lunes, 8 de julio de 2013
miércoles, 12 de junio de 2013
Autor: Luis Garcia Montero
Lo contrario de la corrupción no es el puritanismo, sino el respeto al bien público. hay mucha hipocresía en todas las democracias occidentales. Lo que agrava la situación en España no es el desprecio en secreto del bien común, sino su desprecio público. Se ha renunciado incluso a la hipocresía. Por eso gobiernan sin vergüenza, no dimiten, se presentan como salvadores de la patria y ocupan Casas Reales o cúpulas de partidos gentes descubiertas en público como mentirosos, corruptos y cobradores de dinero negro. Y al no dimitir, al llevar el vicio privado a la falta de respeto público, nos recuerdan que más que una nación somos una pandilla. En España se ha privatizado hasta la Historia al servicio de un rey y de una oligarquía económica.
miércoles, 29 de mayo de 2013
Defensor del pueblo europeo...
España y Alemania, a la cabeza en las quejas al defensor del pueblo europeo
El Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros (EFE)
Ampliar - Los españoles son, con diferencia, los que más demandas presentaron.
- La mayor parte de ellas se refieren a la falta de transparencia.
- El próximo mes de julio habrá un nuevo Defensor del Pueblo europeo.
martes, 21 de mayo de 2013
De los invisibles...
Ojos ciegos
Media España ignora el abismo de exclusión en el que está cayendo la otra media
Autora: Rosa Montero
lunes, 20 de mayo de 2013
Autor: Alberto Gonzalez Pascual.
¿Qué modelos de sociedad se sustentan en EEUU o en España si el porvenir que les espera a sus respectivas generaciones de jóvenes podría ser todavía mucho peor que el futuro de sus padres? Ahora es cuando las instituciones se alarman, se escandalizan, como si nada se hubiera visto venir. ¿Por qué se ha permitido llegar a esta situación?
Recientemente, la OCDE ha contabilizado en su zona a cerca de 17 millones de jóvenes que ni tienen empleo, ni estudian, ni reciben ningún tipo de formación (el denominado internacionalmente como grupo NEET), de los cuales aproximadamente 7 millones todavía buscan un puesto de trabajo, mientras que el resto ha dejado de intentarlo. Igualmente se ha identificado, como era de esperar, que los jóvenes que entran al mercado de trabajo prematuramente o con un nivel mínimo de estudios se convierten en el grupo más débil, no sólo por la dificultad de encontrar puestos estables, sino porque cuando ocupan un puesto de trabajo para el que no tiene la cualificación formal requerida suelen recibir sueldos un 8% por debajo del par que sí la tiene, y pueden llegar a tardar hasta 20 años en lograr una remuneración equivalente.
En España, antes de la explosión de la crisis, allá por 2006, cuando nuestra economía crecía más rápido que la alemana, el paro juvenil alcanzaba ya el 18%, 3 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE. Ese mismo año, un informe de este organismo ofrecía un diagnóstico del problema y lo acompañaba de un recetario sobre el que, como se ha demostrado, se trabajó muy poco. Dicho informe señalaba que uno de cada cuatro jóvenes dejaba ya la escuela con un nivel inferior a la educación secundaria superior (el nivel mínimo de competencias básicas para acceder hoy al mercado de trabajo). Además, la relación entre el sistema educativo y el trabajo se mostraba demasiado débil y el aprendizaje basado en una primera experiencia laboral se limitaba a los estudiantes de formación profesional, un grave error.
Pero la epidemia de la escasez de trabajo no sólo afecta a nuestro país; se extiende a otros muchos países europeos, como es el caso de Gran Bretaña. Prácticamente extinguida su capacidad industrial de manufactura, todo su PIB se concentra ahora en el sector servicios, y no da para todos. En abril, el desempleo entre los británicos aumentó en 70.000 personas, para un total de 2,56 millones, el 7,9% de su población activa. Y el paro juvenil creció en otros 20.000 más, quedándose a las puertas del millón de jóvenes en paro, en concreto 979.000. Además, el paro de larga duración continúa su enquistamiento, y se situó en los 900.000 desempleados, más del 50% menores de 30 años. En el mercado laboral británico, una de sus peculiaridades emergentes es que genera ya 31,3 millones de empleos que se reparten únicamente entre 29 millones de trabajadores, lo que indica la ascendencia del pluriempleo y de los "mini-jobs" para puestos de baja y de mediana cualificación, lo que grisácea a este país como un lugar socialmente confortable para vivir.
A escala europea, las medidas de choque que se proponen institucionalmente se centran en el diseño de programas de intervención en formación específica para recuperar perfiles poco cualificados y hacerles competitivos, siguiendo las experiencias de Dinamarca, Suiza o Austria. Y también en poner en funcionamiento programas de asesoramiento y colocación muy personalizados para que los jóvenes tengan una hoja de ruta factible, siguiendo el modelo de Japón, Holanda o Dinamarca. ¿Activar ese tipo de políticas resultaría ser suficiente y eficaz para tratar de erradicar o aminorar la enfermedad? No me lo parece, ya que incluso sumando la última medida prevista por Francia y Alemania estos últimos días para incentivar la contratación de jóvenes, continúo echando en falta una visión mucho más transformadora de los malos hábitos que nos han traído hasta aquí.
Es muy posible que más de la mitad de los seres humanos con más formación, talento e incluso genialidad que viven en la Tierra se encuentren ahora empleados en el mundo de los negocios. Esto implicaría que la imaginación más eminente de nuestra época se debería encontrar al servicio de la creación de empleo. Entonces, esta hipótesis convendría en un enunciado muy simple: las esperanzas de progreso deberían estar depositadas en la actividad de estos hombres y mujeres de negocios.
Sin embargo, el interés individual o privado no siempre coincide con el interés social o público. El interés particular por muy ilustrado que sea, no siempre es capaz de producir el interés público o el bien común. La experiencia ha demostrado que cuando un individuo actúa por separado persiguiendo sus propios fines, muy a menudo resulta ser demasiado ignorante o débil para lograr sus objetivos. Es por ello que surge el valor de uso de una agenda social viable que apoye a la persona, que le permita realizar su desarrollo individual a la vez que dicho desarrollo se asocia al progreso colectivo.
Los jóvenes españoles que emigran a Alemania y cuyas experiencias afloran de vez en cuando en los programas informativos o en las crónicas de los periódicos, ponen de manifiesto la carencia de un soporte público que desde España o la Comisión Europea les proporcione algún apoyo, ya sea asesorando o primando su iniciativa. Se encuentran solos, empequeñecidos y con muchas posibilidades de fracasar. Del mismo modo que, pero en sentido contrario, muchos otros jóvenes dejan de intentarlo demasiado fácilmente, carentes de una agenda personal cargada de valores, conocimientos y ambiciones, como si esperaran, en cierto modo, a que las cosas se arreglen por si solas. Por lo tanto, es absolutamente necesario tener ambas agendas, la personal y la social, armadas con recursos y accesibles para todos, si queremos que nuestros jóvenes puedan sobrevivir.
En 1930, John Maynard Keynes imaginaba el futuro de sus nietos a 100 años vista como un lugar donde la falta de trabajo no sería un problema acuciante, y donde el problema permanente de la Humanidad, el auténtico problema económico, la subsistencia, estaría resuelto. Confiaba en el progreso de la mentalidad social de las personas en detrimento de un individualismo imperfecto, y en el cambio técnico al servicio del interés público. Ambos factores necesitarían de unas instituciones que evitaran las guerras y los conflictos internos, unido a un control demográfico. En su visión concebía que, aún en un escenario tan optimista, el "viejo Adán" siguiera llamando a cada hombre para continuar trabajando, incluso aunque no fuera necesario. El incentivo por mejorar siempre debía estar ahí, presente, irrenunciable para generar curiosidad, avance y satisfacción.
Keynes recurrió a la figura teológica del viejo Adán para evocar un tiempo en que la acumulación de riqueza no era la prioridad de la vida: un mundo en que el hombre prefiere lo que es bueno a lo que es útil, y que honra a quienes pueden ayudarnos a aprovechar virtuosamente cada instante de nuestras vidas. La ética del trabajo keynesiana se conectaba así con la tradición romántica del trabajo artesanal, noble y comprometido.
Vista la trayectoria histórica, parece razonable pensar que la predicción de Keynes necesitará de 100 años más para cumplirse, y mientras tanto, la usura, la codicia y la cautela seguirán siendo dioses. En todo caso, el trabajo abundante era su pieza angular para producir prosperidad. La socialización de la economía sólo podía existir bajo la premisa del empleo. Y es este recurso el que continúa siendo escaso.
