Hace unos meses publiqué en estas páginas No disparen al freelance. La cálida acogida de aquél artículo me sirvió para constatar que son muchos los lectores de Yorokobu que son autónomos, o freelances, que casi viene a ser lo mismo. Pero la cosa se ha puesto mucho peor desde entonces…
(Opinión)
Sucedió en el decreto del puente de Navidad, con nocturnidad y alevosía, de tapadillo, casi ha habido que buscar entre los repliegues más íntimos de los periódicos, para enterarnos de que la cuota mínima mensual para un autónomo societario sube de los ya abusivos 261 euros a los inaceptables 314. Son unos 630 euros al año más, ¡una subida del 20%!
Una noticia tan terrible, que afecta a casi un millón y medio de personas en España, debería haber abierto los telediarios. Pero apuesto a que muchos de ustedes ni se habían enterado, o lo harían cuando su gestor les notifique a final de mes la buena nueva.
Aunque la medida la anunció Fátima Báñez se cocinó en la Agencia Tributaria, uno de los entes más opacos, clientelares (caso Cemex) y despreciables de nuestro país (que ya es mucho decir). Recientemente admitieron que ni siquiera sabían cuántos inspectores trabajan allí. Del “Hacienda somos todos” al “La Infanta somos todos” solo hay un paso. Y ese paso somos nosotros.
¿Qué tenemos que hacer, registrar una petición en Change.org y confiar en la benevolencia de las autoridades ante una presumible avalancha de firmas? He vivido y trabajado en EE UU y en el Reino Unido; y en veinte minutos aprendí por qué esos países dan sopas con honda a esta España tan nuestra y querida, en cuanto al emprendimiento se refiere y a las facilidades para prosperar. Allí, si no facturas, no pagas impuestos y disfrutas de dilatadísimos períodos de carencia hasta que tu proyecto comienza a caminar. Un ejemplo: en Reino Unido, con una facturación por debajo de las 40.000 libras esterlinas al año, no estás ni siquiera obligado a tributar, el Estado prefiere apostar por ti para que ingreses mucho más y entonces devuelvas el favor al Tesoro.
Por si esto fuera poco, España ha congelado el salario mínimo interprofesional en seiscientos cuarenta y cinco euros (en Francia, sin ir más lejos, es de mil cuatrocientos treinta euros). Es decir, nos están pidiendo a los autónomos que entreguemos ¡más de la mitad del salario mínimo! a las arcas del Estado. ¿A cambio de qué? De nada. Porque por no tener, no tenemos ni siquiera derecho a paro. Y si nuestros ingresos mensuales no llegan a ser mileuristas ¿cómo entregar más de un tercio de nuestros magros pecunios? Están poniendo palos en las ruedas del carro. Si los autónomos societarios y los responsables de micropymes no podemos levantar el vuelo, ¿quién lo hará?
Cuando los compañeros sindicalistas del transporte público, la recogida de basuras o el alumbrado se declaran en huelga obtendrán una respuesta de las autoridades en cuestión de horas o días, pero si usted o yo decidimos ir a la huelga, es más, si todos los autónomos de España lo hiciéramos, no conseguiríamos más que dilatar las fechas de cobro por nuestros trabajos y servicios. Y ni nuestro banco ni nuestro casero ni la compañía de la luz lo entenderían. La huelga nunca ha sido una posibilidad para nosotros; si no trabajamos, no cobramos, y si no cobramos, no podemos pagar las facturas. Fin de la historia.
Nos han puesto de cara a la pared, frente a un pelotón de fusilamiento fiscal. ¿Qué pasaría si no pagáramos? ¿Qué pasaría si guardáramos nuestras cuotas en una hucha en vez de entregarlas a un Estado que nos ignora, nos desprecia y nos utiliza como carne de cañón, aprovechando que no estamos sindicados?
Pero hay algo que podemos fomentar y es la insumisión fiscal. Hay que potenciar la economía sumergida como forma de activismo y de supervivencia; una vuelta al intercambio de servicios, sin soporte documental. La factura es el yugo con el que nos tienen adocenados, la servidumbre del papel. Yo te hago un diseño gráfico y tú me programas una App, yo te hago una campaña de comunicación y tú me consigues el cátering. Yo te viralizo tu vídeo promocional y tú me consigues equipo técnico para rodar mi siguiente spot. Yo te la chupo a ti y tú a mí, sin IVA y sin factura.
