LA BATALLA DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
La anunciada renuncia al cargo del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo -en adelante, CGPJ y TS- bien puede ser calificada como la gran noticia judicial del año. Mas amén de grande, pudiera ser interesante plantearse la cuestión de si la noticia en es también buena o mala o puede merecer, cosa del todo improbable, ambas consideraciones al tiempo.
¿Para quién puede ser buena? En primer lugar, en su sentido más aséptico, tendría que serlo para todos. El hecho de que el mecanismo institucional demuestre su eficacia al exigir cuentas a tan alta personalidad del Estado -los supuestos de cese del presidente del CGPJ y del TS están regulados en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, es garantía de funcionamiento del sistema jurídico, algo que a los ciudadanos debe satisfacernos. No obstante, existe otra dimensión diferente que supone una muy severa derrota para todos nosotros, omisión hecha de que, con descarada malicia, algunos responsables políticos y judiciales y de medios de comunicación quieran presentarla como una victoria de la moral pública.
En condiciones normales, esto es, si viviéramos en un país con fuerte tradición democrática, la dimisión del presidente de uno de los tres poderes del Estado no pasaría de un mero suceso: la de considerar que quien incumple los deberes del cargo tiene que expiar la falta. Pero por la misma senda el problema con el que nos encontramos es el de la perversión del sistema de gobierno del Poder Judicial, situación que nos lleva al trance de que ni podemos seguir con lo puesto ni tampoco vestir de otra manera.
En este sentido, el cese del presidente del CGPJ y del TS, según pienso, tal y como se ha producido, es una pésima noticia. No ignoro que a lo largo de su existencia, el CGPJ ha sido un órgano fácil de sucumbir en guerras políticas donde no hay sitio para armisticios, pero el espectáculo ofrecido durante el último mes a propósito de los viajes de Carlos Dívar ha sido muy triste, aunque no falten quienes opinen lo contrario con el argumento de que el vocal señor Gómez Benítez y sus copartícipes se han comportado con madurez institucional. Ser leal a un órgano constitucional significa respetar los principios de actuación por los que se rige, o, lo que es igual, dando cuenta al Pleno o, en su caso, a las comisiones reglamentarias, de cualquier iniciativa o propuesta. La colegiación es una regla en sí, algo que no puede subordinarse a la conveniencia, ni a nada, y la idea de que un vocal, por su cuenta, puede denunciar ante la Fiscalía General del Estado al presidente del CGPJ, podrá ilusionar a cierto personal ávido de emociones fuertes, a sus compañeros de partido e incluso a determinados periodistas amigos, pero no es ni moral, ni saludable.
La vocal del CGPJ Margarita Robles ha declarado que “los 5.000 jueces y magistrados que hay en España están avergonzados de lo que está ocurriendo”. Esto que la señora Robles dice, no es cierto; o, al menos, no lo es del todo, o no lo es en el sentido que ella lo expresa. La vergüenza que el escalafón entero de la carrera judicial padece es por la institución en sí misma, por un CGPJ en el que las instancias políticas que designan a sus miembros lo manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio que cada mandato dura. ¿Qué queremos que sienta esa gran parte de la magistratura convencida de que su carrera profesional queda en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos?
Desde sus comienzos hasta nuestros días, los seis consejos generales del poder judicial no han pasado de la más grotesca de las representaciones y sus vocales han sido marionetas movidas por los mandamases políticos de turno. Sí, ya sé que todos no, y unos menos que otros. Pero, en conjunto, el CGPJ ha sido, es y seguirá siendo, una trampa para confiados, pues quien lo controla sabe que domina el poder judicial. Así lleva el CGPJ 27 años; tantos como grados de confianza perdidos. Quizá este ejemplo, con otros cuantos, sea el espejo de la España judicial en la que se vive. El CGPJ podría ser más respetable de lo que merece si quienes tienen la obligación de hacerlo se propusiesen que la dignidad de la institución reemplazase al carrusel de filias y fobias en el que gira desde su constitución. Lo malo es que a estas alturas algunos sigan sin convencerse de que el edificio de Marqués de la Ensenada 8, en Madrid, no puede ser sucursal de los partidos políticos. En el mundo de la política y también en el judicial la gente sabe quién sirve para dar brillo a un órgano constitucional y quién para sacárselo a los zapatos de quienes mandan y se empeñan en marcar el camino de la justicia.