El avance técnico así como la planificación y acceso masivo de la ciudadanía a una educación avanzada, se han vuelto factores ineficaces para generar abundancia de nuevos puestos de trabajo. El sistema productivo, con su agenda de intereses y la aquiescencia de los ciclos económicos, continúa desbaratando los principios de equidad y progreso sobre los que aquellos factores son fundados originariamente. Esto provoca que la educación no pueda cumplir sus promesas, dado que el mercado sólo camina para satisfacer una Constitución al servicio de lo material. Y en el otro extremo, el cambio técnico, una vez destruye empleos rutinarios o en obsolescencia, está siendo mucho más lento de lo esperado para generar nuevos puestos de trabajo alineados con las nuevas necesidades tecnológicas.
El profesional originado en el sector educativo superior debe afrontar serias dificultades, incluso en el medio plazo, para encontrar trabajo en su sector de especialización. Si finalmente lo encuentra, difícilmente estará bien remunerado, y para rematar, puede que no haya adquirido el portfolio de competencias técnicas óptimas y necesarias para conectar con la demanda del ciclo productivo. Y este escenario, a mi juicio, puede agravarse todavía más. Veamos por qué:
Desde el año 2000, se ha producido una explosión en la oferta de trabajadores con educación universitaria procedente tanto de las sociedades ricas pero también, y aquí radica el cambio disruptivo que va amplificándose anualmente, procedentes de las sociedades emergentes. Es decir, se están multiplicando los efectos de la revolución en la calidad-precio de la mano de obra altamente cualificada. Por ejemplo, en China, en 2010, había 27 millones de jóvenes cursando estudios universitarios. El 65% de los doctorados en ingeniería de universidades de EEUU y Gran Bretaña durante la pasada década fueron otorgados a ciudadanos extranjeros y de fuera de la UE. Estas modificaciones implican que los procesos y productos con alto valor económico agregado ya no serán nunca más un coto occidental en términos espaciales y de capital basado en conocimiento. Un hecho perfectamente coherente con la estandarización de puestos de trabajo derivada de las funcionalidades y tareas simplificadas mediante las tecnologías digitales.
El marco de recompensas asociadas tradicionalmente con el estatus de la clase media educada en el nivel universitario está siendo reconfigurado hasta tal punto que sólo una minoría será capaz de poner en valor su ventaja educativa. Aunque sobre lo que no hay duda por ningún organismo es que el mayor porcentaje de nuevos puestos de trabajo que se generarán en los próximos 15 años serán para perfiles altamente cualificados; sin embargo, lo cierto es que no habrá para todos, la competencia será global, y las buenas condiciones materiales de esos puestos representarán solamente un porcentaje de su total. La tendencia se establecerá entre la calidad (cerebral) y el precio (cuerpo) dentro de un contexto globalizado y dual, polarizado entre una alta cualificación atada a salarios altos versus una alta cualificación atada a salarios bajos.
¿Cómo responderá el mundo educativo universitario ante esta incipiente avalancha de desigualdad? Como siempre, un porcentaje de los estudiantes se convertirán en la nueva generación de académicos, y sin duda estarán bien preparados gracias a sus estudios pre-doctorales y postdoctorales. ¿Qué ocurrirá con el resto, la inmensa mayoría, de los estudiantes? ¿Cuáles deben ser las respuestas sociales y los planes institucionales para que no deparen únicamente en rellenar puestos de trabajo pre-existentes sino para que sean capaces de crear puestos de trabajo para ellos mismos y para los demás? ¿Estamos construyendo los incentivos adecuados como para que los jóvenes tengan la suficiente confianza, ética y motivación?
La Administración de Barak Obama es plenamente consciente del problema que se cierne sobre EEUU en los próximos 10 años: crear empleos de calidad, y es por ello que ha puesto énfasis, al menos retórico, en impulsar una campaña que traslada el mensaje "Los estudiantes inventan el futuro". La épica a la que aspira una etiqueta tan prometedora consiste en salvar la creencia y hacer crecer la confianza en que EEUU sigue siendo la mayor superpotencia intelectual del mundo, pero lo que realmente encierra es el temor a no poder mantener ese sueño entre sus bases, mientras orienta el esfuerzo de becas y subvenciones públicas en potenciar el rendimiento y la vocación de los estudiantes dentro del paquete de asignaturas STEM (Science, Technology, Engineering , Mathematics), con el objetivo de ser capaces de suministrar suficiente mano de obra a las industrias tecnológicas de Palo Alto y Silicon Valley.
En cualquier caso, a principios de 2013, Gallup publicó en Washington un estudio que recogía cómo entre los menores estadounidenses de la escuela primaria y secundaria todavía se mantenía la creencia mayoritaria (en torno al 95%) en que resulta probable o muy probable que alcancen una vida mejor que las de sus progenitores cuando se conviertan en adultos. Y únicamente un 5% consideró que era improbable o muy improbable que lo lograran. El mito del sueño americano que se utilizó en la encuesta para delimitar el alcance de lo que se asume como una "vida mejor" comprendía nociones relativas y completamente materiales: llegar a tener una mejor casa, una mejor educación, y una mayor capacidad adquisitiva para alcanzar más calidad de vida.
¿Qué modelos de sociedad se sustentan en EEUU o en España si el porvenir que les espera a sus respectivas generaciones de jóvenes podría ser todavía mucho peor que el futuro de sus padres? Ahora es cuando las instituciones se alarman, se escandalizan, como si nada se hubiera visto venir. ¿Por qué se ha permitido llegar a esta situación?
Recientemente, la OCDE ha contabilizado en su zona a cerca de 17 millones de jóvenes que ni tienen empleo, ni estudian, ni reciben ningún tipo de formación (el denominado internacionalmente como grupo NEET), de los cuales aproximadamente 7 millones todavía buscan un puesto de trabajo, mientras que el resto ha dejado de intentarlo. Igualmente se ha identificado, como era de esperar, que los jóvenes que entran al mercado de trabajo prematuramente o con un nivel mínimo de estudios se convierten en el grupo más débil, no sólo por la dificultad de encontrar puestos estables, sino porque cuando ocupan un puesto de trabajo para el que no tiene la cualificación formal requerida suelen recibir sueldos un 8% por debajo del par que sí la tiene, y pueden llegar a tardar hasta 20 años en lograr una remuneración equivalente.
En España, antes de la explosión de la crisis, allá por 2006, cuando nuestra economía crecía más rápido que la alemana, el paro juvenil alcanzaba ya el 18%, 3 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE. Ese mismo año, un informe de este organismo ofrecía un diagnóstico del problema y lo acompañaba de un recetario sobre el que, como se ha demostrado, se trabajó muy poco. Dicho informe señalaba que uno de cada cuatro jóvenes dejaba ya la escuela con un nivel inferior a la educación secundaria superior (el nivel mínimo de competencias básicas para acceder hoy al mercado de trabajo). Además, la relación entre el sistema educativo y el trabajo se mostraba demasiado débil y el aprendizaje basado en una primera experiencia laboral se limitaba a los estudiantes de formación profesional, un grave error.
Pero la epidemia de la escasez de trabajo no sólo afecta a nuestro país; se extiende a otros muchos países europeos, como es el caso de Gran Bretaña. Prácticamente extinguida su capacidad industrial de manufactura, todo su PIB se concentra ahora en el sector servicios, y no da para todos. En abril, el desempleo entre los británicos aumentó en 70.000 personas, para un total de 2,56 millones, el 7,9% de su población activa. Y el paro juvenil creció en otros 20.000 más, quedándose a las puertas del millón de jóvenes en paro, en concreto 979.000. Además, el paro de larga duración continúa su enquistamiento, y se situó en los 900.000 desempleados, más del 50% menores de 30 años. En el mercado laboral británico, una de sus peculiaridades emergentes es que genera ya 31,3 millones de empleos que se reparten únicamente entre 29 millones de trabajadores, lo que indica la ascendencia del pluriempleo y de los "mini-jobs" para puestos de baja y de mediana cualificación, lo que grisácea a este país como un lugar socialmente confortable para vivir.
A escala europea, las medidas de choque que se proponen institucionalmente se centran en el diseño de programas de intervención en formación específica para recuperar perfiles poco cualificados y hacerles competitivos, siguiendo las experiencias de Dinamarca, Suiza o Austria. Y también en poner en funcionamiento programas de asesoramiento y colocación muy personalizados para que los jóvenes tengan una hoja de ruta factible, siguiendo el modelo de Japón, Holanda o Dinamarca. ¿Activar ese tipo de políticas resultaría ser suficiente y eficaz para tratar de erradicar o aminorar la enfermedad? No me lo parece, ya que incluso sumando la última medida prevista por Francia y Alemania estos últimos días para incentivar la contratación de jóvenes, continúo echando en falta una visión mucho más transformadora de los malos hábitos que nos han traído hasta aquí.