Esta es mi propuesta: España en negro.
—
ACLARACIÓN DEL AUTOR:
“Parece que surgen algunas dudas respecto a qué autónomos afecta la medida. En el artículo no digo que sea a todos, sino aproximadamente a un millón y medio de nosotros. La medida afecta a los autónomos societarios. Y a los que tengan contratados al menos a 10 trabajadores. Esto supone el 43% de todos los autónomos de nuestro país. De momento (y mucho cuidado, porque esto puede cambiar este ejercicio), no afecta a taxistas, abogados independientes o reparadores de calderas de gas también independientes, por poner tres ejemplos. Pero creo que el volumen de personas a las que nos toca la medida es suficientemente amplio como para suscitar este debate”.
Fuente: http://yorokobu.es/como-acabar-con-los-autonomos-de-una-vez-por-todas/
(Opinión)
Sucedió en el decreto del puente de Navidad, con nocturnidad y alevosía, de tapadillo, casi ha habido que buscar entre los repliegues más íntimos de los periódicos, para enterarnos de que la cuota mínima mensual para un autónomo societario sube de los ya abusivos 261 euros a los inaceptables 314. Son unos 630 euros al año más, ¡una subida del 20%!
Una noticia tan terrible, que afecta a casi un millón y medio de personas en España, debería haber abierto los telediarios. Pero apuesto a que muchos de ustedes ni se habían enterado, o lo harían cuando su gestor les notifique a final de mes la buena nueva.
Aunque la medida la anunció Fátima Báñez se cocinó en la Agencia Tributaria, uno de los entes más opacos, clientelares (caso Cemex) y despreciables de nuestro país (que ya es mucho decir). Recientemente admitieron que ni siquiera sabían cuántos inspectores trabajan allí. Del “Hacienda somos todos” al “La Infanta somos todos” solo hay un paso. Y ese paso somos nosotros.
¿Qué tenemos que hacer, registrar una petición en Change.org y confiar en la benevolencia de las autoridades ante una presumible avalancha de firmas? He vivido y trabajado en EE UU y en el Reino Unido; y en veinte minutos aprendí por qué esos países dan sopas con honda a esta España tan nuestra y querida, en cuanto al emprendimiento se refiere y a las facilidades para prosperar. Allí, si no facturas, no pagas impuestos y disfrutas de dilatadísimos períodos de carencia hasta que tu proyecto comienza a caminar. Un ejemplo: en Reino Unido, con una facturación por debajo de las 40.000 libras esterlinas al año, no estás ni siquiera obligado a tributar, el Estado prefiere apostar por ti para que ingreses mucho más y entonces devuelvas el favor al Tesoro.
Por si esto fuera poco, España ha congelado el salario mínimo interprofesional en seiscientos cuarenta y cinco euros (en Francia, sin ir más lejos, es de mil cuatrocientos treinta euros). Es decir, nos están pidiendo a los autónomos que entreguemos ¡más de la mitad del salario mínimo! a las arcas del Estado. ¿A cambio de qué? De nada. Porque por no tener, no tenemos ni siquiera derecho a paro. Y si nuestros ingresos mensuales no llegan a ser mileuristas ¿cómo entregar más de un tercio de nuestros magros pecunios? Están poniendo palos en las ruedas del carro. Si los autónomos societarios y los responsables de micropymes no podemos levantar el vuelo, ¿quién lo hará?
Cuando los compañeros sindicalistas del transporte público, la recogida de basuras o el alumbrado se declaran en huelga obtendrán una respuesta de las autoridades en cuestión de horas o días, pero si usted o yo decidimos ir a la huelga, es más, si todos los autónomos de España lo hiciéramos, no conseguiríamos más que dilatar las fechas de cobro por nuestros trabajos y servicios. Y ni nuestro banco ni nuestro casero ni la compañía de la luz lo entenderían. La huelga nunca ha sido una posibilidad para nosotros; si no trabajamos, no cobramos, y si no cobramos, no podemos pagar las facturas. Fin de la historia.
