La corrupción ha acabado por desarbolar al PP valenciano, tras una
semana de reveses políticos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
la Comunidad Valenciana imputó ayer al portavoz del Grupo Popular en el
Parlamento autónomo, Rafael Blasco, como presunto autor de seis delitos
relacionados con el saqueo de más de seis millones de euros de las
ayudas que destinaba la Generalitat a países en desarrollo.
Blasco ha sido citado a declarar el próximo 18 de octubre en el
tribunal por los delitos de fraude de subvención, prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y
falsedad documental cometidos durante su etapa como consejero de
Solidaridad y Cooperación (2008-2011) en el Ejecutivo que presidía
Francisco Camps.
La imputación provocó la renuncia de Blasco a seguir como portavoz
parlamentario, aunque afirmó que seguirá en su escaño. Blasco parecía
hasta hace poco un político incombustible, que había logrado ser
consejero con todos los presidentes de la Generalitat. El socialista
Joan Lerma lo destituyó en 1989 a raíz de un caso de corrupción
urbanística, pero Eduardo Zaplana lo recuperó para el PP en los noventa,
primero como asesor y luego como consejero. Un cargo que mantuvo, en
diferentes carteras, con los Gobiernos presididos por José Luis Olivas y
Francisco Camps.
Tras asumir su cargo en julio de 2011, el actual presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, decidió mantener a Blasco como portavoz del
Grupo Parlamentario del PP.
Blasco ha sido citado a declarar el próximo 18 de octubre
La imputación del exconsejero y portavoz popular en las Cortes
valencianas llegó ayer en el momento más inoportuno para Alberto Fabra,
que se encontraba en el Senado en la Conferencia de Presidentes
autonómicos.
Fabra pretendía mostrar en la conferencia presidida por Mariano Rajoy
su malestar por el trato del Gobierno a la Comunidad Valenciana, ya que
la inversión estatal se desploma en esta autonomía en las cuentas de
2013. Por el contrario, Fabra llegó a la reunión de presidentes
autonómicos con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor
Luis Díaz Alperi, imputados por en el Tribunal Superior de Justicia por
cohecho, tráfico de influencias y facilitar datos secretos del Plan
General de Ordenación Urbana al promotor Enrique Ortiz.
Tras las últimas decisiones judiciales, el Grupo Popular —que cuenta
con 55 diputados en la Cámara— tiene 10 parlamentarios imputados en el
Tribunal Superior de Justicia por su implicación en tres grandes tramas
de corrupción: los casos Gürtel, Brugal y Cooperación.
Fabra aseguró ayer en Madrid que Blasco “no tendrá ninguna
responsabilidad dentro del grupo parlamentario”. La dirección regional
del PP abrió ayer expediente informativo a Blasco, mientras estudiaba
cómo hacer el relevo al frente del grupo parlamentario. El nuevo
portavoz será, previsiblemente, el diputado y concejal en el
Ayuntamiento de Valencia Jorge Bellver.
El Grupo Popular, que cuenta con 55 diputados en la Cámara, tiene 10 parlamentarios imputados
Blasco, fiel a su estilo, se mostró convencido de que, tras declarar
como imputado el próximo 18 de octubre, la magistrada de la Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Pía Calderón decretará
el sobreseimiento de los hechos que se le imputan.
La investigación del caso Cooperación arrancó en octubre de 2010 a
raíz de las denuncias presentadas por dos diputadas, Clara Tirado, del
PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís. Las pesquisas cuajaron en una
amplia operación policial el 23 de febrero pasado. La policía detuvo a
14 personas, entre las que figuraban altos cargos de la Generalitat,
presidentes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y
empresarios.
Desde entonces, solo uno de los detenidos permanece en prisión. Se
trata del empresario Augusto César Tauroni, amigo de Blasco y, según la
investigación, cabecilla de la trama que desvió a través de empresas los
fondos concedidos a varias ONG por la Consejería de Solidaridad.
El cabecilla de la trama, Augusto Tauroni, amigo de Blasco, es el único que se encuentra en prisión
La imputación de Blasco era cuestión de tiempo. La juez que instruyó
el caso llegó a la conclusión de que había "sólidos indicios" sobre la
participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor
de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar
traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el
informe de la Fiscalía Anticorrupción
que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales
públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples
indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso
suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales
Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.
La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían
sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que
ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las
diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados
y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos
bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos
indicios de participación en la actividad ilícita”.
Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que
Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.
Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27
de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del
cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se
articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que
darme JJ me comenta que 5 son para el
conill y 3.200 son para
la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples
evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la
Administración aludían a
Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit,
en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los
investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los
imputados.
La imputación era cuestión de tiempo. La juez que instruyó el caso concluyó que había "sólidos indicios"
La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en
el que se habla de un posible pago al consejero: “Los cinco documentos
de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno… Ok? Házselo llegar
en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se
lo deje a la secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “JJ tendrá que
poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre
y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000
caracteres harían referencia a 5.000 euros.
Hay varios correos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el
que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a
Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice:
“Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene
que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y
el lunes, recuérdaselo”.
Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces
director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos
folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una
serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular.
Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp,
Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El
director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip
sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las
actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.
La instrucción ha revelado que
Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.
El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto
que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los
pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron
anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas
iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a
RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por
importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en
la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se
corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados
a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al
propio Augusto Tauroni”.
La juez apunta que el exconsejero del PP
alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones,
a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en
la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni.
“Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere
que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las
detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De
desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda
seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.