Es muy posible que más de la mitad de los seres humanos con más formación, talento e incluso genialidad que viven en la Tierra se encuentren ahora empleados en el mundo de los negocios. Esto implicaría que la imaginación más eminente de nuestra época se debería encontrar al servicio de la creación de empleo. Entonces, esta hipótesis convendría en un enunciado muy simple: las esperanzas de progreso deberían estar depositadas en la actividad de estos hombres y mujeres de negocios.
Sin embargo, el interés individual o privado no siempre coincide con el interés social o público. El interés particular por muy ilustrado que sea, no siempre es capaz de producir el interés público o el bien común. La experiencia ha demostrado que cuando un individuo actúa por separado persiguiendo sus propios fines, muy a menudo resulta ser demasiado ignorante o débil para lograr sus objetivos. Es por ello que surge el valor de uso de una agenda social viable que apoye a la persona, que le permita realizar su desarrollo individual a la vez que dicho desarrollo se asocia al progreso colectivo.
Los jóvenes españoles que emigran a Alemania y cuyas experiencias afloran de vez en cuando en los programas informativos o en las crónicas de los periódicos, ponen de manifiesto la carencia de un soporte público que desde España o la Comisión Europea les proporcione algún apoyo, ya sea asesorando o primando su iniciativa. Se encuentran solos, empequeñecidos y con muchas posibilidades de fracasar. Del mismo modo que, pero en sentido contrario, muchos otros jóvenes dejan de intentarlo demasiado fácilmente, carentes de una agenda personal cargada de valores, conocimientos y ambiciones, como si esperaran, en cierto modo, a que las cosas se arreglen por si solas. Por lo tanto, es absolutamente necesario tener ambas agendas, la personal y la social, armadas con recursos y accesibles para todos, si queremos que nuestros jóvenes puedan sobrevivir.
En 1930, John Maynard Keynes imaginaba el futuro de sus nietos a 100 años vista como un lugar donde la falta de trabajo no sería un problema acuciante, y donde el problema permanente de la Humanidad, el auténtico problema económico, la subsistencia, estaría resuelto. Confiaba en el progreso de la mentalidad social de las personas en detrimento de un individualismo imperfecto, y en el cambio técnico al servicio del interés público. Ambos factores necesitarían de unas instituciones que evitaran las guerras y los conflictos internos, unido a un control demográfico. En su visión concebía que, aún en un escenario tan optimista, el "viejo Adán" siguiera llamando a cada hombre para continuar trabajando, incluso aunque no fuera necesario. El incentivo por mejorar siempre debía estar ahí, presente, irrenunciable para generar curiosidad, avance y satisfacción.
Keynes recurrió a la figura teológica del viejo Adán para evocar un tiempo en que la acumulación de riqueza no era la prioridad de la vida: un mundo en que el hombre prefiere lo que es bueno a lo que es útil, y que honra a quienes pueden ayudarnos a aprovechar virtuosamente cada instante de nuestras vidas. La ética del trabajo keynesiana se conectaba así con la tradición romántica del trabajo artesanal, noble y comprometido.
Vista la trayectoria histórica, parece razonable pensar que la predicción de Keynes necesitará de 100 años más para cumplirse, y mientras tanto, la usura, la codicia y la cautela seguirán siendo dioses. En todo caso, el trabajo abundante era su pieza angular para producir prosperidad. La socialización de la economía sólo podía existir bajo la premisa del empleo. Y es este recurso el que continúa siendo escaso.
El avance técnico así como la planificación y acceso masivo de la ciudadanía a una educación avanzada, se han vuelto factores ineficaces para generar abundancia de nuevos puestos de trabajo. El sistema productivo, con su agenda de intereses y la aquiescencia de los ciclos económicos, continúa desbaratando los principios de equidad y progreso sobre los que aquellos factores son fundados originariamente. Esto provoca que la educación no pueda cumplir sus promesas, dado que el mercado sólo camina para satisfacer una Constitución al servicio de lo material. Y en el otro extremo, el cambio técnico, una vez destruye empleos rutinarios o en obsolescencia, está siendo mucho más lento de lo esperado para generar nuevos puestos de trabajo alineados con las nuevas necesidades tecnológicas.
El profesional originado en el sector educativo superior debe afrontar serias dificultades, incluso en el medio plazo, para encontrar trabajo en su sector de especialización. Si finalmente lo encuentra, difícilmente estará bien remunerado, y para rematar, puede que no haya adquirido el portfolio de competencias técnicas óptimas y necesarias para conectar con la demanda del ciclo productivo. Y este escenario, a mi juicio, puede agravarse todavía más. Veamos por qué:
Desde el año 2000, se ha producido una explosión en la oferta de trabajadores con educación universitaria procedente tanto de las sociedades ricas pero también, y aquí radica el cambio disruptivo que va amplificándose anualmente, procedentes de las sociedades emergentes. Es decir, se están multiplicando los efectos de la revolución en la calidad-precio de la mano de obra altamente cualificada. Por ejemplo, en China, en 2010, había 27 millones de jóvenes cursando estudios universitarios. El 65% de los doctorados en ingeniería de universidades de EEUU y Gran Bretaña durante la pasada década fueron otorgados a ciudadanos extranjeros y de fuera de la UE. Estas modificaciones implican que los procesos y productos con alto valor económico agregado ya no serán nunca más un coto occidental en términos espaciales y de capital basado en conocimiento. Un hecho perfectamente coherente con la estandarización de puestos de trabajo derivada de las funcionalidades y tareas simplificadas mediante las tecnologías digitales.
El marco de recompensas asociadas tradicionalmente con el estatus de la clase media educada en el nivel universitario está siendo reconfigurado hasta tal punto que sólo una minoría será capaz de poner en valor su ventaja educativa. Aunque sobre lo que no hay duda por ningún organismo es que el mayor porcentaje de nuevos puestos de trabajo que se generarán en los próximos 15 años serán para perfiles altamente cualificados; sin embargo, lo cierto es que no habrá para todos, la competencia será global, y las buenas condiciones materiales de esos puestos representarán solamente un porcentaje de su total. La tendencia se establecerá entre la calidad (cerebral) y el precio (cuerpo) dentro de un contexto globalizado y dual, polarizado entre una alta cualificación atada a salarios altos versus una alta cualificación atada a salarios bajos.
¿Cómo responderá el mundo educativo universitario ante esta incipiente avalancha de desigualdad? Como siempre, un porcentaje de los estudiantes se convertirán en la nueva generación de académicos, y sin duda estarán bien preparados gracias a sus estudios pre-doctorales y postdoctorales. ¿Qué ocurrirá con el resto, la inmensa mayoría, de los estudiantes? ¿Cuáles deben ser las respuestas sociales y los planes institucionales para que no deparen únicamente en rellenar puestos de trabajo pre-existentes sino para que sean capaces de crear puestos de trabajo para ellos mismos y para los demás? ¿Estamos construyendo los incentivos adecuados como para que los jóvenes tengan la suficiente confianza, ética y motivación?
La Administración de Barak Obama es plenamente consciente del problema que se cierne sobre EEUU en los próximos 10 años: crear empleos de calidad, y es por ello que ha puesto énfasis, al menos retórico, en impulsar una campaña que traslada el mensaje "Los estudiantes inventan el futuro". La épica a la que aspira una etiqueta tan prometedora consiste en salvar la creencia y hacer crecer la confianza en que EEUU sigue siendo la mayor superpotencia intelectual del mundo, pero lo que realmente encierra es el temor a no poder mantener ese sueño entre sus bases, mientras orienta el esfuerzo de becas y subvenciones públicas en potenciar el rendimiento y la vocación de los estudiantes dentro del paquete de asignaturas STEM (Science, Technology, Engineering , Mathematics), con el objetivo de ser capaces de suministrar suficiente mano de obra a las industrias tecnológicas de Palo Alto y Silicon Valley.
En cualquier caso, a principios de 2013, Gallup publicó en Washington un estudio que recogía cómo entre los menores estadounidenses de la escuela primaria y secundaria todavía se mantenía la creencia mayoritaria (en torno al 95%) en que resulta probable o muy probable que alcancen una vida mejor que las de sus progenitores cuando se conviertan en adultos. Y únicamente un 5% consideró que era improbable o muy improbable que lo lograran. El mito del sueño americano que se utilizó en la encuesta para delimitar el alcance de lo que se asume como una "vida mejor" comprendía nociones relativas y completamente materiales: llegar a tener una mejor casa, una mejor educación, y una mayor capacidad adquisitiva para alcanzar más calidad de vida.
jueves, 9 de mayo de 2013
martes, 7 de mayo de 2013
martes, 9 de abril de 2013
El silencio...
