables del desarrollo económico, sino transformaciones promovidas por el empresariado para garantizar la continuidad del mercado asalariado capitalista.
“Las consecuencias perversas del modelo neoliberal son, a la vez, los fundamentos para la reproducción de la dominación de clase”
La izquierda debería afrontar de cara esta cuestión, porque mientras ésta persista todo intento de modelo económico inclusivo bajo un sistema capitalista retocado estará abocado al fracaso. Por esto, la cuestión reside en cómo superar éste sistema caduco, no en cómo reformarlo. Aunque lo más urgente es hacer frente a esa caterva de economistas, periodistas y empresarios que promueven una postura ideológica tan miserable como la de defender que unas tasas de pobreza amplias son económicamente saludables. Y para ello, en Euskal Herria, tenemos una buena oportunidad con la huelga convocada el día 30 de este mismo mes, aprovechando la sinergia de sindicatos y movimientos sociales para defender la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Sólo la unidad de clase nos permitirá superar este claro-oscuro gramsciano.
Peio Salazar Martínez de Iturrate: Trabajador precario y Doctor en Estudios de Desarrollo por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
[1] Tal y cómo se establece en la Carta Social Europea, se puede considerar pobre a quién percibe ingresos menores al 60% de la media. Dicho umbral de pobreza se sitúa en el Estado español en torno a 1.200€, umbral aún mayor en el caso de personas con personas a su cargo (hijos, cónyuges, parientes), por lo que la pobreza es un fenómeno ampliamente presente en nuestra sociedad, llegando a afectar a entre un cuarto y un tercio de la población
[2] de Mandeville, B. (1728). The Fable of the Bees. Observations. Londres.