Nos han puesto de cara a la pared, frente a un pelotón de fusilamiento fiscal. ¿Qué pasaría si no pagáramos? ¿Qué pasaría si guardáramos nuestras cuotas en una hucha en vez de entregarlas a un Estado que nos ignora, nos desprecia y nos utiliza como carne de cañón, aprovechando que no estamos sindicados?
Pero hay algo que podemos fomentar y es la insumisión fiscal. Hay que potenciar la economía sumergida como forma de activismo y de supervivencia; una vuelta al intercambio de servicios, sin soporte documental. La factura es el yugo con el que nos tienen adocenados, la servidumbre del papel. Yo te hago un diseño gráfico y tú me programas una App, yo te hago una campaña de comunicación y tú me consigues el cátering. Yo te viralizo tu vídeo promocional y tú me consigues equipo técnico para rodar mi siguiente spot. Yo te la chupo a ti y tú a mí, sin IVA y sin factura.
Esta es mi propuesta: España en negro.
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ACLARACIÓN DEL AUTOR:
“Parece que surgen algunas dudas respecto a qué autónomos afecta la medida. En el artículo no digo que sea a todos, sino aproximadamente a un millón y medio de nosotros. La medida afecta a los autónomos societarios. Y a los que tengan contratados al menos a 10 trabajadores. Esto supone el 43% de todos los autónomos de nuestro país. De momento (y mucho cuidado, porque esto puede cambiar este ejercicio), no afecta a taxistas, abogados independientes o reparadores de calderas de gas también independientes, por poner tres ejemplos. Pero creo que el volumen de personas a las que nos toca la medida es suficientemente amplio como para suscitar este debate”.
Fuente: http://yorokobu.es/como-acabar-con-los-autonomos-de-una-vez-por-todas/
Los ciudadanos españoles fueron los que más demandas presentaron (340), seguidos de alemanes (273), polacos (235) y belgas (182), según el informe 2012 que el Ombudsman europeo, Nikiforos Diamanduros, hizo hoy público.
En julio habrá un nuevo Defensor del Pueblo europeo: no se ha presentado ningún españolEn 2012, la oficina del Defensor del pueblo europeo recibió 1.500 quejas referidas al trato recibido por los "ombudsman" nacionales y regionales, la Comisión Europea, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y otras oficinas comunitarias de atención al ciudadano.
La mayoría de quejas recibidas se refirieron a falta de transparencia por la negativa de las administraciones a facilitar documentos públicos.
Otro gran número de casos versaron sobre la ejecución y adjudicación de contratos públicos comunitarios.
En lo que respecta a investigaciones abiertas en 2012, el país que dio origen a incoar más pesquisas fue Bélgica (103), seguida de Italia (42) y España y Alemania (39 cada una).
La institución que acaparó más demandas por mala praxis fue la Comisión Europea (53 %) y tras ella la oficina de selección de personal del Parlamento Europeo (17 %), otras agencias de la UE (13 %) así como la Eurocámara (5 %).
En un 21 % de los casos se llegó a un acuerdo amigable entre las partes.
En 2012, el Defensor del Pueblo europeo dictó que hubo mala administración en 56 casos, algo más que en el anterior informe anual de 2011 (47 casos).
Se trata del último informe anual que presenta el actual defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Dimanduros, que en octubre pasará el relevo a un nuevo Ombudsman.
El político griego ha tratado más de 30.000 quejas y ha abierto más de 3.500 investigaciones por mala praxis de la administración comunitaria a lo largo de los 10 años que ha permanecido en el cargo.
"En la última década la administración europea ha conseguido ser cada vez más transparente, más cercana al ciudadano y con más vocación de servicio", aseguró en un comunicado.
En la sesión plenaria de julio próximo en Estrasburgo (Francia) el PE elegirá al nuevo Ombudsman europeo, un puesto para el que se han presentado seis candidatos, ninguno de ellos español.
Se trata de tres eurodiputados (la socialista alemana Dagmar Roth-Behrendt, la conservadora holandesa Ria Oomen-Ruijten y el conservador italiano Francesco Speroni) así como la actual defensora del pueblo de Irlanda, Emily O'Reilly, el ombudsman holandés, Alex Brenninkmeijer, y el alemán Marcus Jaeger, jefe de la división de coordinación de migración del Consejo de Europa.
La comisión de Peticiones de la Eurocámara organizará a mediados de junio una serie de audiencias para evaluar las competencias de los candidatos.