¿Qué
pasa la mayoría de veces que alguien realiza una solicitud de
información a una administración española? Que, simplemente, nadie
responde. El silencio administrativo es la principal barrera
con la que se encuentran los ciudadanos que exigen información, un
problema genérico a todos los niveles (nacional, autonómico y local) y
que se repite en las peticiones de información sobre aspectos medioambientales, pese a contar con su propia ley de acceso a la información; e incluso en las preguntas sobre la tramitación de la futura Ley de Transparencia. De hecho, sólo 75 de las 567 preguntas válidas recibieron una respuesta satisfactoria.
En pleno contexto de crisis, buena parte de las preguntas versan sobre aspectos relacionados con la gestión de la economía y el gasto público. Muchas cuestiones, además, surgen directamente de asuntos de plena actualidad informativa. Gracias a la curiosidad y el compromiso de los ciudadanos que han utilizado la web, hemos conocido algunos datos hasta entonces inéditos. Aunque la lista que preguntas que no han respondido es mucho más extensa. Por eso, insistimos una vez más con nuestras recomendaciones para unas administraciones públicas más transparentes y abiertas a la ciudadanía. Así hemos realizado este informe.
ÍNDICE
- Los resultados (el silencio como respuesta masiva)
- Las preguntas: economía y crisis
- Recomendaciones (insistimos)
- Metodología
- Todas nuestras campañas
1. Los resultados: el silencio como respuesta masiva
El silencio administrativo manda en el 54% de las peticiones de información registradas durante 2012 en la web de Tuderechoasaber.es. De hecho, esta práctica es la única respuesta que recibieron 306 de las 567 peticiones válidas registradas en la página web desde su nacimiento hace más de un año,
el 20 de marzo de 2012, hasta el pasado 31 de diciembre. El problema
crece de forma alarmante en las peticiones a entidades locales, donde el
porcentaje de no-respuestas es del 70,15% (47 de las 67 solicitudes).
El uso del silencio administrativo es también significativo en el caso de los partidos políticos (englobados en la sección ‘otro tipo de instituciones’). Aunque su financiación, cuentas, acceso a subvenciones públicas
y los criterios que siguen sus nombramientos son cuestiones que cada
vez interesan –y preocupan- directamente a los ciudadanos, y pese a que todos ellos se declaran partidariosde someter su funcionamiento a la nueva Ley de Transparencia, en la práctica constatamos que, a excepción de UPyD, ningún partido responde a las preguntas y peticiones de los ciudadanos. Podemos comprobarlo en las fichas de Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión Progreso y Democracia (UPyD), Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Convergència i Unió (CIU) y el resto de formaciones con representación parlamentaria.
Los resultados positivos tampoco animan a confiar en el aperturismo de las administraciones públicas: sólo 75 de las 567 solicitudes recibieron una respuesta satisfactoria (un 13,23%). Entre los diferentes caminos para el rechazo
encontramos, por orden de frecuencia, las 68 ocasiones en las que el
organismo aseguró no poseer la información, las 41 veces en las que
remitió al ciudadano a un formulario, las 37 respuestas incompletas, las
27 contestaciones inadecuadas y las 13 en las que, simplemente, se
rechazó la solicitud.
La
alternativa más frecuente, por detrás del silencio administrativo, es
remitir a formularios propios para centralizar las comunicaciones.
Además de que los estándares internacionales de transparencia
desaconsejan el uso de formularios, no consideramos que se trate de una
medida eficaz, como ejemplifica este solicitante sobre la venta de billetes de Metro de Madrid. En algunos casos, se aprovechan estos formularios para exigir al solicitante información de carácter personal que no es relevante para la gestión de una petición de información, como en esta solicitud. Más restrictivo aún resulta exigir a los solicitantes de información una autentificación mediante certificado digital o DNIe. Ese es el caso del Gobierno de Navarra, que impone una larga serie de restricciones en su recientemente aprobada Ley Foral de Transparencia.
También es frecuente que, preguntado por unos datos concretos, un funcionario proponga al solicitante
consultar por sí mismo los Presupuestos Generales del Estado o buscar
los datos en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otra
mala práctica de las administraciones pasa por que, si el solicitante no
se dirige en primera instancia al organismo correcto, entre en un embudo en el que finalmente nadie responde a su solicitud, como pasa con esta petición.
Medio ambiente: con la ley en la mano el silencio también manda
Incluso entre las peticiones relacionadas con materias medioambientales, que sí cuentan con una ley de acceso a la información propia en España, el porcentaje de silencio administrativo es del 58,14%.
Como en España el silencio administrativo es negativo,
si una institución no contesta en el plazo que determina la ley (tres
meses para las solicitudes generales y uno para las medioambientales) se entiende que la solicitud ha sido denegada.
Dado que el proyecto de ley que se está tramitando no incluye ningún
cambio en este sentido, las denegaciones de información no tendrán que
estar justificadas. Desde Tuderechoasaber.es insistimos en que,
manteniendo el silencio administrativo negativo en la ley de inminente
aprobación, se perpetúa uno de los principales obstáculos para el progreso hacia una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la modernización de las instituciones. Prueba de ello son estos resultados.
Este uso masivo del silencio administrativo da, en ocasiones, curiosos resultados. Después de tres intentos y varios meses de insistencia, la única respuesta que recibió una solicitud de información sobre el Art. 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas fue el clásico “out of the office”
automático del correo electrónico del funcionario, que se había ido de
vacaciones. El email juega, a veces, malas pasadas. Y es que no es lo
mismo ‘responder’ que ‘responder a todos’. Esta segunda opción fue la
que eligió, seguramente por error, un trabajador de la Junta de Castilla
y León cuando preguntó a sus compañeros y, de paso, al solicitante de
la información, “¿por qué no se responde a esta pregunta?” sobre el dinero público aportado a Radio Televisión Castilla y León.
Pese al desánimo que puede producir este uso masivo del silencio
administrativo, algunos ciudadanos no se rinden: hasta en seis ocasiones
insistió al Banco de España sobre la publicidad de EVO.
Sobre la Ley de Transparencia tampoco hay respuestas
De hecho, la opacidad del proceso de creación de la ley de transparencia -que hemos denunciado desde Tu Derecho a Saber en incontables ocasiones- se traslada, también, a las propias preguntas sobre su desarrollo. Vemos esta práctica, por ejemplo, en el Ministerio de Presidencia
(el cuerpo público responsable del actual proyecto de ley), que denegó
cualquier tipo de respuesta a esta petición de información sobre las Aportaciones ciudadanas incorporadas al anteproyecto de ley de transparencia. Pese a su insistencia (tres intentos entre mayo y diciembre de 2012), el solicitante nunca obtuvo respuesta.
Como se puede comprobar aquí, el Ministerio de Presidencia acumula una larga serie de peticiones desatendidas (como esta sobre los informes consultivos del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos sobre la Ley de Transparencia),
rechazadas o no satisfactorias. Aun así, algunos organismos deniegan la
información con la excusa de estar a la espera de la aprobación de la
norma, como el Ministerio de Presidencia, por ejemplo, en este caso
sobre regalos efectuados al Presidente del Gobierno, o en esta pregunta sobre tráfico de influencias.
2. Las preguntas: economía y crisis
De lo más grande a lo más cercano, las solicitudes de información registradas durante el primer año de vida de Tuderechoasaber.es van desde los vecinos que preguntan a sus ayuntamientos a ciudadanos de toda España que plantean cuestiones al Gobierno y sus instituciones dependientes -las más numerosas, un 63%. Es fácil encontrar un denominador común en la mayoría de preguntas: muchos ciudadanos están interesados por la economía, que les afecta en todas sus vertientes: el reparto del gasto público, la ejecución de los presupuestos y el coste de determinadas políticas en un contexto de crisis de la administración central. Este interés de la población debería obligar a que la futura Ley de Transparencia incluya la publicación proactiva de esta información desde todas las instituciones.
A golpe de titular
En
algunos casos, las preguntas emergen, directamente, de las páginas de
los periódicos, como una muestra del interés ciudadano por profundizar sobre temas de actualidad que, en muchos casos, quedan sin resolver.
Es el caso de una solicitud relacionada con las dietas de los diputados circunscritos a otras comunidades con residencia en Madrid, dos personas que preguntaron al Gobierno quiénes habían sido los beneficiarios de la amnistía fiscal (aquí y aquí) o esta pregunta sobre la comisión de Investigación sobre Madrid Arena, realizada poco después de la tragedia, entre otras.
Lo que SÍ hemos conseguido saber
En
países como Reino Unido, donde la cultura de la transparencia está
mucho más implantada y el derecho de acceso plenamente reconocido, las
peticiones de información pública suponen un buen caladero de novedades
para los medios de comunicación. Sirva como ejemplo esta lista de cerca de 500 historias periodísticas que los medios ingleses y galeses han cubierto basándose en respuestas obtenidas a una solicitud ciudadana.