Cuando fui vocal del CGPJ, unos periodistas me preguntaron qué opinión tenía del órgano al que pertenecía. Les dije que me parecía una institución hipotensa, o sea, falta de emoción, sin pulso. Si la pregunta me la hicieran hoy, la respuesta sería otra; más dramática. El CGPJ está muy enfermo; está desahuciado; huele a hospital, tirando a tanatorio. Y lo peor es que nadie o casi nadie se da todavía cuenta de que la Justicia se contamina y pudre cuando se entrevera con la política, la ambición y las pasiones. O sea, lo mismo que el director de este periódico escribía el 13 de julio de 1998 -ya ha llovido-, cuando hablaba del “cáncer garrafal del Poder Judicial” y sentenciaba que mientras no se tenga la coherencia, el coraje y los votos para restituir el equilibrio constitucional en la elección del Poder Judicial, “el órgano de gobierno de los jueces seguirá siendo el gran foco cancerígeno del que surgen todas las metástasis que corroen a nuestra desacreditada justicia”. Siento mucho decirlo, pero tengo la sensación de que a no pocos miembros del CGPJ les pasa como a los enfermos de anorexia, que pueden estar en el lecho de muerte y siguen viéndose gordos.
En noviembre de 2008, desde estas páginas, envié a Carlos Dívar una carta abierta con motivo de su nombramiento. Hoy, cuando, según las crónicas, está a punto de renunciar al cargo repetiría muchas de las cosas que entonces le dije y añadiría alguna nueva. Por ejemplo, que nada tengo que reprocharle por lo que ha hecho o dejado de hacer en este tiempo, pues, por experiencia, comprendo lo complicado que le habrá resultado vivir en ese coso. A Carlos Dívar le contrató el presidente Rodríguez Zapatero para una feria en la que no ha sabido torear con temple y al natural a un morlaco manso y resabiado. También le diría que quizá el mayor pecado cometido ha sido no advertir que habitaba en una selva muy peligrosa a la que, para colmo de dislates, por su cuenta, pobló de individuos de pelaje muy variado, alguno con garras y pico afilados. Presiento que hoy sí es consciente de ello y que lo lamenta. Le envío mil deseos de que en un futuro próximo tenga muy poco de que arrepentirse. Sé, por experiencia que, en ocasiones, es difícil resistir, pero si las explicaciones ofrecidas sobre sus discutidos viajes -¡quién puñetas le habrá asesorado!- hubieran sido de otro tenor, tal vez habría podido soportar la deshumana presión política y mediática.
Ayer, en el Supremo se celebró el acto de apertura de los fastos correspondientes al bicentenario de la creación del Tribunal. Al encuentro, presidido por el Príncipe Felipe, asistieron presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica, Portugal y Filipinas, junto a relevantes miembros de la judicatura española, con los magistrados del Tribunal Supremo español a la cabeza. Hace 200 años, el 20 de junio de 1812, el primer presidente de nuestro más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, don Ramón de Posada y Soto, pronuncio el discurso inaugural. De él tomo prestadas estas palabras: “La justicia es la reunión de todas las virtudes, y la misma prudencia no sería de provecho sin justicia”. Luego, a renglón seguido, al referirse a los jueces, dice de ellos: “Nuestras leyes quieren que (...) sean omes buenos para mandar, é facer derecho... que los primeros y más honrados sean los que juzgan en la corte del rey (...): que sean leales é de buena fama, e sin mala cobdicia, é sabidores, é mansos, é de buena palabra á los que vinieren ante ellos (...)” [sic].
Carlos Dívar es un hombre que nació para juez y estoy seguro de que habrá de morir sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que se puede hacer y qué es, por el contrario, lo que se debe cuidadosamente evitar. Me consta que prácticamente su vida entera ha discurrido por el diáfano sendero de la justicia y creo que este comentario que le otorgo pudiera extenderse a quienes, con la toga puesta, se obstinan en pelear por la Justicia sin volver la espalda a la independencia. Carlos Dívar no puede lamentarse de haber pasado 42 años con la ley en la mano. Y respecto al oficio que ejerció y del que está a punto de cortarse la coleta, creo que de él recibió cuanto le pidió y más, sin duda, de lo que hubiera merecido.
Nadie como un juez sabe que la vida es un raro tejer y destejer de azotes y perdones. Y nada más triste y deprimente que un CGPJ convertido en un sórdido y penoso depósito de cadáveres. Pasemos esta penúltima página de la historia del CGPJ con comedimiento y sin el menor gesto excesivo. Se ruega una oración por el alma del ajusticiado.
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