En
2012, las solicitud de información que más eco ha recibido en los
medios de comunicación ha sido la de un ciudadano que preguntó al Senado
sobre el número y coste anual de los intérpretes de lenguas co-oficiales. Europa Press, El Economista, Telecinco y otras cabeceras destacaron los 250.000 euros presupuestados por el Senado para traductores en 2012. Esta información dio pié a que UPyD pidiese en el Congreso la extinción de ese gasto, que finalmente no fue excluido de los Presupuestos Generales del Estado dado que “habría que reformar el reglamento de la Cámara”.
También tuvo repercusión una serie de solicitudes que inquirían sobre el coste de celebrar los comicios autonómicos en Asturias (elecciones del 25 de marzo del 2012) y en el País Vasco (elecciones de 2001, 205 y 2009). Del análisis de las respuestas obtenidas se extrajo que aproximadamente el 50% del gasto de estas dos comunidades para celebrar sus elecciones autonómicas se lo embolsaron como subvenciones los partidos concurrentes, hecho amparado por la ley. Además, pudimos conocer que adelantar comicios supuso un gasto extra de 1,2 millones de euros en Asturias. Otras comunidades, como Galicia y Andalucía, no accedieron a desglosar públicamente su gasto.
Otro caso de información inédita hecha pública tras la petición de un ciudadano es la solicitud al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del acceso, muy detallado, ainformación primaria de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales (conocida como EGIF) del año 2011.
Lo que NO quieren responder las administraciones públicas
En
determinadas ocasiones, la noticia no está en la información que
facilitan los poderes públicos sino en qué preguntas se han negado a
responder. Especialmente aquellas más ancladas en la actualidad. Muchas
de ellas, de hecho, están relacionadas con lo que más interesa a los
ciudadanos: la gestión del gasto público. Lo vemos desde en el Congreso
de los Diputados, que se negó a hacer pública la información detallada sobre los presupuestos de la cámara para 2013, pasando por el Tribunal de Cuentas, que no informa sobre los complementos vitalicios para altos cargos de la administración y hasta en el Banco de España, que no ha contestado a ninguna petición sobre el fondo de garantía de depósitos o el volumen total de deuda pública emitida entre 2008 y 2012.
Pero no sólo las entidades nacionales niegan estos datos. La Generalitat de Cataluña no facilitó ninguna información sobre el coste de celebración de los comicios
autonómicos de 2003, 2006 y 2010 y la Junta de Andalucía ha denegado
cualquier respuesta a un ciudadano que solicitaba información sobre presupuestos y gasto desglosado de varios proyectos de ciudadanía digital que se llevan a cabo en esa comunidad.
En
otros casos, las peticiones versan sobre datos estadísticos que, a
primera vista, no deberían contener información que los haga
susceptibles de mantenerse ocultos. Uno de los casos más destacados es
el de la Comunidad de Madrid, que no ha aportado ninguna información
sobre el impacto ambiental, concesión de terrenos, adjudicación de
licencias, normativas fiscales, de juego y otros aspectos de la gestación del proyecto Eurovegas. Esta falta de transparencia ha sido también severamente criticada por el Defensor del Pueblo. Por su parte, el Tribunal Constitucional no responde sobre el número de procedimientos que tiene abiertos y la antigüedad de los mismos.
El Ministerio del Interior no ha querido responder cuál ha sido el número de manifestaciones y actos reivindicativos registrados en España desde el año 2000 y la Dirección General de Tráfico no ofrece datos sobre puntos negros
de siniestralidad en carreteras. Uno de los casos más flagrantes es,
sin duda, el del Ministerio de Presidencia, que no ha contestado sobre la publicación de datos estadísticos de criminalidad que se comprometió a dar a conocer durante la Open Government Partnership.
3. Recomendaciones (insistimos)
En el anterior informe
de tuderechoasaber.es el equipo destacaba una serie de problemas que
afectan muy negativamente al sistema de transparencia en España y las
sugerencias de cambio en la futura ley de transparencia para poder
subsanarlos. Ninguna de estas sugerencias han sido incorporadas ni
subsanadas, por lo tanto las repetimos:
1. Todas las instituciones deben tener e-mail de contacto y un responsable
Uno
de los obstáculos que hemos tenido a la hora de desarrollar la web
tuderechoasaber.es ha sido que muchas instituciones no tienen un e-mail
de contacto para poder dirigirse a ellas, algo que no tiene mucho
sentido, ya que el correo electrónico es el medio de comunicación más
utilizado entre la sociedad y dentro de las mismas administraciones. El
Proyecto de Ley plantea la posibilidad de enviar solicitudes por medios
electrónicos, lo cual es un gran avance. Sin embargo, solo prevé la
obligación de crear unidades de información, es decir, de nombrar un
responsable para moderar las solicitudes de información para la
Administración General del Estado, pero no para cada institución.
2. Todas las instituciones deben tener iguales obligaciones de transparencia
En
anteriores informes de Access Info Europe ya se destacaba que hay
tendencias claras en cuanto a la información más solicitada: una gran
cantidad de solicitudes están relacionadas con la ejecución del
presupuesto y los resultados de las políticas que se han llevado a cabo.
El Proyecto de Ley de Transparencia prevé acertadamente una serie de
obligaciones de publicación proactiva de información. El problema es que
la propia ley excluye a muchas instituciones de esta obligación.
3. Reconocimiento del silencio administrativo positivo
El
tercer gran problema que hemos detectado es que un gran porcentaje de
solicitudes no encuentra ninguna respuesta. En nuestro país, el silencio
administrativo es negativo, lo que implica que si una institución no
contesta en el plazo que tiene por ley, se entiende que la solicitud ha
sido denegada. Esta práctica atenta directamente contra los principios
básicos del derecho de acceso a la información, ya que las denegaciones
de información deben ser siempre motivadas. Esta situación no cambiará
según el planteamiento del Proyecto de Ley.
4. Establecer medidas de promoción del derecho de acceso a la información
Por
último, y retomando la necesidad de asegurar por ley una implementación
adecuada de las medidas de transparencia, se deberían aprobar otra
serie de medidas para que las instituciones estuvieran al tanto de sus
obligaciones de transparencia, como por ejemplo encomendar a un
organismo central la promoción de este derecho, encargan informes a las
administraciones públicas sobre su cumplimiento, creación
de guías o cursos escolares, listar los documentos de cada institución
de forma obligatoria o formar a los funcionarios sobre sus
responsabilidades.
4. Metodología
La primera petición de información registrada en Tuderechoasaber.es está fechada el 20 de marzo del 2012, día del nacimiento del portal. Para realizar este informe, hemos tenido en cuenta las preguntas recibidas desde ese día hasta el pasado 31 de diciembre,
por lo que las estadísticas no contemplan los resultados de un año
natural. En total, se recibieron 678 peticiones, de las que hemos descartado 109 para este trabajo
al considerar que no son exactamente preguntas concretas, sino más bien
quejas, sugerencias o críticas a las administraciones públicas.
Así, se han contabilizado 567 entradas. Todas ellas han cumplido el plazo de tres meses
que tienen las entidades preguntadas para responder antes de que una
no-respuesta se considere silencio administrativo, que cumplió el 31 de
marzo de 2013, fecha de cierre de la base de datos para este informe.Fuente: http://blog.tuderechoasaber.es/informe/
miércoles, 3 de abril de 2013
Hace unos días, un seguidor de mi blog desde América me envió dos artículos muy interesantes tras leer uno de mis posts referentes a Chipre. Se trata de un artículo en CounterPunch y varias declaraciones en vídeo del inversor Jim Rogers en la CNBC con el tajante título “Get your money out of the banks” (mantén tu dinero fuera de los bancos), de Nigel Farage, para Fox News, líder del partido de la Independencia del Reino Unido y Eurodiputado, “I never thought that the EU will resort to stealing money just to keep the banks propped up” (nunca pensé que la UE fuera capaz de robar dinero para apoyar a los bancos), donde expresa sus inquietudes sobre la banca española. También expresa sus opiniones Marc Faber, analista de inversiones y empresario suizo presidente de Marc Faber Limited, apodado Dr. Doom, que indica para Bloomberg que “not even gold wil save you from what is coming” (ni siquiera el oro te salvará de lo que viene). Tres auténticas joyas de preocupación sobre las erróneas decisiones de nuestros gobernantes europeos y nuestro sistema financiero de casino.
Todos ellos califican el hecho, con mayor o menor énfasis, como de robo institucionalizado. Pero vayamos por partes.
Jim Rogers no escatima en expresar sus opiniones acerca del sistema financiero internacional y las malas praxis que se están desarrollando en la UE, y más concretamente sobre la incertidumbre que generará en las inversiones a nivel mundial las declaraciones del ministro holandés de finanzas, Jeroen Dijssebloem, del que ya he hablado hace poco.
Si pensamos que en realidad todo el sistema financiero se sustenta en la premisa de la “confianza”, medidas como las implementadas en Chipre y las declaraciones de Dijssebloem, van en el camino contrario, y ponen en jaque a todo el sistema financiero europeo, y por extensión al mundial. De nada valen sus declaraciones posteriores aclarando que las medidas de Chipre son excepcionales y no se va a repetir en ningún otro país europeo: el daño ya está hecho.
Pero, volvamos sobre el título de este texto, ¿nuestras cuentas pueden ser confiscadas en cualquier momento? Mi respuesta es sí. Si nos atenemos a las explicaciones dadas por Ellen Brown en CounterPunch, sólo tenemos que dirigirnos a documentos del gobierno de EE.UU. y del Banco de Inglaterra que se originaron tras las sesiones del G20 en Basilea (Suiza) para comprobar que estos gobiernos hace tiempo que trabajan sobre esa hipótesis. La cuestión consistiría en romper las ayudas a la banca provenientes de nuestros sistemas fiscales (dinero del contribuyente) para que sean los clientes de los bancos (los depositarios) quieren salven a sus proveedores de servicios (la propia banca), por lo que se ve. A cambio, se propone un trueque de los montantes de los depósitos por acciones de los bancos. Lo cual no deja de ser muy gracioso, si nos acordamos de a cuánto se vendieron las primeras acciones de Bankia y cuál es su cotización a día de hoy. La confiscación del 60% para los depósitos mayores de 100.000 euros en Chipre es un chiste comparado con esta posibilidad en España.
La conformidad tonta de los chipriotas en relación a la confiscación de los depósitos superiores a 100.000 euros, argumentando que son el resultado de un sistema bancario opaco, a donde van a parar fondos de procedencia dudosa, evasión de capitales o de impuestos, o todo junto. Culpa no de las personas que han confiado en las autoridades chipriotas para depositar su dinero, sino de un sistema que lo permite a priori. No hay que poner una multa a algo que es legal; habrá que cambiar la ley y permitir a las personas que tomen una decisión coherente con la nueva legislación y sus intereses personales. Esta medida es tanto como multar a todos los coches que pasen por una calle porque suponemos que tarde o temprano van a cometer alguna infracción de tráfico, incluso alguna que al legislador se le ocurra en el futuro. ¡En fin!
En cualquier otro país europeo, donde esta facilidad “opaca” no existe, indicar que los ricos y súper-ricos no tienen depósitos millonarios en los bancos, sino que su riqueza la mantienen en forma de otro tipo de activos, más o menos líquidos, que les permite protegerla. Por tanto, una medida de este tipo, a quien realmente afecta no es precisamente a estas clases.
Todo ello nos hace concluir que de alguna manera nuestro sistema económico, especialmente el financiero, tiene que cambiar radicalmente. No es posible un sistema que esté basado en el préstamo indiscriminado del BCE a la banca maltrecha que lo único que hace es comprar deuda pública que crece sin fin (en 2012 todos los países europeos vieron crecer su deuda, y nuestro propio gobierno está negociando con las autoridades comunitarias un déficit para este año del 6%). En algún momento se producirá el colapso del sistema. Muchos nos preguntamos incluso si el sistema capitalista moderno es sostenible, como hace Kenneth Rogoff.
Por otro lado, tal como indica Marc Faber para Boomberg TV, se imprime mucho dinero, pero no va a parar a la economía productiva, sino que se queda atrapado en la industria de servicios financieros y entre las personas que tienen acceso a estos grandes fondos, en su mayoría súper-ricos. Estos fondos sólo ayudan a crear burbuja tras burbuja; primero la que se creó alrededor del NASDAQ entre 1997 y 2000, luego la de la vivienda hasta 2007, luego las “commodities” en 2008 cuando la economía estaba ya en recesión. Más recientemente, ayudando a subir las bolsas de las principales economías emergentes, como Indonesia, Filipinas, Tailandia, donde los índices de sus mercados bursátiles se han incrementado hasta hasta cuatro veces desde mínimos de 2009. Ni siquiera la burbuja creada alrededor del oro podrá resistir si finalmente se demuestra una crisis sistémica, como la que parece nos amenaza.
Por último, y respecto a la confiscación de cuentas bancarias, debemos tener muy presente que los depósitos en la UE están teóricamente protegidos hasta 100.000 euros por depositante y banco. Me gustaría saber cuál es el monto del fondo preparado para tal eventualidad. Nos podemos encontrar con algunas sorpresas de insolvencia. Además, siempre existe la posibilidad de cambiar la Ley con efecto retroactivo, y si no que se lo pregunten a los chipriotas.
Sí, nuestras cuentas pueden ser confiscadas en cualquier momento.
Foto de Manuel Caraballo
Fuente: http://www.gurusblog.com/archives/cuentas-confiscadas-cualquier-momento/02/04/2013/
martes, 19 de marzo de 2013
Abogado
La gigantesca hazaña de un humilde abogado
El defensor de Mohamed Aziz ha sido el artífice del revolcón al sistema de desahucios
Jesús García
Barcelona
17 MAR 2013 - 19:43 CET451
El abogado, emocionado, junto a Mohamed Aziz, poco después de conocer el fallo del Tribunal de la UE. / c. r.
Cuando Mohamed Aziz
le explicó sus problemas con la hipoteca, Antonio Moreno ya padecía el
cáncer que le mató un año después. Habían sido vecinos y esa proximidad
les convirtió en amigos. Antonio pasaba las tardes cuidando con mimo su
pequeño huerto en una granja de Martorell, a 40 kilómetros de Barcelona.
Mohamed, que entonces se ganaba la vida como obrero, cuidaba de su
familia, llegada de Marruecos.
Un día, Mohamed se encontró a Antonio en una farmacia y le contó que se había quedado en paro, que había dejado de pagar cuotas de la hipoteca y que el banco amenazaba con echarle de casa, como así ocurrió después, en enero de 2011. Antonio no podía ayudarle, pero sabía quién podía hacerlo: su hijo Dionisio, un modesto abogado con piso y despacho en el casco viejo de Martorell.
“Antonio me dijo: ‘No te preocupes, voy a hablar con Dionisio y él te ayudará’. Desde entonces, Dioni, yo le llamo así, siempre me ha llevado de la mano”, cuenta Aziz sobre su “abogado y amigo”, protagonista silencioso del caso que ha puesto patas arriba el sistema español de desahucios y ha dado esperanza a miles de personas que han perdido sus casas —o están camino de hacerlo— porque no pueden saldar sus deudas con los bancos.
Dionisio Moreno, separado, de 43 años, vecino y “militante de Martorell y su historia milenaria” es un hombre peculiar; para quienes le conocen, excepcional: “Es una persona que engancha, que ha dado una lección de valores humanos y éticos”, asegura Verónica Dávalos, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha pasado horas en su compañía para apoyarle. “Como este chico hay pocos, siempre ayuda a los pobres y sin pedir nada a cambio”, ratifica Aziz.
Sus periquitos —ahora tiene siete— ocupan un lugar central de la casa. “Aquí no les molesta el ruido: ni veo la tele ni escucho la radio”, explica Moreno. Los domestica lanzándolos contra las cortinas rosas del comedor, que filtran la luz del sol. “Luego los regalo, sobre todo a familias con niños, que son muy cariñosos”. “Yo, de hecho, soy como un niño, tengo juguetitos por toda la casa”, añade sentado frente a dos figurillas de caballeros de la Edad Media que hay en su despacho, el lugar donde alumbró una idea que se ha demostrado brillante: invocar los derechos del consumidor de la UE para denunciar cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario de Mohamed.
La inspiración, como se dice, le pilló trabajando. La pista para vencer a Caixa Tarragona y evitar el desahucio del amigo de su padre se la dio otro banco, que le había enviado “una de esas cartas de publicidad”. Hablaba de unos productos financieros. El abogado trazó en su mente una línea de conceptos (productos, clientes, consumidor...) que le llevó a dar con la tecla adecuada. “Ha trabajado de forma magistral. Lo que ha hecho tiene mucho mérito, ha renunciado a otros proyectos profesionales por ayudar a un amigo”, sugiere Dávalos.
Prudente, Moreno no ha querido vender la piel del oso antes de cazarlo. Por eso se ha mantenido en un silencio monacal hasta el jueves, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Entonces, toda la tensión acumulada estalló en forma de lágrimas. “Vaya, así me siento una persona importante”, bromeaba tras conocer la buena nueva, rodeado por cámaras de televisión. Él insiste en que es un abogado “sencillo y sin medios”, que vive solo, sin más compañía que sus periquitos, y que vio en el caso de Aziz “una injusticia” que debía ser subsanada.
El pleito le ha hecho perder dinero, pero no ha perdido la sonrisa. “Ha sido como un hermano. Ha trabajado sin cobrar nada, todo lo ha pagado él. No me dejaba pagar nada, ni las fotocopias. Hasta me ayudó a comprar comida para mi familia”, recuerda el hombre desahuciado, eternamente agradecido a su defensor. Cuando el banco le reclamó cuatro meses atrasados de la hipoteca, Moreno se ofreció a poner de su bolsillo una parte.
El abogado de Martorell ha vivido a través del caso Aziz una epopeya personal y profesional que tuvo su culmen en el estrambótico viaje a Luxemburgo para comparecer ante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “El hecho de que Dioni fuera a aquella vista fue determinante; los jueces vieron de qué iba esto”, defiende Dávalos. “Me ha contado tantas veces las anécdotas que parece que haya viajado con él”, añade.
El abogado tenía previsto aprovechar la vista a la Curia, en Luxemburgo, para pasar un par de días en París con su pareja. Al final, para no distraerse, fue solo. Compró los billetes más baratos que encontró en una compañía de bajo coste y, desde el aeropuerto Charles de Gaulle, viajó a Luxemburgo en coche. Como la hora de entrada al hotel ya había pasado cuando llegó, se quedó sin alojamiento. Deambuló por Bruselas hasta encontrar “un restaurante chino donde se podía leer chambres [habitaciones]”. Allí pudo ducharse y dormir unas horas. Al día siguiente, a las nueve de la mañana, tenía que defender el caso.
No fueron mejor las cosas el día del juicio. “¡Me encontré un atasco descomunal para entrar a Luxemburgo!”. Se perdió varias veces. Primero fue a parar a “un tribunal que no era”. Después, por culpa de unas obras, acabó “en medio del bosque”. Hasta que un alma caritativa le indicó el camino. Tras “rodear todo el edificio”, encontrarse “un par de puertas cerradas” y colocarse precipitadamente “una toga francesa, con un pañolón delante”, entró a la sala justo cuando hablaba el abogado del banco. “Hice una reverencia y me bebí todo el agua que había. Luego me llamaron al atril y tuve que hablar sin mirar ningún papel. Estaba muy nervioso, pero fue bien”.
“Ha sido toda una aventura, pero no sé si querría vivir otra así”, concluye Moreno, del que sus amigos destacan, como virtud primordial, la bondad. Pese a esas dudas, el abogado dice, con cierto aire enigmático, que sigue investigando sobre el drama de las hipotecas. “Creo que no fueron los mercados, sino los bancos, quienes pusieron precio a los pisos. Y lo hicieron en función de los préstamos que estaban dispuestos a conceder”. Lo hará, dice, paso a paso y en silencio. “Su triunfo es el triunfo de la hormiguita”, subraya la abogada de la PAH.
Más que abogado, en realidad Dionisio Moreno quería ser arqueólogo. “Pero no pude rechazar la beca de un banco —ríe— para estudiar Derecho. Me gustaba estudiar y el trato con la gente”, dice. Tras pasar unos años en un despacho “corriente”, se lo montó por su cuenta. Ahora tiene su sede en una pequeña habitación de casa. Como Carrie Mathison, la espía de la CIA de Homeland, el abogado ordena sus pensamientos en un enorme tablón de corcho que cuelga en la pared.
Al margen de su faceta altruista, a Moreno le gusta la novela histórica, la cocina —el jueves preparó dos tartas de manzana para celebrar la sentencia— y “salir al campo a buscar cosas”. “No encuentro restos arqueológicos, pero sí espárragos”, ironiza. Siempre ha estado en contacto con la naturaleza. De adolescente, trabajó en la granja de su padre, junto a la que más tarde vivió Aziz. “Teníamos un terrenito con gallinas y conejos. Mohamed, al que mi padre llamaba cariñosamente El Negro, y un amigo suyo, venían a comprar huevos”.
El caso Aziz ha convertido a Moreno, a la fuerza, en un experto en desahucios, a los que no es del todo ajeno. “De vez en cuando debo algunas cuotas de mi hipoteca. Siempre voy justo, pero por ahora llego a tiempo para pagar”. Para él, el caso no ha sido solo una lucha por buscar soluciones contra el drama de los desahucios en España, sino también una especie de terapia personal que le ha ayudado a superar el duelo por la muerte de su padre. “Ha sido el juicio de mi vida; tapé esa pérdida trabajando mucho”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/17/actualidad/1363545023_410383.html
Un día, Mohamed se encontró a Antonio en una farmacia y le contó que se había quedado en paro, que había dejado de pagar cuotas de la hipoteca y que el banco amenazaba con echarle de casa, como así ocurrió después, en enero de 2011. Antonio no podía ayudarle, pero sabía quién podía hacerlo: su hijo Dionisio, un modesto abogado con piso y despacho en el casco viejo de Martorell.
“Antonio me dijo: ‘No te preocupes, voy a hablar con Dionisio y él te ayudará’. Desde entonces, Dioni, yo le llamo así, siempre me ha llevado de la mano”, cuenta Aziz sobre su “abogado y amigo”, protagonista silencioso del caso que ha puesto patas arriba el sistema español de desahucios y ha dado esperanza a miles de personas que han perdido sus casas —o están camino de hacerlo— porque no pueden saldar sus deudas con los bancos.
Dionisio Moreno, separado, de 43 años, vecino y “militante de Martorell y su historia milenaria” es un hombre peculiar; para quienes le conocen, excepcional: “Es una persona que engancha, que ha dado una lección de valores humanos y éticos”, asegura Verónica Dávalos, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha pasado horas en su compañía para apoyarle. “Como este chico hay pocos, siempre ayuda a los pobres y sin pedir nada a cambio”, ratifica Aziz.
Sus periquitos —ahora tiene siete— ocupan un lugar central de la casa. “Aquí no les molesta el ruido: ni veo la tele ni escucho la radio”, explica Moreno. Los domestica lanzándolos contra las cortinas rosas del comedor, que filtran la luz del sol. “Luego los regalo, sobre todo a familias con niños, que son muy cariñosos”. “Yo, de hecho, soy como un niño, tengo juguetitos por toda la casa”, añade sentado frente a dos figurillas de caballeros de la Edad Media que hay en su despacho, el lugar donde alumbró una idea que se ha demostrado brillante: invocar los derechos del consumidor de la UE para denunciar cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario de Mohamed.
La inspiración, como se dice, le pilló trabajando. La pista para vencer a Caixa Tarragona y evitar el desahucio del amigo de su padre se la dio otro banco, que le había enviado “una de esas cartas de publicidad”. Hablaba de unos productos financieros. El abogado trazó en su mente una línea de conceptos (productos, clientes, consumidor...) que le llevó a dar con la tecla adecuada. “Ha trabajado de forma magistral. Lo que ha hecho tiene mucho mérito, ha renunciado a otros proyectos profesionales por ayudar a un amigo”, sugiere Dávalos.
Prudente, Moreno no ha querido vender la piel del oso antes de cazarlo. Por eso se ha mantenido en un silencio monacal hasta el jueves, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Entonces, toda la tensión acumulada estalló en forma de lágrimas. “Vaya, así me siento una persona importante”, bromeaba tras conocer la buena nueva, rodeado por cámaras de televisión. Él insiste en que es un abogado “sencillo y sin medios”, que vive solo, sin más compañía que sus periquitos, y que vio en el caso de Aziz “una injusticia” que debía ser subsanada.
El pleito le ha hecho perder dinero, pero no ha perdido la sonrisa. “Ha sido como un hermano. Ha trabajado sin cobrar nada, todo lo ha pagado él. No me dejaba pagar nada, ni las fotocopias. Hasta me ayudó a comprar comida para mi familia”, recuerda el hombre desahuciado, eternamente agradecido a su defensor. Cuando el banco le reclamó cuatro meses atrasados de la hipoteca, Moreno se ofreció a poner de su bolsillo una parte.
El abogado de Martorell ha vivido a través del caso Aziz una epopeya personal y profesional que tuvo su culmen en el estrambótico viaje a Luxemburgo para comparecer ante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “El hecho de que Dioni fuera a aquella vista fue determinante; los jueces vieron de qué iba esto”, defiende Dávalos. “Me ha contado tantas veces las anécdotas que parece que haya viajado con él”, añade.
El abogado tenía previsto aprovechar la vista a la Curia, en Luxemburgo, para pasar un par de días en París con su pareja. Al final, para no distraerse, fue solo. Compró los billetes más baratos que encontró en una compañía de bajo coste y, desde el aeropuerto Charles de Gaulle, viajó a Luxemburgo en coche. Como la hora de entrada al hotel ya había pasado cuando llegó, se quedó sin alojamiento. Deambuló por Bruselas hasta encontrar “un restaurante chino donde se podía leer chambres [habitaciones]”. Allí pudo ducharse y dormir unas horas. Al día siguiente, a las nueve de la mañana, tenía que defender el caso.
No fueron mejor las cosas el día del juicio. “¡Me encontré un atasco descomunal para entrar a Luxemburgo!”. Se perdió varias veces. Primero fue a parar a “un tribunal que no era”. Después, por culpa de unas obras, acabó “en medio del bosque”. Hasta que un alma caritativa le indicó el camino. Tras “rodear todo el edificio”, encontrarse “un par de puertas cerradas” y colocarse precipitadamente “una toga francesa, con un pañolón delante”, entró a la sala justo cuando hablaba el abogado del banco. “Hice una reverencia y me bebí todo el agua que había. Luego me llamaron al atril y tuve que hablar sin mirar ningún papel. Estaba muy nervioso, pero fue bien”.
“Ha sido toda una aventura, pero no sé si querría vivir otra así”, concluye Moreno, del que sus amigos destacan, como virtud primordial, la bondad. Pese a esas dudas, el abogado dice, con cierto aire enigmático, que sigue investigando sobre el drama de las hipotecas. “Creo que no fueron los mercados, sino los bancos, quienes pusieron precio a los pisos. Y lo hicieron en función de los préstamos que estaban dispuestos a conceder”. Lo hará, dice, paso a paso y en silencio. “Su triunfo es el triunfo de la hormiguita”, subraya la abogada de la PAH.
Más que abogado, en realidad Dionisio Moreno quería ser arqueólogo. “Pero no pude rechazar la beca de un banco —ríe— para estudiar Derecho. Me gustaba estudiar y el trato con la gente”, dice. Tras pasar unos años en un despacho “corriente”, se lo montó por su cuenta. Ahora tiene su sede en una pequeña habitación de casa. Como Carrie Mathison, la espía de la CIA de Homeland, el abogado ordena sus pensamientos en un enorme tablón de corcho que cuelga en la pared.
Al margen de su faceta altruista, a Moreno le gusta la novela histórica, la cocina —el jueves preparó dos tartas de manzana para celebrar la sentencia— y “salir al campo a buscar cosas”. “No encuentro restos arqueológicos, pero sí espárragos”, ironiza. Siempre ha estado en contacto con la naturaleza. De adolescente, trabajó en la granja de su padre, junto a la que más tarde vivió Aziz. “Teníamos un terrenito con gallinas y conejos. Mohamed, al que mi padre llamaba cariñosamente El Negro, y un amigo suyo, venían a comprar huevos”.
El caso Aziz ha convertido a Moreno, a la fuerza, en un experto en desahucios, a los que no es del todo ajeno. “De vez en cuando debo algunas cuotas de mi hipoteca. Siempre voy justo, pero por ahora llego a tiempo para pagar”. Para él, el caso no ha sido solo una lucha por buscar soluciones contra el drama de los desahucios en España, sino también una especie de terapia personal que le ha ayudado a superar el duelo por la muerte de su padre. “Ha sido el juicio de mi vida; tapé esa pérdida trabajando mucho”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/17/actualidad/1363545023_410383.html
lunes, 18 de marzo de 2013
jueves, 14 de marzo de 2013
Ley hipotecaria abusiva... y lo dicen ahora... más vale tarde que nunca claro...
El Tribunal de Justicia europeo considera abusiva la ley española sobre desahucios
La sentencia del Tribunal europeo dice que es contraria a las normas de la Unión
El fallo del tribunal europeo será directamente aplicable a partir de ahora
DESCARGABLE Consulta la sentencia de la Corte de Luxemburgo
Luis Doncel / Mónica Ceberio Belaza Bruselas / Madrid 14 MAR 2013 - 10:09 CET26
Archivado en:
TJUE
Desahucios
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Imagen de una de las manifestaciones en contra de los desahucios. / EFE
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera abusiva e ilegal la normativa española sobre desahucios que permite que las familias que no pueden pagar una hipoteca puedan quedarse en la calle y con la deuda a cuestas. Esta posibilidad vulnera los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria y así lo ha plasmado el tribunal en su sentencia.
Una de las argumentaciones de la sentencia hace referencia a que, ante los procesos de desahucio, los jueces o pueden adoptar medidas cautelares "entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final". Es decir, considera que la legislación española, que no permite paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas, vulnera la normativa europea sobre los consumidores porque no garantiza una protección suficiente frente a cláusulas abusivas.
El fallo del tribunal europeo será directamente aplicable a partir de ahora y en los procesos que están vivos, así como en las sentencias pendientes de dictar.
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La sentencia es de obligado cumplimiento por todos los jueces de la UE. Los magistrados deberán tener en cuenta esta sentencia en todos los casos, aunque el fallo no es vinculante. Pese a que España no estaría formalmente obligada a cambiar la ley, el Gobierno español ha esperado a conocer la sentencia para aprobar el proyecto de ley sobre desahucios que está en tramitación en el Congreso.
El origen de todo fue Mohamed Aziz, un vecino de Martorell (Barcelona), que fue desahuciado en enero 2011 y cuyo caso llegó al Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona. El titular del juzgado, José María Fernández Seijo, planteó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para saber si la ley española es compatible con los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria. Lo hizo, explica él, después de que el Constitucional rechazara estudiar una cuestión de un juez de Sabadell sobre si las ejecuciones hipotecarias vulneraban derechos de los ciudadanos, buscando una mayor sensibilidad en la Unión Europea.
La sentencia coincide en el tiempo con el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, respaldada por un millón y medio de firmas, pide que se paralicen los desahucios, que los afectados puedan devolver sus pisos al banco y quedarse a vivir pagando un alquiler social.
El dictamen no vinculante emitido en noviembre pasado por la abogada general de la Unión Juliane Kokott, ya dijo que “el sistema de ejecución hipotecaria español limita de forma grave las posibilidades de defensa del ejecutado a la luz de la normativa europea”. En sus conclusiones, la abogada general recordó que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.
No obstante, el dictamen precisó que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculicen los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. Y la abogada general estimó que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue". Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/14/actualidad/1363248602_932663.html
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Los ciudadanos españoles fueron los que más demandas presentaron (340), seguidos de alemanes (273), polacos (235) y belgas (182), según el informe 2012 que el Ombudsman europeo, Nikiforos Diamanduros, hizo hoy público.
En julio habrá un nuevo Defensor del Pueblo europeo: no se ha presentado ningún españolEn 2012, la oficina del Defensor del pueblo europeo recibió 1.500 quejas referidas al trato recibido por los "ombudsman" nacionales y regionales, la Comisión Europea, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y otras oficinas comunitarias de atención al ciudadano.
La mayoría de quejas recibidas se refirieron a falta de transparencia por la negativa de las administraciones a facilitar documentos públicos.
Otro gran número de casos versaron sobre la ejecución y adjudicación de contratos públicos comunitarios.
En lo que respecta a investigaciones abiertas en 2012, el país que dio origen a incoar más pesquisas fue Bélgica (103), seguida de Italia (42) y España y Alemania (39 cada una).
La institución que acaparó más demandas por mala praxis fue la Comisión Europea (53 %) y tras ella la oficina de selección de personal del Parlamento Europeo (17 %), otras agencias de la UE (13 %) así como la Eurocámara (5 %).
En un 21 % de los casos se llegó a un acuerdo amigable entre las partes.
En 2012, el Defensor del Pueblo europeo dictó que hubo mala administración en 56 casos, algo más que en el anterior informe anual de 2011 (47 casos).
Se trata del último informe anual que presenta el actual defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Dimanduros, que en octubre pasará el relevo a un nuevo Ombudsman.
El político griego ha tratado más de 30.000 quejas y ha abierto más de 3.500 investigaciones por mala praxis de la administración comunitaria a lo largo de los 10 años que ha permanecido en el cargo.
"En la última década la administración europea ha conseguido ser cada vez más transparente, más cercana al ciudadano y con más vocación de servicio", aseguró en un comunicado.
En la sesión plenaria de julio próximo en Estrasburgo (Francia) el PE elegirá al nuevo Ombudsman europeo, un puesto para el que se han presentado seis candidatos, ninguno de ellos español.
Se trata de tres eurodiputados (la socialista alemana Dagmar Roth-Behrendt, la conservadora holandesa Ria Oomen-Ruijten y el conservador italiano Francesco Speroni) así como la actual defensora del pueblo de Irlanda, Emily O'Reilly, el ombudsman holandés, Alex Brenninkmeijer, y el alemán Marcus Jaeger, jefe de la división de coordinación de migración del Consejo de Europa.
La comisión de Peticiones de la Eurocámara organizará a mediados de junio una serie de audiencias para evaluar las competencias de los candidatos.